Mujeres indígenas en México tienen limitado el acceso a los servicios de salud
La afiliación a los servicios de salud no está asegurando un acceso efectivo para las mujeres indígenas, por lo que este sector tiene el doble de posibilidades de morir por enfermedades prevenibles que el resto de las mujeres.
Esto sucede porque en estas comunidades los servicios de salud no están disponibles, no tienen la calidad que se requiere o carecen de capacidad resolutiva, lo que representa una violación del derecho a la salud de ese sector. Otros factores son los bajos niveles educativos y las malas condiciones de vivienda.
Esto concluye el informe El derecho a la protección de la salud de las mujeres indígenas en México. Análisis nacional y de casos desde una perspectiva de derechos humanos, elaborado conjuntamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).
Diabetes y cirrosis, ambos padecimientos evitables, son la primera y segunda causas de muerte para las mujeres que viven en municipios indígenas. Las brechas de salud son más evidentes en la mortalidad materna, pues tienen el doble de posibilidades de perder la vida durante el embarazo, parto o puerperio, respecto de las que no habitan en esas comunidades. Entre las mujeres de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, se cuatriplica el riesgo de muerte por esta causa.
Graciela Freyermuth Enciso, coordinadora de los trabajos del informe, explicó que una las pricipales causas de la mortalidad materna es la dificultad que enfrentan las parteras y las mujeres para acceder de manera rápida y oportuna a hospitales resolutivos en caso de alguna complicación obstétrica, y porque no es fácil convencer a las mujeres indígenas de acudir a los servicios de salud de la medicina profesional.
En municipios en los que más de 70 por ciento de la población es hablante de lenguas indígenas, 52 por ciento de las mujeres fallece en sus hogares y 37 en alguna unidad médica.
Al presentar el informe, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, aseveró que la protección de la salud no es una concesión de los gobiernos, sino un derecho humano
, por lo que aseveró que las desigualdades sociales, de género, étnicas y de clase no deben obstaculizar el derecho a la protección de la salud de estas mujeres.
Subrayó la importancia de contar con un presupuesto con perspectiva de derechos humanos para dotar de recursos suficientes y privilegiar la atención de los grupos vulnerables. Exhortó a las instituciones de salud del país a llegar a las comunidades más alejadas y brindar a sus habitantes atención de calidad, así como a ser respetuosas de los derechos humanos de las personas, especialmente de mujeres, e incorporar la medicina tradicional.
La especialista del Ciesas indicó que los grupos indígenas y sus problemáticas, entre ellas las de salud, no son homogéneas, por lo que en cada estado analizado hay diferentes causas de muerte y niveles de mortalidad.
En términos generales, los datos indican que las mujeres que viven en municipios de población indígena y con un índice de desarrollo humano bajo, tienen 48 por ciento más riesgo de morir de diabetes y el doble cuando padecen cáncer cérvico-uterino.
Freyermuth Enciso destacó que el único indicador donde la población indígena está por encima de la población en general (85 contra 83.2 por ciento, respectivamente), es en el acceso a algún servicio de salud, en gran medida por el Seguro Popular. Pero, lamentó, esto no se traduce en mejores condiciones en este derecho.
Menores recursos
Los recursos para la atención a la salud son mucho menores en regiones indígenas. El informe detalla que en municipios con más de 40 por ciento de pobladores pertenencientes a los pueblos originarios hay un promedio de 62 consultorios por cada 100 mil habitantes, contra 377 por cada 100 mil en los que no hay población indígena; camas de hospitalización son 31 en el primer caso y 336 en el segundo; médicos generales y especialistas 86 contra 669, y hay dos quirófanos por cada 100 mil personas en comunidades indígenas, contra 13 por ese mismo número de habitantes en territorios no indígenas.
