Intelectuales de América Latina contra la mercantilización de la universidad
PRIU, junto a cientos de académicos de todo el continente lanzaron un documento en respuesta al informe del Banco Mundial que recomendó a Brasil arancelar su universidad pública. Entre ellos, se encuentran especialistas vinculados a la UNESCO, rectores de universidades argentinas y sindicatos docentes.
A fines de noviembre se conoció en toda América Latina un polémico informe del Banco Mundial, que recomienda al gobierno brasileño un drástico recorte en la inversión social que incluía, entre otras medidas del campo educativo, el arancelamiento de las universidades públicas de ese país. Frente a ese posicionamiento, PRIU impulsó, junto a un grupo de sindicatos, investigadores y redes académicas internacionales, un documento de repudio y de solidaridad con sus colegas brasileños que lleva el título “La educación no es una mercancía: es la única plataforma para el desarrollo con equidad”. Rápidamente recibió el apoyo de otros sindicatos, investigadores y redes, además de cientos de docentes y directivos de universidades latinoamericanas.
“El informe de la entidad, presentado bajo el título falaz de ‘Un ajuste justo’, implica una flagrante intromisión en la soberanía del país y una clara ofensiva para reinstalar criterios mercantiles en lo que debe ser considerado un derecho”, sostiene la solicitada. Además, apela “a la comunidad académica internacional a manifestar su apoyo a sostener con firmeza la idea de que la universidad pública y gratuita -como toda instancia educativa- no es un privilegio ni una mercancía sino un derecho de todos y de cada uno”.
Entre quienes acompañaron el lanzamiento del texto –que está en proceso de recolección de firmas– se encuentran prestigiosos pensadores de la cuestión universitaria y la producción de conocimiento como el mexicano Axel Didriksson, el ecuatoriano René Ramírez, el brasileño Boaventura de Sousa Santos o la argentino-venezolana Hebe Vessuri; referentes universitarios de la región como Carlos de Feo (coordinador de la Internacional de la Educación América Latina y secretario general de CONADU), Yamile Socolovsky (directora del IEC) y varios sindicatos docentes del continente, más de una decena de rectores de universidades argentinas y diputados como Laura Alonso (además, ex subsecretaria de Políticas Universitarias).
Los firmantes hicimos un llamamiento a que “en la próxima Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), que se realizará en Córdoba en 2018 en coincidencia con el centenario de la Reforma Universitaria, la región mantenga de manera explícita que la educación superior es un ‘bien público y social, un derecho humano y universal y un deber del Estado’ y lo defienda con una masiva participación de todos los actores del campo universitario”.
En ese sentido, recomendamos la lectura de las declaraciones finales de dos encuentros académicos que se habían realizado poco antes en Quito y en Buenos Aires: el encuentro preparatorio del eje de “Ciencia, Tecnología e Innovación” de la CRES 2018 y Coloquio Regional “Balance y Aportes para la CRES 2018”, porque -como establece el texto- “las universidades públicas son un bastión indelegable de innovación para el desarrollo sustentable y equitativo de nuestros países”.
Desde PRIU, invitamos a leer, firmar y difundir por todos los medios posibles la convocatoria que se encuentra alojada aquí.
LA EDUCACIÓN NO ES UNA MERCANCÍA: ES LA ÚNICA PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO CON EQUIDAD
Ante la nueva embestida del Banco Mundial, que sugiere al gobierno de Brasil un ajuste drástico de las áreas sociales, de salud y educativas del Estado, en particular el abandono de la gratuidad en la universidad pública, los abajo firmantes –sindicatos, investigadores, docentes, directivos de universidades latinoamericanas y redes internacionales- manifestamos nuestro completo repudio.El informe de la entidad, presentado bajo el título falaz de “Un ajuste justo”, implica una flagrante intromisión en la soberanía del país y una clara ofensiva para reinstalar criterios mercantiles en lo que debe ser considerado un derecho.
Al respecto, llamamos a que en la próxima Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), que se realizará en Córdoba en 2018 en coincidencia con el centenario de la Reforma Universitaria, la región mantenga de manera explícita que la educación superior es un “bien público y social, un derecho humano y universal y un deber del Estado” y lo defienda con una masiva participación de todos los actores del campo universitario.En ese sentido, ratificamos e invitamos a difundir las declaraciones finales de sendos encuentros realizados en noviembre en Quito (encuentro preparatorio del eje de Ciencia, Tecnología e Innovación de la CRES 2018) y en Buenos Aires (Coloquio Regional preparatorio “Balance y Aportes para la CRES 2018”), que se pronuncian contra la intención de imponer una visión lucrativa en la educación y la producción de conocimiento de nuestro continente.
Frente a una idea de educación superior que prioriza un modelo de formación profesional individualista, basado en instituciones que funcionan como meras reproductoras de saberes establecidos, estamos convencidos de que las universidades públicas son un bastión indelegable de innovación para el desarrollo sustentable y equitativo de nuestros países. América Latina y el Caribe tienen que apostar por las ciencias, las artes y las tecnologías como estrategia para trastocar una geopolítica de los conocimientos que reproduce la matriz primaria de acumulación de nuestra región.
Por todo esto, nos solidarizamos con nuestros colegas de todo Brasil y apelamos a la comunidad académica internacional a manifestar su apoyo a sostener con firmeza la idea de que la universidad pública y gratuita -como toda instancia educativa- no es un privilegio ni una mercancía sino un derecho de todos y de cada uno.
A EDUCAÇÃO NÃO É UMA MERCADORIA: É A ÚNICA PLATAFORMA PARA O DESENVOLVIMENTO COM EQUIDADE
Diante da nova investida do Banco Mundial, que sugere ao governo brasileiro um ajuste drástico nas áreas sociais, de saúde e educativas do Estado, em particular o abandono da gratuidade na universidade pública, os abaixo-assinados–sindicatos, pesquisadores, docentes, diretivos de universidades latino-americanas y redes internacionais- manifestamos nosso completo repúdio.
O relatório da entidade, apresentado com o falacioso título “Um ajuste justo”, implica em uma flagrante intromissão à soberania do país e em uma clara ofensiva para reinstalar critérios mercantis ao que deve ser considerado como um direito.
Com respeito a esse tema, fazemos um chamado a que a próxima Conferência Regional de Educação Superior (CRES), que se realizará em Córdoba em 2018, em coincidência com o Centenário da Reforma Universitária, a região mantenha, de maneira explícita, que a educação superior é um “bem público e social, um direito humano e universal, e um dever do Estado” e assim a defenda com uma massiva participação de todos os atores do campo universitário.
Nesse sentido, ratificamos e convidamos a todos a difundir as declarações finais dos Encontros realizados em novembro em Quito (Encontro Preparatório do eixo de Ciência, Tecnologia e Inovação da CRES 2018) e em Buenos Aires (Colóquio Regional preparatório “Balance y Aportes para la CRES 2018”), que se pronunciam contra a intenção de impor uma visão lucrativa à educação e produção de conhecimento do nosso continente.
Diante da ideia de educação superior que prioriza um modelo de formação profissional individualista, baseado em instituições que funcionam como meras reprodutoras de saberes estabelecidos, estamos convencidos de que as universidades públicas são um bastião indelegável de inovação para o desenvolvimento sustentável e equitativo dos nossos países. América Latina e Caribe têm que apostar pelas ciências, artes e tecnologias, como estratégia para inverter uma geopolítica dos conhecimentos que reproduz a matriz primária de acumulação da nossa região.
Por tudo isso, nos solidarizamos com nossos colegas de todo o Brasil e fazemos um chamado com firmeza a defesa de que a universidade pública e gratuita -como toda instância educativa- não é um privilégio nem uma mercadoria, mas um direito de todos e de cada um.
*Obligatorio
