Sustitución de cultivos ilícitos y narcotráfico, nudo central del posconflicto
Colombia: ¿Y ahora qué? – Por Alfredo Molano Bravo
Se suponía que la dejación de armas era el paso más difícil. Se entregaron las armas y los guerrilleros están entrando a la institucionalidad, de donde, la verdad sea dicha, nunca salieron porque esa manta jamás los cobijó. Ahora se enfrentan con realidades que no conocían y creo ni sospechaban: la morronguería de los aparatos del Estado. El más tangible –con varios muertos a su cuenta– ha sido la sustitución de cultivos ilícitos, que es el nombre contemporáneo del conflicto agrario.
Desde fines del siglo XIX, el tema principal del enfrentamiento ha sido el acaparamiento de los baldíos nacionales y hoy lo sigue siendo, pues la coca ha sido la trinchera económica de los colonos contra su bancarrota y por tanto contra la transformación de sus mejoras en haciendas ganaderas. No es que los cultivadores se aferren a la economía del narcotráfico y la prueba está en que han aceptado la erradicación voluntaria a cambio programas de sustitución.
Es aquí donde la marrana tuerce el rabo, porque el Gobierno no ha movido un dedo para iniciarlos con fundamento. Sin lugar a duda, lo que está pasando en Nariño se repetirá en Putumayo, Guaviare, Cauca y Catatumbo porque la gente no va a dejarse quitar el pan de la boca. Yo francamente no entiendo por qué razón el Gobierno le da largas a un programa que podría abrir la puerta de la institucionalidad no sólo a los excombatientes, sino a esa enorme cantidad de gente obligada a vivir en la ilegalidad. La cuestión agraria sigue sin ser resuelta.
El reto es, por supuesto, enorme. ¿Con qué cultivos se piensa sustituir la coca, si se asume, como lo aceptan los cultivadores, que no hay ninguno que pueda igualar la rentabilidad que hoy perciben? Guayaba agria, gulupa, pitaya, o cualquier otro, se estrellan con la dificultad de la comercialización y por eso los exguerrilleros están planteando una red cooperativa que pudiera saltarse al intermediario, que es el personaje donde quedan atrapadas las ganancias. Más aún, consideran con muy buen sentido que los productos que sustituyan la coca deben tener un valor agregado, como lo están haciendo cooperativas cafeteras que sacan al mercado cafés orgánicos tostados y molidos.
Uno podría pensar —y soñar— que si el Gobierno quisiera sacar adelante la sustitución, diseñaría mecanismos para que los colonos produjeran alimentos con destino a hospitales públicos, cárceles y hogares de bienestar familiar. Un sueño contra el que se atraviesan las licitaciones, que son, formalmente hablando, un recurso para evitar la corrupción. Sin embargo, como ha quedado claro en los casos de los alimentos para niños y de comida para los presos, las licitaciones son amañadas y arregladas por los políticos, como es el caso de la exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) María Cristina Palau, destituida porque habría recibido $600 millones como coima para adjudicar un contrato millonario.
El Uspec maneja la bobadita de $480.000 millones en alimentación de reclusos. De otro lado, según la Contraloría General de la República, en el 2016 con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se perdieron $62.488 millones que se deberían haber invertido en alimentación escolar. El mecanismo es conocido: las licitaciones se las ganan los protegidos de los políticos, que a su vez deben pagar a sus protectores un tributo electoral para financiar las campañas. Tanto en cárceles como en Bienestar Familiar se han hecho famosos los llamados zares de la contratación pública, siempre los mismos, que se reparten entre sí los dineros públicos.
La corrupción es no sólo la forma más representativa y acabada del Estado-patrimonio que impide el Estado de derecho y el funcionamiento de la democracia, sino el más formidable obstáculo para hacer realidad la tan manoseada paz estable y duradera. Los guerrilleros suponían que su enemigo real era la fuerza pública y la conocían muy bien, pero no imaginaron que el otro enemigo era la corrupción de un Estado de derecho que no puede ejercer a plenitud al que para bien o para mal se han acogido.
(*) Alfredo Molano Bravo es sociólogo, periodista y escritor /colombiano.co
La vida o la coca
Por Francisco de Roux
No se trata del lío cocalero’, como reza el titular del periódico El Tiempo, sino del problema más grave después de la guerra terminada. Colombia, ‘el mayor productor mundial de coca para el narcotráfico’, desde décadas destruye todos los días su desarrollo y su juventud en la adicción fatal. Cultiva para matar.
Así se pagó la guerra y se siguen pagando las ‘bacrim’ y los desertores. La única condena del papa Francisco fue del negocio maldito.
Los dirigentes lo saben, pero no les importa porque consideran al campesinado cocalero como ‘gente inferior’; intuyen que es un operador importante de demanda agregada que compra cerveza y celulares y abre cuentas en los cajeros. Planeación Nacional cree que es ‘un asunto marginal’. El Banco de la República no lo tiene en prioridad. La ‘politiquería’ se alimenta desde allí.
El drama es humano. El campesinado excluido, expropiado y expulsado del mercado formal, sin crédito, ni tierra, ni títulos, ni vías ni tecnología, se amarró a la coca para salvarse, y ‘la guerra y la mafia los clavaron’. Hace lo moralmente malo. Veneno para enloquecer gente. Análogo a que prostituyeran sus hijas para sobrevivir. Y disparan la violencia contra ellos mismos y contra el país.
La tragedia impulsa perversamente la economía. Con la coca van la marihuana, la amapola y la minería criminal. Desde allí crecen ‘el gota a gota de las ciudades’, el micro tráfico y la exportación que controlan el ‘Golfo’ y las oficinas; así llegan los dólares baratos del contrabando que ya llenó las tiendas de Navidad contra Fabricato y las demás industrias nacionales.
Lo que hace el equipo de Eduardo Díaz, la Policía y el Ejército es un comienzo que merece reconocimiento, pero que es absolutamente insuficiente, con la ventaja de que deja en claro el problema: se trata de una ‘economía regional cocalera organizada’, de la que viven municipios enteros con sistema financiero ilegal propio, logística, transporte, insumos, mercados, importaciones. Las familias sembradoras son solo una parte.
Lo que propone el Estado es, además, contradictorio. En las mismas regiones, zanahoria para unos y garrote para otros. Cincuenta mil hectáreas sustituidas por 36 millones por familia en dos años, y 50.000 hectáreas erradicadas.
Las familias están atrapadas entre el Gobierno, que les arranca la sobrevivencia y se queda cortísimo en la alternativa prometida —se cuenta hoy con el 12 por ciento del dinero ofrecido a las familias—, y grupos criminales que exigen continuar con la coca. Mueren líderes de lado y lado, porque se resisten a la erradicación o porque se unen a la sustitución.
Desarrollar integralmente las regiones cocaleras hubiera podido ser el único punto de las negociaciones de La Habana, aparte de la seguridad y el desarme de los combatientes y la justicia con reparación, porque la transformación de las regiones cocaleras arrastra toda la reforma rural integral y cambia la economía colombiana, y mientras haya coca no habrá Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdets) que valgan ni paz en las regiones.
El problema requiere un ‘Plan Marshall’ inmediato y un esfuerzo fiscal como el que hizo Japón para reparar rápido el desastre del tsunami.
Se necesita un reordenamiento del presupuesto nacional. se requiere ya del apoyo de los empresarios que han publicado un documento esperanzador sobre la paz. Se necesita de las universidades.
También se necesita de las Fuerzas Armadas, que entren a hacer carreteras terciarias. Exige que los ministerios se focalicen en estas regiones de manera integral. Que se dedique a esto el 70 por ciento de lo que se van a enterrar en politiquería en los próximos meses. Que los Pdets se centren allí.
Estamos ante una situación semejante a la de los países que reciben una agresión mayor, a la que hay que responder de inmediato, no importa el sacrificio. O reconozcamos definitivamente, para vergüenza ante el mundo, que hemos sido derrotados.
Coca: ¿aspersión, erradicación o sustitución?
Por Marisol Gómez Giraldo
El debate sobre la estrategia antidrogas está tan politizado que los protagonistas de la discusión parecen haber olvidado que el país ya experimentó todo en su lucha contra la producción, el procesamiento y el tráfico de cocaína y que nunca, en las últimas dos décadas, Colombia ha dejado de ser el primer productor mundial de esa droga.
En su lucha contra las drogas, el país llegó a tal extremo de que, en los comienzos del Plan Colombia, la cárcel de Mocoa, capital del Putumayo –el departamento con más cultivos de coca en ese entonces–, se llenó de humildes raspachines, entre ellos muchas mujeres, que fueron capturados para mostrarle resultados a Estados Unidos.
De las 37 mujeres presas que había en esa prisión en abril del 2000, 31 habían sido detenidas en los cultivos cocaleros. En la cárcel se las veía con las botas pantaneras que llevaban puestas cuando raspaban la hoja de coca.
“La cosa se puso así desde febrero, cuando comenzaron con el cuento del Plan Colombia. Por justificar un proyecto cogen a un raspachín y lo presentan como a un mafioso”, le dijo en ese entonces a esta reportera un sacerdote de Mocoa.
Hoy, 17 años después, Putumayo es el segundo departamento del país con más cultivos de coca, después de Nariño. Y Colombia, según la medición de la ONU, terminó el 2016 con 146.000 hectáreas de plantíos ilícitos, apenas 20.000 menos de las que había en el 2000. Es decir, nada ha cambiado mucho aunque durante 15 años se aplicó un ambicioso programa de aspersión aérea con glifosato.
El peso de la evidencia
Es más, un trabajo de la Universidad de los Andes coordinado por el hoy ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y por el actual secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, concluyó que “la aspersión aérea y la erradicación manual de cultivos ilícitos han sido muy costosas y poco eficaces en reducir la producción de cocaína”.
Los dos señalaron en el estudio ‘Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos’: “La evidencia científica, no la ideología, debería guiar el diseño de las políticas antidrogas”.
Y para ellos, que recopilaron diversas investigaciones sobre el tema, la evidencia muestra que la interdicción de cargamentos de cocaína y la destrucción de laboratorios es “mucho más eficaz” porque “golpea mayormente la rentabilidad del negocio y tiene, por lo tanto, un mayor poder disuasivo”.
En el 2016, por ejemplo, la Policía y las Fuerzas Militares incautaron 362 toneladas de cocaína, equivalentes al 41 por ciento de la producción potencial de esa droga en el país cada año. Además, destruyeron 4.843 laboratorios, una cifra sin precedentes.
El director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta, afirma que la experiencia de Colombia en la lucha antidrogas indica que, además de la interdicción y la destrucción de laboratorios, la mejor estrategia, entre aspersión, erradicación forzada y sustitución voluntaria de los cultivos ilegales, es esta última.
“La erradicación forzada –dice Zuleta– puede producir resultados a corto plazo, pero los campesinos terminan sembrando en otro lado”.
De hecho, miles de campesinos que hoy siembran coca en Nariño llegaron a ese departamento tras ser desplazados por las fumigaciones aéreas desde el Putumayo y Caquetá.
En cambio, la sustitución voluntaria garantiza que los cultivadores tengan ingresos mientras el Estado materializa los programas sociales y de infraestructura que las comunidades requieren para sacar sus nuevos productos a los mercados y para hacer sostenible su vida en la economía legal.
Zuleta hace énfasis en la importancia de que el programa de sustitución voluntaria tenga un acompañamiento suficiente. “El riesgo es que el Gobierne no realice las inversiones que se requieren en las zonas cocaleras”, puntualiza. Por eso han fracasado anteriores proyectos de sustitución voluntaria.
Datos versus discurso político
Acabar con una hectárea de coca mediante la sustitución voluntaria vale 36 millones de pesos, que es lo que dará el Estado a cada familia durante los dos años que dura el acompañamiento.
Mientras tanto, erradicar una hectárea de manera forzosa puede terminar costando, por la resiembra, unos 39 millones de pesos, según el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia.
Y mediante la aspersión aérea, la erradicación de una hectárea de coca vale entre 200 y 300 millones de pesos, según estimaciones del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. Todo esto sin contar el costo social.
Pero, como la lucha antidrogas está hoy atravesada por los acuerdos de paz con las Farc, y estos polarizan, el debate de los actores políticos hoy no está enfocado en determinar la estrategia más eficiente para acabar con la coca. Más bien, ellos están utilizando el tema para posicionarse de cara a las elecciones presidenciales del 2018.
El cártel de la Toga, la corrupción hasta en la Suprema Corte colombiana
Día a día se conocen nuevas evidencias sobre el escándalo político-judicial que sacude a Colombia, bautizado como “El cártel de la toga”, donde se demuestra que una verdadera pacificación no es viable sin reestructurar las corruptas instituciones del Estado, incluyendo la policía, las fuerzas armadas, el Congreso y, sobre todo, el poder judicial.
Hace una década, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo públicamente que su grupo criminal controló el 35 por ciento del Congreso. Este fue el preámbulo de lo que se conoció como “el escándalo de la parapolítica”, un eje temático que convirtió a la Corte Suprema de Justicia colombiana en una de las más prestigiosas del mundo, por llenar el pabellón Ere Sur de la cárcel de La Picota con por lo menos 60 congresistas sentenciados por sus nexos con las AUC y otros centros carcelarios con otro tanto de exgobernadores y altos funcionarios del Estado.
Pero, según la Fiscalía, para esa época comenzaba a conformarse la red de favores que hoy tiene a varios de sus magistrados –traficantes de impunidades- en la picota, ante la conmoción en las jerarquías del Estado colombiano. De acuerdo a las denuncias, algunos de los expresidentes de la Corte, como Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, integraban de un grupo que cobraba alrededor de 2.000 millones de pesos (unos 700 mil dólares) por engavetar expedientes a favor de los investigados.
Gustavo Moreno, exfiscal Anticorrupción, era el abogado cuya función era atraer clientes, y a la espera de la definición de su extradición a Estados Unidos por delitos de lavado de activos, decidió comenzar a ‘cantar’ ante la Justicia , donde explicó que algunos de los parlamentarios implicados son políticos con casos rezagados dentro del escándalo de la parapolítica, entre ellos grandes caciques electorales cuya vinculación con las autodefensas (paramilitarismo) era menos evidente y difícil de probar.
La lista de acusados por Moreno está encabezada por el senador Musa Besaile, quien logró mediante el pago de 2.000 millones de pesos que su caso fuera encajonado por el magistrado Gustavo Malo, en la Corte Suprema de Justicia. La última semana, la Corte dictó orden de captura en su contra por los delitos de cohecho y prevaricato.
Moreno señaló a la Fiscalía que algunos pagaron para que sus investigaciones fueran frenadas, archivadas o se cambiara su rumbo con el manejo de testigos y señaló como responsables a Gustavo Malo y a Leonidas Bustos, pero lo cierto es que no todos los casos estaban asignados a estos dos despachos.
Se refirió por segunda vez al caso de Luis Alfredo Ramos, mencionado en los audios de la DEA y dijo que el único dinero que recibió del exsenador fueron los 200 millones de pesos correspondientes a sus honorarios como abogado. Dijo que Bustos y Malo tenían en sus despachos magistrados auxiliares que ayudaron y apoyaron todo el actuar criminal, como Camilo Ruiz, Luz Mabel Parra (magistrada auxiliar de Bustos y hoy fiscal delegada ante la Corte) y a Raúl Acero, actual fiscal delegado ante la corte, que admitió en entrevista radial haber comprado en nombre de Bustos un automóvil BMW.
El senador Musa Besaile, por su parte, asegura que Gustavo Moreno, en nombre de los exmagistrados Ricaurte y Bustos, le pidió dinero a cambio de favorecerlo en sus procesos. Las declaraciones de Besaile hacen parte del escándalo que comenzó con las grabaciones que entregó la DEA, en las que el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador Alejandro Lyons hablaron de cómo sobornaron a Ricaurte y a Bustos para frenar procesos en contra de tres congresistas: Hernán Andrade, Musa Besaile y Luis Alfredo Ramos.
El hecho de que Besaile se declarara víctima de extorsión ha suscitado polémica, pues quien paga por un soborno a la justicia para torcer un proceso comete el delito de concusión.
Audios socializados
La última semana, Caracol Radio publicó apartes de las grabaciones telefónicas tomadas por la DEA, en las cuales se revela cómo el abogado Leonardo Pinilla alardeaba frente al gobernador Alejandro Lyons de sus contactos en la Corte Suprema y del acceso que tenía para torcer procesos que se adelantaban hace unos años en el alto tribunal.
La revista Semana, por su parte, reveló las conversaciones Alejandro Lyons y Leonardo Pinilla tuvieron en Miami. Las grabaciones de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA –obviamente con desconocimiento de la Justicia colombiana- evidenciaron la telaraña de corrupción que había en la Corte Suprema de Justicia.
Los audios publicados pertenecen a Leonidas Bustos (expresidente de la Corte Suprema de Justicia), Luis A. Ramos (excongresista y ex gobernador de Antioquia), Rodrigo Noguera (rector de la Universidad Sergio Arboleda), Musa Besaile (senador de Córdoba, máximo elector del partido de la U), Álvaro Ashton (senador del partido Liberal), Bernardo Elías (senador de Córdoba, capturado por el escándalo Oderbrecht), Francisco Ricaurte (ex Presidente de la CSJ, capturado por el escándalo del cartel de la Toga).
También fueron dados a conocer audios de Luis Ignacio Lyons (abogado, defensor del senador Besaile en caso de la parapolítica, engavetado a cambio de 2.000 millones de pesos), Hernán Andrade (senador del partido Conservador, con varias investigaciones en la Corte), Luis G. Moreno (ex Fiscal Anticorrupción, abogado de una decena de congresista ante la Corte y delator del Cartel de la Toga), Jose E. Saavedra (exdifrector del CTI de Bogotá), Zulema Jattin (exsenadora del Partido de la U, investigada por parapolítica).
A la lista se suman Raúl Acero (fiscal delegado ante el Tribunal hombre de confianza de Leonidas Bustos), Germán Olano (excongresista del Partido Liberal, destituido por la Procuraduría dentro del escándalo del Cartel de la Contratación), José A. Génecco (senador del Partido de la U), Turco Hilsaca (rico empresario de la Costa, financista de campañas políticas, con fuertes nexos con los paramilitares).
También se presentan audios incriminatorios de varios magistrados de la Sala Penal de la CSJ -Patricia Salazar, Gustavo Malo (miembro del Cartel de la Toga), Eider Patiño , José Luis Barceló (actual presidente de la Sala), Luis G. Salazar, y Fernando Castro (abogado de confianza del zar de las esmeraldas Víctor Carranza), José Jaime Pareja (exsecretario de Salud de Córdoba), Edwin Besaile (actual gobernador de Córdoba, hermano del prófugo Musa), junto a María González (exmagistrada de la CSJ),
Cierran la nómina, Daniel Díaz (fiscal anticorrupción de Córdoba, capturado por desviar el proceso del cartel de la hemofilia para beneficiar a los implicados), Roberto Tirado (exsecretario general de la gobernación de Córdoba) y Yoicerver Marruco (fiscal en el caso del cartel de la hemofilia en Córdoba).
Los audios entregados por la DEA a la justicia colombiana motivaron una compulsa de copias en contra de los magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. La investigación se encuentra ahora en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El programa radial Hora 20 reveló la transcripción de apartes de las conversaciones entre ambos hombres sobre cómo se podría llegar a influir en las decisiones de la justicia. En una de estas, por ejemplo, Pinilla le dice a Lyons que “Leonidas Bustos me decía que no se iba a arriesgar por poco dinero”. Semana amplía en su edición del domingo 8 de octubre la información y suministra los audios de xxx implicados en el escándalo.
En los apartes, se refieren a los procesos que el fiscal Néstor Humberto Martínez mencionó en la rueda de prensa en la que hizo públicas las investigaciones. Lyons relata el supuesto gusto de Gustavo Moreno por los automóviles. Pinilla le contesta que el exfiscal anticorrupción en un comienzo de su vida profesional no tenía auto, y que después de andar en taxi se compró una camioneta Journey.
Relata que después el vehículo “se lo regalaron a Cristina, la mujer (de Bustos). Usted coge ese carro, me pagan a mí… son carros nuevos, así que a los dos meses exactos compró una Prado y vino Leonidas (Bustos) y le regaló el apartamento. Gustavo venga acá, venga a buscarme, ese man llegó a buscarme allá, no joda, se le salían las lágrimas, ese día pagué su apartamento y así empezaron los dos, llegó lo de Andrade 2.300, lo de Musa fueron 3000 y lo de Luis Alfredo mil y pico».
Difícil hablar de paz y justicia en Colombia, donde instituciones policiales y militares siguen reprimiendo y agrediendo a campesinos en defensa de terratenientes y narcotraficantes, mientras los supremos magistrados tejen redes de tráfico de impunidades e invisibilización de culpabilidad de políticos, parlamentarios y jueces corruptos.
Camilo Rengifo Marín es economista y docente universitario colombiano, investigador asociado al Centro latinoamericano de Análisis Estratégico
