Perú: organizaciones piden juzgar al dictador Alberto Fujimori por la esterilización forzosa en 236 mil mujeres
Nuevos elementos. Un grupo de colectivos sociales y organizaciones no gubernamentales solicitaron este martes a la Fiscalía de Perú acusar al encarcelado expresidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad al supuestamente haber esterilizado de manera forzosa a 236,000 mujeres durante su mandato.
Según un informe entregado por el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) al fiscal Luis Landa, 211,000 mujeres recibieron información incompleta sobre el proceso y las consecuencias de la ligadura de trompas, mientras que otras 25,000 mujeres no sabían que era una intervención irreversible.
Las estimaciones están basadas en el estudio “Política de esterilizaciones con información incompleta: Perú 1995-2000”, del economista Silvio Rendon, de la Universidad de Nueva York, y en otras investigaciones de Camila Gianella, del Instituto CHR Michelsen de Noruega.
Demus sostiene que su informe contiene pruebas que no habían sido consideradas hasta ahora por la Fiscalía para demostrar el carácter irregular o forzoso de las esterilizaciones, como por ejemplo el considerable número de intervenciones realizadas a mujeres menores de 25 años, analfabetas, quechuahablantes e indígenas.
De acuerdo a los datos del informe, el 11 por ciento de las mujeres esterilizadas entre 1995 y 2000 tenía menos de 25 años, edad para la que no es recomendable la ligadura de trompas como método anticonceptivo, según Demus, y el porcentaje se eleva hasta 15,6 por ciento en el caso de las mujeres quechuahablantes.
La ONG responsabilizó a Fujimori de mandar al Congreso la Ley Nacional de Población del año 1996, que despenalizaba las ligaduras de trompas y las vasectomías como método anticonceptivo, lo que permitió que solo en el año siguiente se alcanzara un pico de 100,000 esterilizaciones.
La directora de Demus, María Ysabel Cedano, explicó que “han transcurrido nueve meses y el fiscal superior Luis Landa aún no se pronuncia sobre las quejas interpuestas frente al archivo parcial de la investigación sobre el caso”.
“Existe suficiente evidencia para que el Ministerio Público denuncie y el Poder Judicial investigue y juzgue”, agregó Cedano, quien estuvo acompañada en la conferencia de prensa por un grupo de mujeres que se declaran víctimas de esterilizaciones forzosas.
Esas esterilizaciones forzosas se dieron durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.
La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272,028 operaciones de ligaduras de trompas y 22,004 vasectomías entre 1996 y 2001, casi en su totalidad a personas pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, pero se desconoce cuántas se llevaron a cabo mediante presuntos engaños y coacciones.
De esa cantidad, más de 2,000 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.
Fujimori ya cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un empresario y un periodista tras su “autogolpe” de Estado de 1992.
Procuraduría de Justicia también apeló archivo del caso de las esterilizaciones
No solo la defensa legal de las víctimas de esterilizaciones forzadas, ejecutadas en el gobierno de Alberto Fujimori, impugnó el archivamiento de este caso y pidió que un fiscal de mayor rango evalúe esta decisión y la desapruebe. También lo hizo la procuraduría del Ministerio de Justicia tanto en julio como en diciembre del año pasado cuando la fiscalía resolvió no elevar denuncia.
“La procuraduría del sector Justicia impugnó porque ellos están defendiendo al Estado por los delitos de peculado, que también se está investigando”, refirió el abogado de Demus Milton Campos.
Indicó que durante el desarrollo del programa de esterilizaciones hubo un mal uso de dinero, al destinarse recursos sin seguir los procedimientos conforme a ley.
Mencionó que este hecho se evidencia con los pagos que se hacían a los médicos por cada intervención quirúrgica, los dineros dedicados a las campañas de esterilización que emprendían, o al presupuesto de la Casa Militar de Palacio de Gobierno que disponía lo que se compraba para implementar este programa.
“En este delito el agraviado es el Estado y quien defiende esta parte de la investigación es el Ministerio de Justicia a través de su procuraduría especializada en anticorrupción. Esta procuraduría mantiene su tesis de que no puede haber excusa para no investigar estos hechos”, manifestó el abogado.
Y agregó que el manejo indiscriminado del dinero también se manifiesta en el caso de Mamérita Mestanza, fallecida a causa de la esterilización, cuyo esposo Jacinto Salazar recibió dinero del director de Salud de Cajamarca para no seguir con la denuncia. Sucedió igual con el esposo de Celia Ramos, a quien el director de Salud de Piura dio dinero para que desista. “Lo hizo, y se archivó el caso en ese momento”, dijo.
La clave
La organización Demus, que patrocina a las agraviadas, presentó importante información nueva a fin de que el fiscal Luis Landa, de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, pase el caso al Poder Judicial. La voluminosa carpeta fiscal, de entre 300 y 400 tomos, está siendo evaluada por el fiscal superior desde hace 9 meses.
