Bolivianos marcharon en conmemoración de las víctimas de la violenta represión militar de 2003
Marchas y actos de conmemoración toman las calles por los 14 años de «Octubre Negro»
Los heridos de la denominada “Guerra del Gas” reclamaron que a la fecha no recibieron ningún tipo de ayuda médica o económica para poder hacerle frente a las secuelas que sufren tras octubre de 2003.
Al cumplirse 14 años de las fatídicas jornadas de octubre de 2003, distintas organizaciones sociales de La Paz y El Alto decidieron tomar las calles para exigir justicia y honrar el recuerdo de las más de 70 víctimas de la denominada “Guerra del Gas”.
Dos grandes movilizaciones tomaron el protagonismo esta jornada. La primera fue la organizada por la Central Obrera Regional (COR) y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, agrupaciones que partieron desde la avenida Juan Pablo II y la avenida 6 de marzo para confluir en un espacio cercano a las instalaciones de la Fejuve alteña.
En el acto, los heridos de aquellos enfrentamientos, que derivaron en la renuncia y huida del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, lamentaron que no hayan podido recibir la ayuda de parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales.
“Yo he escuchado que los heridos ya tienen trabajo, ya tienen sueldo. Es mentira compañeros y compañeras. No tenemos ningún centavo porque no percibimos de ningún lado. Ese es un dolor y lo que pedimos nosotros es que nuestra lucha no sea en vano, por lo menos recibir algo y que los gobiernos se acuerden”, manifestó uno de los afectados durante el acto.
José Quispe, uno de los representantes de las víctimas de Octubre Negro denunció que carece de servicio médico para tratar sus males y que pese a los pedidos realizados en las últimas gestiones, poco o nada se ha hecho en beneficio de sus compañeros.
“Nosotros en su momento hemos pedido un seguro de salud, que podamos acceder a los servicios médicos de forma gratuita y rápida. Hemos hablado con la ministra (de Salud) y todo solo ha quedado en palabras y no hay resultados. Hemos hablado con el gobierno municipal y departamental, con todos, pero no tenemos resultados al final”, dijo.
Otro acto especial se desarrolló al interior de la “alcaldía quemada” de El Alto. Allí, la alcaldesa alteña, Soledad Chapetón, participó de un misa por los caídos de octubre de 2003 y pidió mayor celeridad a las acciones legales para posibilitar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín.
“Quieran nuestras autoridades, que hoy marcan ese poder jurídico, tener más celeridad, que hagan las gestiones necesarias, en el marco de la cooperación internacional, y se pueda exigir la presencia de los principales implicados de este proceso”, indicó Chapetón.
Otra de las masivas movilizaciones fue la encabezada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) que inició desde el multifuncional de la Ceja de El Alto y partió rumbo a la plaza mayor de San Francisco, lugar donde desarrollaron un cabildo donde se exigió la elaboración de una nueva Agenda de Octubre.
Su secretario ejecutivo, Nelson Condori, lamentó que la agenda de octubre de 2003 no haya sido concretada en su totalidad y responsabilizó al entorno del presidente Evo Morales de esa situación.
“El Presidente es uno y el entorno está a la derecha. La derecha está gobernando ahora y eso hay que tomarlo en cuenta porque nos van a cerrar las puertas. Varias autoridades han ido a golpear los ministerios y han indicado que está cerrado con doce candados”, señaló el dirigente.
A 14 años de la masacre de octubre, el juicio civil llega a su fase final
Después de 14 años de la masacre de octubre de 2003, el juicio civil de indemnización contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín está en la recta final; ocho familias los demandan en Estados Unidos.
Más de 60 personas murieron por impacto de bala y otras 500 resultaron con heridas de distinta gravedad durante las dos semanas de enfrentamiento entre ciudadanos y militares, en El Alto y La Paz. El movimiento popular se organizó en rechazo al plan de Sánchez de Lozada de vender Gas Natural Licuado (GNL) a Estados Unidos vía puertos de Chile.
Las protestas, que empezaron con hechos aislados, como el rechazo a un impuesto en El Alto o la detención de un dirigente campesino, pronto escalaron en radicalidad debido a la violenta respuesta del Estado; al final, mineros, campesinos, indígenas y clase media confluyeron en la demanda de renuncia del Presidente.
“Asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidios culposos” son los delitos por los que familias de ocho víctimas acusan a las dos exautoridades que huyeron a Estados Unidos. Hoy, Goni reside junto a su familia en Maryland y es propietario de empresas en ese país; y Sánchez Berzaín vive en Florida.
“Llegamos a la etapa final, estamos camino a un juicio con un jurado; tenemos más que suficientes pruebas para llegar ante un jurado, eso tendrá que decidir el juez”, dijo a La Razón Beth Stephens, jurista cooperante con el Centro para los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), que lleva el caso.
Recordó que la acción civil, admitida en 2013, concluyó con la etapa de “descubrimiento”, en agosto, con la presentación de los últimos alegatos por las partes y la declaración de testigos.
