Puerto Rico, la dura realidad de ser una colonia en el siglo XXI
Puerto Rico, la dura realidad de ser una colonia en el siglo XXI
Por Martín Pastor
Puerto Rico ha sido por más de un siglo una colonia de los Estados Unidos, sistemáticamente maltratada y abusada ante el estoicismo mundial. Esta relación colonial inició en 1898 cuando Estados Unidos anexó la isla tras la Guerra Hispano-Estadounidense. Como explica Ángel Rivera, escritor puertorriqueño, la isla sufrió una transformación de “un colonialismo mercantilista a un colonialismo capitalista”, convirtiéndose durante la primera mitad del siglo XX en una fuente de recursos (azúcar, tabaco, café) para el fortalecimiento industrial norteamericano.
Al término de la II Guerra Mundial, el reciente organismo internacional (ONU) inició un proceso de descolonización. El 24 de julio de 1952, Estados Unidos utilizó un mecanismo legal para convertir a su colonia, reconocida por la ONU, en un Estado Libre Asociado (ELA).
Es decir dejó de ser legalmente una colonia pero tampoco se convirtió en el 51º estado del país norteamericano, ni en un país independiente, era una figura político-legal, que como comenta Javier Hernández-Acosta, de la Universidad del Sagrado Corazón (Puerto Rico), “todavía al día de hoy nadie sabe a ciencia cierta qué es».
Esta ambigua categorización hace que los puertorriqueños no puedan defender ni solicitar ayuda como cualquier otro ciudadano estadounidense. A pesar de que pagan todos los impuestos (seguridad social, roles de pago, importaciones y exportaciones, commodities), excepto impuesto federal, no tienen el mismo trato ni acceso a una representación real.
En 2016, según los Servicios de Renta Interna (IRS), Puerto Rico pagó al Estado federal, 3.400 millones de dólares en impuestos, muy cerca de los aproximadamente 4.400 millones de Vermont o Wyoming. A pesar cumplir con sus obligaciones, al ser un ELA no tienen representación política.
Irónicamente la misma crítica que generó el cantó independista entre las colonias norteamericanas y Gran Bretaña en siglo XVIII se replica en la actualidad, Puerto Rico es una colonia que paga impuestos pero no tiene representación (No Taxation without representation).
En la actualidad, solo tiene una figura simbólica en el Congreso, un miembro sin capacidad de voto. Tomando en cuenta el tamaño de este territorio, si fuera un estado tendría aproximadamente cinco miembros en la Cámara de Representantes y dos en el Senado. Esto cambiaría el panorama ya que con siete representantes podrían cabildear para conseguir apoyo y fondos para la isla. Pero al ser una colonia simplemente deben hacer lo que el poder imperial ordena.
El Congreso de Estados Unidos tiene el poder de frenar cualquier acción que tome el gobierno local. Además controlan los asuntos económicos y fiscales, las relaciones exteriores, la migración y el comercio. La isla no puede hacer tratados comerciales ni recibir embarcaciones en sus puertos que no sean de Estados Unidos.
Según el Buró de Censo -que posee información hasta el 2010- se registra que en cantidad de dólares federales gastados per cápita, Puerto Rico recibió 5.600 USD; 23% menos que el menor estado, Nevada. Y sobre la ayuda federal a gobiernos locales, la isla recibió 1.848 USD per cápita; 22% menos que el promedio general de los 50 estados.
“Puerto rico es una colonia económica de Estados Unidos, los principales negocios de todo tipo son norteamericanos, los de puertorriqueños han cerrado por no poder competir con los negocios del norte como las Farmacias Walgreens, Farmacias CVS, Tiendas Home Depot, McDonalds, Burguer King, Pollos Kentucky”, comenta Lajos Szaszdi León, analista internacional y miembro del Instituto de Relaciones Internacionales de Puerto Rico.
Y por esta razón, la estatidad o independencia nunca han sido opciones para el gobierno estadounidense. Como cualquier otra relación colonial, la isla ha sido utilizada para beneficiar los intereses económicos de la potencia imperial.
Entre 1976 al 2006 fue un paraíso fiscal para las multinacionales norteamericanas. Las empresas instaladas en Puerto Rico no debían pagar al fisco por las ganancias obtenidas en este territorio. Esto causó un ‘boom’ económico pero como toda burbuja llegó a su fin cuando la política de exoneración tributaria terminó. Durante esas tres décadas en la isla no se aplicó ninguna política de industrialización a futuro o mecanismo para evitar una crisis económica a este nivel.
Esto llevó a que se emitan bonos y un endeudamiento público, que actualmente se sitúa en 72.000 millones de dólares. En 2015, el ese entonces gobernador declaró “impagable” la deuda y al no ser un estado, no pudo acceder a la Ley de Bancarrota, como lo hizo Detroit en 2013.
Así fue que en junio del 2016, Barack Obama firmó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), que establece la creación de la Junta de Supervisión Administrativa y Financiera (JSAF); la nueva etapa colonial de Puerto Rico.
Un artículo del Harvard Law Review argumenta que esta ley contradice los estándares de la ONU sobre soberanía. Es decir que ‘Promesa’ es legalmente una estrategia neocolonial. A través de la JSAF, se tiene “una ‘agencia externa’ con control directo y significativo sobre el gobernador y a través de él o ella control sobre el poder ejecutivo de la isla”, agregan los autores. Esta junta, además, tiene control sobre las decisiones económicas y sociales de la isla; lo que ha resultado en recortes en programas de educación pública y salud.
El renovado control colonial hace que la situación de la isla siga empeorando. Y el futuro no es prometedor, el huracán arrasó con el 80% del valor de las cosechas, lo que representará una pérdida de 780 millones de dólares. La incapacidad de cobrar impuestos o servicios básicos (luz y agua) resultará en una falta de circulante del gobierno para el final de 2017.
Las cifras de desempleo que bordean el 15% y de pobreza extrema del 45% de la población incrementarán. Y según expertos, la isla enfrentará un «éxodo» de casi el 10% de la población hacia los Estados Unidos.
Una cruda realidad que resultará en más subordinación política, social y económica. Es entonces que las palabras de Ramón Romero Rosa, ideólogo obrero puertorriqueño, escritas en su ensayo ‘La cuestión política y Puerto Rico’ en 1904 resuenan un siglo más tarde, “…el país se desmiembra en la lucha interna y el monstruo sigue con la boca abierta”.
