Colombia: nuevo líder social es asesinado y víctimas exigen protección al gobierno
Asesinan a Gonzalo Martínez, líder social en Pechindé Córdoba
Fue asesinado Gonzalo Antonio Martínez, líder social y presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda Pechindé, en Córdoba, el pasado 20 de diciembre, en inmediaciones del corregimiento Piedras Blancas, en Carepa, Antioquía cuando se devolvía con su esposa y su bebé, recién nacido, a su vivienda.
De acuerdo con el testimonio de sus familiares, dos sujetos abordaron el vehículo público campero en el que se transportaba la familia, entre la vereda el Cerro, en Antioquia y la vereda el Llano, en Córdoba. Allí uno de los sujeto se dirigió a Gonzalo y le dijo dijo “necesitamos hablar con usted”.
Gonzalo que tenía en sus brazos a su hija recién nacida, fue obligado por los dos hombres a que la dejara y los acompañara, posteriormente su cuerpo fue hallado sin vida sobre la carretera con 4 impactos de bala. Cabe resaltar que las comunidades han denunciado que en este territorio hay control de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
La muerte de Gonzalo se suma a la ola de asesinatos a líderes sociales en el país, que esta semana ya ha dejado sin vida a 3 líderes más, Alfonso Pérez Mellizo en Cauca y en Putumayo a Nixon Martin Rosero, en el Tigre y Pablo Oviedo, en Puerto Asis.
Líderes sociales: “No contamos con la protección necesaria”
“Mi seguridad hace un año consta de un botón de pánico y me aseguran que si lo oprimo caerán comandos del techo. Tengo un chaleco antibalas y un celular para llamar en caso de tener mi vida en peligro”, dijo Maicol Martínez, coordinador de la mesa municipal de las víctima de Génova, y coordinador de la mesa departamental del Quindío.
Martínez hace parte del grupo de líderes sociales del país víctimas de amenazas, una situación que en algunas regiones ha dejado muertos y mucho miedo, por eso considera que a pesar de lo ocurrido no se toman medidas contundentes al respecto.
Según el informe especial de riesgo: ‘Violencia y amenazas contra los líderes y los defensores de derechos humanos’, realizado por la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero al 5 a marzo de 2017, ocurrieron 22 homicidios contra líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos en Colombia y en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de marzo de 2017, se registraron 156 homicidios.
En las cifras de homicidio no hay ningún quindiano, pero son alarmantes y algunos líderes locales manifestaron su preocupación ante las amenazas que han recibido los últimos años.
No saben quién
Martínez, también es consejero nacional de restitución de tierras de las víctimas y representante del comité de medidas de restitución, y asegura que igual que otros líderes sociales saben que los están matando pero no saben quién.
Sobre los móviles expresa conocer que están relacionados con la restitución de tierras, la erradicación de cultivos ilícitos, las zonas abandonadas por la Farc y que ahora otros grupos quieren ocupar. “No hay una investigación que arroje unos resultados sobre este tema, pero si salió el ministro de Defensa a dar una declaración muy irresponsable sobre los asesinatos de los líderes de víctimas diciendo que eran líos de faldas y otras situaciones que no tienen que ver con los trabajos que se hacen. Por eso uno se pregunta en qué tipo de Estado de derecho estamos si un funcionario da ese tipo de declaraciones poniendo aún más en peligro la vida de los defensores humanos y en entredicho nuestra situación”.
Reducen esquemas
Pastora Montilla, defensora de derechos humanos de población víctima del conflicto armado, hace parte del grupo de líderes con persecución y constantes amenazas.
Ella relató que contaba con un esquema de seguridad que ya no tiene y ahora teme por su vida.
“Contaba con un vehículo convencional y dos hombres de protección, pero hace unos tres meses me llegó una resolución de la Unidad Nacional de Protección, UNP, para desmontar este apoyo. Por esta razón interpuse un recurso de reposición que duró tres meses y durante ese tiempo perdí el esquema de seguridad, ahora mediante un nuevo acto administrativo, la UNP reintegra y queda en firme el levantamiento de medidas de protección”, dijo Montilla.
La nariñense es desplazada por la violencia, radicada en el Quindío y necesita seguridad especial porque a finales del 2013 comenzó a recibir amenazas. “Fui víctima del conflicto armando, de acto terrorista directa y sobreviví, víctima de masacre, de amenaza, de abandono de tierras y por eso emprendí una lucha yo diría que muy prudente, pero nunca pensé que tuviera unas consecuencias como las de ahora, desde el 2013 soy objeto de amenaza a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas, panfletos, nos han declarado objetivo militar, la última amenaza que obtuve fue el 22 de octubre de 2017 donde ofrecían recompensa por mí y nueve defensores más”.
Montilla aprovechó para clamar por su vida. “Hago una denuncia pública porque yo sí temo por mi vida, sabemos que las personas que nos quieren hacer daño son bandas criminales y afecta de manera emocional y sicológica, he pensado incluso en irme del país y sufrir el desarraigo, pero es frustrante porque soy mamá y jefe de hogar”.
Más experiencias
José Navia es periodista hace más de 30 años y visitó la ciudad para dar un taller sobre narraciones periodísticas y memorias del conflicto.
En el evento habló sobre la necesidad que hay de atender la problemática. “Todo esto necesita que el Estado lo determine mediante una investigación muy profunda que no se está haciendo. Él tiene la obligación de brindarles protección a las víctimas que además la han venido solicitando hace mucho rato y estamos en un momento de posconflicto en que se ha generado un política de paz que ha resultado exitosa en muchas fases pero que necesita ser fortalecida y complementada”, dijo.
Las cifras
Entre los datos que arrojó el informe de la Defensoría del Pueblo nacional se indicaron los municipios del Quindío donde se localiza el riesgo: Armenia, Calarcá, Circasia, Córdoba, Montenegro, Génova, La Tebaida, Pijao, Quimbaya y Salento, siendo los cinco primeros los que más alto riesgo representan.
En la información, contrastada y verificada del informe se observó que en el lapso de catorce meses comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de marzo de 2017, se han registrado 156 homicidios contra los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos en los departamentos de Antioquia —25—, Arauca —6—, Atlántico —3—, Bolívar —6—, Caldas —1—, Caquetá —2—, Casanare —2—, Cauca —44—, Cesar —4—, Córdoba —8—, Cundinamarca —9—, Chocó —3—, Huila —1—, La Guajira —2—, Magdalena —3—, Meta —2—, Nariño —7—, Norte de Santander —8—, Putumayo —3—, Risaralda —5—, Santander —1—, Tolima —4— y Valle del Cauca —7—.
En el mismo período de tiempo, la Defensoría del Pueblo documentó 33 casos de atentados ocurridos en los departamentos de: Antioquia —3—, Arauca —1—, Atlántico —1—, Caquetá —1—, Casanare —2—, Cauca —1—, Córdoba —1—, Cundinamarca —1—, Huila —1—, La Guajira —1—, Magdalena —1—, Meta —1—, Nariño —3—, Norte de Santander —1—, Putumayo —1—, Quindío —2—, Risaralda —7—, Sucre —2— y Valle del Cauca —2—.
El gobierno responde a la ONU que la protección de líderes es una prioridad
«El presidente ya ha sido enfático y categórico al decir que los líderes sociales y defensores de derechos humanos son una prioridad para el Gobierno en materia de protección de su vida, su integridad y los ejercicios que desarrollan», dijo el vicepresidente Óscar Naranjo.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este miércoles su preocupación por «la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización» de los defensores de derechos humanos en el país.
El organismo reiteró que ser defensor de derechos humanos «es una labor legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y la construcción de una paz sostenible».
Aseguró haber verificado en lo corrido del año el asesinato de 105 defensores de derechos humanos, incluidos 73 homicidios contra líderes sociales, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Además, la oficina tiene otros 11 casos más en proceso de verificación
En este sentido, Naranjo comentó durante una visita a Barbacoas, en el departamento de Nariño (suroeste), «donde han sido amenazados y asesinados líderes sociales y defensores de derechos humanos», que el «Gobierno aplicará todo el peso de la ley».
«El Gobierno para nada tolera y por el contrario reprocha y condena esos asesinatos y esas amenazas. Cualquier amenazado, por humilde que sea, debe recibir el tratamiento y la protección del Estado colombiano», dijo Naranjo tras entregar regalos a los niños de la zona.
La Policía colombiana anunció la entrada en operación de un comando especial que operará en 13 municipios de los convulsos departamentos de Cauca y Nariño y tendrá como ejes de trabajo fortalecer la seguridad ciudadana, liderar la erradicación de cultivos ilícitos y combatir grupos armados ilegales.
Sobre ese comando, el vicepresidente y general retirado de la Policía sostuvo que es «una magnifica noticia».
Vicepresidente pone en marcha estrategia para protección de líderes sociales
Desde Barbacoas en Nariño y ante los alcaldes de Tumaco, Olaya Herrera, Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, el vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, dijo que “ha comenzado con toda la fuerza el anuncio del señor presidente”, sobre la fuerza de tarea conjunta que intervendrá en el Pacífico, para luchar contra la criminalidad.
En el municipio de Barbacoas, presentó oficialmente al general Fredy Tibaduiza, quien estará al frente del Comando Especial del Pacífico Sur. Este alto oficial, designado por la Policía Nacional para este fin, ya se encuentra adelantando labores de empalme para asumir y coordinar la estrategia de seguridad y lucha contra la criminalidad en esta zona del país.
El vicepresidente explicó que el general Tibaduiza será el encargado del fortalecimiento de las capacidades de investigación, judicialización e inteligencia en el Pacífico, donde no solo se pondrá en marcha una estrategia de seguridad y justicia, sino también “una agenda de transformación de estos municipios”, con más beneficios y servicios básicos.
Adicionalmente presentó al general Fernando Murillo, actual director antisecuestro y extorsión de la Policía y quien va a dirigir la operación Perseo, puesta en marcha para combatir la delincuencia organizada y ejercer control territorial.
Estos oficiales también tienen como misión la persecución a los objetivos considerados de alto valor por las autoridades.
Sobre las amenazas a líderes sociales fue enfático en “notificar a esos criminales que el Gobierno aplicará todo el peso de la ley y por lo tanto reprocha y condena esas amenazas”, concluyó.
Organizaciones internacionales piden a Ministro proteger la vida de líderes sociales, evitando estigmatizaciones
Claudia Florentin
El Ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, en entrevista para Noticias Uno en la emisión del 16 de diciembre de 2017, argumentó sobre las muertes por asesinatos de líderes sociales en Colombia diciendo: “Casos de ELN y Farc son aparte, lo demás han sido en su inmensa mayoría fruto de un tema de linderos (terrenos), de faldas, de reivindicación, de peleas por rentas ilícitas” “No hay detrás una organización que uno diga, que estén asesinando líderes”. Ésto generó el repudio de organizaciones de DDHH, basadas en fe, de mujeres y de la sociedad civil.
Una veintena de Organizaciones basadas en fe y de cooperación, del ámbito Internacional enviaron una carta al Ministro, en la cual acompañan, respaldan y reconocen “el legítimo trabajo de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en todo el país que han contribuido de manera definitiva en la generación de las condiciones para lograr la paz en Colombia”.
“Es responsabilidad de las autoridades legítimamente constituidas aclararlas, investigar, sancionar a los responsables materiales e intelectuales y prevenir que tales hechos se sigan repitiendo. De manera particular, Señor Ministro, le exhortamos a proteger la vida y prevenir un nuevo desplazamiento masivo de las comunidades de la cuenca del Atrato así como evitar declaraciones que incrementen la estigmatización contra los y las líderes, y por el contrario tomar medidas para cerrar la brecha de desconfianza ante las denuncias de los líderes y defensoras de derechos territoriales en las regiones”, enfatizan.
Las firmantes, copian la declaración al Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República; Fernando Carrillo, Procurador General; Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo así como a organizaciones colombianas defensoras de Derechos Humanos y el Cuerpo diplomático presente en el país.
Aquí las declaraciones del Ministro: https://youtu.be/D7yix8oGoQQ
La carta completa puede leerse y bajarse aquí:Carta Ministro de la Defensa diciembre 21-2
