Honduras va a las urnas en un panorama de violencia, pobreza y denuncias – Por Carla Perelló
Por Carla Perelló, de la redacción de Nodal
Las elecciones presidenciales de este domingo en Honduras están atravesadas por un contexto de violencia, pobreza, denuncias de corrupción y fraude. Algunos ejemplos de ello son las modificaciones realizadas a la Constitución para permitir la reelección presidencial –que sólo podía ser avalada por una Asamblea Constituyente-, las 28 masacres con cien víctimas reportadas entre enero y junio de este año por el Observatorio de la Violencia y un 60,9% de la población que vive en condiciones de pobreza (38,4% en la pobreza extrema), según el Instituto Nacional de Estadísticas Nacional. Pero hay más: en Honduras aún persiste el aire espeso que dejó el golpe de Estado de 2009.
En ese escenario, están habilitados 6.046.873 de hondureños y hondureñas para que asistan a las urnas. También podrán hacerlo unos 51 mil votantes que residen en el exterior, la mayoría radicados en Estados Unidos.
Nueve candidatos irán por la presidencia. Los que aparecen con más chances son el actual presidente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, que irá por la reelección; el periodista deportivo Salvador Nasralla, por la Alianza de Oposición Contra la Dictadura –una coalición entre el partido Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD)-; y el aspirante del Partido Liberal, Luis Zelaya. También se presentarán: José Alfonso Díaz Narváez por Unificación Democrática (UD); Eliseo Vallecillo por Partido Vamos; Lucas Evangelisto Aguilera Pineda por el Partido Demócrata Cristiano; el exgeneral Romeo Orlando Vásquez Velázquez por el partido Alianza Patriótica Hondureña; Isaías Fonseca Aguilar por el movimiento Frente Amplio; y Marlene Elizabeth Alvarenga Castellanos por el Partido Anticorrupción (PAC).
Como la Constitución no prevé segunda vuelta, el candidato que obtenga simple mayoría de votos será electo para los próximos cuatro años, asumiendo el 27 de enero de 2018.
Además estarán en disputa las bancas de 128 diputados, 20 legisladores del Parlamento Centroamericano (Parlacen), 298 alcaldes, 198 vicealcaldes y 2092 regidores.
Para garantizar la transparencia del proceso, el Tribunal Supremo Electoral firmó un convenio de observación Electoral con la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), una organización que aglutina a más de 27 países del continente y se une al contingente de veedores del proceso. Participarán, además, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).
El artículo 239
En abril de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema derogó el artículo 239 de la Constitución, que negaba la posibilidad de reelección a la presidencia. A partir de ese momento, Juan Orlando Hernández tuvo vía libre para poder disputar el cargo del que está al frente desde 2014.
El artículo 239 de la Constitución señalaba: “Artículo 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función pública”. Por otra parte, el artículo 42 numeral 5 constitucional establece que “la calidad de ciudadano se pierde: (Omissis) 5. Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”. La Sala de lo Constitucional declara con lugar los recursos y proclama la “inaplicabilidad” de los mencionados artículos y del último párrafo del artículo 4 y parte del artículo 374, por violentar el derecho a la igualdad y a la participación política de los expresidentes de la República y por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de los diputados.
La Justicia, entonces, dio su aval a un recurso constitucional presentado por 15 diputados y el expresidente Rafael Leonardo Callejas, a pesar de que no existía la posibilidad de modificación del artículo en cuestión porque sólo podía declararse inconstitucional mediante una Asamblea Nacional Constituyente.
Los partidos políticos PAC, LIBRE y PINU (Socialdemócrata), así como otras organizaciones interpusieron diversos recursos de nulidad contra la reelección, pero la CSJ los declaró sin lugar.
Golpe de Estado
El 28 de junio de 2009 un grupo de militares secuestró de su casa al presidente Manuel Zelaya y lo llevó por la fuerza a Costa Rica. La comunidad internacional repudió los hechos, sin embargo, la democracia no pudo se restituida en el país: el Congreso decidió la destitución y la consecuente designación de Roberto Micheletti como nuevo mandatario. La razón que esgrimieron fue que Zelaya había cometido “reiteradas violaciones a la Constitución”.
Para ese año, Zelaya había propuesto una consulta popular para convocar una Asamblea Constituyente, cuyo propósito era el de modificar la Constitución de 1981. Esto fue rechazado por el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional, pero tenía consenso y apoyo de centrales obreras y de la población en general.
Para el 28 de junio, cuando se tenía prevista la consulta popular, el ejército se negó a distribuir los materiales electorales y Zelaya tuvo que importarlo de Venezuela. La situación derivó en una crisis política, que se agravó con la renuncia del ministro de Defensa y los jefes de las tres fuerzas del país.
Zelaya pudo regresar al país cuando Porfirio Lobo se erigió como nuevo presidente hondureño, en noviembre de 2009.
El asesinato de Berta Cáceres como muestra de la violencia
La trascendencia mundial del asesinato de la dirigenta social, indígena y feminista Berta Cáceres, el 3 de marzo de 2016, visibilizó aún más el alto índice de violencia que hay en el país. Para el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de ese año, describió a Honduras como “uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos”. Como ejemplo el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) reportó que entre 2014 y mayo de 2016 fueron asesinados 21 periodistas, cuyas investigaciones no fueron resueltas en su mayoría.
La lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras murió a balazos en su casa en Intibucá. En esa época, había encabezado un movimiento popular para oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica por parte de la empresa DESA en el occidente de Honduras, por su impacto ambiental y cultural en tierras históricamente habitadas por indígenas.
Un informe sobre el asesinato que realizó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) -una instancia independiente creada por la familia de Cáceres, con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales- concluyó que una red criminal integrada por directivos y empleados de la empresa hidroeléctrica hondureña Desarrollos Energéticos (DESA), agentes estatales y sicarios conspiraron desde 2015 para asesinar a Cáceres en marzo de 2016.
En noviembre de este año, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitieron un comunicado en el que “urgen al Estado de Honduras a cumplir con su obligación de asegurar que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y asegurar que los autores sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados de acuerdo con la gravedad del crimen”.
En tanto, según informa la organización Human Rights Watch, el presidente Hernández ha ampliado la intervención militar en la lucha contra los delitos violentos y en los territorios indígenas, pero esto no ha logrado contribuir la paz social, ya que según la CONADEH son usuales las denuncias contra miembros de la Policía Militar y el Ejército sobre abusos, incluidos asesinatos, secuestros, tortura, violaciones sexuales y robos.
Para el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) la tasa de homicidios decreció en comparación al año anterior, aún así, los números continúan siendo altos: entre enero y abril de 2017 se registraron 1,446 homicidios, 222 menos en comparación con el mismo periodo del año pasado. El mismo informe indica que, entre el 2015 y 2016 la tasa de homicidios se mantuvo entre los 60 y el 59.1 por cada cien mil habitantes, lo que supera el estándar normal que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes.
