México: la ONU y la CIDH exhortan al gobierno a detener los ataques a periodistas
Una democracia como la de México no puede permitir que la violencia contra los periodistas y la impunidad de los crímenes continúen, aseguraron los relatores especiales para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, David Kaye y Edison Lanza, respectivamente.
Advirtieron que en algunas zonas del país el gremio vive aterrorizado por las amenazas o agresiones que ha recibido y porque ha visto a muchos compañeros asesinados o desaparecidos.
A pesar de que se han creado instancias gubernamentales para combatir esta violencia que se presenta desde hace más de una década, ésta no ha disminuido e incluso en los dos años recientes ha sido más complicada que hace siete, cuando sus antecesores también visitaron el país para analizar la situación sobre este tema y recomendaron, entre otras cosas, generar instituciones como el Mecanismo de Protección a Periodistas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
Los expertos concluyeron ayer su visita oficial de trabajo al país, a invitación del gobierno mexicano, que inició el 27 de noviembre y que incluyó entrevistas con representantes gubernamentales, más de 250 periodistas y miembros de la sociedad civil procedentes de 21 entidades y directivos de medios, además, visitaron Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, Guerrero y Tamaulipas.
En este contexto, presentaron en conferencia de prensa una serie de observaciones y recomendaciones preliminares al Estado mexicano, a fin de que se avance en la confrontación que aminore la riesgosa crisis que enfrentan hoy los comunicadores.
México es una nación democrática y no puede continuar con esa dinámica de violencia y asesinatos contra periodistas. Cuando se compara con Siria y otros países donde hay conflictos y autoritarismo, México sale peor parado porque es una democracia que en muchos sentidos aspira a ser un país desarrollado, subrayó Edison Lanza.
Señalaron que datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentan una situación de los periodistas en México que no se puede definir de otra forma más que catastrófica. De acuerdo con el organismo, de 2010 a la fecha han sido ultimados 73 reporteros, 11 de ellos en lo que va de este año; 12 han sufrido desaparición forzada y ha habido 44 intentos de asesinato. Además, desde 2006 se han registrado 52 ataques contra medios de comunicación.
La impunidad para estos delitos es la regla general en casos reportados de asesinatos y desapariciones. Esto ha generado la desconfianza de los medios y periodistas hacia las instituciones y una dolorosa desconexión de las víctimas y sus familiares con las instancias de justicia.
Celebraron el esfuerzo de varias decenas de medios informativos para unificarse y plantear una posición ante la crisis de violencia contra el gremio, la cual se dio a conocer ayer.
Entre sus recomendaciones destacan: el fortalecimiento del Mecanismo de Protección a Periodistas, así como de la Feadle, al dotarlos de más presupuesto y capacitación de personal para cumplir con sus fines; implementar una ley nacional que obligue a las autoridades a tener personal de protección para comunicadores, así como investigar y sancionar a autores materiales e intelectuales de los crímenes contra ese sector.
Otra de las observaciones es que se cree un consejo internacional de expertos que brinde asesoría en las líneas de investigación que vincule al ejercicio periodístico, que cuente con una instancia de rendición de cuentas y coadyuve a la capacitación en técnicas de investigación.
A los medios les recomendaron generar mecanismos de solidaridad específicos con los periodistas, que incluyan seguros de vida, buenos salarios, seguridad social y mejores condiciones.
Sobre la publicidad oficial, dijeron que si bien es necesaria para la supervivencia de los medios, ésta debe ser regulada y transparentada, pues es el país de la región que más gasta en la materia: se tienen reportes que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha destinado mil 500 millones de pesos para tal fin.
Detallaron que en la próxima primavera darán a conocer sus conclusiones finales.
