Los desafíos medioambientales de Chile para el año 2018
Por Rodrigo Soberanes y Sebastián Balcazar.
Mejorar la institucionalidad ambiental, aplicar la consulta previa en aquellos proyectos económicos que pueden afectar los derechos de las comunidades indígenas y locales, declarar nuevas áreas marinas protegidas en la Patagonia chilena, así como acelerar la creación de organismos clave para una correcta gestión ambiental, como lo es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, son algunas de las principales tareas de Chile en materia ambiental para el 2018.
Michelle Bachelet, antes de dejar la Presidencia de Chile, fue nombrada por la ONU como “Campeona de la Tierra” por su labor medioambiental, y se consolidó como impulsora de cambios en esta materia, sobre todo por la declaración de nuevas áreas marinas protegidas y por promover el uso de energías renovables en Chile. Hoy los expertos consultados por Mongabay Latam tienen muchas expectativas sobre cómo continuará con los desafíos ambientales pendientes el recientemente electo Presidente Sebastián Piñera.
Si bien para este artículo algunos especialistas destacaron que hay un avance en el camino hacia la sustentabilidad ambiental en el país, quedan aún una serie de deudas en materia de protección, conservación y mejoramiento de la estructura medioambiental.
Mongabay Latam conversó con defensores del medioambiente, expertos, dirigentes y organizaciones para proyectar los principales desafíos con miras al 2018, en un escenario político nacional marcado por la llegada de nuevas fuerzas que se suman con energía al debate medioambiental.
Áreas protegidas: conservación, nuevas áreas declaradas y amenazas
Si bien representa un avance la expansión de las áreas marinas protegidas a principios de 2017, que pasaron de 463 000 kilómetros cuadrados a más de 1 800 000, aún queda pendiente sumar nuevos espacios marinos protegidos para el 2018. Crear nuevos parques marinos y zonas protegidas conlleva, más allá de su nombramiento, un esfuerzo y compromiso institucional que requiere de acciones y políticas concretas, señalan expertos y organizaciones medioambientalistas.
“Si las áreas marinas costeras protegidas son implementadas, se estarían cancelando muchas concesiones que están amenazando la biodiversidad. Esperamos que su creación siga en aumento. Tenemos humedales, turberas, especies en extinción que es necesario proteger”, explicó la dirigente de la comunidad Grupos Familiares Kawesqar Nómades del Mar, Leticia Caro, que agrupa a descendientes Kawesqar en la zona austral de Chile.
Detener a la industria salmonera se plantea como un objetivo común de las organizaciones, activistas y expertos que enfocan su trabajo en el fomento de la protección y conservación de espacios naturales. Para el director nacional de Greenpeace, Matías Asún, “el gran desafío es la creación de un área marina en lo que queda de gobierno y que ello sea continuado por el siguiente en la zona del Parque Nacional Kawesqar. Que impida la invasión inminente de la industria salmonera. Por lejos es el mayor desafío dada la importancia planetaria que tiene la zona para los equilibrios oceánicos a nivel mundial”.
Para la bióloga y directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, consolidar la protección de estos lugares requiere recursos y buena gestión. “Nosotros planteamos que el aporte público para las áreas protegidas del Estado debe cubrir el sueldo de los trabajadores que las hacen funcionar. En el caso de las áreas marinas, tanto las creadas en 2016 como este año, no tienen presupuesto para su implementación”, señaló Liberona, para hacer notar la importancia de incrementar el presupuesto para la gestión de áreas protegidas en el 2018.
Además, Liberona pone énfasis en la creación de zonas protegidas en el litoral del país: “Otro gran desafío que ha eludido el Estado de Chile es crear áreas marinas protegidas en el borde costero, que son las zonas de mayor importancia ecológica, pero también las zonas donde hay mayor perturbación humana y mayores niveles de contaminación. Por tanto, en esos lugares hay mayor riesgo de pérdida de biodiversidad”.
Bosques y deforestación
Los megaincendios generados a principios de este año, que arrasaron con más de 600 000 hectáreas de plantaciones de monocultivo y bosque nativo, corrieron el velo respecto a la capacidad real del Estado para responder a este tipo de emergencias ambientales.
El despliegue de bomberos y personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) logró controlar la dispersión del fuego, pero quedaron al descubierto graves falencias institucionales de presupuesto y planificación territorial.
En ese sentido, Liberona sostiene que “debemos contar con un Servicio Nacional Forestal, con una Ley de Protección de Suelos y actualizar la normativa, modernizar la Ley de Bosque Nativo. Mientras no tengamos este organismo, queda todo medio entrampado en temas legislativos y técnicos”.
Si bien los índices de deforestación son bajos, uno de los mayores desafíos que enfrenta el país es lograr regular de forma efectiva la gran industria de la celulosa en la zona sur. El avance del monocultivo forestal —específicamente pino y eucalipto— derivó en riesgos que se evidenciaron con las emergencias del verano pasado, como proximidad a centros urbanos y bajos niveles de humedad de suelo.
La planificación territorial surge entonces como una necesidad, indican los expertos, de cara a construir planes integrales de urbanización que incorporen al entorno y el principio de sustentabilidad en el desarrollo.
Pueblos indígenas y la consulta previa
“Esto está muy feo”. Así describe el panorama la dirigenta kawesqar, Leticia Caro. La líder indígena explica que “se han aprobado artículos que afectan los bosques sin consulta previa. Hay un retroceso en derechos indígenas y es eso lo que nos permite a nosotros resguardar los territorios”. Caro se refiere al respeto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que entre otros puntos, insta a los Estados a realizar consultas indígenas cuando se tramitan proyectos que los afecten directamente.
Para el director de Greenpeace, Matías Asún, el mayor desafío está en “respetar la voluntad soberana de los pueblos indígenas en las comunidades ancestrales del país, particularmente aquellas que hoy están en una situación social, económica, cultural muy difícil. El desafío es apoyarlos con respeto y no degradarlos como han hecho algunos candidatos como el Presidente Electo Sebastián Piñera. La legislación hoy los protege”.
Políticas ambientales pendientes
Las debilidades institucionales en materia medioambiental son los principales obstáculos para alcanzar una política ambiental integral y basada en el principio de desarrollo sustentable, señalaron algunos de los especialistas consultados.
Para el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, el fortalecimiento de las instituciones pasa por “nuevos instrumentos de protección ambiental y del territorio. A uno le gustaría que se fortalezcan. Protección de los derechos de las comunidades a vivir en un medio saludable. Lo que uno puede observar en los programas presidenciales (de Alejandro Guillier y Sebastián Piñera), y sobre todo en esta última etapa del gobierno saliente, es que se han ido materializando instrumentos para flexibilizar todavía a favor de las iniciativas empresariales”.
Cuenca se refiere a la modificación del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que a su juicio “se ha intentado justificar a través de un fantasma que se llama judicialización. Lo que se necesita son instrumentos para garantizar derechos de la gente”, sostuvo.
La tensión entre el territorio y distintos proyectos empresariales puso sobre la mesa la necesidad de democratizar debates y espacios de decisión. Para Cuenca, “este tema va a marcar el próximo periodo. Creo que vendrán nuevas situaciones de conflictividad social porque se están transfiriendo, en el espíritu de la colaboración público-privada, instrumentos de flexibilidad para las empresas y sus intervenciones en los territorios. Eso es tema de disputa en las regiones del país”.
Subvertir el actual escenario de privatización de aguas es, según Cuenca, una de las prioridades que se deberían instalar en el debate de las políticas ambientales: “Abordar la crisis hídrica es urgente. Las reformas han sido insuficientes, en tanto no tocan el 90 % del agua que en Chile está privatizada, sobre la cual se ha diagnosticado la profundidad de la crisis. En cambio se reglamenta el 10 % restante que todavía no se entrega a manos privadas”.
Para Liberona, la diversificación de la matriz productiva es un desafío ineludible. Si bien responde a una cadena de políticas ambientales que se orienten en esa dirección, asegura que “no puede ser que sigamos creyendo que vivimos del cobre”. Haciendo alusión a la crisis del metal rojo debido a la baja en el precio de los commodities, aseguró que es necesario ingresar otras variables a la ecuación del progreso: “Aquí no se evalúa lo que pasa en los territorios. Hay evaluación de cuánta plata sale del país, cuánto se vende, cuándo retorna. Pero hay que hacer otro tipo de evaluaciones. Evidentemente Chile tiene que diversificar su matriz, descentralizarse y enfocar en fomentar actividades sustentables”.
Y también se refirió a lo que se conoce como “la gran donación o la Red de Parques de la Patagonia”, en referencia a la histórica donación de más de 400 000 hectáreas realizada por la Tompkins Conservation, porque Liberona ve a este proyecto como “una posibilidad de establecer una forma de desarrollo en la zona que sea exportable a otros lugares de Chile, basada en turismo a pequeña escala, intereses especiales, un modelo más virtuoso que seguir sacando cobre en las mismas cantidades. No se trata de eliminar la minería, pero sí de pensar que tenemos que hacer otras cosas como país”.
Amenazas a la biodiversidad
La amenaza más seria la comprende el extractivismo como eje de la actividad económica chilena. País primario exportador que carece de cadenas de valor, según sostienen algunos expertos, que le permitan generar riqueza aparte de la explotación de la tierra y sus recursos.
Leticia Caro, la líder kawesqar, considera que las amenazas a la biodiversidad siguen siendo las mismas, “salmonicultura, minería, proyectos termoeléctricos, gasoductos, etc. Todo tiene que ver con el progreso pero nosotros tenemos que buscar la vía de la utilización de energías renovables y amables con el medio ambiente y que no dañen los territorios originarios”.
Para Liberona, la salmonicultura es una amenaza directa para la conservación de áreas muy valiosas por su alto nivel de biodiversidad: “incluso para especies emblemáticas como las ballenas azules. Es una amenaza para actividades de la pesca artesanal o el cultivo de algas o moluscos a pequeña escala”.
Por su parte, Asún afirmó que espera que podamos tener “una posición clara de parte de los encargados de medio ambiente del futuro gobierno, con lo cual podamos incluir las demandas necesarias para que realmente garanticemos no un servicio que administre la precariedad del medio ambiente en Chile sino que realmente pueda garantizar la protección de la biodiversidad, que es el sentido original que debería tener un servicio de biodiversidad y áreas protegidas en Chile”.
Parece ser que la institucionalidad ambiental chilena tiene una buena fachada, pero varios problemas por resolver. Concretar políticas mediante asignación de recursos y abrir la discusión hacia las comunidades locales se presentan como desafíos mayores, en tanto Chile asiste a una efervescencia ciudadana que a través de distintos canales exige a sus gobierno mayor participación en la toma de decisiones y seguridad para vivir en un espacio libre de contaminantes.
