Ecuador: el gobierno alista la consulta popular del 4 de febrero
Desde el miércoles 29 de noviembre, cuando el presidente Lenín Moreno solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque al pueblo a la consulta popular y referéndum de iniciativa; el organismo ha trabajado contrarreloj con el fin de cumplir el proceso a partir de este 7 de diciembre y concluirlo el 4 de febrero cuando los ecuatorianos acudan a las urnas.
El Pleno ha tenido un trabajo intenso desde la semana. El jueves nombró a las nuevas autoridades: Nubia Villacís, como presidenta, y Marcela Paredes, como vicepresidenta; además fue titularizada Luz Haro; y el viernes aprobó el plan operativo, calendario, presupuesto, matriz de riesgo y declaró período electoral para el referendo y consulta popular 2018.
“Una vez que se ha declarado el período electoral y se ha aprobado la convocatoria a las elecciones, nada ni nadie las puede detener. Todas las demás funciones del Estado se ponen al servicio de la democracia”, dijo la titular del organismo en la sesión del viernes anterior.
Este lunes, el organismo electoral realizó cambios en las 24 delegaciones provinciales y nombró a los miembros de las juntas electorales y del exterior. Los directores provinciales y coordinadores asistieron a un taller de capacitación sobre el proceso y el viernes lo harán los miembros de las juntas.
En esta jornada, el CNE también se aprobó el registro electoral con 13’026.598 electores, distribuidos en 35.105 juntas receptoras del voto. El registro, además, contempla la actualización de género, padrón fotográfico, voto en casa y cambios de domicilio. “Son 209.000 electores más que las elecciones de abril”, dijo el consejero Mauricio Tayupanta.
En cuanto a la papeleta, el pleno recomendó realizar ajustes al diseño que fue presentada en un formato A3.
Una vez realizada la convocatoria este jueves, a partir del viernes las organizaciones políticas y sociales que quieran hacer campaña pueden inscribirse entre el 8 y el 12 de diciembre.
El proceso en el CNE se puso en marcha, luego de que la Corte Constitucional no emitió un dictamen en torno a las preguntas enviadas para calificación por el Ejecutivo; por tanto, el presidente Moreno debió enviarlas directamente al organismo electoral, amparado en el Art. 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
El presidente de Ecuador defendió en las últimas horas los fundamentos legales para enviar por decreto el petitorio para que se convoque a los ecuatorianos a las urnas.
Dijo que pese a los reiterados llamados que realizó a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre el contenido de las preguntas, esta entidad no se pronunció en los 20 días de plazo que le concede la ley.
“Esperamos 58 días que la Corte Constitucional se pronuncie sobre las preguntas de la consulta popular, me vi obligado a emitir los decretos 229 y 230. Estos decretos permitirán que el Consejo Nacional Electoral convoque, dentro de los tiempos que manda la ley, a consulta y referéndum”, señaló Moreno, al tiempo que felicitó a las nuevas autoridades del CNE que fueron las que viabilizaron su pedido.
Las preguntas que se harán al pueblo
Al menos 700 colectivos, entre organizaciones sociales y políticas, públicas y privadas, gobiernos seccionales y otras agrupaciones enviaron 2.739 preguntas al despacho presidencial para que sean consideradas en el plebiscito.
De estas propuestas, la mayoría tenía que ver con la transformación del Estado, para lo cual se plantearon 1.710 cuestionarios que tratan tres aspectos. El primero trata sobre reforma institucional del Estado (1.021 preguntas), en las que se plantean una Asamblea Constituyente, reformas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la supresión de esa función y reformas de otras funciones del Estado.
Otro grueso de preguntas se relacionaba con la derogatoria de enmiendas constitucionales, especialmente sobre la reelección indefinida con 243 propuestas, según el gobierno.
Finalmente otro cuerpo de 466 propuestas tratan sobre las reformas legales en las que se incluye al Código Integral Penal (COIP), al Código de la Democracia, la Ley de Comunicación, la Ley de Herencias y la Ley de Plusvalía.
Distintos sectores, especialmente políticos, ya se han adelantado a expresar criterios respecto del apoyo y rechazo a las preguntas del referéndum y consulta popular.
El jefe de Estado agradeció la víspera a los distintos colectivos y organizaciones que se han expresado a favor de la consulta, entre ellas la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), que entregó la semana pasada un documento de respaldo.
En los Decretos Ejecutivos 229 y 230 constan las siete preguntas de iniciativa del gobierno que, según el diseño preliminar de la papeleta presentada por el CNE, aparecen en el siguiente orden:
1 ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?
2 ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos?
3 ¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015?
4 ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”?
5 ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?
6 ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?
7 ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes?
