Nicaragua: el congreso de EEUU aprueba una ley que restringe los préstamos internacionales al país
Nica Act es aprobada por Cámara de Representantes de Estados Unidos
La Nica Act, que impone una serie de regulaciones a los préstamos a Nicaragua, ha sido aprobada hoy por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
La ley propone regular los préstamos de instituciones financieras internacionales al Gobierno de Nicaragua a menos que se confirmen mejoras democráticas, según han dicho los legisladores estadounidenses.
La iniciativa sostiene que busca promover en Nicaragua el estado de derecho, elecciones transparentes y garantizar las libertades fundamentales.
El pasado 27 de julio, de forma unánime, los congresistas republicanos y demócratas del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos de América ratificaron la Nica Act, con lo que la ley pasó a la Cámara de Representantes, que hoy aprobó la iniciativa.
El próximo paso sería la aprobación de la Nica Act en el Senado y, finalmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendría que sancionarla para que se convierta en ley.
En su exposición, la Nica Act aborda hechos ocurridos en Nicaragua desde 2006, cuando el gobierno de Enrique Bolaños ingresó a la Cuenta Reto del Milenio, llegando hasta 2017.
En ese período, los congresistas que promovieron la ley recuentan eventos que, a su criterio, han afectado el estado de derecho en Nicaragua.
Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua no ha reaccionado a la aprobación de la Nica Act.
En tanto, la Cámara de Comercio Americana (AmCham), anunció desde el pasado viernes que cabildea en Washington, para evitar mayores repercusiones para Nicaragua.
Congreso de los Estados Unidos aprueba la Nica Act
El proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality 2017, conocido como Nica Act, fue aprobado de modo unánime este martes en el pleno del Congreso de los Estados Unidos y pasará a debate al Senado, donde ya fue presentado por el senador Ted Cruz y cuenta con el apoyo del también senador Marco Rubio.
La ley incluso está siendo discutida en comisiones del Senado. La Nica Act pretende condicionar los préstamos que Nicaragua solicite a los organismos multilaterales y manda al Secretario de Estado a que presente un informe sobre funcionarios del gobierno del designado presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, involucrados en supuestos actos de corrupción.
La Nica Act es impulsada por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires, republicana y demócrata respectivamente, y fue propuesta con el objetivo de que Ortega restablezca la democracia en el país. De hecho, Ros-Lehtinen acaba de confirmar la información en su cuenta oficial de Twitter.
La iniciativa ha ido avanzando pese a los esfuerzos que realizan el gobierno de Ortega y la empresa privada al contratar a tres firmas de cabildeo en menos de un año en un intento de detener o suavizar el proyecto legislativo. La última empresa fue contratada por la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), que pidió al Ejecutivo de Nicaragua que se hiciera su parte con los respectivos cambios institucionales.
Ni siquiera el acuerdo entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Ortega, en el que el organismo regional se compromete a acompañar las elecciones municipales de 2017 y trabajar con la administración nicaragüense durante tres años la depuración del padrón electoral y la continuación del “perfeccionamiento” del sistema de representación política, ha logrado frenar el avance de la Nica Act.
Ortega cumplió diez años en el poder en enero de 2017, se reeligió en 2016 en una elección en la que se excluyó a la oposición y marcada finalmente por la abstención, derivada de la falta de credibilidad de las autoridades electorales, cercanas al FSLN.
Según los opositores, Ortega instauró una dinastía familiar con la designación de su esposa como vicepresidenta, Rosario Murillo. Ambos controlan todos los poderes del Estado. Ortega ha gobernado el país más tiempo que el arquitecto de la dinastía que ayudó a derrocar en 1979, Anastasio Somoza García.
Somoza García gobernó entre 1934 y 1956, cuando fue asesinado a balazos por el poeta Rigoberto López Pérez. En enero pasado, Ortega sumó 21 años detentando el poder, si se suma su administración en los años ochenta en plena guerra fría. Pero con un nuevo período presidencial, que inició en enero pasado y termina en 2022, tendrá 26 años gobernando.
Nica Act, la amenaza estadounidense a la economía de Nicaragua
La economía de Nicaragua viene dando buenos resultados tanto en términos de producción como de mejora de las condiciones sociales. El crecimiento del PIB en 2016 fue de 4,7%[1], este crecimiento se vio acompañado por un aumento tanto de las exportaciones como de las importaciones, así como del déficit comercial. Sin embargo, el crecimiento de las importaciones fue mayormente en maquinarias y equipos lo que habla de importación para inversión. La inflación alcanzó el 3,2% anual, marcando un descenso comparado con años anteriores y asegurando un incremento en el salario real. Para fines de abril de 2017 las reservas internacionales se recuperaron después de un descenso en 2016. La expectativa de crecimiento tanto para 2017 como para 2018 ronda el 4%.
Asimismo, durante los últimos 10 años no sólo se destacó el crecimiento económico sostenido del PIB, sino que también lo hicieron las políticas aplicadas para disminuir la pobreza y la desigualdad social, es decir, se trató de un crecimiento inclusivo. En 2009, la pobreza alcanzaba casi al 50% de la población, mientras que para 2016 ese número descendió al 29,6%[2]. La pobreza extrema se redujo del 14,6% al 8,3%. Si bien las cifras siguen siendo altas, la disminución de los niveles es destacable en uno de los países menos desarrollado y más pobres del continente.
A saber, estas cifras son sostenidas tanto por la fundación independiente de referencia como por el Banco Central de Nicaragua (BCN), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las calificadoras de riesgo internacionales.
Sin embargo, desde el año pasado existe una fuerte amenaza a la sostenibilidad del crecimiento y desarrollo de la economía nicaragüense y no es más que otra de las políticas injerencistas de los Estados Unidos en este país y en toda Latinoamérica.
En 2016 se aprobó en el Comité de relaciones internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pase a votación en el plenario de la ley Nicaraguan Investment Conditionality Act (más conocida como NICA Act). La ley no fue votada ese año debido al cierre del congreso por fin de año, pero en 2017 los legisladores tanto del Partido Demócrata como del Republicano volvieron a la carga. El pasado 27 de julio volvió a aprobarse el pase a votación, en el mismo Comité, una modificación de la misma ley. En este momento la ley se encuentra pendiente de votación en el plenario de ambas cámaras de representantes. De aprobarse la misma, Estados Unidos estaría bloqueando la ayuda financiera a Nicaragua en aquellas entidades donde EEUU tiene poder de veto.
En este sentido, es importante dimensionar el impacto que tendrá sobre el pueblo Nicaragüense la aprobación de esta ley. Según datos del BCN, en 2006, de los 570,1 millones de dólares que el sector público obtuvo en cooperación externa (préstamos y donaciones), 239 millones de dólares fueron desembolsados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, sumando el 51,92% del total para este sector. Según el Informe de Cooperación Externa del mismo banco[3], el 36,7% de lo que recibió el sector público el año pasado se destinó para construcción y transporte; otro 22%, para electricidad, gas y agua; el 26%, para proyectos de servicios sociales, salud y educación; 4,8% agropecuario, silvicultura y pesca; y nada más que el 5,9% para administración pública. El primer trimestre de este año, el Banco Mundial aprobó tres préstamos para financiar los siguientes proyectos: i) Mejoramiento del acceso a las zonas rurales y urbanas, (ii) Alianza para la calidad en la educación y (iii) Proyecto de financiamiento adicional para el segundo proyecto de ordenamiento territorial[4].
Hasta aquí puede contabilizarse la pérdida en términos directos de lo que significaría no contar con esos créditos, sin embargo, esto no sería todo. La caída de la calificación de las aseguradoras de riesgo y el consecuente descenso de la inversión extranjera directa sería un hecho a sumar si Estados Unidos pone las garras sobre esta economía. La inversión privada y la actividad crediticia local ya mostraron un descenso desde que esta iniciativa se puso en marcha.
En abril de este año, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció en contra de la mencionada ley, ya que la misma podría echar por tierra la cooperación existente actualmente entre dicho organismo y el Gobierno de Nicaragua para el “fortalecimiento democrático” en el país[5]. Después de esta declaración, el organismo sorpresivamente canceló la misión en Nicaragua donde iba a reunirse con organizaciones sociales y partidos políticos de la oposición. Incluso el mismo FMI ve con preocupación la aplicación de la ley y considera que tendría implicaciones negativas. Incluso el mismo FMI ve con preocupación la aplicación de la ley y considera que tendría implicaciones negativas[6].
Es necesario destacar en este sentido cuáles serían los resultados de la aplicación de esta ley que pretende castigar al país centroamericano por no contar, según la consideración estadounidense, con elecciones libres, justas y transparentes y por las condiciones de vida de la población. Por un lado, según advierte la OEA, la aprobación de la ley podría significar un retroceso en los acuerdos alcanzados por este organismo y el gobierno de Nicaragua para ser observador en las elecciones. Por otro lado, la situación económica a la que se expondría a este país iría en contra de las políticas aplicadas hasta el momento para mejorar las condiciones de vida y disminuir la pobreza. La financiación internacional, como se ha detallado anteriormente, es utilizada en gran parte para mejorar las condiciones estructurales de vida de la población e impulsar el desarrollo de la economía. En ambos casos la ley estaría provocando los efectos contrarios a los que pretende.
Bajo estas circunstancias queda clara la pretensión de Estados Unidos de desestabilizar al gobierno actual tal como lo hizo décadas antes, sin importarle los argumentos utilizados para hacerlo.
[1] Primer Informe de Coyuntura Económica 2017, FUNIDES[2] Nicaragua:Panorama General, Página Oficial Banco Mundial. http://www.bancomundial.org/es/country/nicaragua/overview
[3] Informe de Cooperación Oficial Externa 2016, Banco Central de Nicaragua. http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/semestral/cooperacion/ICOE_2.pdf
[4] Informe de Deuda Pública de Nicaragua 2do trimestre2017, Banco Central de Nicaragua. http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/trimestral/deuda/deuda_publica_2.pdf
[5] Comunicado de Prensa del 5/04/2017, Página Oficial OEA. http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-028/17
[6] “Nica Act es un Riesgo para la economía nicaragüense:FMI” 25/04/2017 Portal Forbes México.
