Informe revela que la implementación del Acuerdo de Paz sólo avanzó el 18%
El precario balance de la implementación del Acuerdo de Paz
Un informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz revela que el proceso apenas ha avanzado en un 18%. Y concluye que salvar lo pactado requiere del liderazgo del presidente Santos y la participación decidida de la sociedad, en la convocatoria a un “Acuerdo Político Nacional” que involucre a las fuerzas políticas y sociales del país, incluidos quienes aspiran a la Presidencia.
Transcurridos los primeros diez meses desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el Estado colombiano y las Farc, el balance de la implementación es precario. A 59 días de la fecha límite para el trámite de normas por la vía rápida (“fast track”), es preocupante la lentitud o negativa de avanzar del Congreso de la República en asuntos sustanciales del Acuerdo como la Justicia Especial para la Paz (JEP), la reforma política, las circunscripciones especiales de paz, la reforma rural integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Es, en resumen, la conclusión que entrega el cuarto informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP), en el que se establece que dicho proceso de implementación solo alcanza un 18%, con una característica especifica: el estado actual tiene que ver más con los puntos de dejación de armas y la conversión de las Farc en partido político, y en menor proporción con los temas de reforma política, y los puntos referidos a derechos sociales y económicos de las comunidades rurales en las zonas del conflicto.
Es decir, la implementación del Acuerdo de Paz con la guerrilla va mal, pese a que el cese bilateral del fuego y hostilidades significó una reducción de las acciones ofensivas y de combates con participación directa de las Farc, que permitieron salvar vidas humanas y disminuir a la mínima expresión los casos de personas heridas. Según el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), Colombia pasó de 867 acciones armadas atribuidas a las Farc en 2007, a 13 en 2016 y no hay reporte de acciones en 2017.
El informe califica como relevante la participación de las Naciones Unidas como tercera parte garante de la implementación. Así mismo, dice que es positiva la participación de las comunidades en las zonas del posconflicto y de la sociedad civil en la vigilancia ciudadana para exigir la implementación de lo pactado y apropiarse de los puntos que tienen relación con la realización de derechos políticos, económicos y sociales postergados.
Sin embargo, en temas puntuales, el Observatorio llama la atención sobre el lento avance de la aprobación y ejecución de las normas necesarias de los puntos que tienen que ver con la Reforma Rural Integral y a la Sustitución de Cultivos. Y revela que desde marzo de 2017, es decir hace casi siete meses, fueron radicados en el Congreso los proyectos de ley referentes al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y el de Adecuación de Tierras, que aún no pasan por los debates de plenarias de Cámara y Senado, pese a que se supone que el “fast track” debe agilizar dicho trámite.
A eso se suma, dice el informe, la incertidumbre que viven las comunidades cocaleras, evidenciado en las manifestaciones ocurridas en la región del Catatumbo entre el 16 y el 21 de septiembre. «A pesar de que el pasado 28 de enero, en Tibú (Norte de Santander), el Gobierno Nacional junto con las Farc y los presidentes de la Juntas de Acción Comunal de Caño Indio, Chiquinquirá, El Progreso 2 y Palmeras Mirador, firmaron un acuerdo de sustitución de cultivos, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas anunció la erradicación forzada de cultivos ilícitos en la región. Posteriormente, la Fuerza Pública hizo presencia en el territorio con este objetivo, en una clara muestra de descoordinación institucional, que evidencia una doble política poniendo en situación de vulnerabilidad a las comunidades cocaleras».
En cuanto a la implementación del punto dos (Participación Política), asegura que es igualmente objeto de dilación en el Congreso. “Los proyectos de Reforma Política y de Circunscripciones Especiales de Paz se encuentran actualmente estancados en la Cámara. La ponencia ante la Comisión Primera del proyecto de Circunscripciones comprende al menos tres modificaciones que desvirtúan no solo el espíritu del Acuerdo Final, sino también el principio de fortalecer la representación de las víctimas en el Congreso. En primer lugar, busca excluir todas sus cabeceras municipales, excluyendo así los habitantes de ciudades como Bojayá, Guapi, Mapiripán. En segundo lugar, se exige la certificación de la Unidad de Víctimas a las candidaturas, excluyendo así a víctimas que nunca se registraron por diversos motivos. Y se excluyó de la ponencia la exigencia de paridad de género explícita en el Acuerdo Final”, refiere el documento.
Y en los asuntos referidos a las víctimas (punto 5), consideradas el centro del Acuerdo, señala que avanza en asuntos como la constitución del tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad Especial para la búsqueda de personas Desaparecidas, pero presenta mínimo desarrollo en las medidas para la reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición. Y hace alusión a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyos magistrados fueron recientemente seleccionados.
“Aún se requiere una ley Estatutaria que regule el funcionamiento de esta justicia transicional y los pronunciamientos del partido Cambio Radical, además de la oposición del Centro Democrático, crean un ambiente de incertidumbre en torno a la aprobación de esta norma necesaria para garantizar la creación del Sistema de Verdad Justicia y Reparación que se requiere para los próximos años de la aplicación del Acuerdo Final”.
Finalmente, el informe dice que aunque el Acuerdo Final preveía la presentación de un Plan Marco durante los cuatro primeros meses de la implementación, a 2 de octubre aún no se conoce el borrador de ponencia ante el Congreso. Y subraya que una de las ausencias flagrantes ha sido la falta de información completa sobre el estado de su avance que corresponde a incumplimientos de los compromisos de pedagogía de paz y de información y transparencia. Igualmente se llama la atención sobre el respeto de los enfoques diferenciales de género y étnico, que no se han dado en todo este tiempo.
En sus conclusiones, el informe advierte que incumplir el Acuerdo Final “parece ser una estrategia en la que confluyen poderosas fuerzas dentro del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y movimientos políticos que ahora se alinean en contra de su implementación. Frenar la implementación del Acuerdo o cambiar lo acordado, respondiendo al cálculo de que las Farc ya dejaron las armas y se convirtieron en partido político, es una estrategia peligrosa que le resta credibilidad al Estado dentro y fuera del país, incentiva las deserciones, pone en alerta la mesa de Quito con el Eln y envía un pésimo mensaje a las víctimas y a las comunidades en las zonas del postconflicto”.
Y agrega: “Como se advirtió con anterioridad, el desgaste del Gobierno en su último año de gestión y la iniciación temprana de la campaña electoral constituyen escenarios difíciles para la implementación y ponen de presente que, una vez más, los temas de la paz (ya negociada pero poco implementada), van a incidir en los próximos comicios. En este marco de incumplimiento, se mantiene un entorno de violencia y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos que ponen en entredicho las garantías de participación de las comunidades en la implementación del Acuerdo”.
El Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz enfatiza, por último, que salvar el Acuerdo Final de Paz requiere del liderazgo del presidente de la República en su condición de Jefe de Estado y la participación decidida de la sociedad colombiana. Ante esto, le pide al primer mandatario convocar el “Acuerdo Político Nacional” contemplado en el Acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón, que llamar a todos los poderes del Estado, a las fuerzas políticas y sociales del país, incluidas las personas que aspiran a la Presidencia, “para que no solo se comprometan a la no utilización de armas en política sino que asuman igualmente el compromiso de cumplir el Acuerdo y definir las reformas y ajustes necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”.
Farc denuncia amenazas contra exguerrilleros y pide protección
La exguerrilla y ahora partido Farc denunció el lunes amenazas de muerte contra sus militantes por presuntos grupos de ultraderecha, y urgió al gobierno con el que firmó la paz a tomar medidas.
Desde que suscribió el acuerdo que condujo a su desarme y transformación en fuerza política, en noviembre de 2016, han sido asesinados 25 personas próximas a los rebeldes, entre excombatientes, colaboradores o familiares, dijo Carlos Lozada, líder de la organización.
En los últimos días militantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, agrupados en dos organizaciones, también recibieron amenazas de muerte a través de correos electrónicos, según Lozada.
Un grupo que se autodenomina Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estaría detrás de la campaña de intimidación.
Hasta 2006 operó en Colombia una organización bajo el mismo nombre que combatió a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas y aniquiló a cientos de campesinos en un largo historial de masacres.
Surgidas en los noventa, las AUC se desmovilizaron tras un acuerdo con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
La Farc ha insistido en que los paramilitares siguen activos, aunque el gobierno lo niega y reconoce, en cambio, la exitencia de bandas narcotraficantes sin orientación ideológica.
«Exigimos al Gobierno Nacional, plenas garantías para que en el marco de los acuerdos de paz firmados, estas amenazas no queden en la impunidad», expresó Lozada.
Al mismo tiempo pidió una reunión extraordinaria con las autoridades pertinentes para analizar la «situación de seguridad que afecta» a los exguerrilleros y sus familiares, así como en las zonas donde se concentran los excombatientes en tránsito a la vida civil.
Lozada también llamó al expresidente de Uruguay José Mujica y al ex jefe del gobierno español, Felipe González, verificadores del acuerdo de paz, a que tomen nota de sus denuncias.
El acuerdo con la organización comunista permitió el desarme de unos 7.000 excombatientes.
Aunque era el grupo alzado en armas con más poder, todavía siguen activas otras agrupaciones que también actúan en el marco del prolongado conflicto colombiano que deja 7,5 millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados.
Farc pedirán a Europa mirar implementación
Durante la audiencia pública que se realizó en el Congreso sobre la implementación de los acuerdos firmados por el Gobierno y las Farc, Iván Márquez, uno de los líderes de ese grupo exguerrillero aseguró que “elevarán a la oficina jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la pregunta sobre cuál es el alcance de los acuerdos especiales y cuál debe ser la actitud de los gobiernos que lo han signado”.
Esto lo afirmó Márquez luego de decir que el Gobierno le falta cumplir “plenamente” los compromisos pactados para la implementación en materia de seguridad jurídica, física o personal, y seguridad socioeconómica.
“Quisiera afirmar en este escenario que Colombia tiene obligaciones internacionales que cumplir derivadas de la firma del tratado de paz de La Habana. Permítame recordar en ese sentido que al depositar tan importante documento ante el Consejo de la Federación Suiza en Berna, este adquiere connotación de Acuerdo Especial en el plano del Derecho Internacional Humanitario, porque nada resulta más humanitario que parar una guerra”, explicó el integrante de Farc.
En la audiencia también estuvieron presentes, entre otros personajes, funcionarios del Gobierno, líderes sociales y Jean Arnault, Jefe de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, quien aseguró que la base logística de la implementación es deficiente y que los incumplimientos en la reincorporación empañan la paz.
“Tenemos un gran número de combatientes que han cumplido con el compromiso de dejar las armas y que se sienten profundamente frustrados en lo que esperaban para su futuro”, señaló.
Joshua Mitrotti, director de la Agencia de Reincorporación y Normalización, replicó la información que ya el Gobierno había publicado el pasado fin de semana durante un balance de la implementación realizado en Tolima y en el que el Gobierno asegura que ha venido cumpliendo en el proceso y que tomará atenta nota a las peticiones de Farc.
El Estado trabaja para certificar al 100 % de los excombatientes y que unos 3.000 de ellos comiencen a recibir los pagos acordados en el Acuerdo Final.
