La Administración Trump comanda la guerra económica contra Venezuela
La Administración Trump comanda la guerra económica contra Venezuela
Por Misión Verdad
Además de las «sanciones individuales» emitidas en julio por parte de los Estados Unidos contra 13 altos funcionarios venezolanos, entre ellos autoridades militares, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ejecutivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Donald Trump impuso una medida el pasado 25 de agosto que «prohíbe realizar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal», según el comunicado de la Casa Blanca.
Golpes directos al corazón económico
La exportación de petróleo venezolano hacia EEUU bajó a menos de 500 mil barriles por día en septiembre pasado, según datos de Reuters, un 38% menos que durante el mismo mes en 2016 debido a las sanciones financieras de la Administración Trump.
La decisión de PBF Energy, importante cliente de PDVSA en EEUU, intenta empeorar la situación financiera de la estatal venezolana para complicar sus pagos de deuda en las próximas semana, superior a los 1 mil millones de dólares. Este también supone una complicación adicional a la importación de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, en una clara maniobra de guerra económica y financiera contra Venezuela, dado que su objetivo fundamental consiste en restringir los ingresos del país y su comercio internacional, además de limitar la oferta de alimentos y medicamentos con el fin de presionar un aumento en los precios.
La notificación ocurre luego de que en agosto pasado un barco tipo Suezmax Karvounis, con al menos 1 millón de barriles de petróleo pesado y proveniente de Venezuela, llevaba más de un mes varado en las costas de South West Pass (Luisiana, EEUU) porque la tripulación del tanquero esperaba por una carta de crédito de parte de un banco estadounidense para concretar la descarga.
PBF Energy, que recibiría el cargamento, había estado intentando conseguir la carta de crédito requerida para que las partes autorizaran la entrega, lo que representa un «embargo petrolero no declarado».
Una parte de la carga se despachó el 23 de agosto en Nueva Orleans, según datos de seguimiento de tanqueros de Thomson Reuters. PBF Energy finalmente aceptó prepagar la carga, eliminando la necesidad de una carta de crédito, pero no quedó claro qué pasaría con el resto del petróleo. Desde comienzos de septiembre no ha comprado crudo directamente de PDVSA, sin embargo su refinería de Chalmette en Luisiana sí ha adquirido a través de intermediarios en los últimos meses y ha aumentado sus compras a otras naciones como Colombia.
La sanción individual contra el vicepresidente de finanzas de PDVSA, Simón Zerpa, disuadió a algunas firmas de hacer negocios con la compañía, ya que muchas de las transacciones están vinculadas al departamento que dirige. Esta acción desmitifica la narrativa de que las «sanciones individuales» contra funcionarios de Gobierno impuestas por la Administración Trump no afectan directamente a la población venezolana.
Cuatro eventos en las últimas semanas confirman la agenda de asedio del Departamento del Tesoro contra la economía venezolana, utilizando las sanciones como marco jurídico y las presiones bajo cuerda como forma de ejecución del bloqueo financiero.
Hace pocas semanas, por dificultades en los sistemas de pago del país, se provocaron retrasos en la importación de etanol, aditivo fundamental para la refinación de gasolina utilizado por PDVSA en sustitución del plomo.
La petroquímica brasilera Braskem en septiembre suspendió anticipadamente un contrato de compra de nafta y gasolina natural con PDVSA, tras no alcanzarse un acuerdo para su renovación.
Otros clientes de PDVSA en EEUU, entre ellos el refinador Phillips 66, están importando menos crudo venezolano este año supuestamente por «problemas de calidad».
El legislador estadounidense por Colorado de EEUU, Mike Coffman, dijo en agosto que propondría una ley que prohibiera la importación de productos petrolíferos de Venezuela aunque «los precios suban para los consumidores estadounidenses».
Criminalizar para desmontar la economía: precedentes
El pasado 20 de septiembre, un día después del discurso de Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU, la Red de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, emitió un alerta de «corrupción generalizada» que impone un conjunto de pasos para fiscalizar que los pagos externos de Venezuela no tengan «orígenes ilegales».
Mecanismos como las «banderas rojas» están destinados a retrasar operaciones de empresas estatales (así como sus funcionarios) como el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), Suministros Venezolanos Industriales, CA (Suvinca), el Banco de Comercio Exterior (Bancoex), la Compañía Nacional de Teléfonos (Cantv), la Corporación Eléctrica (Corpoelec), Banco Económico y Social de Venezuela (Bandes) y entidades estatales similares con el pretexto de que «pueden tratar de utilizar el sistema financiero estadounidense para trasladar u ocultar el producto de la corrupción pública» y que sus funcionarios «pueden tratar de canalizar los ingresos ilícitos a través de empresas estatales menos conocidas o recién creadas o empresas afiliadas».
Es importante destacar que ni la FinCEN ni el Departamento del Tesoro han mostrado pruebas sólidas que sustenten sus acciones contra Venezuela, en una clara señal de que actúan políticamente buscando socavar las bases económicas y financieras del Estado venezolano.
Costos económicos a dos bandas
La administración Trump traslada a la población estadounidense parte de los costo de sus acciones contra el petróleo venezolano, mientras estas repercuten sobre las condiciones económicas y sociales del país influyendo negativamente en el precio de los combustibles. Venezuela es el tercer proveedor de petróleo de EEUU después de Arabia Saudita y Canadá. Cubre el 9% del mercado de hidrocarburos.
Más de 90% de los ingresos por exportación de Venezuela depende de las ventas de petróleo, sin embargo, la caída de los precios del barril en los mercados internacionales y el bloqueo financiero de EEUU han agudizado impedido enfrentar recuperar ingresos para la recuperación económica nacional. De ahí que se experimente una elevada inflación y escasez de productos básicos porque el Estado dispone de menos recursos para importarlos.
Según ha informado la economista Pascualina Curcio, el 61% de las importaciones en Venezuela proviene de EEUU y de países que se han prestado en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) a las agresiones políticas y económicas contra Venezuela, articulados en el Grupo de Lima. .
Del total de los medicamentos que Venezuela importa, el 37% proviene de EEUU, seguido por México con el 15%, el 13% de Alemania, el 12% de Colombia. En cuanto a los alimentos, si bien en Venezuela se produce el 88% de lo que se consume, el 12% restante que es importado proviene en un 37% de EEUU, 36% de Colombia, 11% de Argentina, 8% de México.
Para sus maniobras de guerra económica internacional, la Administración Trump necesitaba construir una coalición de acompañamiento para ampliar su alcance, por lo que este bloque regional ad hoc es fundamental en la gestión del asedio financiero a escala regional contra Venezuela.
Los retrasos y bloqueos en los pagos internacionales del país, sumados a las agresiones financieras en ascenso contra PDVSA, buscan fabricar un situación de default en los próximos meses que posibiliten un embargo de activos e ingresos petroleros de Venezuela, agudizando los problemas económicos internos del país. Sin embargo, en el mediano plazo, estas maniobras de guerra financiera intentan prolongar indefinidamente las economías paralelas (contrabando, bachaqueo, etc.) y el ciclo de recesión y altos precios con el fin de depredar las bases económicas de Venezuela, limitando sus capacidades de recuperación y la estabilidad política.
