Ecuador: si la consulta popular de Moreno es respaldada, los acusados de corrupción perderían tres derechos
Si la consulta popular del mandatario Lenín Moreno tiene respaldo, los ecuatorianos sentenciados por diez delitos penales relacionados con casos de corrupción perderán tres derechos: el de postular a un cargo de elección popular, o de servicio público, de contratar con el Estado, y los de participación.
Moreno quiere preguntar si se está de acuerdo con enmendar la Constitución vigente para que los condenados por actos de corrupción sean inhabilitados para participar en la vida política del país, y la pérdida de sus bienes.
De aprobarse, se reformarán ocho artículos de leyes como el Código de la Democracia, de Servicio Público, y el Código Integral Penal (COIP).
Y la Carta Política en su artículo 233 mantendrá los dos primeros párrafos, y agregará un tercero para que los sentenciados por peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada no puedan ejercer cargos de elección popular, cargos públicos, contratar con el Estado, y perderán sus derechos de participación.
Según estadísticas del 2016 de la Contraloría, se aprobaron 3.420 informes en los que se “predeterminaron responsabilidades civiles y administrativas” por $ 1.451’289.661.
En el caso de indicios con responsabilidad penal, hay 265 informes.
El exprocurador Gustavo Medina valora como ‘positiva’ la iniciativa para “conseguir la moral pública”. Pero cree que debe aprobarse una legislación secundaria para la recuperación de los bienes o recursos de los sentenciados.
Mauro Terán, exjuez nacional, opina que debe “pensarse en la muerte civil” para que sea una “insolvencia vitalicia”.
Propone la aprobación de una Ley de Extinción de Dominio, que es una propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para que “quien no pueda demostrar el origen lícito de un bien, lo pierda y vaya al Estado”.
Moreno se reunió el mes pasado con el secretario de la ONU, Antonio Guterres, para definir la cooperación en la lucha anticorrupción.
José Alomía, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, advierte que para generar las reformas legales deberán revisarse incluso tratados internacionales de derechos humanos. “…Porque se planteará si una persona tiene o no igualdad de derechos, si tiene derecho o no a rehabilitarse, a una segunda oportunidad…”.
Propuestas internacionales
Pedido a la ONU
En el pedido dirigido a la Corte Constitucional, Lenín Moreno recuerda que la Convención de las Naciones Unidas pide adoptar mecanismos para luchar contra la corrupción.
OEA plantea precisiones
La Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó definir en el Código Orgánico Integral Penal qué es un “servidor público”.
