La Jurisdicción Especial de Paz se aprueba en el Congreso y pasa a la Corte Constitucional
La Jurisdicción Especial de Paz se aprueba en el Congreso y pasa a la Corte Constitucional
Con el voto favorable de 52 senadores, el Senado aprobó el último trámite de la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. La norma ahora pasará al examen de la Corte Constitucional, que dará la bendición definitiva para que el tribunal que investigará y sancionará los graves crímenes del conflicto armado, entre en funcionamiento.
No todos quedaron satisfechos, y el Gobierno recibió esta aprobación con media sonrisa. El polémico régimen de inhabilidades, que el partido Cambio Radical propuso imponer a los magistrados que se encargarán de investigar y juzgar los graves crímenes del conflicto armado, parecía sepultado el pasado lunes cuando la Cámara de Representantes había aprobado el último debate de la Jurisdicción Especial de Paz, revivió en esta etapa.
Ese régimen prohíbe que tomen posesión de sus cargos aquellos que en los cinco años anteriores hubieran ejercido “representación judicial” en hechos relacionados al conflicto armado o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido tal representación.
También aquellos que a título personal o por interpuesta persona hubieran gestionado o representado intereses privados en contra del Estado en materia de reclamaciones por violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario o al Derecho Penal Internacional. Tampoco a quienes pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido tal representación.
Además, tampoco habilita a los que en los cinco años anteriores hubieran tramitado acciones ante “Sistemas o Tribunales Internacionales de Derechos Humanos” o litigado contra el Estado colombiano ante dichas instancias.
Este nuevo régimen, que no estaba en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, ni en la reforma constitucional que creó la JEP, puso en grave riesgo la implementación de la paz. Tanto que provocó la reacción de Timochenko, quien reclamó una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, y que llevó a Iván Márquez a afirmar que habían descuartizado el acuerdo de paz.
Tal propuesta, de entrada, ponía en el limbo el nombramiento de los 51 magistrados, presentados hace un par de meses por el propio presidente Santos en la Casa de Nariño.
Varios de los que fueron elegidos, tras un arduo proceso de selección adelantado por un Comité de Escogencia, que examinó a más de 2.300 postulados, podrían tener algunas de esas inhabilidades, lo que les impediría posesionarse.
La creación de este nuevo régimen para los magistrados de la JEP tuvo su origen desde la reaparición de Germán Vargas Lleras, quien en las entrevistas que concedió para comenzar su campaña presidencial, expuso sus preocupaciones sobre la JEP, sobre todo en la forma como se eligieron los magistrados.
Luego de que Vargas Lleras sembrara temores al afirmar que 48 millones de colombianos estarían en jurisdicción de este nuevo tribunal, conformado por jueces con sesgo ideológico, su partido Cambio Radical llevó la propuesta de imponerles nuevos requisitos a los magistrados, tal como lo había sugerido el exvicepresidente.
En el río revuelto que se convirtió el debate de la JEP en el Senado, la propuesta de Cambio Radical fue respaldada por el Centro Democrático y algunos conservadores y liberales, y a pesar de la resistencia del Gobierno fue aprobada.
Los primeros que manifestaron preocupaciones frente a los magistrados de la JEP habían sido los parlamentarios del Centro Democrático. Incluso vetaron los nombres de Rodolfo Arango, por dar una opinión contra el uribismo por el caso Luis Alfredo Ramos, y Sandra Rocío Gamboa, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y abogada de las víctimas en el proceso contra Álvaro Uribe por las chuzadas del DAS. En una audiencia dijo que llevaría al expresidente a los tribunales.
Este régimen de inhabilidades fue cuestionado desde el punto de vista político, pero también constitucional. Entraba en conflicto con el acto legislativo que creó la JEP, pero sobre todo cambiaría las reglas de juego establecidas para los magistrados. En el examen de la corte se podría caer.
Pero el Gobierno se anticipó y el pasado lunes convenció a la Cámara de Representantes a eliminar ese régimen de inhabilidades. Pero como el Senado lo había aprobado, tenía que escogerse un texto definitivo, en la fase de conciliación que se adelantará este miércoles.
Entonces, fueron nombrados los senadores Horacio Serpa (P. Liberal) y Juan Samy Merheg (P. Conservador), y los representantes Orlando Aníbal Guerra (P. Conservador) y Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) para conciliar los textos.
De entrada el Gobierno partía en desventaja, pues conservadores y Cambio Radical hacían mayoría. Y aunque confiaban en que los dos representantes impusieran la voluntad de la Cámara, no fue así, y votaron por acoger el régimen de inhabilidades del Senado. Serpa, que defendía la voluntad del Gobierno, quedó en inferioridad numérica.
Tan pronto se radicó el informe de conciliación se produjeron las primeras reacciones. Alirio Uribe, representante del Polo, rechazó el texto conciliado porque en su criterio revive las inhabilidades para los defensores de derechos humanos, lo cual es inconstitucional. “Esto tendrá que ser llevado a la corte para ser evaluado y seguramente declarado inconstitucional”, aseguró.
En consecuencia, será la corte donde se libre el round definitivo de la JEP.
‘Sí fueron aprobadas las circunscripciones especiales’: Santos
El presidente Juan Manuel Santos dijo este jueves, durante la entrega de los Premio Portafolio, que el Senado sí aprobó la ley de las circunscripciones especiales para la paz.
El presidente se refirió a la controversia que ocurrió este jueves en el Senado ya que se consideró que no hubo una votación de la mitad más uno por lo que en un principio se ha considerado que la norma que establecía estas curules para las víctimas no pasó.
“El Senado hoy se equivocó”, dijo Santos al referirse a esta polémica. “La Corte Constitucional ha dicho dos veces que estas reformas se pasan por mayoría, no por la mitad más uno”, señaló.
El mandatario recordó que “hay tres senadores en la cárcel (Musa Besaile, Bernardo Elías y Martín Morales). Cuando están en la cárcel se les aplica la silla vacía”, dijo. Por eso, explicó, son 99 senadores y 50 votaron a favor de la norma. “Las cuentas aritméticas son implacables”, señaló Santos, quien agregó que no es cierto que estas curules son para la Farc.
En su discurso se refirió al acuerdo de paz, sobre lo cual dijo que es “irreversible” e insistió en que “no existen negociaciones de paz perfectos”. También señaló que no quiere “dejar el país divido” y espera que las contienda política no sea tan “ácida”.
Precisamente, en la tarde de este jueves fue el mismo ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien salió del Senado aceptando la derrota en la creación de las 16 curules para las víctimas tras la votación de los congresistas.
Sin embargo, minutos después, Rivera sacó de la manga un as con el que nadie contaba. El Gobierno difundió la tesis de que la votación debía hacerse sobre 99 senadores, que son los que están actualmente, y que la mayoría requerida eran 50 apoyos, por lo que la iniciativa había sido aprobada.
El Ministro envió una carta al presidente del Senado, Efraín Cepeda, para que esa corporación certifique que se consiguió la mayoría exigida y que el proyecto había sido aprobado.
Acto seguido, Cepeda le respondió que «nuestra posición será estructurada dentro de las garantías constitucionales y legales con las que se ha llevado el trámite legislativo. Una vez se tenga, estaremos informando lo antes posible».
‘Timochenko’ advierte que Farc no puede seguir siendo un “partido anárquico”
En una carta dirigida a los integrantes del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, aspirante a la Presidencia de la República por esa organización, advierte a sus integrantes que no pueden seguir siendo un movimiento anárquico donde cada uno va por donde quiere y hace lo que se le venga a la cabeza.
En la misiva, ‘Timochenko’ dice que le preocupa que hay estructuras tomando decisiones sin consultar con la dirección, militantes elaborando comunicados y dando entrevistas “en contravía de lo que se está orientando”.
Sobre el incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado, el líder de las Farc afirmó que “más ingenuo es el que creyera que por solo firmar el acuerdo ya se cumplía. Eso tenemos que ganarlo en lucha de clases que no ha desaparecido”.
Insiste a sus miembros en que las dificultades no los puede llevar a tomar decisiones que los divida.
“Para nuestros contrincantes, cuanto mejor que abandonemos los espacios, que cada uno se rebusque por su cuenta, se ponen es alegres, pues la fortaleza nuestra es la unidad por encima de lo que sea”, precisa.
Dijo que hay que convertir los incumplimientos en banderas políticas, pero no con discursos apocalípticos y fatalistas.
“Nadie nos va a apoyar si les decimos que esto va a fracasar, nos van a matar, nos van a poner presos”, expresó.
Se cumple segundo mes del cese al fuego bilateral con el Eln
Este viernes 1 de diciembre se cumplen dos meses del cese al fuego bilateral acordado entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con hechos como el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero, en Chocó, y los supuestos enfrentamientos entre este grupo y disidencias de las FARC en Nariño.
Muchos sectores han destacado que el cese bilateral, que se logró con este grupo tras más 50 años, ha permitido la disminución de la violencia, los ataques a las Fuerzas Militares y de Policía así como a la infraestructura del país.
Para el profesor de la Universidad Nacional, Víctor de Currea Lugo, el cumplimiento de este mecanismo ha permitido disminuir las víctimas del conflicto y los combates con las Fuerzas Armadas.
“Tenemos que destacar que el cese continúa a pesar de todos los inconvenientes, y esto es un éxito. En segundo lugar, es un hecho que ha disminuido el número de muertos por el conflicto y no se han presentado combates entre la Fuerza Pública y el ELN”, indicó el docente de la Nacional.
En este aspecto concuerda el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, quien resaltó que el cese ha mostrado sus bondades, porque todos los actos de violencia se han disminuido. “Sería muy bueno para el país que se trate de prolongar y volverlo indefinido, para que el Gobierno y el ELN avancen más rápido en las conversaciones que adelantan en Quito”, dijo.
Otro de los aspectos que destacó Valencia fue la disminución de los ataques a la infraestructura petrolera del país. “Lo que más se nota es la ausencia de ataques a los oleoductos y a la infraestructura petrolera y esto tiene mucha incidencia en la economía y los recursos del Estado”, señaló.
Para De Currea también es importante que se este hablando de prorrogar este cese más allá de la fecha acordada. “Hay un llamado a mantener y prolongar el cese al fuego a partir del 9 de enero, si bien es cierto que se han presentado muertes de civiles y varias fallas, como ha sido referenciado en varios informes, se mantiene el espíritu de continuar con este mecanismo”, manifestó.
No obstante, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, calificó hace pocos días como pobre el balance del cese al fuego bilateral que inició el pasado 1 de octubre.
“No ocurrieron incidentes armados entre las partes por la voluntad que tenemos de evitarlos pese a las operaciones de cooptar territorio a donde antes no iban las Fuerzas Militares del Gobierno, estas operaciones incumplen lo pactado en el acuerdo de cese y lo colocan en grave riesgo”, aseguró Beltrán.
Diálogos con las comunidades
Otro de los hechos que han marcado este segundo mes ha sido la desautorización del Gobierno a la convocatoria del frente de guerra Occidental del ELN para realizar reuniones con las comunidades, organizaciones sociales y otros sectores en el Chocó.
Frente a esta invitación el Gobierno afirmó que “este tipo de reuniones contraría lo que dicen los protocolos del Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional acordados por las delegaciones el pasado 4 de septiembre de 2017, en el sentido de que una estructura del ELN no puede convocar a la comunidad a un encuentro donde estarán armados”.
Para el profesor de la Universidad Nacional este tipo de diálogos “es parte de las funciones políticas de cualquier proceso de paz. Por su puesto, el ELN ha defendido la participación de la sociedad y por tanto quiere focalizar el diálogo dentro del espíritu de la negociación. El Gobierno ha alegado formalidades jurídicas con ello, pero considero que existe un problema en el tema de tiempos. Este grupo se apresura y el gobierno se atrasa, pero hay que buscar un mecanismo para garantizar eso”, indicó De Currea.
En ese sentido concuerda Valencia, quien cree que los diálogos si se tienen que hacer, tras un acuerdo con el Gobierno Nacional y con el acompañamiento de los organismos de verificación internacional.
“Yo creo que esos diálogos si se tienen que hacer, pero en un acuerdo con el Gobierno Nacional, departamental y las comunidades para buscar acuerdos locales de protección de los derechos humanos, y también de lo que se ha hablado en el Chocó sobre una posible mesa humanitaria. Lo malo es que este grupo cite unilateralmente a las comunidades para reunirse con ellos, eso no es conveniente en una situación tan complicada como la que se vive, sobre todo, en este departamento sin contar con la presencia de la comunidad internacional”, explicó Valencia.
Enfrentamientos con otros grupos
En la última semana se presentó un enfrentamiento, al parecer, entre el ELN y disidencias de las FARC en Nariño y con el EPL en Norte de Santander, que estarían violando el cese bilateral.
“Hay una disputa por los territorios en donde han estado las guerrillas, en el caso de las FARC, estas zonas están siendo ocupadas por otros actores, y como el ELN todavía tienen las armas lo que hacen es enfrentarse a los que llegan a estas regiones”, explicó Valencia.
Para el analista, estos hechos serían una causal de violación del cese bilateral en la medida en que ELN sea el que tenga la iniciativa de atacar a los otros grupos, exponiendo a la población civil con los enfrentamientos.
“Lo que hay que ver son las circunstancias, si verdaderamente los que están a la ofensiva son el ELN contra esas estructuras, estaríamos hablando de una violación al cese. Pero si la iniciativa la han tenido estas disidencias contra el ELN, lo que se estaría presentando es una forma de defensa. Sin embargo, es muy grave que personas estén muriendo en medio de estos enfrentamientos y le toca a los verificadores internacionales dar un parte de lo que esta pasando”, manifestó Valencia.
Al docente de la Universidad Nacional también le preocupan estos enfrentamientos, pero cree que no serían objeto de violación del cese al fuego pactado con el Gobierno.
“A mi me han preocupado tres cosas en este tema: los supuestos enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC en Nariño, con el EPL en el Catatumbo y las tensiones con el paramilitarismo en el Chocó. Lo que uno siente es que hay varios actores armados interesados en torpedear este cese. Hay que recordar que este grupo firmó el cese al fuego con las Fuerzas Armadas y no con otros actores y por tanto estos hechos no pueden leerse como una violación a este acuerdo” explicó De Currea Lugo.
