Guatemala: Comisión de la ONU contra la impunidad pide una serie de reformas jurídicas e institucionales
CICIG prepara paquete de reformas para prevenir cooptación del Estado
Una ovación de más de un minuto resonó en la sede central del Ministerio Público (MP), cuando el comisionado Iván Velásquez subió al podio para rendir su informe de labores en el décimo año de la CICIG en Guatemala. El momento fue “profundamente emocionante”, en las actuales circunstancias, dijo el funcionario de Naciones Unidas, ante el público que le escuchaba de pie.
El lunes, Velásquez fue notificado de la revocatoria de la visa oficial para permanecer en el país, asunto al que expresó no darle demasiada importancia. Mientras, Migración confirmó que el permiso tiene vigencia hasta el 18 de octubre.
“Pueden tener la certeza que este aplauso siempre permanecerá en mi mente y en mi corazón”, dijo el Comisionado, aún entre aplausos y, enseguida, comenzó a describir algunas de las acciones ejecutadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) durante el último año.
Las investigaciones de actos de corrupción, como los casos por financiamiento electoral ilícito durante la campaña 2015 y el llamado Construcción y Corrupción; el fortalecimiento de las capacidades en las institucionales nacionales especializadas en investigación criminal; y, la propuesta de reformas legales y constitucionales, son algunos de los logros que destacó Velásquez.
El último tema, relacionado con la adopción de políticas públicas para erradicar los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) es una parte del mandato de la (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que aún “no es totalmente comprendido” por algunos sectores –indicó Velásquez– y que se presta a malas interpretaciones.
Pero desde hace diez años, la CICIG ha promovido reformas legales en materia de crimen organizado, lavado de dinero, entre otros, recordó Velásquez, normativas que deben modernizarse para responder al grado de captura al que ha sido sometido el Estado.
“Tanta importancia le dieron los inspirados negociadores y redactores del acuerdo de constitución de la CICIG, a la función de recomendar políticas públicas o reformas jurídicas e institucionales, que en su artículo 11, facultaron expresamente a la Organización de Naciones Unidas para terminar su cooperación con el Estado si este deja de cooperar plenamente con la CICIG de manera que obstaculice sus actividades y ven si el Estado no adopta las medidas legislativas para erradicar los CIACS”, declaró Velásquez.
Así allanó el camino para anunciar la presentación de una suerte de hoja de ruta para prevenir que las redes político-económicas ilícitas capturen al Estado.
Reformas necesarias
El informe sobre políticas públicas, dijo Velásquez, incluirá reformas jurídicas e institucionales necesarias para prevenir la reaparición de los CIACS, entre estas, la reforma constitucional del sector justicia y de los órganos de control como la Contraloría General de Cuentas; y, la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
También se promoverá la reforma a las leyes de Compras y Contrataciones; del Servicio Civil; de Amparo y Exhibición Personal; y la que regula el Antejuicio, detalló el jefe de la CICIG. También se refirió a cambios en el Sistema Penitenciario y el fortalecimiento de las carreras profesionales.
Asimismo, adelantó la revisión del modelo de funcionamiento de las facultades de Derecho y del ejercicio profesional de la abogacía, así como la recomendación de un “completo y estricto régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés de los servidores públicos, que incluya la inhabilitación permanente cuando cometen delitos contra el patrimonio del Estado”, precisó el comisionado.
¿Sin apoyo del Presidente?
Al final del acto público, se indagó sobre la ausencia del mandatario Jimmy Morales. “El señor Presidente había sido, naturalmente, invitado a acompañarnos a esta presentación. No sé las razones de la ausencia”, manifestó Velásquez.
A partir del desaire de Morales, se inquirió a los funcionarios sobre el reto que supone promover cambios legales sin contar con apoyo presidencial.
De ser así, el vacío “lo suplimos con la voluntad absoluta que tenemos de ejercer nuestro trabajo”, expresó la fiscal general Thelma Aldana. “Tenemos una excelente comunicación con el presidente del Congreso y con la junta directiva; con la Corte Suprema de Justicia, con el presidente en funciones y el electo; con las entidades del Estado; con la sociedad guatemalteca; con la prensa; con la comunidad internacional”, listó la funcionaria.
El presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, manifestó que hay voluntad de empujar los cambios y llamó a pasar la página relacionada con los decretos llamados Pacto de Impunidad, que ya se archivaron de forma definitiva.
“Creo que sí vale la pena pasar la página, pero también dar muestras claras de parte de todo el Congreso, en pleno, para fortalecer la legislación”, puntualizó Aldana.
La Fiscal General y el jefe de la CICIG reiteraron la importancia de fortalecer la legislación y las instituciones. Velásquez, visiblemente sereno, indicó que ayer se inició con un nuevo trámite para obtener la visa oficial en el país.
Se mantiene coordinación
En su discurso, la Fiscal General no mencionó el apoyo del Ministerio de Gobernación (Mingob), como lo ha expresado en otras actividades públicas. Al consultarle sobre posibles fracturas, manifestó que se pronunció en el marco de diez años de trabajo conjunto del MP y CICIG. Con relación a la cartera del Interior, expresó: “Mantenemos comunicación y coordinación estrecha con el Mingob, al igual que con el Inacif, y otras instituciones”.
“Nos sentimos acompañados y nos sentimos fuertes” dijo Thelma Aldana, fiscal general, al consultar sobre la potencial falta de apoyo del Presidente.
92.86 es la impunidad total en Guatemala, en 2008 era 96.4, según la CICIG.
CSJ conocerá este miércoles el antejuicio contra Jimmy Morales
Ya han pasado 13 días desde que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero presentara el expediente de solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por el tema de los bonos que recibía del Ejército.
Por su parte, el presidente saliente del Organismo Judicial, Nery Medina, anunció que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia lo podría conocer este miércoles.
«Estimamos que se conozca en la sesión ordinaria de mañana», indicó.
Además, Medina recordó que antes de que el expediente llegue al pleno, pasa por la Cámara de Amparos y Antejuicios.
La investigación
El antejuicio fue presentado por la posibilidad de que el mandatario haya incurrido en enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad al percibir mensualmente un sobresueldo de 50 mil quetzales.
Este es el segundo intento de retiro de la inmunidad del Presidente después de que el Ministerio Público y la Comisión contra la Impunidad lo intentaran para poder investigar un supuesto financiamiento electoral ilícito de la campaña del Frente de Convergencia Nacional.
