Violencia estatal en Colombia: la Policía ataca misión humanitaria en Tumaco y asesina a periodista indígena en el Cauca
Denuncian ataque de la Policía a misión humanitaria en Tumaco, Nariño
La misión humanitaria que se encuentra en Tumaco, Nariño, verificando la masacre que se presentó esta semana, denunció que en la tarde de este domingo fueron atacados con disparos por unidades policiales, en momentos en que constataban la información de un posible cuerpo sin vida ubicado a unos 500 metros del caserío Tandil, municipio de Llorente.
Según las organizaciones, cuando estaban llegando al lugar se encontraron de frente con unidades policiales que les estaban apuntando.
“Se escuchó un tiro que pasó por tierra a dos metros de una defensora de JustaPaz, y a tres metros de un defensor de la Comisión de Justicia y Paz” explicaron en una misiva.
Igualmente, señalaron que cuando algunos de los integrantes de la misión constataron que eran apuntados gritaron «no disparen, somos civiles en una misión» y luego se escucharon tres lanza balas aturdidores para acallarlos.
A pesar de la llamada al respeto de la misión se escucharon nuevas detonaciones y los integrantes atravesaron la quebrada La Honda, para llegar al caserío El Tandil, que está cerca de la zona donde se produjo la masacre de varios campesinos el pasado jueves y que es habitado por la comunidad indígena Awa.
Por su parte, el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, señaló que desde el Gobierno Nacional se le pidió “a la Policía Nacional que dé una explicación suficiente sobre los hechos irregulares” que se han venido presentando.
“Lo que la comunidad está reportando es que en la rivera de río debe buscarse un cadáver de una persona víctima de los hechos de esta semana, la comisión se trasladaba hasta allí y se encontraron con una base del Esmad, con la que se presentó esta situación que lamentamos”, explicó Naranjo.
Igualmente, la Policía Nacional lamentó la situación y ofreció “excusas públicas a los integrantes de la comisión y reitera su disposición de colaborar con la investigación respectiva, previo aviso y coordinación interinstitucional», señalaron en un comunicado.
Asimismo, explicaron que «un grupo indeterminado de personas intentó ingresar a la fuerza por la parte posterior de la base, circunstancia que conllevó a que los uniformados activaran dos granadas de aturdimiento, que no dejaron heridos».
La misión está conformada por defensores de Derechos Humanos y promotores de paz de la CPDH, Justapaz, Conpaz, Corporación Yira Castro, Minga, Somos Defensores, Diócesis de Tumaco, y Comisión de Justicia y Paz, junto con delegados de la Personería Municipal, la Oficina del Alto Comisionada de Derechos Humanos y la MAPP OEA.
Dentro del grupo también se encontraban varios periodistas de los medios Contagioradio, El Espectador, El Tiempo y Revista Semana.
Ante estos hechos, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), expresó su rechazo a través de su cuenta de Twitter: «Exigimos explicaciones a @PoliciaColombia sobre ataque a la comisión que verificaba masacre en Tumaco, en la que había varios periodistas».
Finalmente, la misión de organizaciones civiles señaló que pretendía llegar al lugar de los hechos, para verificar, dialogar con los heridos y eventuales testigos para formular recomendaciones a las autoridades nacionales.
Asimismo, solicitaron al presidente de la República, Juan Manuel Santos, la remoción de los mandos y unidades policiales en la región y la adopción de medidas de protección inmediata para la población de Tandil.
Además, piden que el gobierno de garantías para la misión de los defensores de derechos humanos y de paz, así como para el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas.
Policía reconoce que disparó granadas de aturdimiento a periodistas y misión humanitaria en Tumaco
La Policía de Colombia dijo este domingo que «lamenta» el hostigamiento a tiros de miembros de esa institución contra una misión humanitaria de autoridades locales, ONG y periodistas que intentaban llegar hasta un lugar del municipio de Tumaco donde la semana pasada fueron asesinados seis campesinos cocaleros.
El hostigamiento, en el que también se lanzaron granadas, ocurrió este domingo en las cercanías de la aldea de Tandil, que forma parte de Tumaco, en el departamento de Nariño, una convulsa región del suroeste del país, según denunciaron los afectados.
La Policía Nacional «lamenta la situación presentada en la tarde de hoy con una comisión de derechos humanos, la Secretaría de Gobierno de Nariño y periodistas, acompañados de unos 200 campesinos, quienes llegaron hasta la base temporal de erradicación de cultivos ilícitos de la Policía Nacional y el Ejército Nacional ubicada en El Tandil (Tumaco)», afirmó la institución en un comunicado.
Comunicado a la opinión pública… pic.twitter.com/ukZJ7lE2DH
— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) 9 de octubre de 2017
El vicepresidente colombiano, Óscar Naranjo, general retirado de esa institución, de la cual fue director, dijo poco antes que la Policía debía dar «una explicación suficiente» del hostigamiento a la misión humanitaria.
Según la ONG iniciativa Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz), la misión humanitaria fue hostigada con disparos al aire y granadas.
La ONG precisó que «el ataque ocurrió a las 14.20 cuando la misión se acercaba al lugar de la masacre cometida por la Policía en jurisdicción de Tumaco» el pasado jueves, que además de los seis muertos dejó cerca de 20 heridos.
En el comunicado, la Policía afirmó que la misión humanitaria «quería ingresar a la base para verificar supuestos hechos relacionados con los lamentables sucesos del pasado jueves 5 de octubre».
«Un grupo indeterminado de personas intentó ingresar a la fuerza por la parte posterior de la base, circunstancia que conllevó a que los uniformados activaran dos granadas de aturdimiento, que no dejaron heridos», agregó el comunicado.
De la misión humanitaria formaban parte miembros de las organizaciones Justicia y Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Corporación Jurídica Yira Castro, Asociación Minga, Diálogo Intereclesial por la Paz, Somos Defensores, Conpaz y Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta.
También estaban representantes de Naciones Unidas y periodistas de los diarios El Espectador y El Tiempo, y de la Revista Semana.
Según informó el jueves el Ministerio de Defensa, fueron disidentes de las Farc quienes perpetraron la matanza de campesinos al lanzar explosivos y disparar contra miembros de la fuerza pública que escoltaban a erradicadores de matas de coca y contra una multitud congregada en el lugar para protestar contra esa labor.
El tema generó controversia debido a que el movimiento de izquierdas Marcha Patriótica culpó a la Policía del ataque y dijo que miembros de esa institución «amenazaron y dispararon de forma indiscriminada sus armas de dotación en contra de la multitud que se encontraba en el lugar».
Testimonios recogidos por la Defensoría del Pueblo también señalan como presuntos responsables del hecho a miembros de la Policía Antinarcóticos, informó ayer la entidad.
Al referirse al ataque de ayer, la Policía manifestó que «lamenta este hecho, ofrece excusas públicas a los integrantes de la comisión y reitera su disposición de colaborar con la investigación respectiva, previo aviso y coordinación interinstitucional».
La furia del ESMAD que le quitó la vida a Efigenia, periodista caucana
Efigenia Vásquez Astudillo vivía pegada a un micrófono. Se graduó de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural que tiene sede en Popayán. Su vida era estar contando o que sucedía en la región que escogió como hogar: Coconuco, en el Macizo Colombiano. Tenía 37 años.
Pero mañana los radioescuchas de Renacer Coconuco, la emisora más popular de la región, no la escucharán mañana dar las noticias. Tampoco lo harán los dos hijos. Hoy son huérfanos. El ESMAD entró a despejar una finca que tenían los indígenas ocupada, y en la refriega mataron a la periodista en la finca Aguas Tibias. No es la primera vez, y desgarradoramente para ellos y para quienes hemos trabajado con las organizaciones indígenas, no será la última.
Hace dos décadas comenzó el movimiento Liberemos a la Madre Tierra, con la que las organizaciones han determinado recuperar lo que consideran de ellos. Su argumento es que las tierras que eran baldíos, o que les habían prometido históricamente los gobiernos. Es una lucha que ha generado conflicto, pues varios de los terrenos han sido adquiridos por grandes terratenientes. Independiente de las posturas, si se está deacuerdo o no con su proceder, es inaceptable que haya muertos en los desalojos.
No solo murió Efigenia Vásquez ayer en esa arremetida del ESMAD. John Yace, que se manifestaba, está al borde de la muerte. ¿Hasta cuando? Esta es otra prueba más de una necesidad imperativa: el desmonte del ESMAD.
?| #ALERTA: A esta hora ESMAD arremete contra la comunidad indígena del Pueblo Kokonuko en Puracé, Cauca. @ONUHumanRights @luiskankui . pic.twitter.com/pNoNxgaUxB
— ONIC (@ONIC_Colombia) 8 de octubre de 2017
Fuerza pública sería partícipe de muerte de campesinos en Tumaco: Defensoría
Este domingo la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que dice que integrantes de la Fuerza Pública serían los responsables de la muerte de los seis campesinos en Tumaco, Nariño.
«Testimonios recogidos en la zona de los hechos, por una comisión humanitaria encabezada por el Vicedefensor del Pueblo, permiten inferir la presunta participación de servidores de la Policía Antinarcóticos en la muerte de seis personas», dice la entidad en el comunicado.
Tras esta conclusión, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación y al Procurador una investigación especial frente a los hechos.
Los campesinos, por su parte, afirman que acudieron a la movilización de manera voluntaria llevados por el inconformismo. Según testimonios, en esa manifestación se reunían alrededor de 1500 personas.
Comunicado de la Defensoría:
08 de octubre 2017
Ante la presunta responsabilidad de miembros de la Policía en el homicidio múltiple ocurrido en Tumaco, Defensoría del Pueblo solicita al Fiscal y al Procurador una investigación especial.
Testimonios recogidos en la zona de los hechos, por una comisión humanitaria encabezada por el Vicedefensor del Pueblo, permiten inferir la presunta participación de servidores de la Policía Antinarcóticos en la muerte de seis personas.
Los campesinos niegan la injerencia de grupos armados ilegales en el ataque y el lanzamiento de armas no convencionales como “tatucos” o cilindros bombas.
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, lamentó profundamente los hechos ocurridos el jueves 05 de octubre de 2017, en el marco de protestas por actividades de erradicación manual forzada, donde se registró la muerte violenta de al menos seis (6) personas, entre ellas dos comuneros del pueblo indígena Awá, por disparos de arma de fuego. Además, 20 personas resultaron heridas.
La Defensoría del Pueblo, de forma reiterada ha advertido los riesgos en los que se halla la población afrocolombiana, indígena y campesina del municipio de Tumaco por el accionar de los grupos armados ilegales, mediante la emisión de alertas tempranas.
Las autoridades han manifestado que la muerte de los pobladores fue causada por estructuras armadas ilegales que actúan en la zona, mientras que los habitantes de la región afirman que miembros de la Policía Nacional serían los presuntos responsables de esos homicidios.
Debido a la gravedad de los hechos y a las versiones contradictorias que circularon por los medios de comunicación, se dispuso la conformación de una comisión humanitaria encabezada por el Vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero Chacón, y el Director del Sistema de Alertas Tempranas, Mauricio Redondo Valencia, entre otros funcionarios, con el fin de que se desplazaran a la zona para verificar los hechos y brindar acompañamiento a las víctimas de ese crimen.
El viernes 6 de octubre la misión defensorial de alto nivel se desplazó a la zona rural del corregimiento de Llorente (Tumaco), para acompañar a la población civil afectada y hacer presencia en el lugar donde tuvo ocurrencia el hecho violento.
En dicho territorio se sostuvieron diálogos con las comunidades, las víctimas y miembros de la Fuerza Pública, como también se hizo verificación en el terreno donde se suscitaron los hechos. Al respecto, la misión defensorial acopió la siguiente información:
1. Los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar que acudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito– PNIS.
2. En la movilización participaban cerca de 1500 personas, de las cuales alrededor de 300 se encontraban en el lugar donde se había instalado unidades de la Policía antinarcóticos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional.
3. Los manifestantes, que provenían de las veredas Sonadora, Restrepo, Vallenato, El Divorcio, Playón y El Tandil, y algunos hacían parte del pueblo indígena Awá, aseguran que fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos.
4. Señalaron que en el momento de los hechos no hubo intervención de grupos armados ilegales (disidencias de las FARC) ni tampoco se registró el lanzamiento o activación de cilindros bomba o los denominados “tatucos”, contrario a lo informado por las autoridades.
5. La versión de la comunidad descarta la participación del Ejército Nacional en los hechos violentos y exalta el apoyo brindado en la prestación de los primeros auxilios y en la evacuación de los heridos.
6. En la visita realizada a la zona, la comisión de la Defensoría, no observó a simple vista ninguna evidencia de los efectos que genera la onda expansiva resultado de la activación de cilindros bomba, tales como cráteres, afectaciones por esquirlas, entre otros.
Con el objeto de brindar garantías a los derechos fundamentales de las víctimas y de los habitantes de las comunidades campesinas de los ríos Mira, Nulpe y Mataje, Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera y resguardos indígenas Awá, el Defensor del Pueblo formula las siguientes recomendaciones a las autoridades competentes:
– A la Fiscalía General de la Nación, adelantar una investigación eficaz, oportuna y diligente, que conduzca a esclarecer los hechos y judicializar a los responsables. Para tal fin, se recomienda que la investigación sea asumida por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos.
– A la Procuraduría General de la Nación, en virtud del poder disciplinario preferente, adelantar las investigaciones a que haya lugar para determinar si los hechos ocurridos el 5 de octubre de 2017 constituyen falta disciplinaria para alguno de los miembros de la Fuerza Pública.
– Al Director General de la Policía Nacional, rendir un informe exhaustivo y detallado a la Defensoría del Pueblo, que relacione las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos ocurridos en la vereda El Tandil.
– Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, establecer el cronograma de actividades concertado para la sustitución de cultivos de uso ilícito en la zona rural del municipio de Tumaco, en el marco del Acuerdo Colectivo de sustitución voluntaria suscrito el 4 de marzo de 2017.
– A la Unidad para la Atención a las Víctimas, brindar la ayuda humanitaria de emergencia a las personas afectadas y desarrollar las gestiones tendientes a activar la ruta de reparación integral para las víctimas directas e indirectas.
– A la Unidad Nacional de Protección, realizar los estudios de riesgos a los líderes comunales y autoridades étnicas que se encuentren en condición de amenazados e implementar planes y medidas de protección individual y colectivas.
– Al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Nariño y al municipio Tumaco, adoptar las medidas eficaces de prevención y protección con fundamento en las recomendaciones formuladas en los documentos de advertencia, tales como, la Nota de Seguimiento 015 de 2016 y los informes de riesgos número 014 y 043 de 2017.
Informe forense contradice versión del gobierno en masacre de Tumaco
Un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses divulgado este sábado en horas de la tarde, luego de la visita de verificación de esa organización, concluyó que 6 campesinos asesinados este 5 de Octubre en el corregimiento de Llorente en la vereda el El Tandíl, fueron causadas por proyectiles de alta velocidad.
PARA LA MEDICINA FORENSE UN PROYECTIL DE ALTA VELOCIDAD ES EQUIVALENTE A UN PROYECTIL DE FUSIL
El comunicado de cuatro puntos elaborado por expertos de diversas disciplinas ente ellos: odontólogos, radiólogos y médicos forenses; manifiesta “los cuerpos presentan lesiones causadas por proyectiles de alta velocidad” con lo que se desvirtua la versión de que las muertes fueron producto de un ataque con cilindros bomba ya que ninguno de los heridos presenta esquirlas según lo divulgado por Medicina legal.
Un forense consultado por Contagio Radio explica que para la medicina forense un proyectil de alta velocidad corresponde a armas largas o fusiles. De acuerdo con la explicación cuando en un informe de medicina forense ubica la definición “proyectiles de alta velocidad” se da por entendido que fue un arma tipo fusil, además se descartan armas de carga múltiple. Es decir que quedaría desmentida la versión de que las muertes se produjeron por la explosión de cilindros bomba.
LOS DISPAROS PROVIENEN DE UNA DISTANCIA MAYOR A LOS 5 METROS
Por otra parte, el punto 4 del comunicado afirma que los disparos no fueron a corta distancia, sin embargo, los forenses califican la “corta distancia” cuando hay marcas de pólvora o quemaduras, es decir que la corta distancia es lo que popularmente se conoce como “quema ropa” o menos de 5 metros de distancia explica el experto que pidió reserva de su nombre.
El experto afirma que para una persona común y corriente una distancia de 30 o 40 metros es corta, sin embargo no lo es así para la medicina forense que mide la longitud por la cantidad de partículas de pólvora u otros materiales que se impregnan en los cuerpos cuando se dispara a una distancia menor a los 5 metros.
En este aspecto los testimonios de los pobladores son claros en afirmar que incluso habían entablado una comunicación directa con la policía en el sector, es decir, estaban muy cerca. Uno de los testimonios difundidos relata que se había logrado un acuerdo de diálogo con la policía pero a la hora pactada los campesinos escucharon la orden de “disparen”.
Según lo pobladores y algunos líderes de la región, luego de este primer comunicado del Instituto de Medicina Legal queda por establecerse quién estuvo al mando de la operación militar y policial, quién dio la orden de disparar y por qué el presidente Santos y Ministro de Defensa sostuvieron la versión de un supuesto ataque con cilindros bomba.
EL COMUNICADO CONFIRMA LOS NOMBRES Y LAS EDADES DE LAS VÍCTIMAS:
Aldemar Gil Guachetá, de 25 años
Janier Usperto Cortés Mairongo, de 26 años
Nelson Chacuendo Calambas, de 29 años
Diego Escobar Dorado, de 31 años
Alfonso Taicús Taicús, de 32 años.
Jaimen Guanga Pai, de 45 años
