Audiencia de la CIDH en Uruguay: organizaciones de México, Argentina y Colombia denuncian violaciones a los derechos humanos
En sesión de la CIDH, padres de los 43 fustigan inacción del gobierno peñista contra Tomás Zerón
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó su postura de acompañar a los padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero hace 37 meses, al tiempo que el expresidente del organismo regional, James Cavallaro, cuestionó al Estado mexicano por la falta de sanción a Tomas Zerón de Lucio por obstruir las indagatorias.
En la audiencia pública de revisión del Mecanismo de Seguimiento del Caso Ayotzinapa, en el contexto del 165 periodo de sesiones de la CIDH llevada a cabo en Montevideo, Uruguay, la jamaiquina May Macaulay, quien presidio la audiencia, y el colombiano Luis Ernesto Vargas, sostuvieron su respaldo a los padres de los 43, representados por Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez, y Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, quienes manifestaron su confianza en el organismo.
Fue Navarrete quien llevó a la audiencia el tema de Tomas Zerón, al mostrar una impresión magnificada de una nota periodística sobre las declaraciones del actual secretario técnico de Consejo de Seguridad Nacional (CSN), tras la última visita del Mecanismo a cargo de la comisionada Esmeralda Arozamena, en agosto pasado.
En esas declaraciones, Zerón de Lucio insiste en que, a tres años de la desaparición de los estudiantes, las investigaciones de la PGR no muestran una línea distinta a la “verdad histórica”, en cuya elaboración él participó mientras estuvo al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.
“¿Qué es para ustedes ese señor? ¿Qué es lo que han hecho para callarlo? ¿Están de acuerdo con él o qué influencia tiene en la Procuraduría?”, lanzó Navarrete ante los representantes del Estado mexicano, encabezados por los subsecretarios de la Cancillería y de Gobernación, Miguel Ruiz Cabañas y Roberto Campa Cifrián.
Mientras mostraba la impresión de la nota periodística, el representante de los 43 padres de familia reprochó que admitir las declaraciones de Tomás Zerón es una burla para ellos y la CIDH, “es querer pasar por encima de la investigación que hizo el GIEI… no existen evidencias que sustenten su supuesta verdad histórica”, además de que con ello se causa daño a los padres y madres de las víctimas.
Tras expresar su empatía con las víctimas, Macaulay pidió a los padres confiar en que la CIDH “va a seguirlos acompañando en su lucha” por encontrar a sus hijos, en tanto que advirtió en tomar medidas ante las declaraciones de Zerón, ya que “lo que se publica en medios exacerba a los familiares”.
El estadunidense James Cavallaro, expresidente de la CIDH y promotor del GIEI, fue más allá al cuestionar la permanencia de Zerón de Lucio en la administración de Enrique Peña Nieto, pese a que persisten sospechas sobre su actuación irregular en el caso.
“¿Zerón cumple con una función pública? ¿Qué ha pasado con investigaciones de su actuación y obstrucción de la justicia? ¿Qué ha pasado con la investigación del visitador? ¿Qué pasa con un funcionario que sigue apoyando una versión físicamente imposible?”, inquirió Cavallaro.
Al preguntar a los representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre las evidencias encontradas por el GIEI de malos tratos y tortura a 77% de los detenidos por el caso Ayotzinapa, el comisionado recordó que en la investigación del visitador César Chávez, quien fuera cesado por la PGR, se advertía la virtual responsabilidad de Tomás Zerón en sustraer de manera irregular a un detenido que presentaba “40 lesiones corporales”, en el operativo del río San Juan, el 28 de octubre de 2014, no registrado judicialmente.
Para Cavallaro, el esclarecimiento de los casos de tortura podría dar luz sobre el destino de los estudiantes, situación que funcionarios del Estado mexicano han pretendido ocultar.
El comisionado colombiano Luis Ernesto Vargas lamentó que “el GIEI haya tenido más claridad, haya aportado más elementos jurídicos que el Estado que, o no quiere investigar o es por incompetencia”, ya que es inconcebible que después de tres años no se conozca el grado de responsabilidad de elementos de la fuerza pública.
Vargas, quien forma parte del Mecanismo de Seguimiento, reiteró a los representantes de los padres de las víctimas que “la CIDH no los va abandonar, es un desvelo de toda la comisión, vamos a estar presentes, porque es inconcebible que a estas alturas no sepamos la responsabilidad de los intervinientes de la fuerza pública, a tres años y unas semanas que no sepamos su grado de responsabilidad”.
En tanto, la comisionada Esmeralda Arozamena solicitó “al menos” el mapa de fosas clandestinas ubicadas en Guerrero con tecnología LIDAR, y recordó que había requerido en su última visita a México, en agosto pasado, el mapa de las fosas de todo el país, o por lo menos de las entidades donde el problema de desapariciones es más grave.
Asimismo, la comisionada cuestionó que no se tengan resultados efectivos en el tema de telefonía celular, una vez que “ya se identificó que al menos los equipos de nueve muchachos siguieron activos; si se siguera al menos esa ubicación, seguramente se tendrían datos de qué pasó con los chicos”.
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre, resaltó que la PGR “fracasó en hacerle rendir cuentas (a Zerón de Lucio), pues si bien el proyecto de visitador concluía con una trascendencia penal, (César Chávez) fue separado de su cargo y se emitió una resolución que convalida las irregularidades”.
Al destacar que, ante el juicio de amparo iniciado por los padres por la resolución de la PGR, esta dependencia ha litigado en contra del instrumento, Aguirre destacó que el cargo de Zerón es un nombramiento presidencial.
“El propio Zerón lamentó las declaraciones de la comisionada Arozamena, y ahora ya no sabemos si él tiene la vocería del gobierno, no sabemos si ha rendido cuentas por sustraer sin presencia de abogado a un detenido que apareció con lesiones”, apuntó el defensor.
En respuesta a los señalamientos, la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, citó el comunicado de prensa 231/2017, en el que se señala que, sobre el tema Ayotzinapa, “el único canal de comunicacón es la PGR”, en tanto que de las decenas de detenidos sólo 39 accedieron a que se les aplicara el Protocolo de Estambul para confirmar actos de tortura, de los que “sólo dos han resultado positivos y el resto negativos”.
El responsable de la Oficina Especial para el caso Iguala de la PGR, Alfredo Higuera Bernal, aseguró que se ha hecho análisis a más de 5 mil líneas telefónicas, entre ellas las de funcionarios públicos y policías, en tanto que se han identificado 276 sitios en los que podría haber fosas clandestinas.
Higuera Bernal dijo que debido a los daños que el sismo del 19 de septiembre causó al edificio de la PGR, el trabajo de investigación se complicó, aunque se continuaron realizando interrogatorios.
En la Ciudad de México, el director del Centro Prodh, Mario Patrón, reprobó que el Estado mexicano recurra a los efectos del sismo del mes pasado para tratar de justificar la falta de avances en la investigación.
“Mientras que no haya policías de Huitzuco y policías federales detenidos, o no se conozca el grado de participación de miembros del Ejército en los hechos, no se puede hablar de avances”, alertó Patrón.
El defensor cuestionó que la PGR decida separar del cargo a quien fuera titular de la FEPADE, Santiago Nieto, “mientras premia a personajes como Tomás Zerón, donde lo que se observa es una falta de interés en esclarecer el caso Ayotzinapa, y a nosotros nos ha tocado documentar esa situación”.
“Los ataques a abogados, jueces y sindicatos son el prólogo de una reforma laboral regresiva”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió hoy en Montevideo, Uruguay, denuncias sobre violaciones a los derechos humanos laborales durante el gobierno de Mauricio Macri. “Se busca eliminar la representación de los trabajadores y se lo hace atacando a los abogados laboralistas, a los jueces del trabajo y a los sindicatos. Se necesita imponer un clima para avanzar después con una reforma laboral regresiva, que es en sí misma inconfesable y que, entonces, es presentada bajo un ataque a una presunta corporación”, afirmó Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), una de las entidades impulsoras de la denuncia.
La audiencia celebrada en Uruguay fue convocada a pedido de AAL, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, Aceiteros, ATE, SUTEBA, Metrodelegados, Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), entre más.
“El gobierno ataca a los abogados que defienden trabajadores, a los jueces laborales que tienen el mandato legal de garantizar el principio protectorio, interviene sindicatos y toma como enemigos a aquellos que ejercen la representación colectiva del eslabón más débil del mundo del trabajo”, dijo Cremonte, uno de los oradores de la denuncia argentina ante la CIDH.
“Vinimos a exponer ante esta Comisión porque en los últimos meses en la Argentina se ha verificado un cuadro de hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, la “intervención” de diversos sindicatos y la estigmatización y persecución de jueces del fuero laboral y de abogados ligados a la defensa de los trabajadores”, reza al inicio el documento de denuncia que será analizado por la CIDH, órgano de la OEA, que ahora deberá resolver qué medidas adopta en relación a la responsabilidad jurídica internacional del Estado argentino.
“Los derechos laborales son derechos humanos fundamentales. En ese contexto, los abogados laboralistas son Defensores de Derechos Humanos y garantes del derecho de acceso a la justicia (..) El agravio permanente a los abogados comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores, busca atemorizarlos y dificultar que cumplan su función primordial: ser el puente entre los trabajadores y la Justicia Laboral y otras instancias administrativas. Se trata de un ataque a la representación de los trabajadores, con el objetivo de eliminar la defensa legal y la acción colectiva, de modo de retornar a la relación individual entre la empresa y el empleado, justamente la razón de ser del Derecho Social”, agrega el documento.
La denuncia presentada ante la CIDH está fundada, entre más, en la arbitrariedad de los pedidos de juicio político a los jueces laborales por el contenido de sus sentencias; en los ataques a los abogados como forma de obstaculizar el acceso a la justicia; y la criminalización de la protesta social y del conflicto colectivo del trabajo; todo en el contexto del anuncio de reformas legislativas y convencionales regresivas.
Organizaciones civiles colombianas denunciaron ante la CIDH la persecución sistemática contra líderes sociales
El Estado afirmó que escucha a la CPI pero que sus observaciones deben estar acordes con el ordenamiento jurídico interno, lo cuál podría significar una violación al estatuto de Roma si no se atienden las advertencias de la Corte Penal.
Esta se convierte en una de las principales preocupaciones que deja la primera parte del Periodo de Audiencias número 165 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, dado que podría significar que los instrumentos internacionales de defensa de los derechos de las víctimas sean desconocidos por Colombia, afirma Jomay Ortegón, directora del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo.
Además, ante la CIDH, las organizaciones advirtieron que, según se ha tramitado la JEP en el Congreso, no es clara la participación de las víctimas, pero tampoco que los máximos responsables sean judicializados, «actualmente la arquitectura institucional no pareciera permitirlo, como lo refleja el último documento de la CPI», explica Ortegón.
ALTOS ÍNDICES DE IMPUNIDAD
Como un ejemplo de la idea de impunidad en Colombia, las organizaciones afirmaron que con la Ley 975 de 2005, generó 15.743 compulsas de copias para investigar actores militares, políticos y económicos, pero no hubo ningún resultado, lo que, según los defensores de DDHH presentes en la audiencia, podría dificultar la posibilidad de que terceros que hayan contribuido en el los crímenes en el conflicto armado, comparezcan en la JEP.
Otro de los anexos presentados a la CIDH reporta 456 casos, de los cuales el 74% esta en etapa de investigación, el 4,7% archivadas, sobre el 16,2% la Fiscalía no reporta ningún tipo de investigación, solo en 2% hay acusaciones, y el 1,1% cuenta con sentencia, según datos de la propia fiscalía. Esta situación significaría que no hay garantías de No Repetición.
FISCALÍA NO HA CONTRIBUIDO A LA SUPERACIÓN DE LA IMPUNIDAD
De acuerdo con Ortegón, a pesar de que existe un acuerdo de paz, este no es suficiente por si mismo para cambiar las condiciones de riesgo para los defensores de DDHH. Es necesario aprovechar esta oportunidad para hacer una reingeniería de instituciones como la fiscalía, que «históricamente han sido incapaces de responder frente al reto más importante de investigar las violaciones a los derechos humanos como mecanismo de prevención para que no se sigan cometiendo».
En ese sentido se debe revisar, según las organizaciones, que la fiscalía no tiene cifras propias sobre violaciones a los derechos humanos, que no hay una relación entre las diferentes acciones investigativas, que no haya un trabajo interconectado entre las acciones de investigación y de protección pues se presentan como si fueran cosas aisladas.
SOBRE EL PARAMILITARISMO Y LAS VIOLACIONES A DDHH
En el acuerdo de paz se estableció la Unidad para desmantelamiento del paramilitarismo con el decreto 898 del 2017, sin embargo con las observaciones del fiscal Néstor Humberto Martínez se convirtió en institución subordinada y de bajo rango a dicha entidad, lo que amenazaría la autonomía de la Unidad y difícilmente podría lograrse el objetivo por la que fue creada.
«Aspecto esencial para la viabilidad del acuerdo de paz con las FARC. Teniendo en cuenta el mayor riesgo con el artículo 3 del acto legislativo, pues el fiscal podría seleccionar y priorizar casos que no sean competencia de la JEP», explica la abogada.
