Colombia: Líderes sociales, los silenciados y los que resisten – Por Marcela Osorio Granados
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Marcela Osorio Granados (*)
Más de un centenar de defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2017 por denunciar que el conflicto entre grupos armados ilegales persiste o por reivindicar los derechos de sus comunidades.
Durante más de 15 años, Mario Castaño Bravo se dedicó a denunciar a los empresarios y grupos armados ilegales que por medio de intimidaciones y amenazas despojaron de sus tierras a campesinos y comunidades del Chocó. En los años 90, por ejemplo, hizo públicas las operaciones que grupos paramilitares realizaban en connivencia con la Brigada 17 del Ejército y denunció que esa misma brigada lo obligó a participar como guía en operaciones de tipo paramilitar en zona rural del Carmen del Darién.
Hacía parte del Consejo Comunitario La Larga de Tumaradó y solo hace unas semanas había participado en la instalación de la consulta previa para un proceso de reparación colectiva y una demanda de restitución de tierras. Mario Castaño seguía denunciando en esta época los mismos problemas de tiempos atrás: la presencia en su región de grupos armados ilegales que ahora operan bajo el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.
Quizá fue eso lo que le costó la vida. Tenía esquema de seguridad de la UNP y aun así tres hombres armados ingresaron a su finca la noche del pasado 26 de noviembre y le dispararon siete veces frente a su familia. La muerte de Mario, como la de muchos líderes sociales del país, fue anunciada.
De acuerdo con cifras de Acnur, en lo que va del año en Colombia han sido asesinados más de 80 líderes sociales. Un número bastante conservador si se compara con el estimado de Indepaz, que sostiene que la cifra ya asciende a 137, o con los del programa Somos Defensores, que da cuenta de por lo menos 90, o con los datos de Marcha Patriótica, que reseña 127. En cualquier caso, difieren bastante de las cifras del Ministerio de Defensa, que tan sólo tiene en sus cuentas 54 casos. Una multiplicidad de números a los que habría que sumarle el subregistro que hay en muchas zonas del país en las que la gente no se atreve a denunciar los asesinatos por temor a represalias.
Pero, más allá de que exista o no un consenso en las cifras, lo que sí es cierto es que el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos es un fenómeno creciente que tiene en alerta a todas las organizaciones sociales, especialmente a aquellas que abanderan procesos en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado y en las que nuevos actores ilegales buscan establecer dominio territorial. Y aunque el Gobierno ha insistido en que no hay sistematicidad detrás de los crímenes, varias organizaciones han llamado la atención sobre la recurrencia del problema y los patrones alrededor de las muertes.
De hecho, un informe reciente de la Fundación Paz y Reconciliación sostiene que si bien no existe un estándar en cuanto a los responsables directos de los hechos victimizantes –la mayoría de los ataques han sido cometidos por actores aún sin identificar–, sí se han evidenciado patrones de sistematicidad en los perfiles de las víctimas: líderes asociados a actividades en contra de las economías ilícitas, en defensa del medio ambiente, que impulsan procesos de restitución de tierras, reparación de víctimas y lucha por la verdad.
El fenómeno no sólo preocupa por las implicaciones que tiene en momentos en que el Gobierno busca poner en marcha en los territorios los proyectos acordados en el marco del proceso de paz con las Farc, o porque deja ver las precarias garantías de seguridad que tienen quienes encabezan procesos sociales, sino porque muestra la reconfiguración de los nuevos actores armados en las regiones y la forma progresiva en la que han venido ganando poder en espacios que debieron ser copados por el Estado tras el fin del conflicto armado con las Farc.
Un panorama al que se suma la alarmante impunidad en la gran mayoría de los casos. Según cifras de un estudio revelado en septiembre por el programa Somos Defensores, existe un nivel de impunidad del 87 % en los 458 crímenes perpetrados contra defensores de derechos humanos entre 2009 y 2016. Los datos no son alentadores: la mayoría de los casos se encuentran en etapa de indagación (283), la Fiscalía no registra información de avance sobre los mismos (53) o se encuentran archivados (46 casos). Además, sólo se han registrado 28 condenas en casos de homicidios, hay 26 en juicio y 7 en imputación de cargos. En todas las oportunidades se trata de autores materiales.
Entre tanto, en los territorios las luchas continúan. En algunas zonas las intimidaciones y ataques han obligado a muchos líderes a huir para preservar la vida de sus familias; en otras, continúan la labor social con las comunidades a pesar de la amenaza latente. Un fenómeno que amerita que los líderes sociales y de derechos humanos, los asesinados y los valientes que resisten, sean los Personajes del Año de El Espectador.
(*) Subeditora multimedia de El Espectador / @marcelaosorio24
