Tumaco y el posconflicto violento – El Espectador, Colombia
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
No deben presentarse excusas ni dilaciones: las autoridades necesitan informarle al país, lo más pronto posible, qué fue lo que sucedió en Tumaco (Nariño) la semana pasada. El enfrentamiento que dejó a seis campesinos muertos y 23 personas heridas, según las cifras oficiales, es un síntoma doloroso de un posconflicto torpe y cada vez más violento. ¿Dónde está el liderazgo para esta etapa de implementación del Acuerdo, tal vez más complicada que la negociación misma?
Los hechos son confusos. La Fuerza Pública dice que una disidencia de las Farc los atacó con cilindros bomba mientras intentaba hacer un ejercicio de erradicación forzada de cultivos de coca. Los disparos, según esa versión, fueron en defensa propia. Sin embargo, hay de por medio civiles muertos y organizaciones de derechos humanos cuestionando la versión oficial. Es cierto que hay motivos para dudar, por lo que se hace urgente una investigación que explique lo ocurrido. No puede quedar en el aire la pregunta por la responsabilidad de esta tragedia.
Dicho lo anterior, es frustrante que estos hechos se sienten como el lógico desenlace en una serie de fallas constantes en este posconflicto. La hoja de coca, unida a la incapacidad del Estado para suplir sus ausencias históricas, están creando violencias angustiantes.
Tumaco tiene 23.148 hectáreas de cultivo de hoja de coca, que representan un 16 % del total del país, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. Eso es más de todas las hectáreas cultivadas que hay en Bolivia. Lo que significa que esta es una zona roja por la presencia de narcotraficantes, nuevas bandas criminales y por el interés del Gobierno en reducir esos números de cultivos.
Que lo ocurrido la semana pasada haya sido en el marco de una protesta campesina contra la erradicación forzada dice mucho de los obstáculos para la implementación del punto del Acuerdo relacionado con el narcotráfico. ¿Estamos fallando en la planificación y aplicación de los acuerdos de sustitución? ¿Falla también la manera como se está llevando a cabo la erradicación forzosa en comunidades que se niegan a la sustitución? La evidencia nos da una respuesta afirmativa.
No puede crearse una relación de enemistad entre la Fuerza Pública y las poblaciones cocaleras. Por supuesto que los narcotraficantes van a buscar instrumentalizar a las familias que dependen de la hoja de coca para su sustento, pero eso no les quita su calidad de víctimas. En la disputa entre el Estado y las fuerzas ilegales, de nuevo los ciudadanos (campesinos, en este caso) están en la mitad del fuego, viendo cómo las promesas del posconflicto se frustran por la sangre que llevan tantos años conociendo. La pregunta, entonces, es: ¿cómo vamos a lograr que la relación entre la Fuerza Pública y estas personas sea sana, productiva y lleve a una solución pacífica?
Aquí, por cierto, no pueden lavarse las manos los miembros de las Farc. ¿Qué sucedió con su compromiso, plasmado en el Acuerdo, con la erradicación y sustitución? ¿Qué están haciendo para ayudar en la implementación, en los diálogos con las poblaciones? ¿O están esperando a que ocurran estas tragedias para explotarlas políticamente?
Tristemente, como escribió Alejandro Reyes en El Espectador, el posconflicto colombiano está mediado por la displicencia y la ausencia de un liderazgo evidente. Los resultados, que ya estamos viendo, son nefastos: la misma violencia, pero con distinto nombre. Por las víctimas de Tumaco, por todos los líderes sociales asesinados y por todos los que han sufrido el conflicto, tenemos que reaccionar. Que no se repita la historia.
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