Bolivia: se intensifican los paros y bloqueos en rechazo al nuevo Código Penal
La decisión del presidente Evo Morales de abrir un espacio de debate sobre el Código del Sistema Penal no logró frenar las protestas regionales que demandan la abrogación de esa norma. Este martes, la ciudad de Cochabamba amaneció bloqueada y paralizada por la protesta convocada por el Comité Cívico, mientras que el transporte pesado internacional decidió continuar con movilizaciones.
Con la misma demanda, y con el pedido de respeto al voto del referéndum del 21 de febrero de 2016 que rechazó una nueva repostulación del presidente Evo Morales, el Comité Cívico de Beni convocó a un paro movilizado para este miércoles, en tanto que el Comité Cívico Potosinista declaró una pausa en su movilización indefinida.
En las primeras horas de la mañana el paro fue acatado de forma disciplinada por diferentes sectores, entre ellos el transporte público en la ciudad de Cochabamba, que ya la semana pasada cumplió similar medida de protesta en demanda de la abrogación del Código Penal y el respeto al voto del 21F.
Las principales calles y avenidas amanecieron bloqueadas con vehículos del servicio público y del transporte pesado. La Alcaldía de Cochabamba, el Concejo Municipal, empresarios y otros sectores se plegaron a la protesta. El anuncio realizado por el Presidente no tuvo efecto y, por el contrario, los movilizados consideran que el Jefe de Estado solo busca dilatar el conflicto.
Tras una reunión con sus bases sociales aglutinadas en la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), Morales anunció que abría un plazo de un año para socializar el Código y, de ser necesario, incorporar reformas y ajustes en caso de que se demuestre que algún artículo afecta a un sector. Para el Gobierno, con este anuncio ya no habría justificativo para las movilizaciones.
El dirigente del transporte pesado internacional Marcelo Cruz explicó a la red PAT que su sector respalda las protestas en demanda de la abrogación del Código porque considera que sus demandas no se resuelven con la derogación del artículo 137 sobre homicidio culposo en accidente de tránsito.
Morales promulgó la ley que deroga ese artículo, al igual que el 205 sobre mala práctica profesional que cuestionaban los médicos y que los llevó a cumplir un paro de 47 días. Ahora los galenos amenazan con retormar el paro por despidos y falta de pago de sus salarios.
Una vez concluya el paro cívico en Cochabamba, este miércoles será el turno de Beni, que declaró la extrema medida en rechazo al Código y respeto al 21F.
«Estamos exigiendo que se anule de forma completa el nuevo Código Penal, estamos convocando a un paro cívico para el día miércoles a partir de las cero horas. Además, hemos conformado una Coordinadora de Defensa de la Democracia», anunció en declaraciones a radio Fides el presidente del Comité Cívico del Beni, Juan Pablo Yabeta.
En Santa Cruz, que el viernes también cumplió similar medida por 24 horas, este martes empezó la recolección de firmas para pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretar el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El Tribunal Constitución Plurinacional apoyó en ese artículo, que garantiza el derecho político de elegir y ser elegido, el fallo que permite a Morales terciar en nuevas elecciones, lo que hasta antes del fallo estaba vetado porque la Constitución Política del Estado permite solo una repostulación continua.
En Potosí, fue declarada una pausa en el paro cívico indefinido que se mantenía a la espera de una coordinación de acciones. Oruro y Sucre no estuvieron al margen de las protestas y la semana pasada se embarcaron en medidas de presión.
El ministro de la Presidencia, René Martínez, afirmó que de persistir la protesta tras el anuncio presidencial, se demostraría su interés político-conspirativo, en tanto que su colega de Gobierno, Carlos Romero, consideró que “las movilizaciones bajaron significativamente con relación a la semana anterior”.
Los políticos tampoco dejaron su protesta y mantiene una huelga de hambre en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Cuatro ministerios se suman a labor de revisión del Código Penal
Los ministerios de Justicia, Gobierno, Trabajo y Relaciones Exteriores se sumarán al trabajo de socialización del Código del Sistema Penal (CSP) e identificar los artículos que podrían ser modificados.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta, señaló que la propuesta del presidente Evo Morales significa una “gran apertura para mejorar y hacer los cambios que sean necesarios en el texto, tanto en la parte adjetiva, sustantiva, procesal, como en la de establecimiento de los delitos”.
“Nosotros como Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, la misma Cancillería (y) Ministerio de Trabajo nos sumamos para lograr concluir este trabajo de un año en un gran encuentro sobre el Código del Sistema Penal”, apuntó Arce Zaconeta en una conferencia de prensa.
Sostuvo que el plazo de un año que se acordó entre el Jefe de Estado y la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) es un tiempo prudente para cumplir con esta labor habida cuenta que el Código recién entrará en vigor en junio de 2019.
Por ello convocó a los sectores movilizados a presentar sus observaciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), entidad que trabaja en la metodología para cumplir con la labor.
Dijo que si éstos en lugar de fundamentar sus observaciones de forma documentada, mantienen la movilización, sólo será reflejo de que ésta tiene fines “políticos y que se están moviendo por razones que no son sinceras”.
