México | 2018: continuidad neoliberal y resistencia de los pueblos indígenas – Por Magdalena Gómez

Ya comenzaron los tiempos electorales, con los rituales sexenales, donde el pragmatismo o la hegemonía cuantitativa rige el discurso de quienes aspiran a la Presidencia de la República. El resto de las elecciones federales, estatales y locales son meros ecos. La lógica que impera en todos los casos es la de cuántos votos gana, cuántos pierde, con tal o cual medida o compromiso que se anuncie o que se calle para no impactar al electorado. Estamos ante el inocultable escenario de la continuidad del proyecto neoliberal, gane quien gane. Las diferencias y los énfasis, los procesos y los liderazgos particulares sin duda existen, también las similitudes. Por ejemplo, ninguno se plantea terminar con el reparto asistencialista de apoyos de diferente tipo, no son suicidas, éstos ya son un componente integrado para la contención social que se disfraza de combate a la pobreza, ahí está el granero de votos que entran en la disputa. También es claro que ninguno se plantea, de manera categórica, revertir la reforma energética ni respetar la autonomía de los pueblos indígenas. En especial la contienda de 2018 está marcada por alianzas inimaginables en otros tiempos, cuando aún se daba prioridad al perfil ideológico y se hablaba de transformaciones. En el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en sus orígenes buscó aglutinar a la otrora izquierda, hoy se alió con el Partido Acción Nacional (PAN), que fue el prototipo histórico de la llamada derecha; mientras en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni hablar de sus mutaciones estructurales: de considerarse heredero de la Revolución Mexicana y su Constitución pasó a sepulturero y promotor del proyecto neoliberal, llevando consigo toda una cauda de impunidades.

Derivado de estos grandes trazos, encontramos que los movimientos sociales con un activo compromiso, en agendas que por sí mismas cuestionan las dimensiones neoliberales, están huérfanas en tiempos electorales, por acción o por omisión los partidos políticos no se comprometen con ellas. Estos días tenemos evidencias de un deslinde, no tan implícito, en el caso del partido Morena, que porta la estafeta progresista al asociarse al Partido Encuentro Social (PES), enemigo explícito entre otras agendas sociales, de la referente a la diversidad sexual, y con uno de sus dirigentes activo defensor de quienes participaron, hace veinte años, como autores materiales en la masacre de Acteal. También abrió otro frente la designación (dentro del posible gabinete, del posible triunfo electoral) de Víctor Villalobos, uno de los promotores de la ley Monsanto para el uso de transgénicos, quien ocuparía la Secretaría de Agricultura, pese a que el llamado proyecto de nación, sin adjetivos, que presentó dicho partido en noviembre pasado, aparece una frase que hoy queda en retórica: no se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas (…). Veremos cómo evoluciona la relación con organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil que mantenían cierta confianza y cercanía con esa opción electoral. Las reacciones no son promisorias, como no lo son con otras propuestas ilusionistas para el magisterio democrático al colocar a Esteban Moctezuma como posible secretario de Educación. Todo ello acompañado de un entramado de relaciones con sectores empresariales, terreno de disputa con las otras coaliciones. Hay que señalar que mientras se tejen los escenarios de la continuidad neoliberal, también se operan los de la manipulación compra y/o fraude con el voto, que no se pueden considerar ajenos a esta contienda.

En marcado contraste y distancia absoluta, está el proyecto en curso de la aspirante a la candidatura independiente a la Presidencia de la República María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), quienes continúan su recorrido por todo el país, en especial por los territorios indígenas más significativos, para abordar la necesidad de fortalecer la organización de los pueblos indígenas, a fin de enfrentar los despojos inminentes que conllevan la aplicación de la minería, la reforma energética y la apertura de las zonas económicas especiales. Su horizonte rebasa el que se concrete o no la titánica tarea de reunir 867 mil firmas en 17 entidades de la República, con un esquema racista y de exclusión social. Por lo pronto ya vemos dos discursos que contrastan con la reacción inicial de airado rechazo frente a esta iniciativa política, que acompaña el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Hoy observamos voces que señalan lo positivo que sería Marichuy en la boleta electoral, pero también ya despunta el planteamiento descalificador al zapatismo, que una y otra vez les rompe los moldes que buscan declarar su de-saparición. Lo cier-to es que sólo el CIG está planteando a escala nacional la urgencia de detener el despojo más que anunciado.

(*) Abogada especialista en derecho indígena. Integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Miembro de la Junta Directiva del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA). Maestra fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional de la cual fue Secretaria Académica y Rectora.

La Jornada