Bolivia: el gobierno y la oposición se cruzan en la OEA por la repostulación de Evo Morales
Gobierno defiende repostulación en la OEA
El Gobierno defendió ayer ante la OEA su afán de rehabilitar al presidente Evo Morales para los comicios de 2019, acusando a Luis Almagro de pretender ejecutar un “intervencionismo” en el país, y en el mismo foro le respondieron que el soberano es el pueblo, que ya rechazó la repostulación.
El ministro de Justicia Héctor Arce denunció ayer «formalmente» al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por considerarlo un «lazarillo» de los que «satanizan» al presidente Evo Morales.
El ministro y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, acudieron a la sede de la OEA en Washington para denunciar el «intervencionismo» de Almagro ante los embajadores de los Estados miembros en el Consejo Permanente de la organización, al que no asistió el Secretario General por estar de viaje.
El Ejecutivo se quejó del tuit que publicó Almagro el pasado 22 de septiembre, en el que pedía a Morales que respete la decisión popular del referéndum de 2016 contra su reelección.
«@evoespueblo deberá respetar decisión popular que dijo NO a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo», escribió entonces el ex canciller uruguayo.
Arce defendió ayer la decisión de Morales de buscar la reelección y aseguró que «Bolivia vive en la más absoluta democracia».
«Existen (en la región) fuerzas políticas conservadoras y retrógradas asentadas en un fundamentalismo racial encubierto que han iniciado una campaña contra esta acción (el mecanismo para buscar la reelección de Morales), que se defiende por sí misma, para satanizar la imagen del Gobierno boliviano», argumentó.
«Es lamentable que estos grupos hayan encontrado en Almagro un portavoz y lazarillo político para intervenir» en la política boliviana, denunció.
En la misma tónica de las denuncias que hacen Venezuela y Nicaragua recurrentemente, instó a Almagro a «desistir de su accionar intervencionista» y a que «retome las normas de conducta ética».
Arce consideró también que Almagro, como Secretario General, no puede emitir mensajes como ese tuit que son un «atropello a la soberanía». El Ministro criticó su ausencia en el Consejo, al decir que «no tuvo la ética ni el coraje de estar aquí» para escuchar la denuncia.
LA RESPUESTA
En representación de Almagro, como ocurre en otras situaciones de ese tipo, habló su jefe de gabinete, Gonzalo Koncke, quien defendió que «es derecho y obligación del secretario general el velar por la Carta de la OEA», que recoge que «la voluntad popular debe respetarse».
“Existe consenso respecto a que la democracia se construye en el respeto a la voluntad popular expresada de acuerdo con las normas que regulan el estado de derecho, y es en este contexto que el secretario general realizó esta comunicación pública”, afirmó.
Además, invitó a Bolivia a solicitar una opinión consultiva sobre el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la CorteIDH, los órganos de derechos humanos de la OEA.
OPOSITORES A LA CIDH
Hoy, también en Washington, dos legisladores de la oposición acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a presentar una consulta sobre el intento de reelección de Morales.
Óscar Ortiz y Arturo Murillo presentarán el escrito.
Ministro en la OEA
Héctor Arce
Ministro de Justicia
«Semejante acto de intervencionismo político, acción insultante a la primera investidura de mi país, no puede ser sino rechazado y reclamado enérgicamente por Bolivia».
Canadá se estrena con tema boliviano
La representante Permanente de Canadá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jennifer May Loten, asumió ayer la presidencia del Consejo Permanente de la Organización, en una ceremonia previa a la audiencia que trató el reclamo boliviano.
La sesión del Consejo Permanente comenzó con la intervención de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, quien justificó las acciones legales iniciadas por el oficialismo en busca de la repostulación indefinida de autoridades electas y aseguró que no tienen nada que ver con el resultado del referéndum que el 21 de febrero de 2016 rechazó una nueva postulación de Evo Morales a la Presidencia. “La consulta del 21 de febrero se trató de un referéndum para modificar la Constitución, a diferencia del recurso de inconstitucionalidad presentado ante el TCP, que lo que pretende es la declaratoria de inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley de Régimen Electoral y el control de convencionalidad sobre cuatro artículos de la Constitución”, explicó.
Tras la participación de Montaño, habló el ministro Héctor Arce, luego lo hizo el jefe de gabinete de la Secretaria General, Gonzalo Koncke.
EEUU interviene con un recordatorio
El embajador de EEUU ante la OEA, Kevin K. Sullivan, dijo ayer en la sesión ante el Consejo Permanente que «Bolivia ha expresado su oposición en dos ocasiones, en los últimos diez años sobre la cuestión de la reelección».
El diplomático norteamericano dijo que escuchó muy atentamente las presentaciones realizadas por Bolivia y cree que las explicaciones de los asuntos actuales y legales fueron muy ilustrativas y útiles para entender las razones y los deseos subyacentes en dichos esfuerzos.
«Estados Unidos no toma ninguna posición en cuanto a los mecanismos de reelección, de autoridades de cualquier gobierno en general. Creemos que este es un tema, que debe decidir el pueblo de los estados. Señalar sin embargo que el pueblo de Bolivia ha expresado su oposición a la reelección en dos ocasiones, en los últimos diez años; primero cuando se aprobó la Constitución de 2009 y hace poco más de un año, cuando hubo un referéndum, organizado por el gobierno, sobre la cuestión de la reelección», dijo según la traductora.
Recordó que el referéndum fue observado por la OEA a invitación del Gobierno.
Evo lanza críticas a Almagro por foto con «Zorro»
El presidente Evo Morales criticó ayer al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, por una fotografía en la que aparece junto al ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, «El Zorro», acusado por su supuesta culpa en la muerte de más de 60 personas en la «Guerra del gas».
«Luis Almagro recibe con los brazos abiertos a Sánchez Berzaín y convierte a la OEA en refugio de asesinos prófugos de la Masacre de Octubre», escribió Morales en su cuenta de Twitter.
El Mandatario sostuvo que es «condenable» que a 14 años de esos sucesos, «Almagro se reúna con uno de los principales responsables del delito de lesa humanidad».
«No quiero pensar que Almagro planifica con la derecha boliviana otra Masacre de Octubre. Nos defenderemos del golpismo junto al pueblo», añadió el gobernante, crítico de Almagro por su postura sobre la crisis en Venezuela.
Morales reaccionó de esa forma a una fotografía publicada en Twitter por Sánchez Berzaín, en la que aparece junto a Almagro y al ex preso político cubano Armando Valladares.
«Participamos en ‘Latin American Summit’ defendiendo los Ds.Hs. y la democracia: Armando Valladares, Luis Almagro y Carlos Sánchez Berzain (sic)», escribió la ex autoridad, que reside en Estados Unidos desde el 2003.
Sánchez Berzaín fue ministro del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y huyó junto con él a ese país tras la represión militar a protestas que dejaron decenas de muertos en septiembre y octubre del 2003.
Ministro de Justicia denuncia que EEUU patrocina reunión de opositores con miembros de la OEA
El ministro de Justicia, Héctor Arce, denunció hoy que Estados Unidos (EEUU) patrocina una reunión de opositores bolivianos con miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), hecho que calificó de una «intromisión verdaderamente escandalosa», que viola el derecho internacional y la independencia de los Estados, porque no se encuentran en misión oficial.
«Lo que llama la atención es denunciar un acto de intromisión verdaderamente escandaloso y verdaderamente vergonzoso. Resulta que la misión permanente de EEUU, ante la OEA, va a realizar a las 16.00 pm, una reunión en el Departamento de Estado de EEUU, invitando a una gran cantidad, entendemos más de una veintena de embajadores acreditados ante la OEA, para patrocinar una reunión, un conversatorio con los senadores Oscar Ortiz y Arturo Murillo», dijo en conferencia de prensa.
Ortiz y Murillo, además de otros legisladores, viajaron a Washington, sede de la OEA, para denunciar lo que en su criterio es un golpe a la democracia, tras la presentación de un recurso abstracto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por oficialistas y opositores que busca restablecer los derechos políticos de autoridades y ciudadanos, para ser electos y elegir.
Según dijo Arce el accionar de Estados Unidos es una «intromisión inaceptable» que no condice con la lealtad que debe haber entre Estados miembros de la OEA, con el principio de no intervención en asuntos de otros países y el sentido del funcionamiento de esa organización hemisférica.
Indicó que se presume que esa reunión está dirigida a que (los opositores) «reciban las instrucciones, lineamientos, consejos y líneas de acción de los Estados Unidos para actuar en nuestro país».
Señaló que los opositores han sido recibidos también por Gonzalo Koncke, jefe de Gabinete del Secretario General de la OEA, como por el Secretario de la Comisión Interamericana de DDHH.
Ante esos hechos, el ministro dijo que es un tema de responsabilidad central y fundamental no permitir ese tipo de «intromisiones», no solamente en contra de Bolivia, sino de cualquier democracia, «en contra de cualquier institucionalidad democrática en cualquier país del continente».
El miércoles, Arce y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, denunciaron ante el Consejo Permanente de la OEA las acciones injerencistas del secretario general de ese organismo, el uruguayo Luis Almagro, y pidieron corregir esa conducta que va en contra de la soberanía de los Estados.
La oposición denuncia ante la CIDH al Gobierno y al TCP por violar el Pacto de San José
Aproximadamente al mediodía de este jueves la oposición denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno, los legisladores oficialistas y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la violación del Pacto de San José de Costa Rica en su afán de repostular al presidente Evo Morales en 2019.
El bloque de cinco líderes detractores, representado por los senadores de la alianza Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz y Arturo Murillo, además del aboga constitucionalista Carlos Alarcón, se presentó ante esa dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar que el oficialismo intenta desconocer a los más de dos millones de bolivianos que rechazaron la repostulación en febrero de 2016 “los derechos de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente y de votar” reconocidos en el artículo 23, numeral 1, incisos a y b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Lo hicieron un día después que una delegación del oficialismo, compuesta por el ministro de Justicia, Héctor Arce, y la presidente de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, se presentaran ante el Consejo Permanente de la OEA para explicar las acciones legales emprendidas en Bolivia en busca de lograr la repostulación indefinida de autoridades electas.
Los opositores enumeran “tres violaciones” para ese efecto: La Ley de Aplicación Normativa de 2013 con la que no se contó el primer mandato de Morales (2005-2010); el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 que buscó ampliar las repostulaciones a dos continuas; y la admisión del TCP del recurso legal para validar, lo que denominan, “la cuarta reelección continua de los actuales mandatarios”.
“Al admitir esta demanda, el Tribunal Constitucional usurpa las funciones del poder constituyente y del cuerpo electoral constituido en soberano que ya tomó una decisión con efecto obligatorio, inmediato y vinculante en el referendo del 21 F”, escribieron los opositores sobre el último caso.
Aseguran que los derechos citados “pierden su esencia y carecen de sentido y efectividad, si los resultados mayoritarios de dos referendos no se respetan y cumplen como lo exige y manda el soberano”, según se lee en parte del legajo de 24 fojas que fue presentado ante la CIDH que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Estos derechos quedan aniquilados cuando decisiones legislativas y judiciales, manipuladas e instrumentalizadas por el gobierno de turno, se colocan por encima de la Constitución, del voto ciudadano y de la soberanía popular”, reseña el documento.
Así, replicaron al recurso legal que el gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó el 18 de septiembre ante el TCP para declarar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley Electoral y la inaplicabilidad de cuatro de la Constitución Política del Estado referidos al límite del mandato de los gobernantes.
El oficialismo justamente enarbola el mismo articulado de la Convención supranacional para sustentar su petitorio, pues asegura que con la vigencia de los artículos impugnados se vulnera el ejercicio de los derechos políticos de las autoridades electas.
La denuncia opositora advierte que “está en juego en esta petición la sobrevivencia de la democracia y el Estado de Derecho en Bolivia, y además de los derechos políticos invocados, también está en juego el respeto a la Carta Democrática Interamericana de la OEA”, que fija “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho…”.
Asimismo, cuestiona que el oficialismo pida la inaplicabilidad de artículos como el 168 de la Carta Magna que fija una sola repostulación continua (que en el caso de Morales se consumó en las elecciones de 2014) cuando “fue ratificado en su plena vigencia, aplicación y operatividad” en el referéndum de 2016 auspiciado por el mismo MAS y que rechazó entonces la reforma constitucional con el 51,3% de los votos.
Los argumentos son reforzados con pronunciamientos sobre asuntos similares de Perú y Guatemala por los casos de los expresidentes Alberto Fujimori y José Efraín Ríos Montt, respectivamente, frena su reelección.
La denuncia se da horas después de que el Gobierno boliviano defendiera su plan ante el Consejo Permanente de la OEA y criticara a su secretario Luis Almagro, quien pidió respeto al veredicto del 21F. Es apenas el primer capítulo de esta pulseta que la oposición pretende llevar a las calles.
