Argentina: el Estado identificó 1.600 pueblos indígenas pero relevó el territorio de la mitad
La Ley 26.160, aprobada hace 11 años, ordenó un relevamiento de las tierras que ocupan los pueblos originarios en todo el país. La norma no incluye la entrega de títulos pero es un primer paso para que se identifiquen los territorios y se pueda avanzar con la formalización de su propiedad.
La semana pasada, el papa Francisco comenzó su visita a Chile y Perú en donde, entre otras actividades, se reunió con comunidades indígenas. El miércoles ofició una misa en el aeródromo de Maquehue, en las afueras de Temuco, que contó también con una ceremonia mapuche. En este país esta comunidad reclama principalmente por territorios dentro de la región de la Araucanía. ¿Cuál es la situación en la Argentina?
De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, a los que Chequeado llegó a través de un pedido de acceso a la información, el Estado argentino identificó 1604 comunidades indígenas, ubicadas principalmente en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Misiones.
En relación a los reclamos territoriales de los pueblos originarios, la Ley 26.160, sancionada en 2006 y prorrogada en noviembre último por tercera vez, declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y suspende la ejecución de desalojos en estas tierras.
La norma, además, determina que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, deberá realizar un relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades indígenas, para conocer su extensión y sus límites.
Sin embargo, a pesar de los más de 11 años de vigencia de la ley, en la actualidad poco más de la mitad de las comunidades identificadas en todo el país fueron relevadas o su relevamiento está en trámite (52%). En 10 provincias, la mayoría ubicadas en el norte del país, los porcentajes son menores al promedio nacional, y en tres jurisdicciones no se ha relevado ni siquiera una comunidad (Corrientes, La Rioja y San Luis).
En el caso de las provincias patagónicas en donde se registraron conflictos en los últimos meses, también se observa que queda mucho trabajo por hacer: en Neuquén, en donde comunidades reclaman por los territorios donde se encuentra la formación Vaca Muerta, entre otros, el relevamiento de las comunidades llegó a un 43%; en Chubut, en donde murió Santiago Maldonado después de un operativo de Gendarmería nacional, el relevamiento avanzó hasta el 56%; y en Río Negro, en donde Rafael Nahuel murió durante un operativo de la Prefectura, el proceso de reconocimiento alcanzó al 74% de las comunidades.
La ONG Amnistía Internacional -que cuenta con un relevamiento nacional de conflictos relacionados con pueblos originarios- señaló que la ley “no reconoce ni avanza en la titulación de tierras”, aunque sí “constituye un paso previo positivo muy importante para que las comunidades indígenas puedan identificar su territorio y puedan obtener los títulos de propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Por su parte, Jimena Psathakis, presidenta del INAI, indicó a Chequeado que, entre las causas del retraso, se encuentran los “conflictos al interior de las propias comunidades respecto a la representatividad”, los “procesos de judicialización” o mismo el “desconocimiento” por parte de algunas comunidades del relevamiento creado por la ley.
En relación al poco avance del relevamiento, la Auditoría General de la Nación (AGN) alertó en dos oportunidades, en 2012 y en 2017, sobre los pocos recursos que tiene el INAI para llevar adelante la tarea que le encomienda la ley.
En Chile, por su parte, se encuentra vigente un Registro Público de Tierras Indígenas, creado por ley en 1993, y que tiene una actualización permanente.
Según señala su sitio web, la acreditación de estos territorios en el registro “genera efectos jurídicos” por lo que “permite otorgar los beneficios y la aplicación de medidas de protección que la ley contempla para dichas tierras”, como la exención del pago de impuestos territoriales y la prohibición de embargar esos terrenos, entre otros.
