Bolivia: Los desafíos del décimo tercer año del gobierno de Evo Morales – Por Hugo Moldiz Mercado

Tras alcanzar en 2017 un rendimiento económico menor al proyectado -pero que no le quita al país su condición de líder en crecimiento de la región-, y de enfrentar una avalancha de conflictos políticos, con expresiones de resurgimiento de la violencia y el racismo, Evo Morales inicia este 22 de enero su décimo tercer año consecutivo como presidente de Bolivia –el más largo de la historia nacional-, con el objetivo de superar el 4% de crecimiento y, mucho más importante que lo anterior, de ampliar su legitimidad en la perspectiva de las elecciones de 2019.

Para lograr ambos objetivos, en un año que será decisivo en la construcción de relaciones de fuerza para el gobierno y la oposición, el titular del Estado Plurinacional estima continuar con el ambicioso plan de inversión que desde 2015 se ha propuesto ejecutar hasta 2020, estimado en unos 50.000 millones de dólares, para potenciar la economía nacional. Avanzar en la industrialización de los recursos naturales, mantener el ritmo en la construcción de carreteras, creación del empleo juvenil y la otorgación de servicios, donde los programas de acceso a agua potable y riego son esenciales, figuran en los planes gubernamentales.

En realidad, aunque los economistas partidarios de la escuela de Chicago se esfuerzan en desconocer y descalificar de manera más o menos sostenida, Bolivia ha conquistado por quinto año consecutivo el sitial de país con mayor crecimiento de la región sudamericana gracias a la dinámica de su demanda interna, lo que ha compensado los bajos precios de las materias primas. En 2018, Morales aspira que Bolivia sea la primera economía en crecimiento de toda América Latina.

Lo que no se conoce todavía es qué hará Evo Morales en el campo de lo político, donde parecen concentrarse los mayores problemas del gobierno. Desde el 21 de febrero de 2016, cuando la propuesta de modificar el artículo 168 de la Constitución fue derrotada por estrecho margen en un referéndum en el que la oposición, asesorada por Estados Unidos- basó su campaña en una estrategia de la mentira que tuvo como hilo conductor del relato a un inexistente hijo del Presidente, la iniciativa política –empleando similar estrategia y método- está de lado de las fuerzas que se oponen al proceso de cambio. Esto se nota, por ejemplo, en el uso político del nuevo Código del Sistema Penal que, a pesar de los problemas de redacción en varios de sus artículos-, expresa un paso adelante en la búsqueda de eliminar la retardación de justicia. La modificación parcial de su gabinete político apunta a resolver el vacío dejado por el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana en enero de 2017.

En realidad, la causa principal de las movilizaciones propiciadas por la oposición desde diciembre pasado es el rechazo a la candidatura de Morales en 2019, luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional diera curso a un Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad contra cuatro artículos de la Constitución que limitan la aplicación del derecho preferente.

Las reacciones ante el fallo del TCP, al que la oposición rechaza por desconocer el resultado del referéndum del 21 de febrero, han sido duras y en las calles en un primer momento, aunque luego tomaron forma en la movilización, principalmente de médicos, contra el código penal. Pronunciamiento conjunto de una parte de la oposición, agresión contra varias instituciones del Estado en Santa Cruz, comunicado del Departamento de Estado de EEUU, intervención de una congresista cubano-americana en el Congreso de ese país, llamados a desatar la guerra en varios columnistas de los medios hegemónicos, resurgimiento de las acciones de racismo como en Santa Cruz y Beni, así como decir que “prefiero una dictadura de botas y no de ojotas” de parte de una diputada, representan apenas una rápida descripción de la tensa situación que Morales enfrentó desde diciembre.

Morales ha encontrado en las redes sociales su principal flaqueza y el arma que mejor emplea la oposición para atacar su gestión. La aseveración no está fuera de foco, en un país en que el predominio en el manejo de las redes sociales está principalmente en manos de los sectores no populares, a lo que coadyuva el papel de la mayor parte de los medios de comunicación, periodistas y analistas.

Lo que sí, la interpretación de Morales -que en realidad hace referencia al enorme impacto de la llamada Guerra de Cuarta Generación en la manipulación de la subjetividad de la gente-, se matiza al observar el fortalecimiento de las corrientes de ultraizquierda en los movimientos sociales que, como en la década de los 70 y 80, fueron un factor de desestabilización y caída de los gobiernos populares de Juan José Torres y Hernán Siles Suazo.

La explicación de este momento difícil, en el que la alta aprobación de Morales no condice con la intención de voto, aunque sigue en primer lugar en las preferencias si las elecciones fueran ahora, parece centrarse en la ausencia de trabajo político de sus flácidas organizaciones en la sociedad, que es donde se construye hegemonía, como señala el teórico italiano Antonio Gramsci y al que el vicepresidente Álvaro García Linera lo citó varias veces.

(*) Abogado, periodista y docente universitario boliviano. Fue el ministro de gobierno de Bolivia durante el tercer gobierno del presidente Evo Morales.