La OEA y la Unasur serán observadores en la consulta popular del 4 de febrero
Ecuador y la OEA garantizarán el trabajo de la misión electoral para la Consulta
El gobierno ecuatoriano y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) firmaron un convenio de privilegios e inmunidades para la misión electoral que vigilará la Consulta Popular del próximo 4 de febrero.
El convenio lo firmaron el representante permanente del Ecuador ante la OEA, José Valencia; y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Los observadores electorales gozarán de inmunidad contra la detención y arresto, derecho de comunicación y movilización, entre otros.
Los bienes de la misión de la OEA no podrán ser allanados, confiscados, intervenidos o expropiados en cualquier lugar del Ecuador. Los locales que ocupe la misión así como todos los documentos serán inviolables, según informa ElCiudadano.gob.ec
CNE y Unasur suscribieron convenio previo a la Consulta Popular 2018
El Consejo Nacional Electoral (CNE) firmó un convenio con representantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para establecer las condiciones de observación electoral para el Referéndum y Consulta Popular 2018.
La presidenta del CNE, Nubia Villacís, precisó que la Misión Electoral de Unasur realizará la observación de los comicios en la modalidad independiente. Durante su labor, generará tres informes; el último de ellos, lo entregará quince días después de proclamados los resultados oficiales del Referéndum.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) firmó un convenio con representantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para establecer las condiciones de observación electoral para el Referéndum y Consulta Popular 2018.
La presidenta del CNE, Nubia Villacís, precisó que la Misión Electoral de Unasur realizará la observación de los comicios en la modalidad independiente. Durante su labor, generará tres informes; el último de ellos, lo entregará quince días después de proclamados los resultados oficiales del Referéndum.
Se afinan detalles para la consulta popular
El próximo 4 de febrero, el país acudirá a las urnas para una decisión. El Consejo Nacional Electoral se encuentra en la definición de algunos detalles para que el proceso se cumpla de acuerdo al cronograma. Un segundo simulacro del proceso electoral se desarrollará este domingo. Las personas privadas de la libertad sufragarán el 1 de febrero, mientras que el voto en casa será el 2 de febrero.
El director provincial del Consejo Nacional Electoral, Fernando Terán, informó que, tras el simulacro del último fin de semana, se pudo comprobar el escaneo en el Centro de Procesamiento de Resultados, CPR, con una efectividad del 100 por ciento en 99 recintos instalados en los 15 cantones del Azuay.
Además, detalló que el próximo simulacro y último del proceso se realizará el 28 de enero, con el fin de regular temas de horarios y apertura de los recintos electorales, entre otros.
Electores
Según datos del Concejo Nacional Electoral Azuay, 279 personas privadas de la libertad serán capacitadas sobre la consulta popular, de este número son 222 hombres y 57 mujeres.
En cuanto al voto en casa, serán 81 personas los que tendrán capacitación de los 95 que constan en el padrón electoral.
En el Centro de Rehabilitación Social Turi, se prevé que un total de 198 personas privadas de la libertad, entre hombres y mujeres, obtengan su documento de identidad, previo a ejercer su derecho al voto este próximo 1 de febrero. Para ello, el personal de Registro Civil con tres equipos técnicos, en coordinación con el Ministerio de Justicia, se lleva a cabo este proceso con la finalidad de que se respete el derecho constitucional de las personas privadas de libertad.
Según dio a conocer Margarita Cárdenas, coordinadora del Registro Civil en el CRS-Turi se lleva a cabo proceso de cedulación a las personas privadas de libertad que no cuentan con sentencia ejecutoriada. “Esta acción garantiza el cumplimiento de sus derechos políticos”, sostuvo.
Kit
El 29 de enero se receptarán los kits electorales en el Centro de Procesamiento de Resultados, será un total de 1.806 kits electorales que corresponden a todas las juntas receptoras y al programa ‘Voto en casa’, que incluye geriátricos y privados de la libertad sin sentencia ejecutoriada, según informó Ximena Muñoz, presidenta de la Junta Provincial Electoral.
Juntas
Como parte de la agenda previo al referéndum y consulta popular prevista para el domingo 4 de febrero de 2018, el CNE coordina con los rectores de las universidades de la provincia, sobre la participación del estudiantado universitario como integrantes de las Juntas Receptoras del Voto, JRV.
Se requerirán de 12.586 miembros de Juntas Receptoras del Voto, JRV, y, de este universo, un 80 por ciento está integrado por estudiantes universitarios.
Dado esto, se aperturaron puntos de capacitación para los miembros, según resaltó Terán; además, explicó que quienes no acudan a formar parte de las mesas electorales deberán cancelar multas, “por ello insistimos a los jóvenes acudir a la capacitación en cualquiera de los puntos habilitados para evitar inconvenientes”, agregó.
Ecuador pide a CIDH 15 días para ampliar respuesta sobre consulta popular
Tras la queja de tres vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suspender el proceso de consulta popular por considerarlo inconstitucional, el Ecuador pidió al organismo internacional 15 días de plazo para ampliar su respuesta.
Así lo solicitó la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa en una carta, en la que reitera que para el llamamiento a consulta se ha cumplido con todas las normas legales y se prioriza el derecho de todos los ciudadanos.
El lunes 22 de enero de 2018 se cumplieron los cinco días de plazo que la CIDH dio al Gobierno de Lenín Moreno para que explique pormenores sobre la convocatoria. Ese día la canciller respondió al organismo.
El pedido de información de la Comisión se sustenta en la queja presentada por Tania Pauker, Sonia Vera y Edwin Jarrín, miembros del Cpccs, quienes pidieron acciones urgentes para suspender la consulta.
“Estamos denunciando es una afectación a la institucionalidad del país, a la democracia y una violación a los derechos humanos”, aseguró Jarrín.
En su respuesta, el Estado ecuatoriano explica la base legal para que el presidente Lenín Moreno haya convocado directamente a consulta popular, al vencer el plazo de la Corte Constitucional. También se detallan los recursos presentados en contra de la consulta y que fueron negados.
Hernán Salgado, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que con la explicación del Gobierno, la Comisión Interamericana debería desechar el pedido de los demandantes.
“Para mí, el resultado es obvio: no habrá ninguna declaración de medidas cautelares. NO habrá ninguna aceptación en este caso, lo que será es una situación claramente política”, comentó.
Salgado dijo que tampoco hay argumentos para que el caso pase a la Corte Interamericana, como solicitan los tres miembros del Consejo de Participación.
“No hay violación que realmente pueda señalarse y que pueda pasar después con el visto bueno de la Comisión Interamericana, se entiende, a la Corte Interamericana. Es totalmente imposible, es irreal”, manifestó.
