Informe de la OEA: entre el 11% y el 20% de los embarazos en niñas y adolescentes de la región son por violencia sexual
Por las niñas de América Latina, ¡no es hora de callar! – Por Erika Gutiérrez
Hace unos meses la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó su más reciente informe sobre violencia sexual y embarazo infantil, en el marco del convenio para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.
El informe se centra en tres partes: embarazo infantil, matrimonio forzado y los altos índices de impunidad en los actos de violencia sexual en América Latina y El Caribe.
Respecto al embarazo infantil, el informe se centró en el abuso sexual que hay detrás. De hecho, un solo caso de una menor víctima de esta violencia debería ser suficiente para poner en marcha un protocolo inmediato de acción y prevención.
Sin embargo, las cifras son más que escalofriantes. Según la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), cada año se producen en el mundo dos millones de partos en menores de 15 años.
Se estima que en Latinoamérica entre el 11% y el 20% de los embarazos en niñas y adolescentes son resultado de violencia sexual.
La mayoría de las niñas no ha recibido educación sexual ni en sus casas ni en sus escuelas (si es que asisten a una).
Esto no es solo un problema de salud pública. Detrás, hay un andamiaje cultural que atenta contra los derechos humanos de niñas y adolescentes. Y los esfuerzos de los estados son precarios frente a esta situación y la reglamentación para prevenir los embarazos en menores es escasa e ineficaz.
Para completar, la ausencia de una educación sexual a temprana edad deja aún más indefensas a niñas y adolescentes. Esto, sumado a la pobreza de ciertas comunidades, empeora su situación.
Tampoco ayudan los obstáculos para impedir la interrupción voluntaria del embarazo y mucho menos las creencias culturales y religiosas sobre los supuestos “roles y funciones de las mujeres”.
El machismo, un agravante
El modelo machista que se respira en la cotidianidad contribuye a que se violenten los derechos sexuales de niñas y adolescentes, convirtiéndolas en madres y poniendo en riesgo su salud física y mental.
Todo esto sin que muchas niñas comprendan los efectos que esa brusca transición les traerá a su vida. A lo anterior se suma el abandono de los estados a ciertos sectores de la población, lo que aumenta la violencia.
La falta de recursos, de educación y de protección crea el escenario perfecto para que las niñas vivan situaciones de riesgo, como dejarlas en sus casas o a cargo de familiares, amigos o vecinos.
De ahí, insisto, la importancia de una educación sexual de calidad desde temprana edad. Las falsas creencias acerca de impartir esta educación deben ser desvirtuadas por el Estado, el responsable de implementar un sistema que contemple la protección de los menores.
Docentes y padres de familia deben saber que enseñar educación sexual, lejos de incitar a los menores a un despertar sexual como se ha querido hacer creer, es la mejor manera de explicarles cómo el cuerpo debe ser tratado y respetado.
Se necesita una educación sexual que oriente a los menores a saber cuando pedir ayuda y a establecer límites con sus cuerpos.
La educación sexual es mucho más que “genitalidad” y “vida sexual”. Se trata de aprender a relacionarse y a cuidar su propio cuerpo y el ajeno.
Otro tema de importancia es la urgencia de implementar en el sistema de salud programas de capacitación con enfoque de género para formar al personal en manejo de embarazos en menores, muchos de los cuales son de alto riesgo.
Según el informe de la OEA, en Perú, el 63% de las niñas o adolescente embarazadas tuvo al menos una complicación, desde infecciones urinarias hasta trastornos de tensión arterial (preeclampsia – eclampsia) y amenaza de aborto.
Muchas veces la salud emocional de las menores también se afecta. Por ejemplo, el 91% de las historias clínicas en Ecuador refleja sintomatología depresiva y trastorno adaptativo.
Además, el 55% de las niñas entre los 9 y 14 años reportó algún tipo de molestia emocional, entre las cuales resaltan el miedo y la preocupación por su embarazo.
“Lo provocó”
Sin embargo, en muchas ocasiones, el personal de salud en vez de ayudar emocionalmente a la menor y darle el apoyo que requiere, no le reconoce su carácter de víctima de violencia sexual sino que la trata como una adulta embarazada.
Con frecuencia, el trato del personal se acerca a la discriminación. Por ejemplo, se hacen comentarios ofensivos como que han sido ellas quienes han “provocado” esa situación.
En muchos casos el sistema de salud no está preparado para frenar la violencia institucional.
También sacan a relucir sus creencias respecto a la maternidad que no tienen cabida en instituciones que deben velar por la salud y el bienestar de la paciente.
Además, muchas de estas frases pronunciadas por un profesional de la salud pueden aumentar la confusión de las menores al enviar, por un lado, la idea de que ellas se “buscaron” ese acto de violencia y, por otro, que un embarazo “es una bendición”.
Todo esto hace que la víctima no pueda tomar decisiones de manera libre e informada.
La interrupción voluntaria del embarazo debería ser legal y ampliamente difundida en todas partes para ayudar a contrarrestar esta situación que por culpa de otros entorpece los proyectos de vida de millones de niñas y adolescentes.
No puede ser que además de víctimas, la ley las convierta en victimarias si ellas deciden no continuar con un embarazo no deseado y no buscado.
El aborto legal es una manera de hacerle frente a la violencia causada por otros –muchas veces alguien cercano a la víctima– para garantizar la salud física y emocional de la menor. Y también, para liberarla de una responsabilidad de crianza que ella no eligió.
Nos aterramos por las noticias de abusos a menores, pero rápidamente pasamos la página y lo olvidamos.
Ahora, el bajo número de denuncias al respecto conduce a la impunidad y a que aumenten los casos de agresión a menores. Violencias que así nos neguemos a verlas están presentes en nuestras familias, barrios, iglesias e instituciones educativas, entre otros espacios.
Sin desconocer, por supuesto, que en las poblaciones más pequeñas y olvidadas la situación es aún más grave y urgente de resolver.
Es hora de actuar, de crear medios eficaces para ayudar a respetar la niñez y adolescencia, de procurarles un desarrollo físico, psicológico y social acorde con su edad y de evitar imponerles la maternidad como proyecto de vida.
Tenemos que dejar de ver a las mujeres solamente y, obligatoriamente, como madres.
Es momento de enseñarles a las menores que la maternidad es tan solo una de las opciones para sus vidas adultas, si así llegan a considerarlo.
El informe sobre violencia sexual y embarazo infantil es un urgente llamado de atención sobre el preocupante estado de vulnerabilidad en que se encuentran las niñas en América Latina. ¡Es hora de actuar!
(*) Estudiante de la Universidad Javeriana en Cali y Bogotá. Defensora de la igualdad de género.
