Ecuador: el Consejo de Administración Legislativa decide sobre juicio político al vicepresidente Glas
El Consejo de Administración Legislativa decide sobre juicio político al vicepresidente Glas
Aunque tarde, la Asamblea se apresta a poner un punto final al caso de Jorge Glas. El siguiente paso lo dará hoy el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que se reúne a las 17:00 para conocer la notificación de la Corte Constitucional.
Ese organismo aprobó la admisibilidad al juicio político al vicepresidente sin funciones. Lo anunció el viernes en su cuenta de Twitter el presidente de la Asamblea José Serrano.
Lo siguiente estará en manos de la Comisión de Fiscalización que empezará el trámite del juicio político. La mesa legislativa notificará a las partes y solicitará pruebas de cargo y descargo en cinco días. El viernes, la Corte remitió al Legislativo la admisibilidad a juicio político al vicepresidente sin funciones, preso en la cárcel 4 de Quito y sentenciado a seis años por asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht. En una sesión reservada, ocho de nueve miembros de la Corte dieron luz verde al juicio.
Habrá un informe con la solicitud de poner en consideración del Pleno el debate del juicio político o no recomendar el juicio por no existir los elementos necesarios.
En el proceso serán convocados quienes solicitaron la interpelación del segundo mandatario. El ponente será Roberto Gómez. En un comunicado el legislador señaló que “en junio ya sabíamos que el vicepresidente debía ser destituido”.
Ingresa este momentro a la Asamblea Nacional oficio de la Corte Constitucional que adjunta Resolución del Pleno que admite proceso de Juicio Político al Vicepresidnete de la República. He convocado a Cal para conocer el mismo martes 17h00 pic.twitter.com/HyVIPaJ6m5
— José Serrano Salgado (@ppsesa) December 22, 2017
La oposición tiene 32 argumentos para enjuiciar a Jorge Glas
El pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glas vuelve a la Asamblea Nacional. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene previsto conocer, ,la tarde del martes 26 de diciembre del 2017, el dictamen favorable que dio la Corte Constitucional (CC).
En el pedido de juicio político -que suscribieron 63 asambleístas de la oposición- se establecen 32 argumentos.
Están organizados alrededor de tres casos: Odebrecht, Singue y Petroecuador.
Según el asambleísta que solicitó el juicio político, Roberto Gómez, del movimiento Creo, existen indicios de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y concusión.
Según el numeral dos de la Constitución, estos delitos son causales para poder iniciar el juicio político en contra del Segundo Mandatario.
En el caso Odebrecht, se detallan las denuncias penales presentadas por personas particulares contra Glas.
También consta la autorización que dio la Asamblea Nacional para que él sea sometido al juicio penal por asociación ilícita. Finalmente, el caso terminó con la sentencia de seis años en contra del Segundo Mandatario.
En el pedido constan, además, los informes de Contraloría General del Estado en los que se determina indicios de responsabilidad penal en seis obras desarrolladas por la constructora brasileña en el país. En total, son 20 argumentos relacionados con irregularidades en esos proyectos.
El segundo caso, Singue, es el que menos pruebas tiene dentro del expediente. Hay tres. La primera es el informe de la Contraloría que determina responsabilidad penal por la adjudicación de este campo. También está la destitución ordenada por la Contraloría y la comunicación que envió el titular del organismo, Pablo Celi, al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, en la que le informaba sobre la sanción.
Las otras nueve evidencias tienen que ver con la red de corrupción que se descubrió en Petroecuador. Constan los expedientes de los exfuncionarios que fueron juzgados por actos de corrupción.
En este último caso se adjunta la delegación que le hizo el presidente Rafael Correa a Jorge Glas en los sectores estratégicos.
La presentación de estos argumentos convenció a la Corte Constitucional. En el dictamen del caso 001-17-DJ se señala que se cumple con la identificación de las infracciones que se le imputan al Vicepresidente.
Esta institución aclaró que el juicio político no corresponde a un procedimiento “jurisdiccional propiamente dicho”. Ya que esta posible censura y destitución es independiente de otras responsabilidades penales.
Luego de conocer la decisión de la CC, el CAL enviará todo el expediente a la Comisión de Fiscalización. Esta mesa, presidida por la oficialista María José Carrión, dará cinco días para que los acusados y acusadores presenten pruebas de cargo y de descargo. Estas pueden ser enviadas de forma oral o escrita.
Luego, en el plazo de cinco días, se enviará un informe al Presidente de la Asamblea. Se instalará el Pleno y ahí se convocará a Glas.
Pero según los plazos que se establecen en la Ley, será poco probable que la Legislatura alcance a hacerlo. El 2 de enero del 2018 se podrá declarar el abandono del cargo de Glas y elegir reemplazo.
Vicepresidente Glas pedirá permiso a Ministra de Justicia para asistir a Asamblea durante juicio político, anuncia Eduardo Franco Loor
El abogado del Vicepresidente de la República, Jorge Glas, anunció que su defendido pedirá permiso a la Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, para ejercer su derecho a defenderse ante la Asamblea Nacional en el juicio político que se tramita en el Poder Legislativo. El jurista anunció que, una vez que entregue la sentencia de 6 años de prisión por escrito, procederán a apelarla, después se recurrirá a la casación, acción extraordinaria de protección ante Corte Constitucional y, sí que se nieguen derechos del Segundo Mandatario, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Jueces no acatan las normas y la ley”, afirmó el abogado, quien dijo que se han violado todas las garantías y derechos constitucionales y legales del Vicepresidente.
“La Asamblea Nacional autorizó el procesamiento penal del Vicepresidente en base a la disposición del artículo 379 y 370 del Código Penal anterior por supuestamente los supuestos hechos delictivos habían ocurrido en el 2008, cuando estaba en vigencia el Código Penal de esa época, pero en aplicación del actual artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, que es el delito de asociación ilícita, en el delito de asociación ilícita del Código Penal anterior, la pena máxima de 6 años, pero esa pena se transformó en menos en de 3 a 5 años en el actual COIP, que es el que autorizó”, explicó.
El abogado recalcó que cuando hay una ley posterior, que beneficia al reo, debe aplicarse esa ley futura, por encima de la que estaba vigente cuando se perpetró la infracción.
“La sentencia, en base a un código penal inexistente, ya derogado, es un absurdo porque debió haberse aplicado el artículo 370, que daba pena máxima de 5 años, por eso es que nosotros presentamos esta instancia de la solicitud de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que significa que, sin nosotros aceptar la culpabilidad del ingeniero Glas, porque es inocente, pero como la ley dice que tiene que presentarse en la misma audiencia o 24 horas después, la suspensión condicional de la pena es en base a delitos que se sancionan y que no pasen de 5 años, que es el caso”, afirmó.
La defensa de Glas pidió aplicar la norma constitucional del principio de favorabilidad, que establece que una ley futura debe prevalecer sobre una ley inferior porque hay una contradicción en cuanto a las penas.
“Eso está señalado en el artículo 76, numeral 5 de la Constitución, y en el propio Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 5, numeral 12 ¿ pero qué ocurre? A los jueces no les interesa estas normas”, reprochó.
La respuesta de los jueces fue que “no se aplica la suspensión de la pena porque habían puesto 6 años de prisión”, sin embargo, dijo que el principio de favorabilidad está por encima de la ley y cualquier sentencia.
“Por eso creemos que el ingeniero Jorge Glas es un perseguido político, lo que se trata es ganar tiempo, que llegue el mes de enero, porque quieren arrebatarle la Vicepresidencia, entonces, están haciendo tabla rasa de la ley, de los principios”, indicó.
Eduardo Franco Loor está a la espera de que estos días llegue la notificación de la sentencia del pasado 13 de diciembre por escrito.
“Tenemos tres días para apelar, vamos a apelar a una instancia superior, tenemos que agotar todas las instancias nacionales, el recurso de apelación, después vendrá el recurso de casación, después vendrá la acción extraordinaria de protección ante la vulneración de algún principio constitucional de la sentencia de casación ante la Corte Constitucional, en caso que se nieguen los derechos del Vicepresidente, porque es un entramando político, recurriríamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica”, detalló.
Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre el juicio penal que se tramita en la Asamblea, el abogado Franco Loor respondió: “Este es un país que, realmente, da pena decirlo, pero no vivimos un Estado de derecho, lee el artículo 129 de la Constitución, no se necesita ser abogado, cualquier estudiante de colegio deduce cuáles son los delitos que merecen enjuiciamiento político, el delito de asociación ilícita no consta como un delito que sea merecedor de juicio político, la Corte dijo lo contrario, estamos en un país de replay”.
“Jorge Glas me dijo ayer en Quito que él va a defenderse, va a solicitar a la Ministra de Justicia que se le permita ir a la Asamblea, el derecho de defensa es sustancial en un procesado”, informó.
“No me sorprendería que en Parlamento, ahí no hay ley, que hacen lo que la mayoría manda, y como el Gobierno tiene mayoría con la derecha, hagan lo que quieran”, enfatizó el jurista, al tiempo de recalcar que “existen normas, pero son violadas y transgredidas”.
“En su momento, esto tendrá una reparación porque la injusticia no es eterna”, acotó.
Sobre el pronunciamiento del Consejo Internacional que Apoya el Juicio Justo y los Derechos Humanos (ICSFT) por sus siglas en inglés, con sede en Ginebra, Suiza, en el que se asegura la constatación de “múltiples irregularidades que violan la ley” y normas constitucionales en el caso del Vicepresidente de la República, Jorge Glas, el abogado del Segundo Mandatario afirmó: “Ellos están listos para venir a Ecuador apenas se señale fecha para la audiencia de apelación”.
“Estamos al tanto de toda esta documentación porque, además, hemos mandado a todo el mundo, a todos los comités de derechos humanos esta violación flagrante que se está cometiendo en Ecuador contra el Vicepresidente”, indicó.
Para los primeros días de enero se efectuaría la audiencia de apelación, este organismo podrá venir y constar la situación.
“Están pidiendo la inmediata libertad, incluso, cuando se ordenó la prisión preventiva, el 2 de octubre, de Jorge Glas, Vicepresidente del Ecuador, no estaban cumplidos los requisitos porque jamás pensó en abandonar el país, fugarse”, acotó.
“Habrá juicio de repetición contra todos los funcionarios”, anunció.
