México: la ONU pide «investigar de manera efectiva» el motín en Nuevo León que dejó 16 muertos
ONU llama a autoridades a investigar violencia en penal de Cadereyta
Luego de condenar la riña en el penal de Cadereyta, Nuevo León, con un saldo de 16 internos fallecidos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un llamado a las autoridades de ese estado a conducirse en una investigación pronta que esclarezca los hechos.
Entre la noche del lunes y la madrugada del martes se registraron disturbios en el penal por parte de internos pertenecientes a organizaciones criminales antagónicas con un saldo de 30 heridos, horas después el gobierno anunció el control de la situación.
Al respecto, la UNDOC y la ONU-DH enfatizaron que en las autoridades recae la responsabilidad de acreditar, mediante una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, si se llevó a cabo un uso de la fuerza ajustado a la ley.
“Resulta imprescindible que se ponga fin a los brotes de violencia al interior de los centros de privación de libertad de Nuevo León, investigando de manera efectiva los hechos sucedidos con anterioridad en los penales de Topo Chico, Apodaca y en el propio Cereso de Cadereyta”, señalaron.
Mencionaron que la investigación debe ser pronta y respetuosa al debido proceso que otorgue justicia a las víctimas y a sus familiares; además precisaron que se debe garantizar que no vuelvan a ocurrir ese tipo de hechos.
“Las agencias de Naciones Unidas firmantes hacen un respetuoso recordatorio a las autoridades respecto a las obligaciones especiales que tiene el Estado mexicano en su posición de garante frente a las personas privadas de la libertad, teniendo presente lo dispuesto en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las “Reglas Mandela”, agregaron.
Fasci asume responsabilidad de fuerza letal en penal de Cadereyta
El vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, aseguró que siguió un protocolo para ordenar la fuerza letal durante los disturbios de ayer en el penal de Cadereyta, y que él fue el responsable de esa orden.
En rueda de prensa, el funcionario confirmó que van 31 heridos y 16 muertos tras la riña. Indicó que 11 de los reos fallecidos eran procesados por secuestro; y dos fallecieron calcinados.
¿Quién dio la orden de aplicar la fuerza letal?
«Hay un protocolo de seguridad en todos los penales, por eso empieza el diálogo y si falla la comunicación se les conmina, y si no entra la fuerza no letal y si falla entra la fuerza letal».
«Es un protocolo, no hay orden… Cuando traes un arma tienes que tomar la decisión de salvar la vida de alguien o te quedas como espectador… En ese sentido si quieres un responsable, yo me hago responsable (de esa orden)».
¿Dónde estaba el gobernador al momento de los disturbios?
«Aquí estaba, aquí estaba en Nuevo León, estuvo enterado de todo», respondió.
Fasci Zuazua indicó que hay déficit de custodios y sobrepoblación en los penales del estado, por lo que pidió la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Además, dijo que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón está pidiendo a la Federación los recursos ya aprobados para la ampliación de las salas.
Por su parte, el procurador general del Estado, Bernardo González Garza, reveló que están investigando a 54 personas que participaron en la riña.
Conferencia de prensa del gobierno de Nuevo León
Grave preocupación por uso de fuerza letal
Tras las declaraciones del Secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, el día de ayer, desde CADHAC vemos con gran preocupación el uso de fuerza letal por parte de las autoridades, la cual resulta inaceptable en esta situación.
El uso de la fuerza letal debe usarse únicamente en situación excepcionales de legítima defensa y bajo un análisis de proporcionalidad ante la circunstancia, según establece el artículo 21 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; ésta debe ser proporcionada, regulada humana y estrictamente necesaria, siempre como último recurso, como lo dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario de Seguridad Pública hizo mención al artículo 17 del Código Penal, éste establece las causas de justificación de cuando no eres sujeto a una pena, no obstante en este momento estamos atendiendo una situación diversa, la cual se refiere al uso de la fuerza letal por parte de las autoridades ante las personas privadas de la libertad. De manera que es necesario que las autoridades acrediten que se encontraban en situación excepcional y el uso de la fuerza letal fue el único y último recurso.
Por otro lado, reprobamos las actitudes de amenazas y hostigamiento hacia las familias que están afuera del penal por parte de autoridades. Asimismo, es urgente que se les pueda dar acceso para ingresar y ver a sus familiares, para que puedan tener la seguridad que están bien. Esto es necesario para la sociedad civil, para confirmar que lo que dice la autoridad es cierto.
Por último, nos solidarizamos con las familias que han perdido a un ser querido en estos hechos violentos e invitamos a todas aquellas que lo desean a que se acerquen para hacer un análisis de la situación, y busquemos el esclarecimiento de la misma y la reparación del daño.
¿Cómo funciona hoy la justicia penal mexicana?
En junio de 2016, se cumplió el plazo para la implementación de la reforma procesal penal en México, una reforma creada con el objetivo de mejorar la calidad de la justicia, garantizar la protección de los derechos fundamentales de las víctimas e imputados, pero también ofrecer una justicia pronta y efectiva. A más de un año de operación plena en todo el territorio nacional, el nuevo sistema ha entrado a una etapa de consolidación, en la que es indispensable evaluar el funcionamiento y los resultados del nuevo sistema para detectar áreas de oportunidad de mejora.
Sin embargo, cualquier evaluación de este tipo debe tomar en cuenta el contexto en el que ha tenido que operar el nuevo sistema. Éste está marcado por el desconocimiento generalizado y la carencia de una cultura ciudadana en torno a la reforma penal, así como por los vicios arrastrados del sistema inquisitivo mixto que, aunados a las grandes brechas de implementación, obstaculizan el quehacer institucional y ponen en peligro la consecución de los objetivos de esta reforma.
Al respecto, es importante señalar que el proceso de implementación estuvo caracterizado por una gran heterogeneidad, con experiencias locales y federales contrastantes, que derivaron en un escenario que, si bien presenta buenas prácticas y aciertos, se encuentra lejano del ideal prometido ocho años atrás. Esto se debe en parte a la falta de voluntad política que caracterizó las primeras etapas de gestación de la reforma, en las que muchas autoridades, en particular ejecutivos locales, se mostraron reticentes a invertir en uno de los proyectos más ambiciosos del último siglo como lo fue esta reforma, ya que preveían una futura contrarreforma. De hecho, derivado de estas dudas, no fue hasta el penúltimo año, es decir, 2015, cuando diez entidades federativas iniciaron con las labores de operación del sistema acusatorio.
Si bien hasta la fecha la poca información disponible demuestra que el actual sistema de justicia no ha conseguido los objetivos esperados, existen tres factores a tomar en consideración antes de evaluarlo. Primero, este nuevo procedimiento penal no ha podido operar en condiciones óptimas y existen brecha de implementación graves que hacen imposible evaluar los resultados reales de la operación. En segundo lugar, se debe considerar que un año de vigencia plena, incluso sin brechas de implementación, no es tiempo suficiente para que una reforma estructural dé resultados. Toda transformación de esta magnitud conlleva un tiempo de maduración y perfeccionamiento que el sistema acusatorio no ha tenido. Finalmente, mientras las entidades federativas e instituciones federales no cuenten con las herramientas necesarias para monitorear y evaluar la operación del sistema de justicia, seguirá sin generarse la información necesaria para determinar, con base en evidencia estadística, si la reforma al sistema de justicia fue exitosa o no.
En este contexto, en CIDAC-México Evalúa publicamos el reporte “Hallazgos 2016: Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México” donde se plantea una estrategia nacional y una serie de acciones a llevar a cabo por la autoridad para lograr establecer las bases mínimas que permitan la consolidación, a través de la creación de una instancia interinstitucional y nacional, atender los vacios y las brechas del proceso de implementación, la legislación pendiente, y la creación de mecanismos homologados de evaluación.
María Novoa – Coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa
