La Fiscalía de Ecuador pide seis años de prisión para el vicepresidente Jorge Glas por el caso Odebrecht
Fiscal pide 6 años de cárcel para Jorge Glas por el caso Odebrecht
El fiscal general Carlos Baca pidió al Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador que aplique la máxima sanción para el vicepresidente Jorge Glas por el delito de asociación ilícita, dentro del caso Odebrecht.
El artículo 370 del Código Penal anterior fija un condena máxima de 6 años por este delito. El pedido de Baca se dio la mañana de este jueves 8 de diciembre del 2017, durante el décimo tercer día de juicio por el caso Odebrecht.
El Fiscal aseguró que los elementos expuestos en los primeros días de audiencia confirman que Glas estuvo al tanto de los pagos de sobornos de la constructora brasileña a su tío Ricardo Rivera.
«Ha quedado comprobado que tuvo poder e injerencia en estos proyectos», dijo Baca en relación a las cinco obras donde aparentemente hubo pago de sobornos.
Los alegatos de acusados marcan el fin del juicio de Odebrecht
Durante 12 días, la Fiscalía sustentó las bases de su acusación, mientras que los procesados presentaron sus últimos argumentos.
“¿Qué tanto escriben los periodistas en sus libretas?, ¡si nunca publican nada!”.
Así cuestionaba, durante la audiencia, la hermana de Carlos V., uno de los acusados de ser parte de la supuesta red de coimas que benefició a Odebrecht con contratos entregados por el Estado ecuatoriano. En ese momento, Juan Carlos Quintana, abogado del exfuncionario de la Secretaría Nacional del Agua, explicaba su defensa a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Édgar Flores, Sylvia Sánchez y Richard Villagómez.
Sin contar al fiscal general Carlos Baca, al vicepresidente Jorge G. y a su tío Ricardo R., el resto de actores de este juicio ha sido casi invisible. Sus historias no se han contado ni su defensa las ha divulgado. De allí el reclamo de los parientes contra los medios de comunicación.
Carlos V., por ejemplo, pidió ser escuchado por los jueces. “No he tenido la oportunidad de defenderme”, recalcó. Él está más de seis meses preso en el Pabellón de Máxima Seguridad del Centro de Rehabilitación de Guayaquil, en donde tiene derecho a dos visitas por mes.
Dijo que nunca tuvo problemas legales en las instituciones públicas donde laboró. Por ejemplo, en la Secretaría del Agua, Carlos V. fue parte de la comisión que contrató a Odebrecht para construir el trasvase Daule-Vinces. Esa obra se financió con dinero del Banco de Desarrollo de Brasil, que obligaba a que una empresa de ese país fuera la ganadora del concurso. Por eso remarcó que su actuación fue apegada a la ley y bajo los dictámenes de sus superiores en Senagua.
La acusación de la Fiscalía en su contra se sustenta en la declaración del exjefe de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos, quien dijo que Carlos V. le exigió dinero para favorecerlo con el contrato. Además indicó que pagó más de $ 7 millones en sobornos. No obstante, Carlos V. aseguró que nunca conoció a Santos ni recibió dinero.
Recalcó que la única relación que tuvo con un ejecutivo de Odebrecht fue con Ricardo Viera (absuelto por la Fiscalía junto con Santos), exdelegado de Odebrecht, para supervisar el avance del proceso precontractual del trasvase, como lo hicieron contra otras compañías cariocas que concursaron.
Un hilo conductor de defensa
Los acusados por la Fiscalía de formar una asociación que favoreció ilegalmente a Odebrecht apelan a la unión para derrumbar la tesis de la Fiscalía. Su hilo conductor de defensa es recalcar que antes de este juicio penal no tuvieron relaciones ni contactos.
Así lo destacó, por ejemplo, Ramiro C., exfuncionario de Petroecuador y otro de los acusados por supuestamente recibir sobornos por el contrato del poliducto Pascuales-Cuenca.
Ramiro C. explicó a los jueces que fue un destacado funcionario de Petroecuador, encargado de duras tareas como afrontar el refinamiento del crudo luego del terremoto de 1987, terminar la especulación con el gas o remediar un derrame de petróleo en Guayllabamba.
Añadió que nunca conoció al brasileño Santos y que no sabe por qué lo relacionaron con Gustavo M. Aseguró que demostrará que recibió dinero adicional por un estudio que realizó para una empresa privada y lo certificará con la información guardada en una memoria USB que la Fiscalía no decomisó cuando allanaron su domicilio en junio pasado. “Gracias a dios no se la llevaron”, exclamó el acusado.
La verificación de las pruebas
Para Diego C., otro de los implicados, “los errores de la Fiscalía han sido graves”. Por ejemplo, su defensa se basó en que no se verificó si era el representante de las compañías offshore Alesbury y Jouvert, sino que solo se tomó como referencia un informe del SRI, que se basó en la investigación periodística internacional llamada Panamá Papers. Unos meses después, la justicia panameña envió los datos oficiales de las dos compañías, donde se verificaba que no era representante de ninguna de ellas.
El empresario Édgar A. también cree que no se verificaron todos los respaldos contables de sus empresas Diacelec y Columbia Management, donde había constancia de los negocios legales con Odebrecht. Aseveró que era uno de los proveedores para las construcciones que realizaba la compañía en Ecuador y otros países, como Panamá. “Un negocio legal”.
En cambio, la investigación de los fiscales detectó que desde Diacelec y Columbia presuntamente se triangularon más de $ 50 millones. Una parte del dinero, supuestamente, fue para Ricardo R., pero según su abogado Aníbal Quinde, hasta el momento la Fiscalía General no ha evidenciado ningún pago ilegal a su cliente.
Sin embargo, la Fiscalía adujo que todos los datos han sido corroborados. Durante la primera semana de audiencia, Carlos Baca lideró la acusación y presentó más de 20 testigos y peritos y más de 40 pruebas documentales para afianzar su teoría de que existió una asociación ilegal para beneficiar a Odebrecht.
Baca dijo que las declaraciones de los acusados son estrategias de defensa y así deberían ser analizadas. Añadió que confían en el trabajo hecho por los investigadores, por eso resaltó ayer que el Estado no quedará en indefensión, luego de la salida de la Procuraduría del juicio.
“La Fiscalía representa a la ciudadanía en esta audiencia, Nosotros, como parte acusadora, hemos encontrado los elementos para exigir una reparación integral (también económica) al Estado”.
