Bertha Zúñiga, hija de la activista asesinada Berta Cáceres: »Honduras tiene unas tasas de impunidad del 96%, por eso también se mata con tanta facilidad»
Por Marta Checa.
Bertha Zúñiga Cáceres, nueva coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), cargo que ocupara su madre, Berta Cáceres, antes de ser asesinada (el 3 de marzo de 2016), asegura en esta entrevista para Equal Times que los pueblos indígenas del país centroamericano tienen propuestas de desarrollo para los fondos de inversión extranjera que quieran escucharles. Unas propuestas que, además de viables, son respetuosas con el entorno y los derechos humanos.
La activista, que lleva en los genes la defensa del medio y de los más desfavorecidos (su madre fue reconocida con un Premio Goldman; y su abuela Austra Berta Flores fue alcaldesa de La Esperanza, gobernadora de Intibucá y diputada del Congreso Nacional, por mencionar una ínfima parte del árbol familiar), denuncia proyectos secundados por Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por desoír, entre otros, fragantes casos de violación de derechos humanos.
Y es que Honduras es, según un informe de la organización Global Witness, el país más letal para ser defensor del medioambiente. Entre 2010 y 2014 se registraron 101 asesinatos de medioambientalistas, sin contar las amenazas y el acoso con los que los activistas deben convivir casi a diario.
“El clima de indefensión es para todo el mundo”, sentencia, y, como prueba de ello está el hecho de que, si hasta ahora sólo debía de hacer frente a “campañas de estigmatización y hostigamiento; además de represión en protestas”, el 30 de junio sufrió un ataque e intento de asesinato, y ello pese a que numerosos observadores en diversas partes del mundo están pendientes de su situación.
Zúñiga Cáceres mantiene su lucha por esclarecer la autoría material e intelectual del asesinato de su progenitora y por sentar un precedente de justicia en un país donde acampa la impunidad.
La investigación y juicio sobre el asesinato de Berta Cáceres, ¿en qué punto se encuentra? ¿Cree que puede sentar un precedente de justicia para otros casos de perfil más bajo en Honduras –teniendo en cuenta que su madre es un referente y que la comunidad internacional está siguiendo de cerca el caso–?
La idea es esa, marcar un precedente de justicia en un país donde no hay justicia. La cuestión es que hasta ahora eso no se ve factible en Honduras. Hay que recordar que Honduras tiene unas tasas de impunidad del 96%, por eso también se mata con tanta facilidad.
La idea es fortalecer las instancias de justicia nacionales para que sean un ejemplo, pero la verdad es que no hay voluntad política y si no hay voluntad política es muy difícil pensar que pueda lograrse. Nosotros seguimos litigando de manera interna, como acusadores privados, con el apoyo de muchas personas, dentro y fuera de Honduras. Sabemos que sí hay mucha observación internacional… Pero sentimos decepción. Y preocupación, porque no tienen sentencia [los 8 encarcelados preventivamente hasta la fecha], y esto podría prolongarse por un año, dos años… para esperar que la presión internacional –la que realmente ha preocupado a la institucionalidad hondureña– pare, y entonces no se investigue la autoridad intelectual.
Tras el asesinato de Cáceres, Leónidas Rosa Bautista, embajador de Honduras ante la OEA, comunicó una batería de medidas para poner coto a los abusos de derechos humanos: la creación de un observatorio de derechos humanos y una comisión con defensores de derechos humanos para promover medidas de protección son algunas de ellas, ¿cuál es su opinión al respecto?
El mecanismo de protección para defensores y defensoras de DDHH ha sido la respuesta a la presión de la comunidad internacional y al condicionamiento a muchos fondos para ayuda militar –entre otras cosas–. Pero esto realmente es un lavado de imagen del Gobierno de Honduras, porque, de hecho, nada ha cambiado desde el asesinato. Nos encontramos en la misma situación de indefensión. Es más, en el caso particular del COPINH han arreciado las campañas nacionales en radio y televisión, criminalizándolo, estigmatizándolo y el Gobierno de Honduras no hace absolutamente nada.
En Honduras hay muchas leyes, casi que se puede decir que sobran leyes, el problema es que no se cumplen. Para respetar el derecho a las comunidades, garantizar la vida, el mecanismo de protección y estas iniciativas sí son buenas, pero el problema es que no hay confianza porque hay filtración de información, hay corrupción. La gente tiene miedo de dar todos sus datos a un mecanismo que sabemos que pueden terminar en la Secretaría de Seguridad, que es la que hace bastante trabajo de inteligencia y persecución como lo que vivió mami.
Honduras es líder, per cápita, en número de asesinatos a defensores del medioambiente (según el informe de Global Witness). Es rico en recursos naturales interesantes para diversas industrias, pero no es el único con ese perfil en América Latina (u otros continentes). ¿Por qué es tan letal?
Honduras es un país relativamente pequeño para América Latina, con más del 30% del territorio concesionado a empresas extractivas y productoras de energía de todo tipo, limpia y no limpia. El Estado existe para garantizar los intereses de la empresa privada, de los gobiernos, de los funcionarios. No para velar por los derechos básicos de las comunidades indígenas.
Ese informe de Global Witness lo que refleja bien es el contubernio entre Gobierno, empresa privada, militares y dinero extranjero. Honduras es un país casi totalmente dependiente de la ayuda económica exterior –por eso también le pesan tanto los comunicados de Europa–.
Desde el golpe de Estado de Honduras [de Manuel Zelaya en 2009], digamos, se ha vivido la misma situación que en otros países de América Latina, pero mucho más acelerada y agresiva. La mutación de los Estados vinculados al crimen organizado, a la corrupción, eso facilita el clima de impunidad bajo el que se asesina a las personas que están en defensa del territorio.
Nosotros sabemos que lo que está hoy en disputa en el mundo son los bienes comunes de la naturaleza, porque es de ahí de donde se va a sacar energía, es el nuevo negocio. Entendiendo eso, quienes hacemos defensa de los territorios ancestrales –muchas veces son los pueblos indígenas–, pues nos encontramos en una situación bastante complicada. Por un lado se está hablando de la defensa de los derechos humanos y, por otro, se está promoviendo la generación de energías e incentivando a las empresas que nacionalmente están vinculadas a los grupos oligárquicos en nuestro país. Eso da como resultado un gran clima de permisibilidad para cometer crímenes, para que también la industria extractiva y energética se instale a costa de lo que sea.
Los gobiernos de todo el planeta se encuentran en competición permanente por atraer inversión extranjera a sus respectivos países. Tienen que dar soluciones a poblaciones que crecen, a mayores demandas energéticas… ¿Cuál es el principal problema que veis a la inversión que hoy llega a Honduras, ofrecéis alternativas locales que pueden pasarse sin ésta?
Por supuesto que las comunidades indígenas en América Latina tienen unas propuestas de vida frente a eso –que no tienen por qué pasar por la instalación de una empresa privada asesina que hay en nuestros países–.
Nosotros no vamos a promover nunca la empresa privada. Nuestro interés es resolver nuestras necesidades básicas, para las que sí hay muchas propuestas. Yo siempre le recuerdo a la gente que mi mami fue asesinada en medio de un taller de energías alternativas en el que las comunidades lencas se habían reunido a debatir un modelo energético –desde las mismas comunidades indígenas–, que no tuviese vínculo con la empresa privada ni con una inversión no interesada en darle energía a los pobres.
No hay interés en promover proyectos pequeños, eso es mentira. Honduras tiene unas hidroeléctricas nacionales que funcionan al 20%, podrían funcionar a más, pero se les reduce su capacidad para decir: “necesitamos más energía, necesitamos más hidroeléctricas”.
Honduras forma parte de un corredor de transmisión eléctrica de Mesoamérica que tiene la intención de generar energía para la gran industria, para la minería, para los proyectos megaturísticos y para la demanda de energía de los países desarrollados, que son los que necesitan energía.
Nosotros siempre decimos que puede haber muchas iniciativas de intercambio, países Norte-Sur, propuestas que respeten nuestros derechos, que no tengan políticas racistas –sorprendentemente nos siguen viendo como los tontos, los incultos, a los que necesitan civilizar–.
Hay muchas propuestas bastante interesantes de las poblaciones indígenas para resolver todos esos problemas de derechos, el problema es que no se permite, eso no se incentiva. Ahí no van a ir los fondos del llamado desarrollo, ahí no van a parar.
Nosotros, parte de nuestro trabajo es clarificar la situación, romper con esa hipocresía, que se piense que se está intentando ayudar a las comunidades menos beneficiadas, porque eso sencillamente no es cierto. A la gente la convierten en administradora de su pobreza, y esa no es la propuesta ni la lucha, ni del COPINH ni de otras organizaciones… Sí lo es tomar el control de nuestros bienes, respetando nuestras cosmovisiones, nuestras espiritualidades, todo lo que sea necesario.
Los proyectos participados por el BCIE, ¿respetan vuestros intereses?
El Banco Centroamericano de Integración Económica forma parte de la estructura del Banco Mundial. Son promotores de proyectos que se instalan a cosa de lo que sea: violencia, asesinato; y que beneficia a grupos oligárquicos.
[Por ejemplo,] de Agua Zarca son propietarios la familia Atala, la familia más poderosa de Centroamérica. Éstos hacen campaña por los productores de “energía renovable” de Honduras, que son la oligarquía hondureña, que está recibiendo beneficios económicos de todo esto. [Los Atala] hablan en contra de las organizaciones que hacemos defensa del territorio porque les estamos tocando su ganancia económica. No lo van a permitir. Por eso asesinaron a Berta Cáceres, porque es un estorbo… no quieren estorbo para la empresa privada hondureña. [La familia] hizo declaraciones bastante fuertes en contra de ella y del COPINH.La investigadora Karen Hudlet resumía recientemente para nuestro medio algunas de las medidas que podían tomar las empresas para no ser cómplices de violaciones de derechos humanos, entre ellas la elaboración de estudios de impacto, o que las empresas no olvidasen el contexto/entorno en el que van a operar. ¿Cómo ve su factibilidad?
Son interesantes, el problema es que en Honduras no existe un Estado de derecho.
Para nosotros la cuestión es que muchos de estos fondos sí saben que estas cosas están pasando en Honduras. En el caso de Agua Zarca, mi mami tuvo comunicación directa en varias ocasiones con los fondos y con el BCIE para decirles que ese era un proyecto violador de los derechos, que no podían hacer contrato con empresas. Ellos no respondieron; volvió a escribirles, ofreciendo información sobre corrupción, sicarios; ya había sido asesinado entonces Tomás García [en 2013]. Ellos le dijeron: “Usted no es nadie para representar al pueblo indígena Lenca, no los representa, no tenemos por qué hablar con usted”.
Hay una política racista [en el origen], así que puede haber un estudio, pero eso no significa que ellos vayan a quitar su inversión. Si los inversores se ponen a hacer estudios de impacto sobre garantías a la vida y a los derechos básicos van a darse cuenta de la situación y ver que no es factible invertir.
