Verónica Grondona, economista argentina, analiza las posibles consecuencias de un TLC entre el Mercosur y la UE

Por la redacción de Nodal

Verónica Grondona, economista argentina, asesora del grupo GUE-NGL en el Parlamento Europeo, afirmó que un acuerdo de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea tendrá por efecto no solo un aumento del comercio, sino también de los flujos financieros ilícitos es decir, los flujos provenientes de la evasión, la elusión tributaria, el lavado de dinero y la fuga de capitales.

-¿Cúal es su opinión sobre la alternativa que se concrete inmediatamente el acuerdo de liberalización Mercosur- Unión Europea?

-La firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur no debería acelerarse para cumplir con las agendas políticas de estas dos regiones. Las implicancias de un acuerdo de libre comercio para todos los sectores económicos de ambas regiones, para sus trabajadores y para la capacidad recaudatoria de sus estados deben ser sujetos a un debate amplio y transparente que involucre a los representantes de los sectores afectados y a la sociedad civil en general, y es necesario contar con estudios de impacto en ambas regiones. La Unión Europea ha realizado varios estudios de impacto. Sin embargo, el Mercosur no tiene ninguno.

Firmar un acuerdo sin uno (o incluso varios) estudios de impacto en el Mercosur, sin una apertura transparente de las cláusulas que se están discutiendo, sin el involucramiento de los actores sociales y económicos afectados, es de una irresponsabilidad muy grande.

-¿Cuáles son las ventajas y desventajas que puede traer aparejado para nuestras economías y sociedades en general la mayor apertura?

-Además del impacto negativo que podría tener en la industria argentina la más laxa utilización de las reglas de origen, o la mayor protección a las patentes y las discutibles ventajas para el sector primario en el Mercosur; hay otras desventajas que no son tan claras y que han sido menos expuestos, en parte por el secretismo con el que se manejan las negociaciones pero también por la complejidad de los temas que involucran.

Me refiero en particular al comercio electrónico y a los servicios financieros. La inclusión de estos capítulos en los tratados de libre comercio se ha expandido en los últimos años, con graves consecuencias en la capacidad recaudatoria de los estados involucrados.

La utilización de las posibilidades de la digitalización de la economía para la elusión tributaria ha sido expuesta en varios casos difundidos por los medios, tales como el de Amazon (quien habría logrado reducir los impuestos que paga internacionalmente gracias a evitar localizarse en los países donde realiza sus ventas), el de Uber (en los recientemente difundidos Paradise Papers), o el de Despegar.com (quien en 2014, tras transferir el 93% de sus acciones a una sociedad en Delaware, había logrado facturar desde allí operaciones por un nivel 10 veces superior al declarado en Argentina).

Tal es el riesgo que implica la digitalización de la economía para la capacidad recaudatoria de los estados que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dedicó a la Economía Digital una de sus Acciones del Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el desvío de utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés) diseñado entre 2013 y 2015.

En relación con los servicios financieros, el Parlamento Europeo concluyó en un estudio de 2016 que los amplios compromisos acordados en los tratados de libre comercio de la Unión Europea con países en desarrollo tienen por efecto no solo un aumento del comercio, sino también de los flujos financieros ilícitos es decir, los flujos provenientes de la evasión, la elusión tributaria, el lavado de dinero y la fuga de capitales (dada la ya amplia utilización del mercado europeo como destino de los flujos financieros ilícitos provenientes de países en desarrollo).

Y en la reciente votación en comisión del informe sobre los resultados y recomendaciones de las investigaciones sobre los Panama Papers, el Parlamento Europeo incluyó varios párrafos para intentar reducir los efectos negativos de estos tratados sobre la justicia tributaria y la lucha contra el lavado de dinero; por ejemplo, a través de la inclusión de cláusulas para prevenir la elusión y evasión monetaria; y de restricciones a la inclusión de capítulos de servicios financieros en los tratados de libre comercio.

Sin embargo, en el marco de la actual aceleración de la firma del TLC entre el Mercosur y la Unión Europea, difícilmente estos riesgos sean considerados.