Un México militarizado elige presidente: Meade para que todo siga igual, AMLO por el cambio – Por Gerardo Villagrán del Corral
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Gerardo Villagrán del Corral (*)
México tendrá elecciones presidenciales en julio de 2018 en momentos en que el poder militar doblegó al mando civil con una ley de seguridad interior, y ante un cuadro de situación que incluye el alza de las tasas de interés de EEUU, los escenarios sombríos en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la inestabilidad política en América Central.
Hasta el Financial Times, vocero del capital trasnacional, mostró su preocupación, al señalar que pareciera que México se dirige hacia una tormenta perfecta, además de encontrarse frente a dos candidatos particularmente polémicos. México elige presidente o presidenta, 128 senadores y 500 diputados en julio.
Al frente de las encuestas se encuentra Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de 64 años, un líder centroizquierdista y exitoso exalcalde de la Ciudad de México y José Antonio Meade, de 48 años, respaldado oficialmente por el presidente Peña Nieto, quien estuvo al frente de las Relaciones Exteriores, de la Energía y dos veces fungió como secretario de Hacienda.
Meade es el favorito de los inversionistas y los dueños del poder, su esperanza, publicitado como un tecnócrata práctico que cuenta con el apoyo de varios partidos, pero su poder y proyección deriva del gobernante PRI y su maquinaria electoral aceitada por décadas (desde 1930) en todo el país.
Golpe virtual
En lo que podría configurar un virtual golpe de Estado técnico, la aprobación por el Senado de la llamada ley de seguridad interior convertiría lo que hace 11 años Felipe Calderón promovió falsamente como una medida excepcional de carácter emergente y temporal, en la petrificación de un statu quo signado por una violencia estatal sin límites. Y así como el régimen anterior vivió bajo una forma de emergencia de lo permanente, ahora, con la nueva ley, la excepción se volverá regla, señala el analista Carlos Fazio.
En diciembre de 2006 se declaró la guerra contra las drogas en México y la estrategia tuvo aparejada una mayor actuación de los militares en tareas de seguridad pública. Esa estrategia de seguridad, después de 11 años de vigencia, no ha reducido la violencia, al contrario, la ha incrementado. Tal y como lo muestra la experiencia en otros países, en México tras la militarización, las violaciones a derechos humanos y la comisión de crímenes graves han ido en aumento.
Desde diciembre de 2006 son comunes las detenciones arbitrarias a manos de militares; es decir, de esa fecha hasta febrero de 2017 los militares –Sedena y Semar- detuvieron a 80,259 personas, alrededor de 21 personas por día. En todas las detenciones se argumentó “flagrancia delictiva”, eso quiere decir que los militares observaron directamente como más de 80 mil personas en 11 años cometían algún delito o mediante elementos objetivos, pudieron identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, la persona se encontraba cometiendo el delito.
Finalmente, el poder militar doblegó a su mando civil. Por miedo o cobardía, el presidente Enrique Peña Nieto terminó cediendo de manera ¿voluntaria? el poder civil al castrense. Después de dos años de un pertinaz activismo político-deliberativo salpicado de chantajes, mentiras y de una propaganda demagógica a contrapelo de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, los mandos militares impusieron su ley.
Los militares seguirán afuera de los cuarteles de manera indefinida, sin contrapesos institucionales y sin transparentar o rendir cuentas a nadie, con lo que se profundizará la estrategia de (in)seguridad militarizada diseñada por el Pentágono en el marco de la Iniciativa Mérida, que ha derivado en una catástrofe humanitaria con su cauda de torturas, ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones forzadas de personas y desplazamiento de población, añade Fazio.
Corrupción, masacres
López Obrador ha prometido aplastar las “mafias del poder” de México, lo que resuena ampliamente en un país harto de la corrupción, la violencia creciente y la impunidad legal de las élites que se han exhibido tan flagrantemente durante la presidencia de Peña Nieto. goza de amplio apoyo nacional, especialmente en el sur pobre. Las diatribas antimexicanas del presidente estadounidense Trump ayudan a su causa nacionalista. Meade nunca ha ocupado un cargo electo, por lo que necesita todo el apoyo de la formidable maquinaria electoral del PRI para ganar, pero para ello también debe distanciarse del PRI para tener credibilidad y no aparecer como un títere.
Meade aparece en torno al 20 por ciento en las encuestas, AMLO con un 30 por ciento, y cualquiera podría ganar con sólo el 40 por ciento de los votos, ya que en México no hay segunda vuelta. A pesar de no militar en el PRI, cambios apurados en los estatutos de ese partido le han permitido a Meade participar en la contienda electoral más costosa de la historia de México, y quizá la más encarnizada y cara (1.400 millones de dólares).
Al más rancio estilo del PRI, con el “destape” presidencial incluido ya recibió el apoyo de organizaciones tributarias del PRI, como los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la Confederación Nacional Campesina (CNC), de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), en su carrera para “hacer de México una gran potencia”.
López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lleva cinco años de proselitismo (desde que fue derrotado en las elecciones de julio de 2012. Meade, publicitado como “impoluto”, dejó en el camino al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que carga con el lastre de los 43 desparecidos de Ayotzinapa; y al canciller Luis Videgaray , a quien persigue la sombra humillante de haber invitado a México a Donald Trump y tratarlo como a un presidente en funciones cuando apenas era el candidato republicano en las elecciones
El escenario “formal” lo completan partidos internamente fragmentados como Acción Nacional (PAN) –con respaldo en la clase empresarial y el de la Revolución Democrática (PRD) –que levanta partidarios entre los pobres-, que buscan una alianza imposible y disfuncional a través de esa entelequia llamada Frente Ciudadano por México; ante la presencia de partidos menores y de suspirantes independientes a la presidencia, que solo atomizarán votos.
Indígena y mujer, por la democracia participativa
Una de las primeras candidaturas que se ha formalizado es la de María de Jesús Patricio Martínez, portavoz del Congreso Nacional Indígena de 
México. Marichuy, como es conocida por todos, se define como la candidata que “hace temblar el poder”. Su propuesta: una estrategia para combatir el sistema capitalista que reina en México. Según la líder popular, el plan alternativo tiene que surgir de las organizaciones indígenas mexicanas.
“Son ellos quienes pueden oponerse al robo de las tierras y la explotación de los recueros naturales que llevan a cabo cotidianamente las empresas multinacionales presentes en el país, la oligarquía y el mismo Estado mexicano.
Nacida en Tuxpán en el 1963, Marichuy es miembro de la comunidad indígena nahua, una curandera famosa y médico tradicional y una activista de los derechos humanos. Desde octubre, recorre México en el primer tour de los caracoles zapatistas.
Su propuesta electoral es la de convertirse en la “piedra en el zapato” de los grupos de poder oligarcas en México. Propone una nueva forma de gobernar, en la que los electores tengan la posibilidad de participar en primera persona en la construcción de un camino antisistema sin la fuerza de los poderes institucionales. La apuesta es que los electores perciban a la líder indígena como una alternativa a la política tradicional mexicana, en una inédita revolución desde abajo.
Marichuy aseguró que “la violencia del sistema capitalista y del sistema patriarcal han impuesto el silencio en las comunidades y la imposición de negarse a decidir sobre sus propias vidas y sus propios cuerpos”. Denunció la represión de las fuerzas de poder en contra de muchos grupos indígenas (como lo demuestra la masacre en Ayotzinapa). Su discurso político va dirigido no sólo a las clases sociales más pobres en el sector rural sino también a los trabajadores explotados en los grandes centros urbanos.
La dirigente logró cambiar el mecanismo machista que impera desde hace siglos las comunidades indígenas. Reconoció el valor de las niñas y las mujeres en esas comunidades, dándoles peso político y social. En México se registran aproximadamente siete feminicidios al día y la clase dirigente es preponderantemente del género masculino. Ella es la primera mujer indígena que aspira a la presidencia mexicana. “Son las mujeres las que sufre más dolor por los asesinatos, las desapariciones y los encarcelamientos que ocurren con arbitrariedad en este país”, aseguró.
Un año sombrío
Desde el primer día del 2017, cuando con el ‘gasolinazo’ ( los nuevos precios de los combustibles y la consiguiente ola de aumentos en el costo de productos y servicios), se supo que el año sería duro, sobre todo cuando desde la Casa Blanca Dondald Trump insistía en cumplir sus amenazas nacionalistas, como la construcción de un muro fronterizo y la ruptura del TLCAN, en momentos en que el desplome de los precios del petróleo redujo los ingresos del país y fue justificado para terminar de desmantelar la paraestatal petrolera Pemex y privatizar el sector energético.
No todo es culpa de Trump, sin duda, porque se acentuaron los desequilibrios del modelo de desarrollo mexicano, con un crecimiento empobrecedor y excluyente, alta dependencia importadora combinada con un esquema primario exportador, relaciones comerciales concentradas en oligopolios, baja productividad y una economía cada vez más financiarizada, señala un informe del Celag. A lo que se debe agregar problemas en el costo financiero de su deuda pública, y una importante caída en la inversión en infraestructura pública.
La inflación sigue siendo un dolor de cabeza para México. Durante catorce meses consecutivos, la tendencia alcista se afianzó y alcanzó su pico más alto en agosto con una tasa de 6,7%, lejos de las previsiones oficiales del 3% fijada por el Banco Central de México. Y peor aún, porque el aumento de la inflación se acompaña de la baja salarial, con una merma estimable del 6,3 en el poder adquisitivo de los trabajadores para el final del año.
Este es el cuadro de situación pero, claro, las elecciones recién serán en julio.
(*) Antropólogo y economista mexicano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
