Colombia: Corrupción, pacificación en dudas y un 2018 electoral – Por Camilo Rengifo Marín

En medio de una gran incertidumbre política y el alto desprestigio y falta de credibilidad del gobierno de Juan Manuel Santos, comenzó en Colombia la campaña presidencial, donde la extrema derecha tiene definido a Iván Duque como su candidato y la centroizquierda trata de clarificar su estrategia hacia una alianza, en unas elecciones pautadas para el 27 de mayo de 2018 que contarán por primera vez con la presencia del partido de las ex FARC-EP, hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

El candidato ganador debe obtener la mitad más uno del total de votos válidos, de lo contrario se realizará una segunda vuelta. Poco antes, el 11 de marzo se realizarán las elecciones legislativas, cuando serán elegidos los miembros de ambas cámaras del Congreso: 102 escaños del Senado y 166 curules de la Cámara de Representantes.

Los aspirantes presidenciales en las encuestas son de lados muy diferentes del espectro político, lo que ha despertado ciertos temores en los centros financieros internacionales, y presiones para que se llevan a cabo “las reformas restantes que se requieren” (como señaló la banca de inversión Morgan Stanley), teniendo en cuenta el déficit en cuenta corriente más amplio de la región.

Hoy, el desastre producido por las medidas de choque implementadas por el ministerio de Hacienda dejó sus huellas profundas: la cifra de desempleo es preocupante (8,4%), lo que supone 226 mil desocupados más que en 2016, para un total de desempleados a 2,09 millones de trabajadores, mientras el consumo se vio golpeado por un aumento agresivo del IVA.

Santos debería temerles a los consejos de sus expertos asesores –nacionales y extranjeros-, pero no han aprendido la lección. Ellos son los que sugirieron el plebiscito para consultarle al pueblo si aceptaba o no el Acuerdo de Paz con las Farc, que no sólo perdió sino que resucitó al cadáver político de Uribe, quien en las elecciones precedentes apenas había ganado la Gobernación en Casanare.

Ahora estos expertos instaron a Santos reducir los gastos que golpean a los más desfavorecidos, pues pretende que se incremente la edad de jubilación y el valor de la cotización al 18%, siguiendo las directivas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, para quienes la única forma de reducir el gasto público es la que afecta a las clases trabajadoras, quienes no son jamás oídas y menos aún consultadas.

Algunos analistas plantean el escenario que en pleno año electoral los trabajadores y campesinos se movilicen y exijan “que se vayan todos”.

La realidad es que se registran 80 mil millones de dólares anuales de evasión de impuestos (9% del PIB) y el gobierno no hace nada para recuperar todo el recaudo que se roban algunos sectores que siempre estuvieron al margen de la tributación. Las pensiones cuestan 40 mil millones anuales, por lo que con la mitad de la evasión se cubrirían las mismas sin necesidad de cambiar el régimen actual.

Hubo quien sugirió reducir los inmensos gastos de publicidad del Estado, lo que no fue bien recibido por los medios hegemónicos de comunicación que viven de la pauta oficial.

Junto a la caída en la credibilidad del presidente Santos, la revelación de numerosos casos de corrupción que llega a poderosos jueces, fiscales y políticos, y las campañas de terror mediático, como la lanzada por el expresidente Uribe –sindicado de genocidio y narcotráfico- señalando que su partido es la única alternativa al “castro-chavismo radical” y el “castro-chavismo moderado”.

Pero mientras los medios siguen la agenda que les traza Uribe, el centroizquierda Gustavo Petro sigue a la cabeza de las encuestas, con 17% de aprobación, seguido por Sergio Fajardo, con un 15% y con tres puntos menos Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Santos.

Nada ha cambiado en las últimas semanas. Durante la madrugada del último viernes del año un granada lanzada en la discoteca Bora Bora, en Caucasia (Antioquia), hirió al menos a 31 personas. ¿Los autores? Miembros del clan del Golfo, vengándose por una extorsión que no fue pagada por el dueño del lugar. La realidad es que la criminalidad producto de las bandas paramilitares y los carteles del narcotráfico siguen tan campantes y Colombia sigue llena de incentivos e impunidad para la criminalidad.

Pese a todos los obstáculos que ha enfrentado el Acuerdo de La Habana en el Congreso, la apuesta por el diálogo y el desarme sigue dando sus frutos y por ello hay que resaltar la disposición del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a no renunciar a la paz y no levantarse de la mesa de diálogo, pese a las incongruencias del gobierno y las presiones de la ultraderecha. El gobierno, mutis.

Si bien la seguridad, la salud, el desempleo y la corrupción son las principales preocupaciones de los colombianos, la narrativa hegemónica pone como causante de estos problemas a la guerrilla y los acuerdos de paz. Hoy, es el exguerrillero del Movimiento 19 de Abril, ex senador y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien lidera las encuestas, pero los “expertos” no creen que pueda imponerse a las fuerzas del poder fáctico.

Aquellas fuerzas ultraderechistas que el año pasado lideraron el voto por el No en el plebiscito sobre los Acuerdos de Paz, con el apoyo de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y los evangelistas, llevar candidato único a las presidenciales, para garantizar el continuismo del poder fáctico en el poder y también en el gobierno, mientras hay un abajo que se mueve en todo la Colombia urbana y la profunda, reclamando paz, pero también justicia e inclusión social.

(*) Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)