Guatemala: admiten que el presidente Jimmy Morales aceptó “pago extraordinario” del Ejército
Presidente Jimmy Morales fue consultado por el ministro de la Defensa antes de recibir el bono y lo aceptó
El ministro fue cuestionado por los legisladores sobre cómo definió el monto que el bono de responsabilidad podía ser mayor al salario base, cuando solo es un complemento, a lo que el Mansilla respondió: “Los derechos adquiridos son irrenunciables, yo lo que hice fue transparentar. Yo sé que hay molestia, pero hemos dado pasos importantes en la transparencia”.
¿Usted le preguntó al comandante general del Ejército si le podía dar un bono, si autorizaba y si estaba de acuerdo? Preguntó un diputado al ministro Mansilla, quien puntualizó: “Yo le presenté el sustento legal, que estaba en forma transparente y él lo aceptó”.
El jefe de la Defensa Nacional también dejó claro que ningún otro presidente había recibido el bono de responsabilidad con el que Jimmy Morales fue beneficiado desde diciembre del año pasado y que supuestamente devolvió después de conocerse el tema.
El ministro de la Defensa Nacional Williams Mansilla, entregó a los diputados de Encuentro por Guatemala, los comprobantes de depósitos salariales. Mansilla gana Q42 mil 120 por estar a cargo de la Defensa Nacional.
Mansilla explicó que su salario base es de Q21 mil, pero recibe otras primas por ser militar, por lo que su salario total se duplica.
“En cuanto al bono de responsabilidad que yo tengo, no soy el primer ministro que lo tiene. No se ha aumentado, ni se ha modificado”, dijo Mansilla.
El ministro Mansilla, confirmó el 12 de septiembre que el presidente Jimmy Morales ha recibido nueve pagos de Q50 mil por concepto del bono de responsabilidad, que suman Q450 mil.
Los demás miembros de la cúpula militar, que lo incluye a él, han recibido la misma cantidad de pagos según el cargo, por estos montos:
Contraloría denunciará a ministro de la Defensa por «bono de riesgos»
El Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, anunció que se presentará una denuncia en contra del ministro de la Defensa, Williams Mansilla, por el «bono de riesgos» que se recetaron altos mandos de la cúpula militar, incluido el presidente de la República, Jimmy Morales, por fungir como el «Comandante General del Ejército».
De acuerdo con declaraciones de Mencos tomadas por Emisoras Unidas, el contralor indicó que la denuncia es «relacionada con abuso de autoridad, en virtud de haber aprobado beneficios para una persona que está por encima, jerárquicamente, del señor ministro de la Defensa».
El siguiente paso sería accionar «ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que se encamine la acción hacia la declaratoria de lesividad o nulidad de acuerdo», indicó el funcionario.
«Bono de riesgos y responsabilidad»
Luego de que se diera a conocer que la entidad armada entregaba al presidente Morales un bono de «riesgos» cada mes, desde diciembre de 2016, el ministro de la Defensa, Williams Mansilla, convocó a una conferencia de prensa para tratar de justificar dicho rubro que, dicho sea de paso, también es entregado a los altos mandos del Ejército, incluido él mismo.
Ante esto, la Contraloría General de Cuentas dio un plazo de 15 días al presidente para justificar dicho bono. Pero días después, Morales reintegró la cantidad de Q450 mil al Ejército en concepto del período en el que cobró esta bonificación.
Tras la revelación del cobro de este bono por parte del presidente y de la cúpula militar, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presentó una denuncia y mediante un comunicado se detalló que se accionó legalmente ante el Ministerio Público (MP) «para garantizar que no se continúe con el saqueo del erario público».
Diputados insisten en quitar responsabilidad a Secretarios Generales de Partidos Políticos
Los diputados podrían continuar en su búsqueda de blindar la figura de un Secretario General de una agrupación política con el dictamen de la segunda generación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, aduciendo que para un Secretario General es difícil controlar todos los ingresos monetarios de sus partidos.
Según el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, Óscar Argueta, dentro de los cambios que ya se contemplan en el dictamen que prepara la sala de trabajo está la aclaración de responsabilidades dentro de las agrupaciones políticas.
Esto se referiría específicamente a la forma en la que el Partido registra el financiamiento y las finanzas de la agrupación, atribución que hasta el momento se ha mantenido únicamente a cargo de los Secretarios Generales de los partidos.
“El detalle es que lo que se ha dicho que la reforma al artículo del financiamiento ilícito quería proteger a los Secretarios Generales no es cierto, la responsabilidad de ellos está en otra parte del Código Penal cuando habla de las personas jurídicas y dice que en caso de las personas jurídicas son responsables quienes están directamente involucrados, si usted lee el 407 no menciona jamás a los Secretarios Generales de los partidos políticos…entonces es una falacia que se ha estado repitiendo”, dijo Argueta.
Según el parlamentario, las reformas al Código Penal aprobadas la semana pasada no eran intentos de los diputados de blindar al presidente Jimmy Morales como secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN), a quien se le acusa de financiamiento electoral ilícito.
En la Ley Electoral hemos trabajado para que la responsabilidad sea del que está directamente involucrado en armonía con el Código Penal. Es decir que la persona que sea parte del partido que reciba dinero debe responder de dónde viene y cómo obtuvo ese dinero, esa no siempre debería ser responsabilidad del Secretario, explicó.
Con esta nueva disposición, Argueta asegura que cada miembro de la agrupación adquiriría cierta responsabilidad financiera y además el Secretario General podría nombrar a una persona externa para ser el encargado de las finanzas, dejando de ser el representante del Partido en ese aspecto.
Agrega que debido a que las agrupaciones son grandes y complicadas, en ocasiones los Secretarios Generales no tienen la capacidad del control de todo el dinero que ingresa a las agrupaciones por lo que cada persona que consiga financiamiento será el responsable de dar fe de la legalidad y el origen del mismo.
Con este cambio el Secretario General podría dejar de responder como representante legal de la agrupación política y con esto de ser el encargado de las finanzas y las cuentas que se deben rendir sobre el origen del dinero que reciben.
PROPUESTA ESTÁ LISTA PARA LLEGAR AL PLENO
De acuerdo a Argueta, la sala de trabajo se encuentra en la formulación del cuarto borrador del dictamen, lo que podría garantizar que las reformas están listas para llegar al Pleno pero es debido a la falta de disposición de los bloques a apoyar el tema que no se ha concluido.
La próxima semana la Sala de trabajo fue citada a la instancia de jefes de bloque para explicar el avance del análisis debido a que los diputados han pedido que las reformas se lleven al Pleno, pronto.
Argueta aseguró que los cambios están listos y que a su criterio preferiría que las propuestas no se usen como excusa para sacar de la discusión las reformas constitucionales en el sector justicia como indican algunos diputados.
