Argentina: indígenas denuncian contaminación por la actividad minera en la provincia de Jujuy
Contrapuesto al diálogo y acompañamiento que el gobernador de Jujuy Gerardo Morales destaca de parte de los pueblos originarios en Jujuy a sus políticas de gobierno, integrantes de comunidades indígenas nucleadas en la «Asamblea por de Comunidades Libres de Jujuy», denuncian la falta de respuesta a sus demandas del gobierno provincial como la prórroga de la Ley n° 26160, derogación de la Ley de Servidumbre n° 5915 y contra el hostigamiento a integrantes de las comunidades como en Ocloyas o en Volcán. Denuncian que la Ley de Servidumbre posibilita la instalación del Parque Solar y de un electroducto sin consulta previa, libre e informada a todas las comunidades originarias, y a la misma vez plantean conocer de qué manera se realizará la regulación y el reconocimiento de las comunidades que faltan relevar a través de la Ley 26.160. Otra denuncia importante es el lado oculto de los proyectos megamineros impulsados por los gobiernos anteriores y gobierno actual de Cambiemos con sectores empresariales extranjeros, que afecta gravemente la provisión de agua para la vida y el desarrollo productivo de las familias que viven en las comunidades de la puna.
En ese sentido, a principios de septiembre, asambleas socio ambientales y comunidades originarias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires, se reunieron en Rodero, en cercanías de la Laguna de Pozuelos, en lo que se llamó la «Cumbre del Agua», resolvieron entre otras cosas, «exigir el cese inmediato de cualquier actividad que modifique, altere y contamine el ciclo natural del agua y afecte la producción familiar en la zona», al gobierno el «cese inmediato del Proyecto Chinchillas, de la mina Pirquitas, y la remediación, completa e inmediata de todos los pasivos ambientales ubicados en la Laguna de Pozuelos y su entorno…», «exigir el inmediato cese de la persecución, criminalización, desaparición, y asesinato de defensores del agua, la vida y las culturas…» y «adherir a la presentación judicial N° 18.813/2017, amparo ambiental de Mercedes Maidana y Florencia Cari Ortiz, contra el estado provincial, nacional y el Ejecutivo nacional». Denuncian que en Jujuy «hay estudios científicos independientes que dan cuenta de la enorme contaminación con metales pesados en aguas y sedimentos de Mina Pirquitas y El Aguilar, entre otras, además del descomunal uso de agua, lo que provoca secado de aguadas, arroyos y lagunas como la de la Cuenca de Pozuelos…» Por otra parte, la «Asamblea Abierta de pueblos indígenas en resguardo del territorio y en defensa de la vida» adhirió a la caminata por el Agua y la Vida. En un comunicado reciente se declaró en estado de alerta y movilización permanente en la provincia de Jujuy «hasta que el Congreso de la Nación apruebe la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial de Pueblo Indígenas». También «exigen la restitución total de sus territorios y que se respeten sus derechos».
La caminata que parte de la localidad puneña de Coranzuli en Susques, realizará distintas paradas y asambleas en Abra Pampa, Tres Cruces, Hornaditas, Humahuaca, TIlcara, cruce de Purmamarca, Volcán, Reyes para llegar el 12 de octubre a San Salvador de Jujuy. Antes de partir la misma, quienes impulsan la caminata denunciaron amenazas por parte del comisionado de Coranzuli, el radical Rodolfo Puca, quien con personal policial presionó a una integrante de la comunidad para impedir que se realice la marcha y la presencia de personal de gendarmería en el pueblo.
El Frente de Izquierda contra el saqueo y la contaminación
Referentes del PTS y el Frente de Izquierda como Alejandro Vilca, candidato a diputado afirmó » nuevamente los pueblos originarios tienen que volver a visibilizar sus problemáticas que no son ni escuchadas, ni resultas, ni por los funcionarios como Natalia Sarapura a cargo de la Secretaría de Pueblos Indígenas, ni por el gobierno provincial y nacional. La «Caminata por el Agua y la Vida», deja al descubierto la contra cara de los emprendimientos mineros de litio como Chinchillas, Cauchari/Olaroz o en Mina El Aguilar, por las graves consecuencias que genera, contaminando – y secando incluso – recursos esenciales como el agua, también sus tierras y territorios, lo que muestra que ni las multinacionales mineras, ni el gobierno o el estsado respetan los derechos ancestrales de las comunidades originarias».
A su vez Natalia Morales, candidata a diputada provincial dijo «… esta situación es posible gracias a cada gobierno de turno, tanto peronistas como radicales, han garantizado el saqueo y el enriquecimiento de las multinacionales mineras. como Eduardo Fellner, ex presidente del JEMSE, o el mismo Gerardo Morales, que muestra a modo pomposo los negociados con las empresas mineras extranjeras para elaboración de baterías de litio, mientras le niega a más de 300 comunidades indígenas de Jujuy derechos ancestrales como la propiedad comunitaria de sus tierras y territorios. El vencimiento de la Ley 26.160, puso al descubierto esta situación, que favorece precisamente a las multinacionales y empresarios mineros, de las energías renovables, o del turismo, para desalojar de sus territorios a las comunidades indígenas como denunciaron recientemente en Ocloyas, Volcán, etc. La ley 5915, de Servidumbre, aprobada en la legislatura por el oficialismo y la oposición del PJ, no hace otra cosa más que garantizar el saqueo y grandes negociados de los sectores empresariales. Dicen que dialogan con las comunidades y que se trabaja en conjunto, pero los referentes de estas organizaciones denuncian todo lo contrario, que no se respeta incluso el derecho a la consulta, previa, libre e informada».
«…A diferencia de los candidatos y partidos que han promovido y acompañado el saqueo y contaminación minera sin dar respuesta a las demandas históricas de los pueblos originarios desde el PTS Frente de Izquierda nos venimos solidarizando con la lucha de las comunidades indígenas por el respeto de sus derechos ancestrales pero también contra la criminalización a sus dirigentes por protestar, acompañamos su reclamo y ponemos a disposición nuestras bancas como la de la docente, Nathalia Gonzalez Seligra, diputada nacional por el FIT, Exigimos la inmediata derogación de la Ley 5915, la aprobación de la Prórroga de la Ley 26.160, y la entrega inmediata de los títulos comunitarios de los pueblos originarios. Proponemos prohibir la megaminería contaminante y todo proyecto productivo que contamine el medio ambiente, la estatización de la industria minera bajo control de los trabajadores y los pueblos originarios y un plan de explotación que respete el medio ambiente como alternativa al saqueo de los recursos naturales, el enriquecimiento de los sectores empresariales nacionales y extranjeros y la contaminación de nuestros territorios» concluyó VIlca.
