Santiago Maldonado: asume el nuevo juez de la causa y el gobierno argentino frena una misión de la ONU
Asume el nuevo juez a cargo de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado
El juez federal Gustavo Lleral asume hoy la causa más importante que tiene la Justicia argentina en este 2017: la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez durante la represión ejecutada por Gendarmería Nacional el 1 de agosto último.
La causa de la que fue apartado el desprestigiado juez Guido Otranto está en el foco de una parte importante de la sociedad y también del Gobierno, que teme por la forma en que se desencadene.
La intriga gira en torno a las medidas de prueba que ordene el flamante juez a cargo, luego de que Otranto fuera separado por la errática forma en que llevó adelante la investigación, primero ctiticada con dureza por la familia de Santiago, luego por la prensa independiente y más tarde por el combo de voceros gubernamentales, periodistas militantes de Cambiemos y funcionarios nacionales.
Entre las actitudes que le valieron a Otranto la confirmación de su recusación se encuentra la entrevista en la que declaró que la hipótesis de que Santiago se ahogó en el río Chubut era para él la más razonable de las que se barajan.
Lleral, egresado de la Universidad de La Plata, llega al caso desde la titularidad del Juzgado Federal 2 de Rawson, donde investigó el tráfico de drogas y el hundimiento de un pesquero que dejó tres muertos y siete desaparecidos. Hoy se hace cargo de la causa Maldonado por al menos 60 días, casi la misma cantidad de tiempo que estuvo su antecesor.
En tanto, la familia de Santiago pidió que «dejen trabajar» al nuevo juez y manifestó tener «todas las esperanzas» en que la causa encontrará la verdad.
¿Quién es Gustavo Lleral, el nuevo juez que investigará la desaparición de Santiago Maldonado?
Luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolviera apartar al juez Guido Otranto de la causa en la que se investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado todas las miradas se posaron sobre Guillermo Gustavo Lleral.
El juez Lleral, titular del juzgado federal N°2 de Rawson fue designado para seguir al frente, con dedicación exclusiva, a la delicada causa que involucra a la Gendarmería y que podría tener derivaciones políticas de alto impacto en caso de que se compruebe que Pablo Noceti, jefe de gabinete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, coordinó el operativo represivo tras el cual desapareció Santiago.
Según informó El Patagónico, Lleral se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata en 1988 y se desempeñó en el ámbito judicial durante 20 años. En Chubut fue prosecretario letrado de la Defensoría General, secretario del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Correccional Nº 1, y secretario del Juzgado Federal de Rawson desde finales de 2006 hasta que el año pasado fue nombrado al frente de un nuevo tribunal que se creó en la provincia por la ley 26.716.
La designación del juez se concretó a fines de junio del año pasado y juró el 2 de noviembre como titular del juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Rawson, y tenía competencia en los fueros criminal, correccional y ejecución penal.
Según dispuso la Cámara Federal de Apelaciones al nombrar a Lleral, mientras el magistrado se aboque de lleno al caso Maldonado será subrogado por Hugo Ricardo Sastre, juez titular del Juzgado Federal Nº 1 de Rawson. En principio, estableció un periodo de 60 días, para que Lleral se dedique «de manera exclusiva al conocimiento de las causas».
Caso Maldonado: el Gobierno frenó una misión de la ONU
Horas antes de que ocurriera, un ala del Gobierno bloqueó el arribo de un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) que iba a investigar la desaparición de Santiago Maldonado, evaluar cómo actuaron el Poder Judicial y la Casa Rosada y sugerir ideas para impulsar la búsqueda del joven desaparecido, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos y testimonios de funcionarios y otras fuentes.
El despliegue de esos expertos extranjeros ya había sido aprobado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien debió retroceder a último momento ante funcionarios referenciados con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien busca una salida que preserve a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no afecte a Cambiemos en las elecciones de octubre.
Esas idas y venidas provocaron, además, que el representante para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), Américo Incalcaterra, viajara dos veces desde Chile para firmar el acuerdo, pero debió volverse con las manos vacías. El frustrado arribo de los expertos dejó en evidencia las diferencias que existen en el Gobierno sobre cómo tratar con la familia Maldonado y cómo abordar asuntos judiciales sensibles.
Garavano protagonizó cruces con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien adoptó otra línea de negociación, más cercana al presidente Mauricio Macri, quien no oculta puertas adentro su fastidio con la cobertura periodística del caso Maldonado y su impacto, según él, sólo en el «círculo rojo».
Esas marchas y contramarchas oficiales se plasmaron en unas seis reuniones. La primera fue el martes 29 de agosto, cuando Santiago Maldonado llevaba cuatro semanas desaparecido y el ministro Garavano se reunió con su hermano Sergio en La Plata, en la Defensoría ante la Casación Penal bonaerense, cuyo titular, Mario Coriolano, colabora con la abogada de los Maldonado, Verónica Heredia, y actúa de puente con las autoridades.
La familia le entregó a Garavano un petitorio. Pidió que autorizara a ese grupo de expertos, que aprobara la participación de los investigadores que trabajan con Coriolano en casos de violencia institucional y que el Estado ayudara con los gastos como querellante de la familia. Por ejemplo, con los pasajes aéreos entre Buenos Aires y Esquel.
Dos días después, hubo una segunda reunión en el Ministerio de Justicia. Junto a Garavano estaban Avruj y la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Gabriela Quinteros, mientras que Incalcaterra viajó desde Chile para analizar el despliegue de los expertos.
En el encuentro, Incalcaterra estimó que, si se firmaba el acuerdo el fin de semana, el grupo podía arribar el lunes 4. Y lejos de esquivar una respuesta Garavano aceleró. Concluyeron que el despliegue de esos expertos le reportaría dos beneficios al Gobierno: mostrar su interés por impulsar la investigación y hallar a los responsables, y, por el otro, evitar problemas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya en 2011, al condenar a la Argentina por la desaparición de Iván Torres, en Chubut, le impuso «garantías de no repetición».
Los riesgos de una segunda condena son, hoy, elevados. No sólo porque la abogada que representó a la familia Torres, Verónica Heredia, patrocina ahora a los Maldonado, sino también porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ya una señal el 23 de agosto. Dictó una medida cautelar y le reclamó al Gobierno que informara las acciones que había adoptado para investigar lo ocurrido.
Ese jueves 31, los equipos de Garavano, la ONU y los Maldonado avanzaron con la letra chica del acuerdo en la sede del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). Allí surgió el primer indicio de que algo andaba mal puertas adentro del Gobierno: el emisario de la Secretaría de Derechos Humanos pidió que en el borrador se mencionara esa dependencia por separado del ministerio, del que quería despegarse.
Al día siguiente, la cuarta reunión fue en la ex ESMA, cuando los Maldonado e Incalcaterra pensaron que cerrarían el acuerdo. Pero no fue así. Tras hacerlo esperar dos horas y media, Garavano recibió al representante de la Acnudh para comunicarle que debían retrasar la firma porque la Cancillería había planteado «dudas» sobre la inmunidad que el Estado debería darles a los expertos. Detrás del ministro, que no ocultaba su incomodidad, Avruj lo escuchaba sentado y sonriente, según reconstruyó LA NACION.
Garavano procuró restarle relevancia a esa demora. Afirmó que «el lunes» firmarían el acuerdo. Pero cosechó la inmediata corrección de un emisario de la Cancillería, que dijo que podría ser «el martes», pero que no podía garantizarlo. Al enterarse, Sergio Maldonado enfureció e Incalcaterra se volvió a Chile.
Para entonces, la opción de los expertos internacionales seguía viva, a tal punto que la oficina del Acnudh informó que Incalcaterra se había reunido con Garavano, Avruj, Coriolano y la abogada de los Maldonado y que «el ministro dio a conocer el acuerdo al que habría llegado con los familiares de Maldonado para pedir la cooperación y asistencia con la Oficina del Alto Comisionado». No sólo eso. La agencia Télam detalló que el Gobierno le pediría «formalmente a la ONU» su ayuda, pero fue el propio Peña quien levantó el teléfono para corregir los cables de noticias y aclarar que «no era tan así».
En Santiago de Chile, el representante de la ONU mantuvo la quinta reunión. Fue con el secretario de Derechos Humanos bonaerense y ex secretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón, quien había viajado por otro compromiso, pero café de por medio le planteó a Incalcaterra, su viejo amigo, qué ocurría.
Cantón argumentó, en línea con técnicos de la Cancillería, que convocar al grupo de expertos no era la mejor opción. Dijo que afectaría la imagen internacional de la Argentina y que había una «diferencia abismal» entre el caso Maldonado y la desaparición de 43 estudiantes en México -donde sí intervino un grupo de ese tipo-, pero que sí sería bueno el arribo de un «observador internacional» que analizara el cuadro y recomendara medidas al Estado argentino.
El último encuentro fue, entonces, en la Casa Rosada. Y sólo comenzó cuando Patricia Bullrich salió de ese despacho. Participaron Peña; Incalcaterra; Avruj; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Fulvio Pompeo, y, en teoría, Garavano. ¿Por qué «en teoría»? Porque la reunión se adelantó 30 minutos y el ministro llegó cuando ya se había decidido que no convocarían -al menos en el corto plazo- al grupo de expertos ni un observador internacional. Así, el Gobierno había convocado a Incalcaterra a Buenos Aires, por segunda vez, para desistir de lo que el propio Gobierno había acordado.
El ala del Gobierno que se opuso a ese acuerdo lo vivió como un triunfo. Sintió que le evitó a la Argentina un escarnio de proporciones mundiales. Pero terminó así, también, de dinamitar la relación con la familia Maldonado, que lo sintió como un nuevo manoseo e innecesario desplante.
Comunicado de la familia: convocatoria x 2 meses sin Santiago.
23 de septiembre 2017
Hola, soy Sergio, hermano de Santiago Maldonado. A dos meses de la desaparición forzada de Santiago queremos convocarlos a Plaza de Mayo el 1 de octubre a las 15 horas. Ese día se cumplen 2 meses de la desaparición forzada en manos de Gendarmería Nacional. También quiero pedirles que se sumen a las diferentes actividades que se realizarán en todo el País.
La desaparición de Santiago nos involucra a todos. Esto no es una cuestión de política partidaria. Con la desaparición forzada de Santiago están en juego los derechos más elementales y es por eso que nos debemos unir para exigir su aparición con vida.
Como sociedad necesitamos saber la verdad y es por eso que exigimos justicia. Te pedimos que nos acompañes en este pedido urgente.
