Ecuador: desde la cárcel, el vicepresidente Jorge Glas pide apoyo a la militancia del gobernante Alianza PAIS
GLAS PIDE A MILITANCIA DE AP QUE EXIJA PRUEBAS AL FISCAL
El vicepresidente Jorge Glas, quien cumple prisión preventiva desde el 2 de octubre por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, pidió este 12 de noviembre a la militancia de Alianza PAIS (AP) que exiga al Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, las pruebas de las acusaciones contra él.
«El show montado por el Fiscal no sólo carece de legalidad y sigue repitiendo la declaración de un corrupto confeso (José Conceiçao S. ) que busca destruirme y destruir lo que represento, sino que humilla al Ecuador entero», dijo el Segundo Mandatario en un comunicado. «El Fiscal dice que yo he recibido dinero sin probarlo».
Glas manifestó que AP como representante de la ciudadanía debe exigir al Fiscal las pruebas de sus acusaciones y que el fiscal debe responder ante el país por no acusar a José Conceiçao S. (en referencia al dictamen abstentivo que emitió el Fiscal en días pasados para 5 de los investigados).
«El país debe exigir respuestas, mientras a mí me meten preso sin justificación legal alguna, a un millonario prófugo que ha movido ilegalmente millones de dólares le levantan la orden de prisión preventiva», dijo el Vicepresidente.
Contra Jorge Glas se presentó 28 elementos de convicción, los cuales demostrarían la participación del Vicepresidente en el delito, según la Fiscalía.
El Fiscal General del Estado solicitó al juez Miguel Jurado de la Corte Nacional de Justicia que disponga el auto de llamamiento a juicio en contra de 13 procesados.
El próximo martes 14 de noviembre, a las 15:00, el juez Miguel Jurado Fabara dará a conocer si llama a juicio o no al vicepresidente Jorge Glas, Ricardo Rivera, Carlos Pólit y a los otros 10 involucrados en el ilícito.
Al interior de Alianza PAIS, miembros de la bancada identificados con el ala correísta del movimiento, expresaron que no hay puntos de consenso dentro del bloque legislativo y ratificaron su lealtad a los principios de la Revolución Ciudadana liderada por el expresidente Rafael Correa.
Les pido en mi nombre y el de mi falimilia que no desmayen, que tomen mi causa como suya. Hoy soy yo, mañana cualquiera de ustedes… [COMUNICADO]•C.M.• pic.twitter.com/tixYOu9vzr
— Jorge Glas (@JorgeGlas) 12 de noviembre de 2017
Fiscalía informará el martes si se llama a juicio a Jorge Glas
La Fiscalía General del Estado prevé que el juez Miguel Jurado, de la Corte Nacional de Justicia, revele el próximo martes, 14 de noviembre de 2017, si se llama o no a juicio al vicepresidente sin funciones, Jorge Glas, investigado dentro de la trama de presuntos sobornos de la firma Odebrecht.
Así lo indicó en un comunicado al término del cuarto día consecutivo de audiencia «evaluatoria y preparatoria» del posible juicio por el presunto delito de supuesta asociación ilícita.
«La audiencia se reinstalará el próximo martes 14 de noviembre, a las 15:00 (20:00 GMT), para que el juez Jurado Fabara dé a conocer su resolución», señala el escrito.
En la jornada, el fiscal general del Estado, Carlos Baca, rebatió uno a uno los argumentos presentados por los abogados defensores de los 13 procesados en el caso Odebrecht.
Enfatizó que la Fiscalía «no está dispuesta a hacer de este caso un show político», dice el comunicado.
«Por ello -añade- ha actuado en el marco de la Ley, con respeto al debido proceso y manteniéndose lejos de la confrontación mediática».
Este sábado, en la tercera jornada de audiencias previas a la posible apertura del juicio, Baca solicitó a Jurado «que disponga el auto de llamamiento a juicio en contra de todos los procesados por el delito de asociación ilícita», según indicó la Fiscalía en Twitter.
El jueves, la Fiscalía acusó a Glas, a su tío Ricardo Rivera y al excontralor Carlos Pólit del presunto delito de asociación ilícita, junto a otra decena de supuestos implicados en el caso Odebrecht.
El miércoles, al inicio de la instancia, la Fiscalía descartó presentar cargos contra cinco procesados, cuatro brasileños -entre ellos, José Conceicao Santos, exdirector de Odebrecht en Ecuador- y un ecuatoriano.
La trama de supuesta corrupción versa sobre cinco obras adjudicadas a la constructora brasileña, una de las mayores contratistas de Latinoamérica, por el Gobierno del expresidente Rafael Correa.
En caso de que la Corte acoja la argumentación de la Fiscalía, Glas, en prisión preventiva en una cárcel de Quito desde el pasado 2 de octubre, se convertiría en el político de más alto rango en sentarse en el banquillo de los acusados salpicado por el escándalo de corrupción de la trama Odebrecht.
Glas ha defendido siempre su inocencia y achaca su situación a una persecución política y mediática.
En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.
En el caso de Ecuador, dicho informe señala que entre 2007 y 2016 la constructora brasileña pagó sobornos por valor de más de 35,5 millones de dólares a «funcionarios del Gobierno», lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
Tres vías acorralan al segundo mandatario Jorge Glas Espinel en el caso Odebrecht
Tres escenarios se presentan en torno a Jorge Glas Espinel que lo llevarían a perder su cargo de vicepresidente de la República: lo judicial, constitucional y lo legislativo, que se enlazan y complementan entre sí.
El juicio penal que se avizora contra él como autor del delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, como lo acusa la Fiscalía, abonará al juicio político que presentó la oposición en la Asamblea Nacional y que constituye otro escenario para llevarlo a la destitución.
La otra vía se refiere a una causal para quitar la investidura contemplada en el artículo 145 de la Constitución: abandono de cargo, y que depende de la decisión del juez de mantener la orden de prisión preventiva contra Glas que supere los 90 días; ahora lleva 41 días de estar preso en la Cárcel 4.
En el Parlamento ya se debaten estos escenarios. El coordinador del bloque PSC, Henry Cucalón, considera que la destitución de Glas debería ser por la vía del juicio político, más allá de lo rápido o no que pueda ser, pero ahí se puede argumentar que cometió infracciones y delitos políticos vinculados con corrupción, pues en el caso de la destitución por abandono del cargo, su infracción o causal es simplemente de que no ha ejercido el puesto por tres meses.
El inicio del trámite para declarar en abandono del cargo del vicepresidente, agrega, puede darse a petición de cualquier asambleísta o del propio presidente Lenín Moreno, una vez que hayan pasado los tres meses que dispone la ley.
Tanto en la declaración del abandono del cargo como en el juicio político se necesita del pronunciamiento de la Corte Constitucional, cuyos plazos para el trámite no deberían superar las dos semanas, de acuerdo con el procedimiento; y en ambas vías requieren de al menos 92 votos en la Asamblea, para aprobar su cesación del cargo.
Marcela Aguiñaga, de AP, no ve pruebas suficientes para probar en un juicio político que Glas cometió peculado, concusión y cohecho; que la solicitud de la oposición carece de oportunidad, pues debió esperar la acusación fiscal y el dictamen del juez para determinar las causales de la interpelación.
Su coidearia Sofía Espín aclara que la Vicepresidencia recién podría declararse en abandono luego de cinco meses, tomando en cuenta que Glas tiene dos meses de vacaciones, y los 90 días que determina la ley.
Guillermo Celi (SUMA) también considera que el juicio político es el camino más idóneo para destituir a Glas, independientemente de que la Corte de Justicia proceda a dictar sentencia y ratifique la detención.
Señala que el escenario del abandono del cargo demanda de más tiempo, y que el proceso de juicio político debería llevarse en menos de 60 días, que es el plazo en que Glas cumpliría los 90 días de estar fuera del cargo y en la celda. Los votos de SUMA apoyarán cualquiera de las vías para destituirlo.
René Yandún, de la Bancada de Integración Nacional, insiste en que el juicio político es el más idóneo. Para Fabricio Villamar (CREO) esa también es la vía legítima, y advierte de otro escenario: el pedido que notificó la Contraloría a la Asamblea para que se destituya a Glas por responsabilidades administrativas en la adjudicación del campo Singue, que determinó glosa de $ 80 millones.
