Perú: el gobierno desatiende el derecho a la salud de pueblos indígenas, según informe

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Un informe publicado ayer por la organización Amnistía Internacional (AI), concluye que el Gobierno peruano falta en su obligación de atender la salud de cientos de personas de poblaciones originarias en la sierra y en la Amazonía, donde cientos de ellos están contaminados con metales tóxicos y no tienen acceso a servicios médicos adecuados.

El informe titulado “Estado tóxico” ha sido realizado con base en los casos detectados en la comunidad nativa de Cuninico (Loreto) y las comunidades altoandinas de la provincia de Espinar (Cusco). El informe cita los testimonios y los resultados de informes de distintas instancias de los Ministerios de Salud y del Ambiente que confirmaron la intoxicación por metales tóxicos en las fuentes de agua y en la población. Pese a los resultados de estos estudios, la organización alerta que el Gobierno peruano no ha tomado medidas efectivas para garantizar el tratamiento de los afectados.

“Cuninico y Espinar son una pequeña ilustración de la vida de las comunidades indígenas de este país. Es necesario que se identifique y se solucionen las causas del problema y se solucione la crisis de salud y de acceso al agua”, sostuvo Salil Shetty, secreterio general de Amnistía Internacional.

-Los casos-

El 30 de junio del año 2014 se reportó el derrame de aproximadamente 2.000 barriles de petróleo en la quebrada de Cuninico, provincia de Urarinas (Loreto) a orillas del río Marañón, exactamente en el Tramo I del Oleoducto Norperuano operado por Petro-Perú. Desde esa fecha, sus 600 habitantes pertenecientes al pueblo indígena kukama kukamira han reportado una serie de afectaciones en su salud.

Entre los síntomas reportados están: calambres en el estómago, ardor al orinar, alergias, erupciones cutáneas y abortos expontáneos.

En el año 2014, un estudio de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto reveló que los niveles de aluminio e hidrocarburos provenientes del petróleo presentes en el agua de Cuninico superaban los límites permitidos para el consumo humano. De acuerdo al informe de AI, los resultados de otro análisis del agua realizado en el 2017 aún no se han hecho públicos.

De otro lado, un estudio del Ministerio de Salud del año 2016 informó que más de la mitad de la población de Cuninico tenía niveles anormales de mercurio en la sangre. Además, se detectó presencia de cadmio y plomo en algunas personas, entre ellas niños y niñas.

Uno de los testimonios del informe es el de Conny Llerena Trujillo, quien relató que su bebé de tres meses empezó a sufrir urticaria al bañarlo con el agua del río. Los análisis médicos confirmaron que el niño tenía plomo en la sangre.

Galo Vásquez, representante y ex presidente de Cuninico relató que tampoco se ha cumplido con la promesa de dotar a la comunidad de una planta de tratamiento de agua potable y que la población ha recurrido a recoger agua de lluvia para su consumo diario.

En el caso de las comunidades campesinas de Alto Huarca, Cala Cala, Huisa, Huisa Collana, Alto Huancané y Bajo Huancané en la provincia de Espinar (Cusco), los estudios realizados por las autoridades de salud también han determinado que la población está expuesta a metales pesados y que sus únicas fuentes de agua están contaminadas. Estas comunidades habitan en el área de influencia de la operación minera Tintaya-Antapaccay.

Los estudios basados en información de las Direcciones Regionales de Salud demuestran que las fuentes principales de agua están contaminadas con metales pesados.

En el año 2010, un estudio del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) concluyó que casi todos los miembros de la comunidad a quienes les realizaron los análisis tenían plomo, cadmio, mercurio o arsénico en la sangre.

“Merecemos vivir una vida sana, solo pedimos agua limpia y atención para todos los que estamos contaminados”, declaró durante la conferencia de prensa, Melchora Surco Rimachi, representante de la comunidad de Alto Huancané.

El Comercio


Informe de la organización Amnistía Internacional: »Estado Tóxico»

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