Organizaciones vuelven a marchar contra el indulto al dictador Fujimori
Frente político y pueblos nativos marcharon contra el indulto a Fujimori y por nueva Constitución
En el último día en que se podía realizar marchas en consideración a la visita del Papa Francisco al país, militantes del frente político conformado por Nuevo Perú, el MAS, Democracia Directa y Perú Libre se movilizaron ayer por las calles del centro de Lima.
Lo hizo al mediodía, después de dar una conferencia de prensa en la que explicaron las razones para exigir nuevas elecciones y otra Constitución Política vía referéndum.
“La corrupción en todos los niveles del Estado ha sido promovida por quienes hace doscientos años han manejado el Estado”, dijo José Quiñones, secretario general de Democracia Directa, quien refirió que solo les faltan 300 mil firmas requeridas para que el JNE convoque a referéndum por el Sí o por el No respecto a una nueva Carta Magna.
A su turno, Gregorio Santos, del MAS, dijo que en adelante trabajarán para que el pueblo tenga una sola bandera.
“Es necesario tener una sola bandera para discutir la reconciliación nacional, la corrupción, el mercado interno, la acumulación de tierras por grupos económicos. Y esa bandera se llama nueva Constitución”, precisó el también ex gobernador regional de Cajamarca.
Por Nuevo Perú estuvo su secretario general, Álvaro Campana.
SIN PERMISO
Asimismo, a partir de las cuatro de la tarde, delegaciones de los pueblos originarios del interior del país llegaron a la Plaza San Martín con la intención de desplazarse por las principales avenidas para expresar su rechazo al indulto a Alberto Fujimori y también para exigir la instalación de una asamblea constituyente.
Las banderolas aludían, asimismo, a la defensa del territorio y a reparación histórica. Las de Puno agregaron un pronunciamiento de solidaridad con el dirigente Walter Aduviri, sentenciado por el ‘Aymarazo’.
Sin embargo, los manifestantes no pudieron marchar. Un fuerte cordón policial les impidió hacerlo alegando que no tenían permiso, pero que podían movilizarse al rededor de la figura ecuestre de José de San Martín. Así lo hicieron.
Caso Alberto Fujimori: designan juristas para defender al Estado ante Corte IDH
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designó a los juristas Adrián Simons Pino y Jorge Villegas Ratti para representar al Estado Peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la audiencia de cumplimiento de sentencias de los casos La Cantuta y Barrios Altos.
La designación fue una decisión del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), presidido por el titular de dicho ministerio, Enrique Mendoza.
Como se recuerda, la Corte IDH convocó para el 2 de febrero a una audiencia de cumplimiento de las sentencias en los casos La Cantuta y Barrios Altos, a pedido de los familiares de las víctimas, para analizar el indulto otorgado a Alberto Fujimori en el mes de diciembre.
En la audiencia extraordinaria se escuchará tanto a la defensa de los familiares de las víctimas como a la defensa jurídica del Estado Peruano.
El Ministerio de Justicia informó además en Twitter que “remitirá en tiempo y forma” la documentación requerida por la Corte IDH sobre el indulto otorgado a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por el caso La Cantuta y Barrios Altos. La cartera tiene plazo hasta el 29 de enero para remitirlo.
Los juristas Adrián Simons Pino y Jorge Villegas Ratti defenderán la posición del Estado Peruano ante la @CorteIDH durante la audiencia del 2 de febrero de acuerdo a una decisión del CDJE
— MINJUSDH (@MinjusDH_Peru) 17 de enero de 2018
Minjus: expediente del indulto a Alberto Fujimori llegará a la Corte IDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que supervisará el cumplimiento de sentencias de los casos La Cantuta y Barrios Altos, tendrá el expediente del cuestionado indulto a Alberto Fujimori, aseguró el Ministerio de Justicia a La República. De este modo, el Gobierno soltará esta documentación a este tribunal internacional, la misma que ha negado a la Defensoría del Pueblo y a otros solicitantes.
«El Minjus (Ministerio de Justicia) emitirá en tiempo y forma la documentación requerida por la Corte», fue la respuesta del sector que encabeza Enrique Mendoza.
La Corte Interamericana ha dado plazo hasta el lunes 29 para que el Estado peruano entregue copia del expediente, que incluye el derecho de gracia que liberaría a Fujimori de procesos judiciales aún vigentes. Con esta documentación, el tribunal internacional decidirá si el indulto a Fujimori hace que el Estado incumpla sentencias de los casos La Cantuta y Barrios Altos . De ser el caso, podría exigir que se anule la gracia presidencial.
El Estado peruano, como suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos, está en la jurisdicción de la Corte Interamericana.
Abogados de fuera
El 2 de febrero este tribunal hará la audiencia para revisar el indulto a Fujimori como parte de su supervisión del cumplimiento de sentencias de La Cantuta y Barrios Altos. Expondrán representantes del Estado peruano (en defensa de la gracia presidencial) y de las víctimas de estas matanzas.
Para defender al Estado, el Gobierno designó dos abogados particulares, fuera del aparato estatal: el procesalista Adrián Simons Pino y el penalista Jorge Villegas Ratti. El procurador encargado de Derechos Humanos, Luis Huerta, a quien hubiera tocado esta defensa, fue sacado del cargo.
Simons, con más de dos décadas como abogado y arbitro, dirige su propio estudio, enseña en la Universidad de Lima y preside la Asociación Peruana de Derecho Procesal. Integra varias entidades sobre derecho procesal y arbitraje.
Villegas fue agente del estado ante la Corte Interamericana en el caso Lori Berenson y procurador de la Superintendencia de Banca. Integró la comisión que redactó el Código Procesal Penal y presidió el grupo para la incorporación normativa antiterrorista internacional. También estuvo en la comisión sobre el caso García Asto y Ramírez Rojas ante la Corte Interamericana.
Indulto express
Simons y Villegas deben convencer a los jueces supranacionales que el indulto al ex dictador fue de acuerdo a derecho, pese a los varios cuestionamientos que siguen apareciendo. Para buena parte de los ciudadanos fue un negociado a cambio de evitar la vacancia presidencial.
A la rapidez de este beneficio, entre otras observaciones, se suma que no se cumplió la directiva sobre la conformación de juntas médicas para gracias presidenciales. Aprobada el 5 de diciembre, seis días antes de que Fujimori solicite su indulto, esta norma indica que uno de los médicos de la junta sea designado por el Instituto Nacional Penitenciario. Sin embargo, los tres doctores que integraron la junta fueron colocados por el sector Salud.
Uno de estos miembros fue Juan Postigo, médico de cabecera del ex mandatario. Después de treinta años en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Postigo renunció a este centro poco antes de sumarse al equipo que recomendó el cuestionado indulto. Su dimisión se hizo efectiva un mes después, ya en enero. Cuando fue colocado en la junta, en diciembre, estaba de vacaciones.
Simons y Villegas tendrán que probar sus argumentos.
En la mira
– Supratribunal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial de la OEA (Organización de los Estados Americanos) para proteger a los ciudadanos de abusos de los Estados.
– Casos clave. Sobre los casos La Cantuta y Barrios Altos, la Corte ha dicho que el Perú debe procesar a los culpables. En otro caso similar, ha dicho que no cabe indultos.
Alberto Fujimori busca librarse del caso Pativilca y presenta recurso ante el PJ
Después del indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó a Alberto Fujimori Fujimori en víspera de la Navidad, el exmandatario que permaneció recluido por varios años en la Diroes busca ahora librarse de cualquier proceso judicial pendiente en su contra y procura ser apartado definitivamente del caso Pativilca.
Hace unos meses, el fiscal superior Penal Nacional Luis Landa Burgos acusó al ex jefe de Estado como autor mediato del delito de asesinato y solicitó que se le imponga la pena de 25 años de prisión efectiva por la muerte de pobladores de la comunidad de Pativilca, ocurrido el 29 de enero de 1992.
Sin embargo, el caso conocido como Pativilca-Caraqueño (por las ONG de Derechos Humanos) se ha convertido en una preocupación para el indultado exmandatario.
Correo supo que el pasado 11 de enero, el abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, solicitó a la Sala Penal Nacional que declare “la extinción de la acción penal”; así la defensa legal del padre del congresista Kenji Fujimori busca que sea apartado del proceso por el caso Pativilca.
En el documento, Pérez Arroyo solicita al Colegiado B del tribunal superior que, en una acción previa a la audiencia de control de acusación del próximo 26 de enero, el tribunal presidido por la jueza superior Miluska Cano se pronuncie respecto de dicha solicitud.
“Previamente a la realización de dicha audiencia de control de acusación (pido) se declare la extinción de la acción penal en contra de mi patrocinado por efecto del derecho de gracia otorgado a su favor a través de la Resolución Suprema N° 281.2017-JUS de fecha 24-12-17”, se lee en el escrito presentado por la defensa legal del expresidente.
En otro párrafo, Pérez Arroyo solicita que se disponga el archivamiento del proceso, al indicar que su pedido se encuentra amparado en el art. 129 (14) de la Constitución Política y en el art. 78 del Código Penal.
Respecto del referido ordenamiento legal, solo se puede extinguir un proceso penal por tres motivos: el fallecimiento del acusado, la prescripción del caso y el derecho de gracia. “Que se declare la extinción de la acción penal en contra de mi patrocinado en virtud de los efectos del derecho de gracia otorgado a su favor”, indica el documento.
Por su parte, para el abogado Paco Castillo, la defensa de Fujimori busca que no se persiga más la acción penal contra el exmandatario.
“El abogado está actuando con buen criterio. Al extinguirse la acción penal, también podría actuar como testigo, pero ya no en calidad de imputado; pues la incriminación desaparecería porque se otorgó el derecho de gracia”, sostuvo el letrado.
CONTROL DIFUSO
Este diario conoció que Gloria Cano, representante de la ONG Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), presentó una solicitud de control difuso para que la Sala Penal Nacional se pronuncie al respecto.
El pedido hecho por Aprodeh se basa en la existencia de una “incompatibilidad” entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía.
Este recurso legal se solicita ante un conflicto de una norma legal frente a una constitucional, el cual solo puede ser resuelto por un juez.
En ese sentido, Aprodeh busca que el expresidente no sea apartado del proceso por el caso Pativilca, a raíz del beneficio otorgado por PPK el pasado 24 de diciembre.
INTERVENCIÓN
Fuentes del Poder Judicial indicaron a este diario que frente a los pedidos hechos por la defensa legal del expresidente Fujimori y la ONG Aprodeh, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional dispuso que el día 26 de enero, luego del control de la acusación, los representantes deberán sustentar oralmente sus posiciones frente a estas solicitudes.
“Cítese para la fecha y hora de la indicada vista (control de acusación) al señor fiscal superior (Luis Landa) encargado del caso, quien como titular de la acción penal deberá sustentar su posición oralmente, a la defensa del encausado (Alberto) Fujimori Fujimori, a la señora abogada (de Aprodeh) de la parte civil y a la Procuraduría y defensas técnicas de los demás encausados”, establece la resolución de la Sala.
IMPLICANCIA
El técnico de Segunda EP, Jorge Ortiz Mantas, integrante del Grupo Colina, confesó su participación en el caso Pativilca y fue quien brindó la versión sobre la presunta responsabilidad de Fujimori en este proceso.
Ortiz Mantas es uno de los pocos exagentes que ha señalado que Colina dependía, además de Nicolás Hermoza Ríos, de Fujimori y del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
El 8 de febrero del 2008, en una sesión judicial, Ortiz Mantas incriminó a Hermoza Ríos, de quien dijo respondía a las órdenes de Fujimori.
RETORNO
Por otro lado, y aunque continúan los episodios cortos de inestabilidad que afectan su salud, el expresidente Alberto Fujimori retornó a su residencia en La Estancia, en La Molina, luego de permanecer en la Clínica Centenario.
Así lo informó su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, quien precisó que el exmandatario dejó el nosocomio aproximadamente a la 1.30 de la tarde.
Aguinaga precisó a Correo que a Fujimori le colocaron un holter -es decir, un aparato que registra su actividad cardiaca las 24 horas del día- para monitorearlo.
Asimismo, sostuvo que el jueves regresaría a la mencionada clínica para someterse a angiotomografía, prueba para examinar las arterias que irrigan el corazón y la que no se pudo desarrollar con éxito el último lunes debido a que el exgobernante tuvo fibrilaciones auriculares (arritmias).
INDULTO
El exvocero de la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK), Vicente Zeballos, manifestó que urge que el Ministerio de Justicia entregue a la brevedad el expediente del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, tras la solicitación hecha por la Defensoría del Pueblo.
El legislador señaló que este acto correspondería a un mejor ejercicio de transparencia por parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
“Por la salud democrática del país, se debe acceder a este requerimiento. Qué mejor ejercicio de autoridad que transparentar las acciones. Defensoría está pidiendo algo apegado a la norma y al orden constitucional”, declaró a la agencia Andina.
Asimismo, señaló que este pedido no busca que el expediente se haga público, sino que “forma parte de sus competencias constitucionales”; por tanto “debe ser urgentemente atendido”.
Zeballos sostuvo que espera que el nuevo titular de la Comisión de Justicia, Salvador Heresi, convoque en los próximos días al ministro Enrique Mendoza para que explique las condiciones en que el presidente otorgó el indulto a Fujimori, como respuesta al pedido que presentó junto con los legisladores Gino Costa y Alberto de Belaunde a inicios de este mes.
“El Parlamento no puede renunciar a la fiscalización y al control”, recalcó.
