Argentina: la Policía reprime a comunidad wichi en la provincia de Formosa
Brutal represión contra una comunidad wichi
Doce días después de haber reprimido y herido con balas de plomo a dos jóvenes wichi del Barrio Cincuenta Viviendas, en Ingeniero Juárez, al noroeste de Formosa, la Policía provincial disparó munición de goma e hirió en el rostro y el cuerpo a tres niños de esa misma comunidad. El hecho ocurrió anoche cuando miembros de esa fuerza de seguridad, que desde hace meses rodea distintos accesos a ese barrio, comenzaron a «hostigar» a los jóvenes e intentaron detener a una decena de ellos, que se resistieron.
Uno de los heridos fue Facundo A., de 13 años, quien en medio de la represión recibió disparos de goma en la cara, el hombro y el pecho. Fue socorrido por su hermano, que lo trasladó al hospital de Ingeniero Juárez, mientras la avanzada policial continuaba contra hombres y mujeres. “No pudieron entrar al barrio porque los vecinos no dejamos que persigan a los chicos”, contó a Página/12 Ana María Agüero, integrantes de esa comunidad y tía de los heridos en la represión de la semana ante pasada.
Según los testigos consultados por este diario, lo de anoche fue fruto del “hostigamiento de la policía” en ese barrio, donde existe una disputa territorial desde hace diez años, cuando la comunidad concretó una toma en un sector comunitario que antes era administrado por el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa, ante la decisión del gobierno provincial de estatizar esas tierras. Luego, la administración de Gildo Insfrán cedió arbitrariamente esa superficie a la Municipalidad de Juárez, para que construya allí viviendas para policías.
Desde entonces, el Barrio Cincuenta Viviendas vive en un virtual estado de sitio, con operativos que no permiten que los vecinos se asomen a sus viviendas. Quienes lo hacen son hostigados y apresados por las fuerzas de seguridad provincial.
“Anoche había un grupo de chicos en la vereda y los policías les empezaron a gritar ‘indio sucio’, ‘mataco’. Y los provocaban diciéndoles ‘vení, hijo de puta’. Hasta que uno de los chicos les tiró una piedra y ahí empezaron a disparar”, relató Lorena, otra de las testigos que prefirió reservar su apellido por temor a represalias. Ana María Agüero coincidió con esa versión: «Nos decían ‘indios sucios’ y después empezaron a tirar, tirar y tirar”.
Lorena contó que “los vecinos salieron a defender a los chicos y llegaron más policías”. En la multitud que se acercó hasta el lugar de la represión hubo varios niños, que también fueron baleados. “Y no solo a los chicos, sino también a las mujeres. Les apuntaban y tiraban, nomás”, añadió la mujer.
Durante las últimas semanas, las presiones contra los integrantes de la comunidad wichi son continuas. De hecho, uno de los referentes en la lucha por los derechos de los suyos, Agustín Santillán, estuvo preso durante cinco meses del año pasado por denunciar la situación de distintas comunidades en Ingeniero Juárez.
El antecedente inmediato a la violencia en Cincuenta Viviendas de anoche data del 20 de diciembre pasado, cuando la policía reprimió a un grupo de integrantes de la comunidad en la plaza Juan Domingo Perón, ubicado frente al barrio. Allí, Oscar y Denis Agüero, de 19 años y 16 años, respectivamente, fueron heridos con las balas de plomo. Otros dos jóvenes quedaron heridos con balas de gomas. Tres más, en tanto, fueron detenidos y permanecieron en esa condición durante dos días. El resto de los vecinos se resiste a ser apresados y desalojados.
Un año de represión y despojo – Por Darío Aranda
Los pueblos indígenas de Argentina cerraron un año en el que han enfrentado numerosos intentos de despojos de sus territorios, que implicaron represiones, criminalización, cárcel y asesinatos. La embestida contra el pueblo mapuche tuvo sus paralelos, aunque con menor difusión, en Formosa, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, entre otras provincias. La prórroga de la ley 26.160 (que debiera frenar los desalojos) está entre las buenas noticias. La peor: el asesinato de Rafael Nahuel y la represión al Lof Cushamen (con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado).
La noticia que pasó más desapercibida fue toda una señal: el gobierno nombró en agosto al frente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a Jimena Psathakis, de la Fundación Cambio Democrático, ONG referente en el discurso de “diálogo”, muy conocida entre las asambleas socioambientales porque siempre favorece al sector privado, desde Esquel (donde se ubicó del lado de la minera) hasta Vaca Muerta (donde “dialogó” mucho con comunidades mapuches, pero siempre impulsó el fracking).
El racconto de hechos de violencia contra las comunidades es extenso. El 26 de junio, la comunidad Indio Colalao de Tucumán sufrió un violento desalojo de 16 familias. Decenas de policías e infantería llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comunidad. Los diaguitas acusaron a la fiscal Adriana Cuello Reinoso y al juez Eudoro Albo. En San Ignacio (Misiones), el 8 de julio, una patota atacó a la comunidad Tekoa Kokuere’i. Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y las incendiaron en presencia de niños y mujeres.
Los desalojos se dan en un contexto de numerosas leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Desde el Convenio 169 de la OIT hasta la ley 26.160. La responsabilidad incluye a jueces y fiscales, que no aplican las legislación que favorece a las comunidades indígenas. El pueblo diaguita de Tucumán identificó a ese actor cómplice y marchó el 6 de julio a los tribunales de la provincia. Señaló como principal causante de sus males al Poder Judicial. Recordaron que desde 2009, cuando asesinaron al diaguita Javier Chocobar, esperan un juicio que nunca llegó. Y repudiaron a jueces y fiscales que dan luz verde a los desalojos indígenas.
El 20 de diciembre, la policía de Formosa reprimió con balas de plomo en la comunidad wichí del “Barrio 50 Viviendas” (en la localidad de Ingeniero Juárez). Hubo cuatro heridos, dos con balas de plomo.
En cuanto a la criminalización, dos referencias fueron Agustín Santillán, wichí de Formosa que estuvo preso cinco meses por reclamar derechos básicos ante el gobierno de Gildo Insfrán, y la detención del lonko (autoridad mapuche) Facundo Jones Huala, que aún está detenido en Esquel a la espera de juicio de extradición.
El pueblo mapuche fue el que más trascendió en los medios de Buenos Aires. En enero se ejecutaron tres represiones en dos días (9 y de 10) sobre el Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Gendarmería Nacional y Policía de Chubut avanzaron con escopetas y gases lacrimógeno. El disparo en el cuello sobre Fausto Emilio Jones Huala llegó a la prensa. Otro integrante de la comunidad perdió un tímpano. No hubo víctimas fatales de casualidad. El 1 de agosto hubo una nueva represión. Sin orden judicial, Gendarmería ingresó a territorio comunitario. Sobrevino la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
También sufrieron represiones en la comunidad Campo Maripe (Vaca Muerta, el 21 de junio), comunidad Vuelta del Río (Chubut, el 18 de septiembre), Lof Fvta Xayen (en Neuquén, el 19 de septiembre), quema de viviendas en comunidad Vuelta del Río (el 20 de septiembre).
El 23 de noviembre, en un operativo con más de 300 efectivos sobre el Lof Lafken Winkul Mapu (a 35 kilómetros de Bariloche), se esposó a mujeres durante horas e incluso se detuvo a los niños. Dos días después, asesinaron al joven mapuche Rafael Nahuel. La represión estuvo a cargo del Grupo Albatros de la Prefectura Nacional y la bala ingresó por la espalda.
Los hechos de violencia contra los pueblos indígenas es mucho más extenso.
También hay otras muertes y violencias. En Santa Victoria Este, región norte de Salta, murieron 26 personas en 23 días, todas por causas evitables y falta de atención básica de salud. Lo denunció la comunidad wichí Cruce Buena Fe Cañaveral entre diciembre de 2016 y enero de 2017. El dirigente wichí Pedro Lozano precisó que se trató de cinco adultos y 21 niños, todos menores de 2 años. Las comunidades indígenas y familias criollas cortaron la ruta provincial 54, denunciaron a la jefa de enfermería, la falta de insumos básicos y la carencia de agua (con temperaturas de más de 40 grados). El 17 de diciembre pasado, otro niño wichí (de 7 años) murió en Santa Victoria Este.
La semana pasada fue noticia una niña del pueblo mbya de Misiones cuando fue fotografiada tomando agua de un charco en un boulevard de Posadas. Por un momento, los grandes medios recordaron la situación indígena.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe “Pobreza y derechos humanos”, en el que determinó que la pobreza afecta al 43 por ciento de los indígenas del hemisferio. La CIDH detalló que los pueblos indígenas padecen los peores índices de analfabetismo, desnutrición, dificultades para acceder a cuidados médicos, y obstáculos para acceder servicios básicos como agua potable, saneamiento, electricidad y viviendas. Son los marginados entre los marginados.
Los pueblos indígenas viven en carne propia esas estadísticas desde hace décadas y apuntan al fondo del asunto: la causa de sus males es el despojo de territorios (de la mano del agronegocio, forestales, mineras, petroleras, grandes obras de infraestructura), la violación sistemática de las leyes que los beneficia, la total falta de políticas públicas para que puedan desarrollarse y el racismo estructural.
