Chile: la levedad de nuestra política – Juan Pablo Cárdenas S.

Una de las críticas más severas que se hace a nuestra institucionalidad es la fragilidad que tienen las leyes y las obras promovidas por los distintos gobiernos. A juzgar por lo que ha pasado, son las disposiciones de la dictadura, su Constitución y el sistema económico o la subsidiaridad del Estado lo más perdurable en Chile. De allí que con las pocas reformas educacionales o tributarias aprobadas en los últimos años o meses, ya se dice que, de ganar Sebastián Piñera las próximas elecciones presidenciales, podría ponerle freno o simplemente desbaratar mucho de lo aprobado por el Congreso Nacional. Ni soñar con que su administración podría convocar a una Asamblea Constituyente o impulsar una profunda reforma al sistema previsional (de las AFP) o al de la salud (Isapres).

El sistema presidencialista que nos rige es el que pone la agenda legislativa, por lo cual nuestros parlamentarios en los hechos se limitan solo a votar en favor o en contra de lo que se les proponga desde La Moneda. Facultades que tiene el jefe del Estado que debe operar con la camisa de fuerza de la Carta Fundamental vigente y bajo la omnímoda autoridad del Tribunal Constitucional y los poderes fácticos, especialmente las entidades patronales, como la Sociedad de Fomento Fabril y la Confederación de la Producción y el Comercio. A todo lo que se suma la presión de las Fuerzas Armadas que disfrutan de privilegios irritantes en comparación a lo que padecen los millones de trabajadores y pequeños o medianos empresarios del país, castigados con un salario precario y pensiones bochornosas.

Pero un eventual triunfo de Piñera no es lo único que podría poner marcha atrás en las reformas alcanzadas o continuar postergando las más acuciantes. De los debates presidenciales, o de lo poco o nada que podemos leer de programas y promesas electorales, tampoco nos queda la esperanza de que las cosas puedan cambiar demasiado con el triunfo de otros candidatos. En general, los partidos quieren más de lo mismo o seguir haciendo retoques cosméticos a lo obrado. A excepción de los dos candidatos más extremos del arcoíris presidencial, como son el izquierdista Eduardo Artés o el ultraderechista José Antonio Kast, que según las encuestas marcan poco en la intención de voto.

En este cuadro, ojalá después de los escrutinios no siga soslayándose la abstención electoral, que desde luego está siendo abultada por los decepcionados, los que ya no le creen al conjunto de la clase política o desconfían, incluso, de la efectividad de la ”democracia” como fórmula política que pueda contribuir a lo más importante: la justicia social. Por lo menos durante este año no ha quedado inadvertida la movilización popular, pese a los medios de comunicación que la ocultan. El plebiscito, por ejemplo, convocado por NO+AFP llevó a pronunciarse a un millón de personas respecto de nuestro aberrante sistema de pensiones. Cientos de miles de concurrentes de todo el país totalizaron muchísimas más voluntades que todas las que movilizaron los partidos y movimientos en sus elecciones primarias bajo la organización del Servicio Electoral, la propaganda en los medios de comunicación y, como se sabe, el acarreo y cohecho. Fueron muchos más chilenos que los que se reficharon en el amplio espectro de partidos y “movimientos”.

Así como es legal y respetable abstenerse de votar, también es legítimo apostar a algunos partidos y candidatos en competencia. Especialmente a los que postulan al Congreso Nacional. Sin embargo, es indiscutible que con elecciones la política no se va a revolucionar ni ofrecerá sólidas perspectivas al “crecimiento con equidad”. Será siempre mucho más promisorio que el pueblo, las organizaciones sociales, los estudiantes, los mapuches y todos los abusados y discriminados irrumpan en las calles tras sus derechos y demandas.

(*) Periodista y académico chileno, Premio Nacional de Periodismo de Chile en 2005. Es periodista de la Universidad Católica de Chile.