Grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU pide a Chile desistir del uso de la Ley Antiterrorista contra mapuches
La FIDH pide a Chile desistir del uso de la Ley Antiterrorista contra mapuches
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió este viernes al Gobierno de Chile que desista de aplicar la ley antiterrorista contra miembros del pueblo mapuche, juzgados como presuntos autores de atentados en el sur del país.
Los procesos judiciales en el marco terrorista “terminan frecuentemente en absolución, y generan graves consecuencias en los mapuches, en sus líderes y autoridades religiosas, por prisiones preventivas prolongadas y privación de libertad”, afirmó en una rueda de prensa en Temuco el abogado argentino Matías Duarte.
La FIDH envió a Chile una misión de observación “de urgencia” esta semana, motivada por el aumento del uso de la ley antiterrorista por el Estado chileno para “perseguir” a mapuches, con 23 comuneros imputados por ataques incendiarios, uno con resultado de muerte, y asociación ilícita.
Duarte aseguró que los procedimientos penales en gobiernos democráticos deben ser “claros y justos”, por lo que preocupa la falta de una “perspectiva cultural y de género” en las situaciones ocurridas en Chile.
El organismo se mostró consternado por la denominada Operación Huracán, que hace algunas semanas derivó en el arresto “violento” de ocho comuneros, por la aparente comisión de incendios en la sureña región de La Araucanía, que se investigan mientras cumplen prisión preventiva.
La FIDH sigue además de cerca el juicio contra once mapuches acusados del incendio en el que dieron muerte al matrimonio septuagenario Luchsinger-Mackay en 2013, así como la huelga de hambre que protagonizaron otros cuatro comuneros por más de 110 días, imputados por quemar una iglesia evangélica en 2016.
En esta línea, la FIDH y el Observatorio Ciudadano chileno demandaron hoy al Gobierno “garantizar el respeto a los derechos de los enjuiciados, a la presunción de inocencia y a un juicio justo“, celebrado en un plazo de tiempo “razonable”.
También condenaron el uso “abusivo y desproporcionado” de la violencia en contra de mapuches, incluidos niños, mujeres y ancianos, por parte de la policía, que consideran “una práctica reiterada”, sancionada por tribunales internacionales.
Llamaron además a respetar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la diferenciación entre los pueblos indígenas y la población general, de acuerdo con su identidad cultural.
Asimismo, pidieron al Ejecutivo asumir obligaciones contraídas al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las declaraciones de la ONU sobre derechos indígenas, en línea con peticiones territoriales, de reconocimiento y de paz del pueblo mapuche.
Esto, “en vez de privilegiar la política criminal y policial para perseguir presuntos delitos que puedan cometerse en el contexto de la protesta social mapuche”, concluyó la FIDH, que integra 178 organizaciones de derechos humanos en más de 122 países.
Expertos de la ONU piden que Chile no use Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche
Un llamado a las autoridades chilenas a que se abstengan de juzgar a comuneros mapuche con la aplicación de la Ley Antiterrorista, formuló desde Ginebra un panel de relatores especiales de las Naciones Unidas. El objetivo de la petición se relaciona con la situación procesal de cuatro miembros de la comunidad mapuche que fueron arrestados en junio de 2016 acusados por incendios y desde entonces permanecen en prisión preventiva.
“Los cargos en contra de estos individuos deben ser revisados con urgencia y se les deben brindar las garantías de un juicio justo, propias del sistema de justicia ordinaria”, dijeron los expertos de la ONU Victoria Tauli–Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; José Antonio Guevara Bermúdez, Presidente Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
Los especialistas que forman parte de lo que se conoce como Los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos también dijeron que “los miembros de la comunidad indígena han sido privados de su libertad por 16 meses. La Ley Antiterrorista no ofrece las garantías necesarias para un juicio justo, mientras que su uso pone en riesgo la estigmatización de las comunidades indígenas. Además, pone en duda el derecho a la presunción de inocencia de los acusados”.
Por ello “instamos a Chile a que se abstenga de usar la Ley Antiterrorista para lidiar con hechos ocurridos en el contexto de protestas sociales de los mapuches, que buscan reclamar por sus derechos”, añadieron, para enseguida poner énfasis en que la legislación contra el terrorismo debe ser redactada de manera precisa para asegurar que esta solo sea aplicada a situaciones que verdaderamente amenacen la seguridad nacional.
“La Ley Antiterrorista debe ser revisada para evitar conceptos jurídicos indeterminados, pues ellos permiten su aplicación a situaciones que deben ser reguladas por el sistema de justicia ordinaria”, puntualizaron y agregaron que “la aplicación de legislación antiterrorista debilita la posibilidad de un juicio justo y hace menos probable que la verdad de lo sucedido sea esclarecida”.
No es primera vez que un grupo de trabajo de la ONU recomiende a Chile la no aplicación de la Ley Antiterrorista a la comunidad mapuche, particularmente por las vulneraciones a los derechos humanos que conlleva el uso de esta legislación.
Instituto Nacional de Derechos Humanos
Comuneros que estuvieron en huelga de hambre regresaron a hospital de Nueva Imperial
Gendarmería trasladó nuevamente a los cuatro comuneros mapuche vinculados a la quema de iglesias en Padre Las Casas al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, tras una decisión tomada por el Juzgado de Garantía de Temuco.
Tras la prolongada huelga de hambre que se extendió por 116 días, los comuneros recibían atención médica alternativa por parte de un machi en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, desde donde fueron llevados a la cárcel de Temuco.
Al enterarse de este hecho, el abogado defensor Humberto Serri explicó que «con 100 días de huelga la salud se deteriora en un estado bastante avanzado. En virtud de aquello llamé por teléfono al magistrado de turno y él me señaló que estaba resolviendo precisamente las peticiones tanto de la defensa particular como de la defensa pública, ordenando el inmediato traslado al Hospital Intercultural de Nueva Imperial».
Además, se citó a «una audiencia con caracter de urgente en horas de la mañana, donde se van a pedir estos oficios y se va a discutir sobre la permanencia o no en dicho hospital».
La decisión se tomó en base a que los defensores no fueron informados y que el machi indicó que no había otorgado el alta médica a los comuneros.
