Honduras: detienen a dos policías que presentaron pruebas falsas en el crimen de Berta Cáceres
La Agencia Técnica de investigación Criminal (ATIC) capturó este lunes a dos policías que habían sido asignados en la investigación del caso de la ambientalista Berta Cáceres y que presentaron pruebas falsas, después de que se conoció sobre su asesinato.
Los acusados identificados como el investigador Juan Carlos Cruz y el expolicía Miguel Arcángel Rosales, presentaron pruebas falsas para tratar de desviar las investigaciones del asesinato de la ambientalista, donde en primera instancia se afirmó que el crimen había sido por robo.
Tiempo después las investigaciones de la ATIC descartaron ese extremo, sobre todo cuando se realizó el pasado 2 de marzo la Operación “Jaguar” donde se efectuaron cuatro capturas de personas vinculadas al fatal crimen.
Entre los capturados estaba Sergio Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energéticos SA (DESA), quien contrató el servicio del mayor de las Fuerzas Armadas, Mariano Díaz, para iniciar la planificación del sangriento hecho.
A casi un año del crimen, las autoridades han realizado la captura de ocho personas vinculadas a este caso. En febrero fue detenido Oscar Aroldo Tórres, por el delito de asesinato en su grado de ejecución en perjuicio Gustavo Castro, quien acompañaba a la ambientalista cuando fue asesinada en su casa el pasado 03 de marzo del 2016 en La Esperanza, Intibucá.
El 12 de enero agentes de la ATIC viajaron al estado de Reynosa, Tamaulipas, México, para capturar a Henry Javier Hernández Rodríguez. A esta captura se suma la de Elvin Heriberto Rápalo Orellana alias “Comanche” capturado en San Pedro Sula, al norte de Honduras.
Dos meses después del crimen, las autoridades también detuvieron a Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez, Sergio Ramón Rodríguez y los hermanos Edilson Atilio y Emerson Eusebio Duarte Meza.
Con la captura de los dos policías, serían 10 los implicados en este caso, estos últimos por el delito de Inutilización de registros destinados a servir como medios de pruebas ante autoridades competentes en perjuicio de la Administración Pública.
Este delito es relacionado con las primeras investigaciones del asesinato que fueron descartadas. Actualmente, la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) indaga para conocer quiénes son los actores intelectuales de este caso.
