Los secretos de la Argentina offshore – Por Santiago O’Donnell y Tomás Lukin
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Los secretos de la Argentina offshore: punto de partida
Santiago O’Donnell|
En estos tiempos de poder blando y ciberguerra global, las megafiltraciones nunca son geopolíticamente neutras. Las que perjudican a los Estados Unidos benefician por descarte a sus rivales Rusia y China. Es el caso del llamado “Cablegate” de WikiLeaks y de los documentos sobre la vigilancia masiva a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana filtrados por el ex espía Edward Snowden. Por el contrario, la megafiltración de los denominados Panama Papers, que aquí nos ocupa, favorece a los Estados Unidos porque sus revelaciones golpean al círculo íntimo del hombre fuerte de la política rusa, Vladimir Putin, y a varios familiares y amigos cercanos de los principales jerarcas del gobierno chino, pero no toca de cerca a ningún funcionario estadounidense importante. (…)
Aunque las consecuencias y los resultados están a la vista y los perjudicados han hecho saber de quién sospechan y por qué, no conviene sacar conclusiones apresuradas sin conocer a los intermediarios. Los principales intermediarios entre la información y el consumidor son los filtradores, los medios y los periodistas. Los filtradores, conocidos o anónimos, en los tres episodios mencionados dijeron actuar por razones altruistas y sin ningún ánimo de inclinar para uno u otro lado la balanza de poder global entre las superpotencias. Por su parte, la gran mayoría de los medios de comunicación que participaron en la difusión de las megafiltraciones se jacta de su independencia editorial, aunque ya sabemos que la objetividad pura no existe y que todos los medios son influenciables, en mayor o menor medida, por los intereses y las ideas que representan. Sin embargo, al publicar esas historias, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, los medios han demostrado estar mucho más interesados en su impacto local –esto es, el impacto en el mercado y el Estado dentro de los que se manejan–, y no tanto en las consecuencias a nivel global. Y, por último, están los periodistas. Lejos de ser jugadores pasivos o meros empleados o representantes de sus medios, los periodistas fueron determinantes en lo que se publicó y lo que se dejó de publicar, según el tiempo que invirtieron, los temas que buscaron priorizar y las estrategias que eligieron para relacionarse con los individuos que toman las decisiones en sus respectivas empresas. (…)
En el Cablegate y los Panama Papers –no así en el caso de Snowden– aparece un cuarto intermediario al que podríamos llamar “distribuidor”, y que también juega un rol fundamental porque es el encargado de recibir el material, proteger a la fuente, elegir a los periodistas y medios que difundirán la información y establecer las fechas de publicación. En el caso del Cablegate, el distribuidor fue WikiLeaks, un sitio web de filtraciones europeo fundado y dirigido por un matemático autodidacta australiano con pasado de hacker y okupa, llamado Julian Assange. En los Panama Papers, el distribuidor fue el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental con sede en Washington DC fundada en 1997 y financiada por fundaciones de los Estados Unidos y Europa occidental, entre las que se destaca la del inversionista y filántropo liberal y anticomunista George Soros. (…)
Los Panama Papers salieron a la luz el domingo 3 de abril de 2016, y la Argentina quedó en el centro de la escena porque el presidente Mauricio Macri era uno de los cinco mandatarios en funciones que figuraban entre los más de 11,5 millones de documentos sustraídos de Mossack Fonseca, una firma de abogados y contadores con presencia global especializada en montar negocios offshore. Los archivos fueron filtrados por una fuente anónima con pseudónimo en inglés, “John Doe”, a dos periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung, Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, a lo largo del año 2015 en tandas escalonadas. Antes del primer envío grande de información, “John Doe” sugirió que el diario se asociara a un gran medio de los Estados Unidos: “Se necesita un gran socio de habla inglesa como el The New York Times u otro medio del mismo nivel”. Entonces, los periodistas decidieron convocar al ICIJ y compartir el material de muestra que habían recibido con el entonces director ejecutivo de la institución, Gerard Ryle.
Ese periodista era quien había aportado la fuente anónima y todavía desconocida de los Offshore Leaks (2013), la primera filtración que trabajó en equipo y a nivel mundial el ICIJ sobre un directorio secreto con 2,5 millones de documentos vinculados con el mundo offshore. Los alemanes habían participado en aquel proyecto y también en Swiss Leaks (2015), la siguiente filtración del ICIJ, cuyo blanco fueron las cuentas secretas del HSBC Private Bank en Ginebra y que tuvo como filtrador a su ex empleado Hervé Falciani. Ryle aceptó entusiasmado la propuesta de colaboración que Obermaier y Obermayer le hicieron en nombre del diario alemán y convocó al mismo equipo que había trabajado en Offshore Leaks y Swiss Leaks, que incluía a periodistas del diario The Washington Post y a los medios británicos The Guardian y BBC. El ICIJ también decidió temprano en el proceso agregar dos equipos de periodistas freelance para que trabajaran específicamente los documentos de Rusia y China, con el argumento de que en esos países no había medios independientes que pudieran respaldar semejante tarea. Ese equipo se fue ampliando con la incorporación de periodistas de todo el mundo, a medida que el alcance de los documentos se extendía por todo el planeta. En medio de ese proceso también se incorporó The New York Times.
Uno de los primeros periodistas convocados por el ICIJ fue el argentino Hugo Alconada Mon del diario La Nación. El primer contacto ocurrió once meses antes de la publicación de los archivos secretos de los abogados panameños, el 5 de mayo de 2015. Los distribuidores de la megafiltración creían que existía un “ángulo argentino fuerte, mucho más que en cualquier otra historia reciente”, según le escribió al periodista Marina Walker, la directora del proyecto del ICIJ que, casualmente, también es argentina. Pero el “ángulo argentino” que había despertado el interés del ICIJ y de La Nación no tenía que ver con Macri, que por entonces estaba en medio de la campaña presidencial y ocupaba la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los primeros archivos en formato PDF que la fuente anónima compartió con el periodista Bastian Obermayer del diario alemán Süddeutsche Zeitung, o sea, los que dieron origen a los Panama Papers, estaban vinculados con la ex presidenta Cristina Kirchner.
Los documentos hablaban de la disputa entre el país y los fondos buitre. No de la pelea central en los tribunales de Nueva York, sino de una causa paralela impulsada por el fondo buitre NML Capital. El fondo encabezado por el multimillonario Paul Singer denunciaba que existía un conjunto de sociedades en Nevada, Estados Unidos, vinculadas con el empresario argentino Lázaro Báez –sindicado por los buitres como testaferro de los Kirchner–, que tendrían activos pertenecientes a la Argentina y, por lo tanto, pasibles de ser embargados. La encargada de instalar y administrar el entramado de empresas investigadas por la justicia era la subsidiaria de Mossack Fonseca en Las Vegas. Según el libro sobre los Panama Papers escrito por Obermaier y Obermayer, la demanda de NML Capital contra Mossack Fonseca y los e-mails internos acerca de cómo contestarla formaron parte del botón de muestra que “John Doe” había compartido con Obermayer mientras negociaban los términos de la filtración. La segunda muestra incluía información sobre las firmas offshore de un amigo de la infancia y presunto testaferro del presidente Vladimir Putin.
Que las dos primeras “muestras” de los Panama Papers se refieran a Kirchner y Putin puede dar una idea de la valoración que hizo la fuente de sus documentos, pero no necesariamente de su intencionalidad, mucho menos de su identidad. La historia oficial habla de un ciudadano común, cuya única intención es terminar con “el continuo aumento de la desigualdad” y la “corrupción masiva y omnipresente en la sociedad”, tal como escribió “John Doe” en su manifiesto. Entrevistado para este libro, Obermaier dijo que cree la historia de “John Doe (…) Sin embargo, ¿se puede descartar que detrás de la filtración esté la CIA u otra agencia de inteligencia? ¿Se puede descartar a Singer y a los buitres, cuando tenían miles de millones de dólares en juego y su objetivo inmediato era romper el secreto de Mossack Fonseca? ¿Se puede descartar al propio Soros?
Con el tiempo, el “ángulo argentino” mutó. La hipótesis proclamada por Singer para intentar embargar fondos se convirtió en una poderosa herramienta mediática conocida como “ruta del dinero K”. Pero los supuestos vínculos entre los fondos girados por Báez y la familia Kirchner no pudieron comprobarse con los documentos filtrados. Por otro lado, ocho meses después de iniciado el proyecto, casi tres meses antes de la fecha de publicación y dos días antes de la asunción de Macri, el periodista Iván Ruiz, del equipo de La Nación, detectó en uno de los últimos paquetes de datos filtrados por la fuente la presencia del presidente argentino en el directorio de una offshore bahameña llamada Fleg Trading. Entre uno y otro hallazgo, distintas celebridades, empresarios y políticos argentinos de ambos lados de la grieta se fueron sumando al elenco que desataría el escándalo global, demostrando una vez más la pasión argentina por la evasión y la fuga de capitales a través de los paraísos fiscales. En los casi tres meses entre el hallazgo del nombre de Macri y la fecha de publicación, tanto La Nación como otros medios internacionales tuvieron oportunidad de consultar e informar al presidente argentino lo que decían de él los archivos encontrados, tal como indica la buena práctica periodística.
Pero no todas las víctimas de los Panama Papers tuvieron la misma suerte. El primer ministro islandés Sigmundur Gunnlaugsson fue emboscado en plena entrevista televisiva. Al no tener respuestas sobre una empresa offshore que había ocultado en sus declaraciones y vendido a su esposa por el módico precio de un dólar, huyó despavorido de las cámaras y al poco tiempo, ante una ola de protestas, debió renunciar. El video rápidamente se convirtió en el ícono visual de los Panama Papers.
La primicia la tuvo La Nación, pero frente a las pasiones que despertó la investigación, Alconada Mon instó al consorcio a abrir el juego a periodistas y medios de la competencia, con el doble fin de aventar sospechas de ocultamiento de información y de forzar a su propio medio a no esconder nada o, en todo caso, lo menos posible. (…)
Más de un año después del comienzo del proyecto y de tres semanas del inicio de las publicaciones, en virtud de la sugerencia e insistencia de Alconada Mon, las recomendaciones que según Walker le llegaron de distintas fuentes y el antecedente de mi manejo periodístico cuando WikiLeaks me dio la exclusiva del Cablegate, obtuve así acceso a las bases de datos de los Panama Papers. Gracias a las dos semanas que me dio el diario para ponerme al día relevándome de otras funciones, pude quemarme las pestañas en soledad para achicar la brecha del año de ventaja que me llevaba el equipo de Alconada Mon y logré publicar información exclusiva en PáginaI12 que La Nación no había llegado a cubrir.
No “offshores” por mí, Argentina
Tomás Lukin| Si a escala global los Panama Papers permiten conocer cómo operan los intermediarios abocados al diseño de los vehículos necesarios para transitar el mundo offshore, a nivel local dejaron al descubierto la plataforma de servicios utilizada para canalizar la fuga de capitales. Característica estructural de la economía argentina a partir de la irrupción del neoliberalismo en 1976, la fuga de capitales involucra los fondos de residentes locales, tanto de origen ilícito como legal, ubicados en el exterior, esto sumado a las divisas que circulan en el país fuera del circuito formal.
La fuga de capitales es, desde entonces, un atributo permanente de la economía argentina. Hubo fuga en períodos de crecimiento y en etapas recesivas; con gobiernos populistas y con gobiernos neoliberales; en episodios de crisis internacional y en los momentos de estabilidad global; con restricciones para el acceso al mercado cambiario o con un escenario de liberalización absoluta; con déficit fiscal o con programas de ajuste del gasto; con el precio del dólar planchado o con volatilidad cambiaria; con alivio por el desendeudamiento y abundantes reservas y con inestabilidad en el frente externo. Como explican los economistas Eduardo Basualdo y Matías Kulfas, “la fuga de capitales lejos de representar un fenómeno aislado y vinculado a una ‘diversificación de inversiones’ inherente a la generalidad de agentes económicos, o a coyunturas adversas, forma parte de una lógica de acumulación cuyo origen se asocia a las transformaciones estructurales resultantes de la política económica implementada por la dictadura militar a partir de 1976. […]
La fuga de capitales locales tiene lugar cuando los residentes de una economía remiten fondos al exterior para realizar diversas inversiones y adquirir activos que pueden ser físicos o financieros. No se trata de una operatoria necesariamente ilegal (aunque presumiblemente una parte significativa podría considerarse como tal), sino de la transferencia de capital líquido hacia el exterior para realizar inversiones directas o adquirir títulos, acciones, inmuebles o efectuar depósitos bancarios. A esta forma de fuga de capitales se le agrega la salida de capitales mediante los denominados ‘precios de transferencia’ y de los ‘créditos intrafirma’”.
Existen distintas alternativas para estimar la fuga de capitales, pero todas revelan la persistencia del fenómeno. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica la denominada Posición de Inversión Internacional donde figuran los datos necesarios para realizar la versión más conservadora. A comienzos de 2017 existían 240.067 millones de dólares de argentinos en el exterior. El dato equivale aproximadamente al 35% del PBI. Estimaciones construidas por el equipo de investigación sobre fuga de capitales que funcionaba en el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), elevaban el stock fugado del país hasta los 500.000 millones de dólares, alrededor del 80% del PBI.
Contrario a la idea difundida por la mayoría de los medios, que asocia los flujos ilícitos a la corrupción gubernamental y otras actividades criminales, las fuentes principales para las maniobras financieras y comerciales abusivas son las grandes corporaciones y sus directivos, dueños de pymes, profesionales muy exitosos, celebridades y herederos de grandes fortunas. El director de la organización Global Financial Integrity, Raymond Baker, estimó que los actores económicos privados explican alrededor del 63% del total de flujos financieros ilícitos globales. El restante 37% se origina en actividades estrictamente criminales de todo tipo, y de esa porción, la corrupción gubernamental alcanza a “sólo” 3 puntos porcentuales. El monto de la “corrupción privada” canalizada a través de las prácticas abusivas disfrazadas de legalidad, que atentan contra las posibilidades de desarrollo y la estabilidad de países como la Argentina, resulta significativamente superior al vinculado con los gobiernos y políticos, pero su difusión es inversamente proporcional.
No es sorprendente, entonces, que quienes figuran con nombre y apellido entre los documentos sustraídos del estudio panameño sean exponentes de las grandes compañías, locales y extranjeras, que operan en la Argentina. Tampoco es casualidad que los apellidos y sociedades identificadas por los autores entre los Panama Papers se repitan en los distintos registros y filtraciones sobre fuga de capitales que se conocieron a lo largo de las últimas dos décadas. El recuento comienza con el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre la Fuga de Divisas en el año 2001 pero existen, al menos, otros cinco registros que dan cuenta de la intensidad y relevancia que tiene la salida de capitales a través de distintos eslabones de la red global de servicios financieros. Ellos son:
1) La denuncia del ex ejecutivo del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, presentada en 2008.
2) La lista provista por el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, sobre las personas físicas y jurídicas que compraron moneda extranjera en 2008 y 2009.
3) El listado publicado por el periodista Alfredo Zaiat de los principales 100 compradores de divisas en 2011, antes de la instalación de las medidas de control de cambio conocidas como “cepo cambiario”.
4) La denuncia presentada por la AFIP en el marco de la filtración de las cuentas bancarias a nombre de argentinos abiertas en el HSBC Private Bank de Ginebra.
5) Las evidencias ofrecidas en los Bahamas Leaks.
Durante los meses que los autores dedicaron a revisar la base de datos de los Panama Papers fue posible identificar estructuras y operaciones offshore vinculadas con más de sesenta grandes empresarios argentinos de todos los sectores económicos. Incluso las reiteradas presencias del presidente argentino, su familia y sus allegados en el mundo offshore no revelan casos de “corrupción gubernamental”. La proliferación de estructuras offshore vinculadas con el mundo Macri dan cuenta, ante todo, del comportamiento coherente y sistemático del que fuera uno de los principales grupos económicos de la Argentina durante décadas. Los detractores del mandatario podrían alegar que la presencia representa la contraparte empresarial de algún hecho de corrupción gubernamental. No se identificó información entre los Panama Papers que permita sostener tal afirmación. Sin embargo, como analizaremos en los próximos capítulos, parece irrefutable que la presencia del apellido Macri en la megafiltración está directamente asociada a dos actividades: los negocios del Grupo Socma, donde el mandatario argentino cumplió un rol prominente, y la administración de la fortuna familiar.
La misma lógica que explica la presencia de Macri es extensiva a la mayoría de los miembros del Poder Ejecutivo Nacional mencionados en los Panama Papers o identificados en bases alternativas, como Opencorporates.com y el Registro Público de Panamá. Tiene sentido. Tres de cada diez de los funcionarios jerárquicos reclutados para conformar el gabinete inicial de Cambiemos a partir del 10 de diciembre de 2015 ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado. Una investigación del Observatorio de las Elites Argentinas perteneciente al Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín expuso que fueron 114 los ejecutivos de las principales compañías y estudios de abogados de la Argentina que ocuparon alguno de los 367 cargos de ministro, secretario y subsecretario que constituyeron la estructura del Estado nacional a comienzos de la gestión macrista. La pasión por el mundo offshore no sólo es un atributo del Presidente y su Gabinete, sino que se conforma como una práctica permanente entre las grandes corporaciones y los propietarios, accionistas, directivos y gerentes de esas compañías.
(*) Santiago O’Donnell y Tomas Lukin son periodistas del diario argentino Página 12.
