Los derechos de las mujeres en la Revolución Bolivariana: avances y retos
¿Cuáles han sido las conquistas del movimiento de mujeres y del feminismo, en la Revolución Bolivariana? ¿Cuáles son las aristas y los retos actuales? ¿Cuál es el rol que deben cumplir hoy los movimientos feministas y el pueblo organizado en general? Alrededor de estos temas nos lleva a la reflexión (y a la acción) Gioconda Mota, militante feminista, entrevistada por la Revista Sacudón y Alba TV.
Como punto de partida, dice Gioconda Mota, es importante reconocer que “la Revolución Bolivariana ha asumido el tema de la mujer como un tema central en su visibilización política. No sólo se apellida una revolución, un gobierno feminista, sino que permanentemente se hace alusión – a nivel nacional e internacional – a que la mujer forma parte de una base social muy firme que impulsa los procesos bolivarianos: se habla de la revolución «con rostro de mujer», se habla del «Pueblo-Mujer», de la participación en los procesos de la Revolución Bolivariana”.
Sin embargo, según Gioconda Mota, esa visibilización del tema mujer “también tiene sus riesgos”: porque enunciar el tema no se traduce automáticamente en la puesta en práctica de acciones concretas, que impliquen un mejoramiento en la vida de las mujeres. Esto es, en su opinión, el nodo central a considerar por las organizaciones de mujeres y feministas.
Las conquistas legislativas
Haciendo un balance de lo que han sido los logros significativos para las mujeres en seno a la Revolución Bolivariana, Gioconda Mota pone en evidencia como éstos no se hayan dado “por ósmosis”, sino que han sido siempre fruto del movimiento de mujeres y de su lucha organizada. Eso, a partir de las conquistas en la elaboración de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999. Entre éstas destaca: la utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista; el reconocimiento del trabajo de las amas de casa como un trabajo que genera valor y riqueza para la Nación y cuya seguridad social, por ende, debe ser reconocida; el conferir rango constitucional a los tratados suscritos por la Nación en materia de Derechos Humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés); el reconocimiento de la protección a la maternidad y a la familia (elemento importante para las legislaciones sucesivas de ámbito laboral).
Al entramado constitucional, han seguido muchos otros avances en ámbito legislativo a lo largo del proceso bolivariano, afirma Gioconda Mota.
Una de las conquistas más significativas es la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, previo a cuya promulgación se vivió un proceso intenso de debate “en lo que participó, a escala nacional, una masa importante de mujeres y hombres” y en la cual se lograron aspectos concretos, como la extensión del posnatal; “la inamovibilidad laboral para los padres; la inamovibilidad permanente para padres y madres de personas con discapacidad con alto nivel de dependencia. Y por primera vez se incorpora el tema del abuso sexual en el trabajo” cuenta Mota.
Otra conquista legislativa importante es La Ley Orgánica para el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007): “una ley de avanzada, que reconoce 19 formas de violencia y que además recientemente, en 2014, incorpora el femicidio y la inducción al suicidio” explica Gioconda Mota, acotando que esa ley “permite el avance de un conjunto de políticas públicas en materia de administración de justicia […]: comienzan a configurarse tribunales especializados y fiscalías especializadas, comienzan a desarrollarse procesos formativos a las y los administradores de justicia en diversas instancias”.
La “norma oficial para la atención integral de la salud sexual y reproductiva”, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, también es mencionada por la militante feminista: “una norma maravillosa, por todo lo que implica su conceptualización, por toda la diversidad de derechos que incorpora, por como en buena medida traduce en una ruta metodológica lo que debe ocurrir en las instancias del ejecutivo, en los procesos de atención a la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres”.
Los problemas de la puesta en práctica
“Ha habido un cuerpo de conquistas legislativas que han centrado en buena parte muchas de la atención del movimiento de mujeres, de la organización feminista. Pero no significa que necesariamente todas estas conquistas legislativas sean hechos reales en la vida concreta de las mujeres. Y allí es dónde creo que está la tensión en el presente” afirma Gioconda Mota.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) está convocando al pueblo venezolano “a ver la posibilidad de ampliar los derechos conquistados, comprendiendo que el derecho es algo en permanente movimiento. […] sin embargo para mí la tensión fundamental está en que más allá de las conquistas legislativas – las logradas y las conquistas por las que seguimos luchando – lo que tenemos en el País es un severo problema de implementación de políticas públicas”, alerta.
Esto se traduce en un estancamiento “e incluso un retroceso” de la acción concreta, lo cual deriva en un incremento de la problemática que viven las mujeres. Entre las causas directas, Mota señala la vertiginosidad de las gestiones (“a veces tienes Ministras o Ministros que no pasan de 3, 4, 6 meses y eso muy difícilmente posibilita la consolidación de una gestión”) pero sobre todo la personalización de esas gestiones: “en algún momento pareciera que las políticas públicas estuvieran en manos de unos decisores u otros, de unas decisoras u otras. Han habido unos picos de auge a lo largo del proceso revolucionario, que tienen que ver con quien está a la cabeza en un momento determinado, en una gestión. ¿Por qué eso es tan peligroso? Porque luego sale esa personas de esa gestión […] y las políticas se paralizan o retroceden”.
Los temas a priorizar
También existe un problema de foco en la definición y en la actuación de las políticas públicas, dice Gioconda Mota, trayendo como ejemplo un tema muy grave: “en el País hay un incremento abrumador de la mortalidad materna. En este momento podemos considerar que es una situación de emergencia nacional, aunque no se le ha dado ese carácter visible de la situación de emergencia y por ende de las acciones en consecuencia. Estamos hablando de que casi 5 mujeres mueren diariamente en nuestro país por el problema de la atención durante el parto y el puerperio, especialmente en los centros públicos de salud, porque más del 80% de los partos en nuestro país se atienden en los centros públicos de salud”.
Es evidente entonces, sostiene, que no se trata “de un problema de acceso a los centros de salud, sino que el problema ocurre allí: ocurre en el ’ruleteo’[1], en la violencia obstétrica en la atención, ocurre con el personal que atiende. Eso traduce dos cosas: que no hay justicia de género (en cualquier otro lugar del mundo frente a cada mujer de esas que muere habría por lo menos una averiguación del personal médico implicado) y por otro lado no hay políticas que pongan el foco allí donde está ocurriendo el problema. Porque hay acciones muy positivas: el programa nacional de las doulas [2] es un programa hermosísimo. Lo que tenemos que preguntarnos es si ese es un programa de actuación complementaria o si ese programa realmente da en el foco de la problemática”.
Hace falta voluntad política para priorizar éste y otros temas “de honor” que están afectando “a ese Pueblo-Mujer, que sigue siendo quién da la cara, quien enfrenta los procesos revolucionarios desde lo concreto”, dice.
Según Gioconda Mota, merece una atención diferenciada el impacto de la Guerra Económica sobre la vida de las mujeres, la cual se ha agravado: a la doble y triple jornada de trabajo se viene sumando el esfuerzo en solucionar necesidades ligadas a la alimentación, al transporte, a los servicios afectados, pero también el acceso a los artículos de uso personal femenino y a los métodos anticonceptivos. “Esto incide en problemas de descontrol de las infecciones de transmisión sexual, en problemas que tienen que ver con el embarazo [no deseado] y el incremento de embarazos adolescentes – que ya de por sí es una problemática grave en el País”, y precisó que eso se agrava por una legislación “no acorde a las reales necesidades de las mujeres: por ejemplo el tema de la interrupción libre y voluntaria del embarazo, que sigue siendo un tema no abordado por la Revolución, e incluso invisibilizado”.
Exigibilidad, voluntad política y capacidades
“Parece que el foco de los movimientos estuvo muy centrado en la exigibilidad legislativa. Yo creo que ese foco de los movimientos debe migrar hacia la exigibilidad al ejecutivo, y al judicial muy especialmente. Porque si el ejecutivo no termina de implementar lo que las leyes le ordenan, el sistema judicial tiene que presionar al ejecutivo: así funciona el entramado jurídico del país” dice Gioconda Mota.
Señaló tres elementos clave: el aumento de los niveles de exigibilidad, la voluntad política y las capacidades: “hay un fuerte ejercicio de retórica alrededor del tema del feminismo […] pero no se traduce en acciones concretas por un asunto de voluntad política, de [falta de] mirada crítica con relación a cuales son realmente las demandas y las necesidades históricas de las mujeres”. Exigir una mayor voluntad política se acompaña a su vez con exigir mayores capacidades para quienes sean designadas o designados para impulsar políticas públicas orientadas a la construcción de la equidad y de la igualdad de género: “hay que tener conocimientos, hay que armar un entramado de conocimientos y de capacidades para que las políticas de verdad se traduzcan en esa dirección”.
Retos Constituyente
El foco y la atención en el presente deben estar centradas “en recuperar, en reformular y en darle un impulso poderoso a las políticas públicas concretas de atención a las mujeres», afirma Gioconda Mota.
Sin embargo, “todavía sigue habiendo una lucha y un esfuerzo por seguir dando conquistas en lo legislativo”. En este ámbito, uno de los temas a destacar es el de la participación política de las mujeres: “tenemos años demandando el asunto de la paridad con alternabilidad en lo que implica los cargos de representación y de elección. Es decir que las mujeres tengamos las mismas oportunidades políticas, que hayan medidas de acción positiva por parte del Estado para que la mujer acceda a los cargos de representación en condiciones de igualdad. Sigue premiando una cultura machista, patriarcal, donde las mayoría de quienes militan y participan socialmente son mujeres, pero no necesariamente son quienes están luego en los cargos de decisión ni en los cargos de representación. […] eso hay que transformarlo culturalmente pero también hay que incidir jurídicamente, para que esas transformaciones culturales avancen más rápido”.
Otra lucha de carácter legislativo, cuenta, es la de los derechos sexuales y reproductivos, que incluye diversos aspectos “el derecho a decidir cuántas hijas e hijos quiero tener, e incluso los que no quiero tener”; la educación sexual a lo largo de diversos procesos de la educación; el acceso público y gratuito a métodos anticonceptivos; gozar de espacios de atención de calidad y territorializados en materia de salud sexual y salud reproductiva, entre otros.
Un tercer ámbito se relaciona con el tema del derecho al cuidado. “La Revolución Bolivariana ha ensalzado todo este tema del Pueblo-Mujer y eso ha significado una cosa a mi juicio muy positiva: muchísimas mujeres dejaron de estar circunscritas exclusivamente al rol privado o doméstico – a ser sólo amas de casa – y a comenzar a tener algún tipo de vida pública. Eso implicaba de poder participar en espacios educativos, en espacios sociales, en espacios políticos, de tener una conquista de ese mundo público. Pero eso no se traduce en una reconfiguración del mundo privado, del cual ella regularmente es la única responsable. […] Significa que hay un desequilibrio muy importante en el uso del tiempo, en el esfuerzo físico y en el goce de otros derechos fundamentales para la vida, como lo es el esparcimiento y la recreación”.
El objetivo sería entonces una política pública que por un lado promueva culturalmente la redistribución de esos roles a los interno de las familias, y que por otro lado genere corresponsabilidad en las acciones de cuidado a nivel comunitario, afirma Gioconda Mota.
Estos son los principales retos legislativos, del punto de vista de los derechos de las mujeres, para el proceso constituyente. “La ANC es un espacio para todo el pueblo organizado, desde una perspectiva histórica, en sectores y en el territorio, para seguir haciendo conquistas legislativas: más no es el único espacio”, puntualizó.
La exigibilidad desde el pueblo organizado
“Creo que la participación social y política del pueblo venezolano, incluyendo el Pueblo-Mujer es una participación que debe estar orientada en dos direcciones: una dirección tiene que ver con las luchas históricas, propias del desarrollo, la transformación y la liberación de los pueblos. Y por otro lado, con las luchas que tienen que ver con la sostenibilidad de la Patria. A mi juicio son luchas hermanadas. Sin embargo, lo que considero que ha sido una dificultad es que se quieran encausar: que se quiera direccionar la orientación de ese proceso organizativo exclusivamente desde el Estado”, dice Gioconda Mota.
Alega que en realidad, el Estado debe ser promotor de procesos organizativos, como ya lo ha sido “en un momento de auge de un Estado que promovía la organización popular para que fuese corresponsable de la ejecución de las políticas públicas- o sea de la formulación, del acompañamiento e incluso de la contraloría de la ejecución de las políticas públicas”.
Aunque se hay ido ese auge, de eso quedó “un saldo organizativo sustantivo en nuestro ¨País”, en el que existen “altos niveles de organización popular sumamente diversa” tanto a nivel territorial como a nivel sectorial, con una lucha de actuación propia.
Para Gioconda Mota, en el caso específico de los derechos de las mujeres, las respuestas que el Estado les ha brindado a sus demandas históricas no van al mismo ritmo ni en la misma dirección, y por eso estima que la lucha tiene que aumentar los niveles de exigibilidad del Estado. Y en general, “en el presente, en el marco de la Revolución Bolivariana, los movimientos deberían traducirse en unas luchas de mayor exigibilidad, porque hemos luchado codo a codo con el proceso revolucionario y la sostenibilidad y apoyo al gobierno bolivariano, comprendiéndonos como parte de toda una sociedad y de un proceso histórico”. Frente a la coyuntura actual, dice Gioconda, “en este momento, en el territorio y en la realidad concreta, en el día a día de nuestra vida, tenemos un montón de elementos que están en un proceso de desmoronamiento sustantivo y que necesitan ser atendidos también por quienes impulsamos procesos de lucha. ¿Y quienes responden a esos elementos? Responde el Estado. Entonces debe haber una mayor exigibilidad frente al Estado”.
Notas:
[1] El “ruleteo” es una peligrosa (pero muy común) práctica, que tiene lugar cuando los centros de salud se niegan a atender pacientes, aún en situaciones de emergencia, quienes se ven obligadas y obligados a recorrer varios hospitales intentando conseguir que se les atienda antes que sea demasiado tarde.
[2] Plan Nacional de Parto Humanizado (2017)
