Santos cambia al equipo negociador con el ELN y pide a la Farc que «dejen de quejarse»
Gobierno cambiará el equipo negociador con ELN tras renuncia de Restrepo
El presidente Juan Manuel Santos anunció ayer que renovará el equipo negociador en los diálogos con la guerrilla del ELN, incluido el jefe de la delegación, Juan Camilo Restrepo, quien dejará el cargo.
Santos se refirió al asunto horas después de que Restrepo dijera en Caracol Radio que renunció al puesto de jefe negociador de los diálogos que desde febrero pasado se llevan a cabo en Quito y cuyo principal logro hasta ahora es un alto el fuego bilateral en vigor hasta el próximo 9 de enero.
“Vamos a renovar el equipo y a continuar el proceso con el ELN, para ver si podemos reanudar el cese al fuego y continuar con la negociación de la agenda que ya tenemos establecida”, dijo el Presidente.
Al referirse a los avances de los diálogos de paz entre su gobierno y esa guerrilla, el Mandatario sostuvo que Restrepo ya le había anunciado que renunciaría al cargo.
“Me había dicho ya hace mucho tiempo que, por razones personales, por necesidades de la familia, él tenía que retirarse al final de año, al final de este ciclo que terminó el viernes pasado”, precisó Santos.
Restrepo, quien estará en el cargo hasta el 8 de enero, dijo ayer que le pidió al Presidente que lo releve de su puesto porque su “ciclo al frente del equipo negociador con el ELN se está cerrando” y agregó que hay un mes para el empalme con su reemplazo.
El retiro se da, según Restrepo, para atender asuntos personales y profesionales. “Yo hago parte de un Tribunal de Arbitramento en la Cámara de Comercio de París y eso va a tener una intensificación en sus trabajos en el primer trimestre del año, por lo que necesitará de mi atención y permanencia en Bogotá”, explicó, tras negar que su salida obedezca a inconformidades con supuestas mesas paralelas en Quito.
Santos indicó que, tras la conclusión de un nuevo ciclo de diálogos el 1 de diciembre, es necesario “negociar, de aquí al 9 de enero, la prolongación del cese al fuego bilateral”: “De manera que el relevo de ese equipo no significa que no continúe el proceso. Todo lo contrario”.
Al conocer el anuncio de la salida de Restrepo y los cambios que habrá en el equipo negociador, el ELN reaccionó a través de Twitter:
«Esperamos que la renovación del Equipo del Gobierno llegue con nuevos impulsos y dinámicas que permitan el avance de la agenda pactada el 30 de marzo de 2016. Nuestra voluntad como ELN sigue intacta. Compartimos Comunicado: Alivios humanitarios y Diálogo Nacional”.
Implicaciones de la salida
Para Jhon Marulanda, experto en seguridad, la salida Restrepo, junto con la amenaza de esa guerrilla de no seguir con el cese al fuego, es un indicio de que las cosas no están bien en Quito. “Esto se suma a las denuncias del fiscal Néstor Humberto Martínez en las que afirma que el ELN ha aumentado notoriamente su vinculación con el narcotráfico”, afirmó.“Con las declaraciones del ELN, la salida de Restrepo y las evidencias de la Fiscalía, las negociaciones están en un escenario complicado. Yo no diría que en un grave riesgo, porque el Gobierno ha puesto todo su empeño en lograr un proceso de paz con esta guerrilla, pero sí veo las negociaciones difíciles”, indicó el analista.
Para él, este grupo guerrillero debe dejar de amenazar al Gobierno y el Presidente debe tener menos contemplación en el tema de seguridad con él.
El politólogo Mauricio Jaramillo cree que es difícil saber qué va a pasar con la salida de Restrepo. “Esto tendría dos implicaciones: Una positiva y una negativa. La positiva es que puede haber oxígeno en el equipo negociador del Gobierno. Si se mira así, esta decisión puede significar el deseo de flexibilizar posturas”, manifestó.
En lo negativo, dijo Jaramillo, está el hecho de que cuando estos cambios suceden, en general, hay inestabilidad en las negociaciones: “Uno puede presumir que hay disensos importantes entre los negociadores. Y esto le podría restar legitimidad al Gobierno”.
Pero el analista Enrique Serrano piensa que la salida del jefe negociador no es señal de que las cosas vayan tan mal en Quito, sino que es una estrategia electoral.
“Todo lo que hace el Gobierno lleva una intención electoral. En su momento, seleccionar a Juan Camilo Restrepo como jefe negociador también lo fue. Y ahora lo es su salida. Lo que quieren es tener resultados mucho más rápidos y eficientes en la negociación con el ELN antes de las elecciones presidenciales”, dijo.
Agregó que lo que busca el Jefe de Estado no es debilitar la negociación, sino acelerar el proceso. “Ahora, eso dependerá de quién será designado como nuevo jefe negociador. Seguramente buscarán a alguien con más afinidad y vínculo con el ELN, porque Juan Camilo demostró no tenerlos y no conocer suficientemente el lenguaje de ellos”, concluyó.
Balance
La Delegación de Paz del ELN, en un balance de los diálogos, denunció que si bien en los dos meses del cese el fuego bilateral se han registrado “alivios humanitarios” en las zonas de confrontación, también “se han presentado graves hechos que ponen en riesgo su continuidad”.
Se refirió a hechos en los que culpan a la Fuerza Pública de violar el cese el fuego y lamenta de que no se hayan concretado acuerdos humanitarios para el Chocó.
El ELN mostró la intención de mantener el cese el fuego en el quinto ciclo.
Santos pide a las Farc que «dejen de quejarse» sobre el proceso
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante la entrega del premio Alta Gerencia, pidió a las Farc que «dejen de quejarse» sobre la implementación de los acuerdos de paz y que reconozcan los avances que se han tenido en un año de proceso.
«El viernes pasado les dije a las Farc que reconocieran lo que hemos hecho en tan poco tiempo, ustedes acabaron de entregar las armas más o menos hace cuatro meses y este proceso lleva un año, miren lo que hemos hecho en un año y les tocó decir al final de esa reunión que el vaso no estaba medio vacío sino medio lleno», dijo el Mandatario.
Santos sostuvo que continuará haciendo un gran esfuerzo para seguir avanzando en la implementación del primer acuerdo: «Obviamente queda mucho por hacer, pero lo que yo les digo a los colombianos es que el vaso esta medio lleno y lo seguiremos llenando», señaló.
En ese sentido, el mandatario aseguró que las Farc están haciendo política con las denuncias sobre los incumplimientos del Gobierno.
«Muchos dicen ‘no es que el Gobierno no ha cumplido, pues ahí ya están haciendo política, ya están en la oposición diciendo que el Gobierno no cumple’, pero si a uno lo atacan de un lado y de otro eso quiere decir que vamos bien, vamos por el camino correcto», afirmó.
Finalmente, el presidente Santos agradeció a los servidores públicos por el apoyo que le han brindado al proceso de paz y la implementación de los acuerdos.
En Antioquia avanzan amnistías para excombatientes de las Farc
Luego de 60 días de entrenamiento, de pasar pruebas físicas, sicológicas y técnicas, Hernán Alonso Sepúlveda, excombatiente de las Farc, fue una de las casi 1.000 personas seleccionadas como escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el país. Solo le falta recibir la amnistía para empezar a trabajar.
Hernán Alonso fue entrenado en la academia de escoltas del municipio de Facativá (Cundinamarca). Él espera que la UNP lo vincule este diciembre para tener un trabajo digno y poder recuperar a su hija de 16 años y a su esposa, quienes viven en Antioquia, donde dejó las armas, tras pertenecer a las filas de las Farc por 18 años como miembro del frente 36 y guardia personal de Pastor Alape.
Hernán y más de 1.000 exguerrilleros de Antioquia están en proceso de notificación de amnistías, de las cuales, 600 ya fueron efectivas. Este es un beneficio jurídico establecido en el Acuerdo Final de Paz, que se entrega a excombatientes de las Farc que culminaron el proceso de dejación de las armas, tal como lo certificó la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En definitiva, es el levantamiento de las órdenes de captura y de libertad condicional.
Lizbeth Buitrago, coordinadora del Alto Comisionado para la Paz en Antioquia, dijo que la absolución judicial se entrega a desmovilizados, señalados exclusivamente de delitos políticos y conexos, como el porte o tenencia de armas y la utilización ilegal de uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Ese indulto no se entrega a los exguerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad, ellos deberán responder ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para empezar el proceso de verdad, justicia y reparación con las víctimas.
La funcionaria explicó que luego de la dejación de armas, los excombatientes firmaron una certificación para comprometerse a no volverse a levantar en armas contra del Estado ni la Constitución, y tras verificar su identidad, el Alto comisionado empezó a tramitar esta herramienta jurídica que llevan ante jueces y fiscales para que sean levantados los delitos que tenían a cargo.
Buitrago contó que fue muy difícil tramitar los indultos porque algunos exguerrilleros tenían varios nombres, usurparon la identidad de otra persona o nunca tuvieron nombres y apellidos, entonces se les reconstruyó su identidad en la Registraduría.
La amnistía para Hernán significa la libertad, representa poder reincorporarse a la vida civil, sin temor a ser capturado o señalado por el pasado. Este es el primer paso para reincorporarse a la vida civil. Por ello, el Estado capacita a los exguerrilleros para que construyan un futuro.
De los 1.063 desmovilizados en el departamento, el 30 por ciento realiza el curso de seguridad con la Unidad Nacional de Protección, se capacita en sustitución de cultivos ilícitos o en desminado humanitario y el otro 70 por ciento, permanece en los espacios territoriales de Capacitación y Reincorporación de Antioquia, ubicados en los municipios de Dabeiba, Ituango, Vigía del Fuerte, Anorí y Remedios.
La funcionaria del Alto comisionado dijo que esos espacios, que empezaron como zonas veredales, no son cárceles por lo que las personas pueden entrar y salir. Se crearon para el proceso de dejación de armas con tres objetivos: hacer el cese al fuego, el tránsito a la legalidad y la reincorporación temprana de los exguerrilleros.
“Esas metas se cumplieron con las zonas y aprovechando la estructura que estaba allí y que muchos excombatientes querían estar vinculados a actividades del campo y son oriundos de esas regiones, se replanteó dejarlos allí y ofrecerles estudio y educación”, detalló Buitrago.
Esas ofertas, que también beneficiarán a habitantes de las veredas, les brindan condiciones para que ellos no salgan igual que como entraron, sin ningún nivel educativo, sin formación para el trabajo ni condiciones para que puedan hacer su restablecimiento familiar.
Adicionalmente, habrá servicios prioritarios de salud para personas enfermas, con heridas de guerra o discapacidad. “Para poder cumplir su proceso de reintegración, necesitan un apoyo adicional en salud que les permita más adelante poder ejercer un trabajo, retomar su vida en diferentes aspectos”, agregó la coordinadora.
De acuerdo con los registros del Alto comisionado, en Antioquia hay unos 300 exguerrilleros con heridas de guerra, de esos, al menos 100 tienen alguna mutilación en sus extremidades. En los espacios territoriales también hay cuatro mujeres embarazadas, 20 bebés y 90 niños entre 2 y 8 años.
Piden más garantías
La excombatiente Sandra Restrepo dijo que ella y sus compañeros han tenido muchos inconvenientes por falta de la amnistía, aunque ya se la notificaron, no ha sido efectiva. “Hay personas que salen y los capturan, quedan como si tuvieran antecedentes. Es hora de que la Policía esté consciente de que estamos en un proceso”, añadió.
Ella tiene tres hijos y espera recibir el indulto para poder estar con ellos, moverse libremente por el país, estudiar sicología y tener un trabajo digno.
En lo que coincidió Hernán Alonso, quien afirmó que sienten persecución por parte de la Fuerza Pública. “Nos dijeron que podemos transitar libremente por todo el país, pero la Policía nos dice que tenemos un requerimiento, que aparecemos con antecedentes judiciales y nos detienen”, agregó.
Tras el homicidio de tres guerrilleros en Ituango (Antioquia), los excombatientes temen perder su vida. Por lo que exigen más garantías por parte de la Fuerza Pública y el Estado, así como esquemas de seguridad.
La funcionaria del Alto Comisionado afirmó que avanzan las investigaciones de los homicidios contra exguerrilleros. De hecho, ya hay algunas capturas. Por otro lado aclaró que todos no pueden tener un esquema de seguridad, solo los que tienen alto riesgo.
Por ello, capacitan a los desmovilizados en autoprotección. Además, cuando salen de las zonas de normalización, se les hace un monitoreo permanente y tienen un enlace para denunciar cualquier situación de peligro.
Ituango es complejo para excombatientes porque de allí se desmovilizó un alto número de guerrilleros y milicianos, que son identificados en el pueblo, donde se necesita más trabajo de reconciliación. “Ituango tuvo muchas víctimas de las Farc. El Estado tiene la responsabilidad de acompañar tanto a los habitantes como a las personas que están en proceso de reincorporación”, agregó la funcionaria.
Al igual que Hernán Alonso, muchos exguerrilleros esperan tener la oportunidad de pedir perdón y empezar a reconstruir sus vidas, recuperar a sus familias y tener una aceptación de la sociedad.
La JEP, en la mira de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
La implementación del proceso de paz y especialmente la aplicación de la JEP, así como los ‘falsos positivos’, el desplazamiento forzado y el avance en las investigaciones sobre violencia sexual, siguen siendo los elementos que están bajo la mira de la Fiscalía de la CPI.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reveló este lunes su informe anual sobre los estados que tiene bajo examen preliminar, como Colombia, y dejó en claro que la forma como se aplique la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) será primordial para determinar si hay mérito o no de abrir investigación formal.
Precisamente, la implementación del proceso de paz y especialmente la aplicación de la JEP, así como los ‘falsos positivos’, el desplazamiento forzado y el avance en las investigaciones sobre violencia sexual, siguen siendo los elementos que están bajo la mira de la Fiscalía de la CPI.
De hecho, el organismo internacional, que examina a Colombia desde 2004, anunció que seguirá en contacto con las autoridades colombianas al encontrar vacíos en la respuesta sobre sus requerimientos.
“La Fiscalía continuará examinando los desarrollos relativos al establecimiento e implementación de la JEP. En este contexto, la Fiscalía seguirá con atención la entrada en funcionamiento de la JEP, incluyendo la identificación de casos que serán escogidos para investigación y enjuiciamiento”, dice el informe.
En esta ocasión, el asunto de la Paz cobró mayor relevancia en el reporte porque el organismo ya ha señalado en comunicaciones enviadas a lo largo del año al país sobre la Ley de Amnistía y el Acto Legislativo 01 de 2017, ya avalado por la Corte Constitucional, que creó la Jurisdicción Especial para la Paz.
En primer lugar, asegura que la definición de responsabilidad de mando que se aprobó para los militares en el Acto Legislativo es contraria al derecho internacional y, por tanto, “podría frustrar los esfuerzos de Colombia por cumplir sus obligaciones de investigar y juzgar los crímenes internacionales”.
Esto, porque tal y como está planteada, “significaría que las personas con capacidad material de prevenir o de castigar los crímenes de los subordinados, y que hubiesen omitido hacerlo a sabiendas, podrían quedar impunes”.
Sobre los crímenes de guerra, la Fiscalía de la CPI cuestionó que se haya fijado como requisito legal que los mismos se hayan cometido de manera sistemática, ya que esto podría llevar a que se den amnistías a responsables de crímenes de guerra cometidas de manera no sistemática. “Un resultado así podría tornar admisible ante la CPI cualquier caso o casos que quedarán sin abordar”, advirtió la Corte.
También cuestiona que para que un caso pase a la JEP, se tiene en cuenta que la participación del implicado haya sido “activa o determinante”, por considerar que es una ambigüedad que podría permitir que no se investigue y se entreguen beneficios “a individuos responsables por contribuciones importantes a crímenes graves, aun cuando esta haya sido de manera indirecta o a través de una omisión culpable”.
El último reparo consiste en las sanciones que se contemplaron en la JEP como las “restricciones efectivas de libertades y derechos”. En este punto, la Fiscalía señaló que la efectividad de las penas dependerá de la naturaleza y los alcances de las medidas que, combinadas, formarían una sanción y si, en las circunstancias particulares de un caso, cumplirían adecuadamente los objetivos de la pena y brindarían una reparación a las víctimas.
“El cumplimiento de dichos objetivos también dependerá de una implementación efectiva de las restricciones de libertades y derechos, de un sistema riguroso de verificación, y de si su operacionalización con actividades que no forman parte de la sanción, como la participación en los asuntos políticos, no frustraría el objeto y el fin de la pena”, señala el reporte.
Falsos positivos: 29 oficiales en la mira
El otro gran asunto que ha involucrado el examen de la Fiscalía de la CPI dese hace varios años son los denominados ‘falsos positivos’, o muertes de civiles a manos de unidades militares que luego son presentados como guerrilleros muertos en falsos combates.
Desde el informe del año pasado, el organismo alertó que había cinco casos potenciales de apertura de investigación por ‘falsos positivos’ cometidos entre noviembre 2002 y 2009, que involucran a 29 oficiales de alto rango que estaban a cargo de Divisiones y Brigadas del Ejército Nacional.
Al respecto, señaló que, al parecer, “las autoridades colombianas han iniciado actuaciones judiciales contra 17 de los 29 oficiales militares de alto rango identificados, aunque hay información contradictoria respecto del estado de algunos de los casos informados”.
En ese sentido, “la Fiscalía espera recibir información detallada de parte de las autoridades colombianas respecto de los casos que presuntamente se estarían investigando, y sobre si se han tomado o se están tomando medidas investigativas concretas y progresivas”.
Los casos son
– La Primera División (Brigada 10), presuntamente cometió aproximadamente 146 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2004 y 2008 en el departamento de Cesar.
– La Segunda División (Brigada 30 y Brigada Móvil 15), presuntamente cometió aproximadamente 123 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2002 y 2009 en los departamentos de Norte de Santander y Magdalena.
– La Cuarta División (Brigadas 7, 16 y 28), presuntamente cometió aproximadamente 224 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2002 y 2008 en los departamentos de Meta, Casanare y Vichada.
– La Quinta División (Brigada 9), presuntamente cometió aproximadamente 119 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2004 y 2008 en el departamento de Huila.
– La Séptima División (Brigadas 4, 11, y 14), presuntamente cometió aproximadamente 677 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2002 y 2008 en los departamentos de Antioquia y Córdoba.
Desplazamiento forzado
En este asunto, la Fiscalía de la CPI resaltó recientes condenas emitidas en el marco del proceso de Justicia y Paz al exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y a Salvatore Mancuso, entre muchos otros, que indican la existencia de patrones de desplazamiento forzado en algunas regiones por parte de estas estructuras.
Sin embargo, el organismo señaló que “hay limitada información disponible sobre medidas investigativas tangibles y concretas adoptadas por la Fiscalía General de la Nación para investigar o enjuiciar a los altos mandos de las Farc por alegaciones de desplazamiento forzoso”. Además, señaló que si bien se anunció una macro imputación a miembros del Comando Central del ELN, la Fiscalía colombiana “todavía no dispone de datos específicos relativos a los alcances de la investigación”.
Crímenes sexuales y por motivos de género
El último aspecto del reporte anual de la Fiscalía de la CPI resalta igualmente sentencias contra jefes paramilitares por cometer actos de violencia sexual, pero cuestiona que los procesos a los líderes de las Farc-Ep y del ELN siguen en etapa de investigación.
En el caso de las Farc, si bien se anunció que se había completado una investigación que permitiría documentar 232 casos de crímenes sexuales cometidos, principalmente, contra menores en las filas de la misma guerrilla, se debe esperar porque el expediente sería transferido a la JEP una vez que esta jurisdicción esté operativa.
El organismo internacional destacó el anuncio de una imputación similar al COCE y reprochó que no se le haya entregado información “específica sobre investigaciones o enjuiciamientos en curso o terminados contra agentes del Estado”.
