Farc pide garantías al gobierno: 36 militantes fueron asesinados desde la firma de la paz
Denuncian agresión contra miembro del partido de la Farc en Bogotá
Va en ascenso el número de asesinatos de excombatientes de la Farc. De acuerdo con reportes de sus voceros, al menos 36 personas han muerto desde que empezaron el tránsito a la vida civil. El último episodio ocurrió la semana pasada en Peque, Antioquia, donde Wilmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya perdieron la vida tras un encuentro con la comunidad.
La lista de ataques que se han estado presentando contra miembros de la nueva colectividad es larga. Hace dos días miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como se le conoce a la colectividad que surgió tras el desarme de la ahora exguerrilla, se movilizaban por una carretera de Arauca, cuando fueron atacados por supuestos disidentes de esa misma agrupación que no aceptan el acuerdo de paz. Ese mismo domingo, en el sur de Bogotá, fue agredida una joven de 23 años que pertenece al movimiento político.
«Fue agredida por tres personas a las 11:30 de la noche. La golpearon y le mostraron fotos de otros compañeros», explicaron voceros de la Farc. Según el relato que entregaron este martes, la joven fue abordada por dos hombres y una mujer que portaban subametralladoras y se desplazaban en una camioneta negra sin placas.
En ese sentido, los miembros del naciente partido denunciaron «amenazas de grupos paramilitares en contra de la militancia» y defensores de
derechos humanos en la ciudad de Cali, y el asesinato de excombatientes en proceso de reincorporación en varias regiones del país.
«Exigimos al Estado que actué consecuentemente con lo pactado en el acuerdo de paz y se brinden las garantías integrales para el ejercicio de un partido que le ha cumplido al país», aseguró Sergio Marín, vocero del nuevo partido. Los hechos de agresión a la mujer de 23 años se presentaron este domingo y se dieron en la misma localidad donde la Farc, este 27 de enero, lanzará su campaña política.
Según reportes de la Farc, a la fecha se han presentado 49 hechos violentos contra excombatientes, familiares y nuevo militantes del partido. Cauca, Antioquia y Nariño son las zonas donde se han registrado más denuncias. «Mantenemos el acto político. Le exigimos al Estado y la Policía Metropolitana que tomen medidas pertinentes, porque un niño menor de edad está siendo hostigado para que la compañera no denuncie», continuó Marín.
Como parte del seguimiento a las denuncias que se han venido presentando, este martes el vicepresidente, el general (r) Óscar Naranjo, participa en la presentación del decreto de alertas tempranas y protección a líderes sociales, junto al Ministerio del Interior, que se lleva a cabo en Cali.
Aunque para los expertos el «tema es muy serio», eso no implica necesariamente que haya una estructura criminal detrás de los asesinatos. De ahí, la importancia de que las autoridades se muevan con mayor agilidad para descartar o no si hay un patrón en cada uno de los crímenes que se han reportado.
En Nariño y Antioquia se registra la mayor violencia contra la Farc
Si bien la violencia contra exmiembros de las Farc comenzó poco después de la firma del pacto de paz con el Gobierno –ya suman 33 los asesinados, según la Comisión de Seguimiento y Verificación, integrada por el Gobierno y la exguerrilla–, dentro de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido político en el que se transformó el antiguo grupo armado, la alerta subió en la última semana por los ataques directos contra quienes están haciendo campaña para el Congreso.
El último, según denunció este martes la Farc, ocurrió el domingo en la noche en Bogotá, cuando dos hombres y una mujer encapuchados que viajaban en una camioneta negra sin placas, y que portaban subametralladoras, abordaron en una calle de Ciudad Bolívar a la militante del partido Leydy Johana Poblador, le enseñaron fotos de otros militantes y de dirigentes de la campaña en Bogotá y le dijeron que los iban a matar. Según Camilo Fagua y Sergio Marín, integrantes de la dirección nacional de la Farc, y Andrés Camacho, candidato a la Cámara por Bogotá, la joven interceptada fue golpeada por los encapuchados.
Al referirse a este hecho, Rodrigo Londoño, Timochenko, quien llegó hace cinco días al país desde La Habana para lanzar oficialmente este sábado su candidatura presidencial, precisamente en Ciudad Bolívar, afirmó que el partido nacido tras el acuerdo de paz va a “seguir adelante con entereza”, pero reiteró el llamado al presidente Juan Manuel Santos y al Ministerio del Interior para que les dé “seguridad para el ejercicio de la política”.
También el domingo 21, al mediodía, dos militantes de la Farc, Henry Pérez y Juan Torres, fueron atacados luego de asistir a una reunión en la vereda El Oasis del municipio de Arauquita, Arauca. En medio del intercambio de disparos de los atacantes con los escoltas de Unidad Nacional de Protección (UNP), que protegen a los exguerrilleros, murió un hombre ajeno a la Farc y quien pasaba por el lugar, identificado como Víctor Manuel Barrera.
Según los registros de la Comisión de Seguimiento a los acuerdos de paz, hasta el 16 de enero, los departamentos con más asesinatos contra exintegrantes de la Farc son Nariño y Antioquia, con 11 y 7 casos respectivamente. Y Tumaco e Ituango son los municipios con mayores actos de violencia.
Dos muertos en campaña
Precisamente, en Antioquia fueron asesinados el martes 16 Wílmar Asprilla Allim y Ángel Montoya Ibarra, quienes participaban en actividades políticas con comunidades campesinas en el municipio de Peque. El candidato de la Farc a la Cámara de Representantes por ese departamento, Wílmar de Jesús Cartagena, se habría salvado del atentado por no asistir a la activad debido chequeos médicos.
Tras lo ocurrido, la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, dijo que los dos excombatientes asesinados habían sido alertados por la policía de no permanecer en Peque. La advertencia, según la funcionaria, se había dado debido a que los militantes de la Farc no estaban siendo bien recibidos por la comunidad.
Frente a los distintos hechos de violencia contra el naciente partido político, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dice que hasta ahora, los ataques y asesinatos no se pueden atribuir a un solo grupo. Habla incluso de una “multicausalidad”.
Además de los atentados ha habido docenas de planfletos amenazantes contra la Farc que se atribuyen distintas bandas criminales y grupos.
Una de las intimidaciones más recientes se la atribuyó el ‘clan del Golfo’, que amenazó con “volar” las sedes del partido político de la exguerrilla en Cali. La dirección nacional de la Farc afirma que esa banda criminal “quiere echar para atrás todo este proceso de reconciliación, de perdón y transformación”.
El hecho es que ya hay una sentencia por uno de los 33 crímenes cometidos contra exintegrantes de las Farc, el de José Uberth Yatacué Mestizo, asesinado en Cauca, y los otros 32 casos están en investigación y hay varios capturados. La Fiscalía espera avanzar con la unidad especializada para esto.
Por muertos en Peque imputarán al ‘clan del Golfo’
A 40 años de cárcel fue condenado, por la Jurisdicción Especial Indígena, Jhon Ramírez, acusado por el crimen del desmovilizado de las Farc José Uberth Yatacué, ocurrido en abril del año pasado en Toribio, Cauca. Esa fue la primera sentencia que logró la Fiscalía por un crimen contra un exintegrante de la guerrilla que se había acogido al proceso de paz.
El ente investigador tiene reporte de al menos 32 casos de crímenes, de los cuales ya se ha avanzado en la judicialización de los responsables de más de una decena de ellos.
En el incidente más reciente, la Fiscalía avanzó en el proceso por la muerte de Wílmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya, registrada en Peque, Antioquia, hace una semana.
“Nuestra sociedad no puede tolerar ninguna forma de violencia. La Fiscalía imputará a miembros del ‘clan del Golfo’ responsabilidad por el homicidio en Peque, Antioquia, de dos excombatientes de las Farc”, señaló el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
Los casos, señalaron fuentes del ente acusador, los adelantan fiscales seccionales coordinados desde el búnker de la Fiscalía en Bogotá y que aplican un modelo de investigación que busca establecer, entre otros factores, el contexto de la región y la actividad que venía desarrollando la víctima.
“Antes de adoptar cualquier tesis se evalúa cada caso individualmente, se examina qué grupo armado actúa en la zona en la que se cometió el crimen, qué tipo de negocios ilegales se están moviendo, incluso las condiciones sociales y políticas de la zona, y eso proporciona elementos de juicio muy importantes para los casos”, señalaron personas cercanas a las investigaciones.
Y es que la Fiscalía tiene procesos en los que aparece como móvil desde una posible disputa por el control territorial de rentas ilegales hasta el caso por la muerte de un exintegrante de la guerrilla que fue asesinado cuando, según testigos, se disponía a agredir a su compañera sentimental y otro de un ex-Farc que al parecer murió en un intento de atraco en Caldono, Cauca.
Por esto, la Fiscalía investiga cada caso individualmente y no da por hecho que un solo grupo o un solo móvil haya llevado a las muertes de los desmovilizados.
Gobierno buscará pactar cese al fuego con el ELN antes de reiniciar 5 ciclo de paz
Gustavo Bell llegó a Quito, Ecuador, con una propuesta concreta para el Eln que consiste en que primero se pacte un nuevo cese al fuego bilateral antes de reanudar las negociaciones con base en la agenda que fue pactada entre las partes.
La idea es que se tracen unas líneas claras sobre cómo se continuará con las medidas de alivio humanitario para continuar con la disminución de afectados por el conflicto en las zonas en donde opera esa guerrilla.
El cese estaría orientado además a que haya unas elecciones al Congreso y presidenciales totalmente tranquilas. Si el Eln acepta esta propuesta será enviada la mesa técnica a Ecuador para que se empiecen a trazar de nuevo las reglas de juego del eventual nuevo cese que han pedido distintos sectores políticos y la ONU.
Por ahora Bell está acompañado de tres negociadores más en el vecino país y estará informando al presidente Santos cada detalle de lo que ocurra con la propuesta planteada.
Por su parte el Eln ha manifestado en sus redes sociales que está dispuesto a pactar de nuevo la medida, pero haciendo algunos ajustes con relación al que terminó el pasado 9 de enero.
“El proceso con las FARC es un espejo para el ELN que genera incertidumbre y desconfianza”
El optimismo que despertó en septiembre el acuerdo de cese al fuego bilateral, nacional y temporal entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) parece ahora un vago recuerdo. Los acontecimientos se suceden en Colombia con tanta rapidez que interpretar la coyuntura siempre parece misión de adivinos. Por eso estos líderes sociales que se sientan con Juan Carlos Cuéllar, uno de los dos gestores de paz del ELN habilitados dentro del proceso de negociación, tienen muchas preguntas y ninguna es fácil.
El comandante Juan Carlos Cuéllar lleva años alimentando la posibilidad de una salida política al conflicto armado, primero desde la prisión de Bellavista (Bello, Antioquia) o como facilitador en acercamientos anteriores en Alemania, Venezuela o Cuba, ahora como gestor de paz en decenas de encuentros con organizaciones, académicos o políticos. Es de hablar pausado y de tono calmado, pero no oculta su preocupación por el momento que vive la Mesa de Quito. “La realidad es que el proceso [de paz] con las FARC es un espejo para el ELN y ese espejo genera incertidumbre y desconfianza. Nuestros mandos y combatientes ven cómo se ha vaciado de contenido la implementación de los Acuerdos de La Habana, les preocupa que haya una disidencia tan grande y, lo más importante, las razones de esa disidencia…”.
Los asistentes a este encuentro tienen muchas inquietudes y las primeras de ellas giran alrededor al final del cese al fuego bilateral, el 9 de enero, y a los ataques que realizó el ELN horas después y que fueron el argumento del Gobierno para suspender el inicio del quinto ciclo de conversaciones en Quito. “A pesar de la versión repetida en los medios, lo que ocurrió es que se terminó el cese y había acciones ofensivas muy fuertes del Ejército en los territorios donde opera el ELN y fue inevitable una reacción… pero el ELN probó durante los 101 días del cese su voluntad, todas sus estructuras cumplieron y respetaron el cese y el único incidente fue reconocido y asumido [se refiere al asesinato del líder indígena Aulio Isaramá en octubre]. No pasa igual con el Estado, que se niega siquiera a hablar de las violaciones de la Fuerza Pública al cese al fuego”.
El argumento del ELN, que repite Cuéllar, es que durante el cese al fuego el Ejército aprovechó para sacar partido militar y que eso hay que evaluarlo. Transmite a los asistentes que la organización guerrillera quiere un nuevo cese al fuego, “pero debe ser un proceso más serio, con protocolos claros, fruto del análisis de lo sucedido en estos tres meses, de cómo se logró o no el principal objetivo, que era el alivio humanitario en las comunidades”. También recuerda cómo, mientras el ELN cumplió con sus compromisos –no atentar contra infraestructuras, no realizar secuestros y no reclutar a menores-, el Gobierno no ha avanzado en ninguno de los tres puntos que le correspondían en los acuerdos firmados en septiembre: alivio humanitario para los presos del ELN, descriminalización de las formas de protesta social, medidas contundentes para evitar el asesinato de líderes sociales.
La sociedad militarizada
Es evidente en la conversación que la desconfianza sigue medrando entre el ELN y el Gobierno… y que no ayuda la indolencia con la que la opinión pública asume este proceso de negociación. “Hay una fabricación mediática muy fuerte que construyó un enemigo único, las FARC, y ese enmascaramiento mediático lo que hace es que una vez firmado un acuerdo con esa organización se piense que la guerra ha terminado. No es así”. Cuéllar explica que está especialmente preocupado por la multiplicidad de actores armados en los territorios y repite varias veces que “hay que desmilitarizar Colombia”, refiriéndose a la cantidad de armas (legales e ilegales) que hay en el país y en cómo eso hace “impensable” en este momento que el Estado tenga el monopolio de la fuerza. Esa “militarización”, defiende el gestor de paz, tiene que ver con las economías ilegales que manejan buena parte del territorio y que necesitan de esa dinámica violenta para sostenerse.
Uno de los líderes que asiste a la reunión plantea un escenario futuro en el que el ELN firmara un acuerdo de paz y se desarmara; Cuéllar le responde planteando que eso “no sería suficiente para construir la paz”. “Una cosa es la ‘pacificación’, el desarme de las insurgencias o de otros actores identificables, y otra cosa es la paz. El Gobierno ha tenido la tendencia de buscar esa pacificación y el desarme a toda costa y no avanzar en la solución política de los problemas del país”.
Por eso, en esta reunión, el representante del ELN repite varias veces que la dejación de las armas no es entendible si no es de forma paralela a la discusión política por parte de la sociedad civil con el Estado. “Las audiencias realizadas con los agentes sociales en noviembre evidenciaron el clamor por una participación amplia, desde los territorios. Ya tenemos los elementos para armar esa propuesta de participación y hay coincidencias con el Gobierno en algunos aspectos… eso es clave”.
“¿Pero… este Gobierno está de salida?, ¿qué van a negociar de ahora hasta las elecciones?”, duda una lideresa afro. Cuéllar responde: “Con el Gobierno Santos comenzamos y esperamos que con el Gobierno Santos dejemos un proceso suficientemente avanzado, con un cese bilateral serio y con los elementos para que el gobierno entrante lo retome”.
El clima electoral, los problemas en la implementación de los acuerdos de La Habana –“renegociados todo el tiempo a la baja”-, la presión militar, los cambios en el equipo negociador del Gobierno… La reunión camina por veredas que podrían llevar al derrotismo total, pero Cuéllar quiere cerrarla con optimismo. “El momento es de mucho pesimismo, pero tenemos que construir desde la incertidumbre, tenemos que seguir trabajando por una solución política y el ELN va a cumplir su compromiso de no levantarse de la mesa y seguir buscando acuerdos que no se limiten a la dejación de las armas”.
