La Farc pide garantías por asesinatos: «No dejamos las armas para que nos maten»
No dejamos las armas para que nos maten: reclamo de la Farc al Gobierno
En la más reciente reunión de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los acuerdos de paz, el partido Farc pidió al Gobierno Nacional implementar estrategias efectivas que les garanticen seguridad.
Iván Márquez, uno de los jefes de ese grupo, afirmó que la desmovilización de la guerrilla se dio con base en la promesa de que podrían hacer política con la protección necesaria de parte del Estado para salvaguardar sus vidas.
“Entonces estamos reclamando del Gobierno una acción concreta que permita frenar esta carrera de muerte que se ha iniciado”, señaló.
“Nosotros hicimos un acuerdo de paz para dejar las armas y poder participar en política, pero no para que nos maten, la dejación de armas no es para que nos maten”, reclamó Márquez.
Por su parte, Jesús Santrich, solicitó que se active la unidad de persecución de organizaciones paramilitares, que fue acordada en La Habana.
“Creo que el Gobierno está haciendo lo posible pero hay que intensificar las medidas y proponemos que se cumpla con el acuerdo y activar ya la unidad de investigación del paramilitarismo, yo creo que la Fiscalía no debe bloquear más eso”, indicó.
La Farc asegura que se trata de un reclamo justo a las autoridades y al Gobierno colombiano.
El gobierno evaluará la situación de seguridad de los excombatientes de la Farc
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que el Gobierno Nacional evaluará la situación de seguridad de los excombatientes de las FARC para tomar las medidas pertinentes, esto luego del asesinato de dos militantes del hoy partido político, en hechos ocurridos el martes pasado en el municipio de Peque (Antioquía) y de quienes se precisó que no contaban con esquema de seguridad.
Rivera, aseguró que tanto Wilmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya Ibarra, los excombatientes asesinados, no tenían esquema de protección porque no fueron incluidos en la lista de quienes debían tenerlo. Sin embargo, dijo que es un acto que rechaza el Gobierno. “Es un crimen que rechazamos y condenamos y vamos a evaluar la situación de excombatientes”, dijo Rivera.
El ministro no solo manifestó su preocupación por lo ocurrido, sino que reiteró que se garantizará la protección a los exguerrilleros de las FARC para continuar su trabajo político. “Uno de los compromisos del Gobierno es ofrecerles garantías para que hagan transición de organización armada a política”, expresó.
El funcionario, también dijo que las disidencias de las FARC son un “objetivo de alto valor para la Fuerza Pública” y que por esa razón, se están adelantando operativos para capturar a los líderes de estas organizaciones. “Los integrantes de las disidencias tienen que saber que si toman una decisión distinta a la de entregarse a la justicia les quedan dos opciones: que la fuerza pública los capture y terminen en una cárcel o que si llegase a haber un enfrentamiento que terminen en un cementerio”, agregó.
En cuanto a la seguridad de los líderes sociales Rivera recordó que “en el mes de diciembre se expidió un decreto que señala que la protección de estos será una prioridad que deberán adelantar los gobernadores, en su condición de agentes de orden público del presidente de la República, para que participen en el diseño de planes de protección para líderes sociales y defensores de DD.HH. en sus respectivos territorios”.
Por otro lado, el líder de las FARC, Jesús Santrich, dijo que debido al asesinato de dos exmiembros de esta organización el pasado martes, el Estado debe activar una unidad de investigación del paramilitarismo.
“Desde que comenzó el proceso de paz estamos luchando para que se tomen medidas efectivas para proteger a los miembros de las FARC. Necesitamos medidas efectivas, no que solucionen, sino que prevengan este tipo de acciones. Hay que activar ya la unidad de investigación del paramilitarismo, yo creo que la Fiscalía no debe bloquear más eso”, declaró Santrich.
Agregó el líder de las FARC que considera que el Gobierno está haciendo todo lo posible por proteger a los miembros de esta antigua guerrilla, pero que deben intensificar las medidas de protección para que se cumpla lo acordado en La Habana.
Las declaraciones de Santrich se produjeron en medio de la sesión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación (CSIVI) de los acuerdos de paz que adelantan el Gobierno y las FARC.
Horas antes, el dirigente de las Farc, Pastor Lascarro, había dicho que “los que promueven a sangre y fuego hacer trizas los acuerdos, son los responsables de este nuevo crimen contra compañeros decididos a la construcción de paz” y agregó que van 140 líderes sociales y 47 integrantes de la comunidad asesinados, 36 excombatientes y 13 familiares.
Comité Nacional de Paz llama al gobierno y al ELN a pactar con urgencia un nuevo cese al fuego indefinido
El Comité Nacional del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia invitó a las partes involucradas, así como a la sociedad civil, a no desfallecer en su voluntad de alcanzar la paz, para que «el 2018 sea el año de la participación ciudadana por un país en paz”.
El CNPRC aseguró que hay que continuar con la mesa de negociaciones en Quito (Ecuador) y pactar de forma urgente un nuevo cese al fuego bilateral indefinido, evaluando el anterior, corrigiéndolo y mejorándolo, además, que incluya los diseños operacionales que permita su verificación estricta por parte del mecanismo de Naciones Unidas.
Lo que se busca, según el Consejo, es un proceso de solución negociada del conflicto armado, la construcción de la paz y más amplia participación ciudadana.
Se anunció que el Comité Nacional iniciará un proceso por todo el país para impulsar la creción y/o reactivación de los Consejos Territoriales de Paz, Convivencia y Reconciliación, empezando a razón de la grave crisis humanitaria en Chocó y Arauca.
«Reiteramos la solicitud hecha por el secretario de las Naciones Unidas Antonio Guterrez en su visita al país, de suspender inmediatamente toda acción violenta, toda acción militar ofensiva, todas las acciones contra la infraestructura económica y toda acción militar, extorsiva o de fuerza que involucre o atente contra la sociedad civil», aseguró el CNPRC.
Recordó que durante los 101 días del cese al fuego entre el Gobierno y el ELN, hubo cero muertes violentas entre las partes, se detuvieron los ataques a la infraestructura económica del país, el temor a perder la libertad o la vida, entre otros roles que sí se viven en la violencia.
Por último, pidió también a los países garantes y a la comunidad internacional «poner todos sus esfuerzos y sus buenos oficios en lograr el inmediato reinicio de las conversaciones de paz».
